La miseria acapara al campo mexicano, mientras Javier Usabiaga Arroyo deja a su paso por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) un manejo oscuro de los recursos públicos destinados a este sector.
Así lo revela el informe de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2003, que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual da cuenta de treinta y tres fideicomisos que operan de manera irregular con dinero del erario público.
El máximo órgano de vigilancia del Congreso advierte que la Sagarpa sólo reportó en sistema de registro de fideicomisos, mandatos y contratos análogos de la administración pública federal, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diez y seis figuras jurídicas, cuyos activos ascendieron a mil trescientos treinta y cuatro millones cincuenta y un mil pesos.
Sin embargo, según detectó la Auditoría, existen los denominados fondos de fomento agropecuario, que favorecen a cada uno de los treinta y un estados y al Distrito Federal, además del Fondo de Estabilización Cafetalero, sin que se tenga un reporte financiero de ellos.
La dependencia que encabeza Arturo González de Aragón advierte que “al comparar los contratos que reportó el sistema de registro con el listado de fideicomisos a los que la Sagarpa aportó recursos públicos federales en 2003, se encontró que treinta y tres fideicomisos no estaban inscritos, por lo que se infringió lo señalado en el artículo 184 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, vigente en 2003.”
El abandono al agro
Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista señala que mientras en la Sagarpa se utiliza el erario para constituir fideicomisos, de los cuales se desconocen los montos y el destino de los recursos, “el gobierno foxista año con año ha enviado una propuesta de presupuesto con una tendencia a la baja, todos los programas los ha alineado a favor de los grandes agricultores del país y no se han respetado los artículos 178 y 179 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, los cuales señalan que el Estado debe procurar la soberanía alimentaria del país”.
Y es que tan sólo de 2003 a 2004, el monto se redujo en más de 5 mil millones de pesos, pasando de cuarenta y un mil setecientos ochenta y 2 millones seiscientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y dos pesos a treinta y seis mil trescientos setenta y tres millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos, respectivamente, según se reporta en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2004.
Juan Pablo de Pina, director de los Centros Regionales de la Universidad Autónoma Chapingo, coincide con el líder campesino y sostiene que es preocupante ver que “la reducción del presupuesto al campo tiene efecto en la deficiencia de políticas públicas aplicadas al sector”.
El académico advierte que la aplicación efectiva de los recursos no se sujeta a la constitución de estos fideicomisos ni a un manejo empresarial del sector. Sin embargo, esto se ha dado porque el secretario Javier Usabiaga “carece de una visión amplia e integral de lo que es y lo que pasa en el campo mexicano, además de que nadie le ha dicho que el mercado no resuelve por sí solo los problemas que estamos enfrentando”.
Sin sanciones
No obstante la opacidad en el manejo de estos treinta y tres fideicomisos, la ASF señala que “en relación con los recursos que el gobierno federal ha destinado a los fideicomisos que involucran recursos públicos federales sectorizados en la Sagarpa, se abstiene de emitir opinión, ya que la Secretaría de Hacienda no lleva a cabo el seguimiento global de los recursos aportados a los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, en incumplimiento del artículo 62, fracción XIII, del Reglamento Interior de la SHCP, vigente en 2003.”
El órgano superior de vigilancia del Congreso advierte que “los incumplimientos a la normativa en la inscripción de fideicomisos, obliga a la ASF a realizar auditorías directas a los fideicomisos de los sectores que se seleccionen en las revisiones de las próximas cuentas públicas”.
Ante esta situación la Auditoría se limitó a hacer dos recomendaciones a las secretarías de Hacienda, encabezada por Francisco Gil Díaz, y Agricultura. Hacienda deberá evaluar la pertinencia de que la normativa para el ejercicio del gasto público establezca que las dependencias y entidades no otorguen recursos públicos federales a los fideicomisos, mandatos y contratos análogos constituidos, que no estén inscritos en el sistema de registro, con la finalidad de mejorar el control y transparentar el ejercicio del gasto.
La recomendación que emite la Auditoría a la Sagarpa es que “para que promueva la inscripción con los fideicomitentes o mandantes de los treinta y tres fideicomisos a los que aportó recursos en 2003, con la finalidad de cumplir lo señalado en el artículo 184 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal”.
Así la ASF deja para los siguientes años fiscales la revisión de los fideicomisos de toda la administración pública, mientras el secretario Javier Usabiaga busca la candidatura al gobierno de Guanajuato por el Partido Acción Nacional, sin aclarar el destino de los recursos de estos fideicomisos.
Al respecto, se buscó la versión de la Secretaría de Agricultura a través de su oficina de comunicación social en donde respondieron que las observaciones hechas por la Auditoría ya estaban “aclaradas” y no se tenía nada más que decir.
Las cajas chicas
Conocidos como las cajas chicas de la administración pública, los mil quinientos cincuenta y tres fideicomisos constituidos en el gobierno han registrado, hasta hace dos años, montos que ascendían a seiscientos sesenta y dos mil setecientos millones trescientos veintiseis mil pesos. Sin embargo, hasta el momento no ha habido entidad que los fiscalice ya que se encuentran amparados por el secreto fiduciario.
El diputado panista Salvador Vega Casillas, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, advierte que la ausencia de claridad con que se han manejado los recursos de estos fideicomisos es una “práctica común” que derivan de los sexenios priistas, y con las que el gobierno de Vicente Fox no ha podido terminar debido a que todavía existen “lagunas de permisividad”.
“Hay que considerar que la estructura que tenía el gobierno estaba hecha para esconder el dinero, eso es clarísimo, había una partida secreta de la que el presidente podía llevarse 10 mil millones de pesos y ocuparlos en donde quisiera, como esto, hay una serie de mecanismos subsisten en la Ley y que impiden la transparencia”, advierte.
Vega Casillas acepta que entre los “asuntos y detalles” que quedaron pendientes, y pueden ser una herramienta efectiva para el desvío de recursos, están los fideicomisos. “Nos hemos dado cuenta de que había gente dentro del gobierno que se estaba escudando en este tipo de lagunas de permisividad.
“Tratamos de echarlas abajo con la modificación a la Ley de fiscalización, que en su artículo cuarto permite que cualquier organismo o entidad que tenga recursos públicos podrá ser auditado, sin embargo estas modificaciones la Ley tienen efecto a partir de abril de este año”, señala el legislador panista.
El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Salvador Vega Casillas, responsabiliza al auditor, Arturo González de Aragón, de llegar al fondo de las cosas, ya que con las modificaciones hechas a la Ley de fiscalización, ahora tiene facultades para saber cuál es el manejo de los treinta y tres fideicomisos.
“El auditor debe reprogramar esas auditorías hasta que tengamos una clara visión de todo lo que pasó en los fideicomisos, y una de las cosas que no debemos permitir es que cuando se tengan los mecanismos legales, los fideicomisos y todos los contratos que se manejen con recursos del erario dejen de ser revisados, en el resto de los resultados hubo observaciones que son menores”, concluye.
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