En el clima generalizado de inseguridad nacional, donde las delincuencias con sus aterradores medios y fines sangrientos ya sembraron el miedo colectivo, la cosecha de delitos contra la integridad física y atentados al libre ejercicio de las libertades –dentro del haz de derechos humanos–, tenemos como sobresaliente constante las ejecuciones por los sicarios del narcotráfico, los homicidios de mujeres y las amenazas cumplidas contra periodistas y medios impresos. Los funcionarios encargados de prevenir y consignar a quienes con sus conductas están cometiendo, in fragantti o presumiblemente actos y omisiones penales, han relajado sus obligaciones al grado de por negligencia y, no pocas veces, intencionalmente, dejar hacer a los delincuentes. Y que reine la impunidad.
No son los periodistas, particularmente los reporteros, quienes ahora son los más afectados, nada especial, máxime que los mexicanos víctimas de la creciente inseguridad tienen los mismos derechos por el principio de la igualdad ante la ley; pero, como los medios de comunicación impresos se han convertido, por su periodismo de investigación, sus análisis y críticas, en el enlace documentado con la opinión pública para ventilar esa inseguridad e impunidad, nada como tratar de silenciar a la prensa escrita, amedrentando, secuestrando y asesinando a los periodistas. Así como, incluso, consumar atentados contra las instalaciones, operarios, voceadores y demás empleados que editan un diario, como ha sido el caso de Noticias de Oaxaca.
Ante ese panorama, 24 editores se reunieron en Hermosillo, la capital de Sonora, el martes 30 de agosto de este año, para discutir y aprobar lo que se conoce como la “Declaración de Hermosillo”, con cinco peticiones, de las cuales la primera sintetiza a las otras, cuyo texto establece:
“Exigimos a las autoridades mexicanas, tanto en el ámbito federal como en el estatal, esclarecer los crímenes cometidos contra periodistas en México. La impunidad es el mayor aliciente para que estos atentados se repitan. Este reclamo comprende, con toda firmeza, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de que sumen sus capacidades con el fin de crear mayores garantías a favor de la libertad de expresión. En este contexto, es preciso elevar a rango federal los crímenes contra periodistas y establecer la no prescripción de los mismos, por considerarlos altamente lesivos contra derechos humanos esenciales, no solamente del trabajador de la prensa afectado, sino de la comunidad a la que éste sirve”.
En Sonora, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas –sin la menor duda, también en Baja California–, se han cometido mucho muy graves hechos, que van desde el secuestro hasta los homicidios contra periodistas que, en su calidad de reporteros, optaron por cumplir con su deber de informar a los lectores de: Noticias, La Opinión, El Mañana y Zeta, para mencionar ejemplos contundentes. La respuesta de la delincuencia, no pocas veces al servicio o complicidad con el poder público, del narcotráfico y otros intereses, ha sido privar de la vida a los reporteros, para infundir miedo en el gremio periodístico.
La “Declaración de Hermosillo”, suscrita por los editores, es un llamado a los gobernantes, para que cumplan, eficazmente, con sus obligaciones y garanticen la seguridad de todos los mexicanos. Y de éstos, los que corren mayor riesgo por sus actividades que buscan interrumpir, quienes no quieren ser expuestos al escrutinio de la opinión pública. Los periodistas deben continuar informando y criticando, puesto que es su obligación profesional. A pesar de la delincuencia y negligencia de los gobernantes, respecto a la seguridad de los periodistas para que cumplan con su tarea y “los ciudadanos de una democracia permanezcan informados” (John V. Pavlik: El periodismo y los nuevos medios de comunicación).
Publicado: Octubre de 2005
|
Baja California 
