Investigan a López Obrador por lavado de dinero.

Todos los movimientos financieros de Andrés Manuel López Obrador y de sus familiares son escudriñados por la Procuraduría General de la República (PGR), reconoce Agustín González Guerrero, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, quien explica que la nueva indagatoria en contra del ex jefe de gobierno del Distrito Federal es por el delito grave de lavado de dinero, aunque aclara que la investigación “no es de índole política, pues aunque algunas averiguaciones realizadas por la unidad contra el lavado de dinero involucran a actores políticos, nosotros sólo damos el seguimiento jurídico”.

Aunque la versión oficial se trata de desmarcar de los señalamientos hechos por el político de Macuspana, quien en varios momentos acusó a la PGR de fabricarle delitos, los expedientes que obran en los archivos de la dependencia, encabezada por Daniel Cabeza de Vaca, descubren que, como en los tiempos del “complot”, las autoridades federales buscan agotar todas las posibilidades para consignarlo por algún delito grave.

Y es que desde los primeros días en que tomó posesión como jefe de gobierno, la mirada de las autoridades judiciales federales se fijó en los movimientos del ahora candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia de la República y de su círculo más cercano.

Así, la PGR investiga las cuentas bancarias de López Obrador en busca de fondos de procedencia ilícita, confirma el fiscal González Guerrero, quien acepta que tienen un expediente abierto por el delito de blanqueo de capitales por 2.6 millones de dólares, en el que según la Procuraduría están involucrados el propio Andrés Manuel y sus hermanos Pío y Ramiro López Obrador.

"En este caso se han indagado los hechos relacionados con esa denuncia y lo que ve nuestra competencia. Los ministerios públicos no nos dejamos guiar por las personas o los apellidos, tenemos que investigar porque alguna omisión implica responsabilidad para el ministerio público y para nosotros como coordinadores de ellos. Entonces el ministerio público, que tiene el monopolio de la averiguación, tiene que investigar a quien deba ser sin importar la filiación partidista o la posición que pueda ocupar en algún cargo de elección popular, porque la justicia es ciega. No debemos fijarnos en  apellidos; hay que cumplir la formalidad”, afirma el titular de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR.

La línea de investigación en contra de los tres hermanos López Obrador se desprende de la averiguación previa PGR/023/LD/2002, abierta durante la administración del general Rafael Macedo de la Concha en contra del empresario Jaime Eduardo Ross Castillo, ex vicepresidente del Banco Nacional de París en México, ex empleado de Scotiabank Inverlat y benefactor del PRD en campañas electorales.

Dicho expediente, que consta de 18 tomos, da cuenta de un fraude financiero en detrimento del patrimonio de la institución canadiense Scotiabank Inverlat. Según la PGR, el ex gerente de la sucursal Polanco de dicho banco, Ross Castillo, es “responsable de haber planeado y ejecutado transferencias por 2.6 millones de dólares a cuentas bancarias radicadas en Suiza para, posteriormente, derivarlas a ‘cuentas puente' abiertas en bancos de Estados Unidos”.

Sin embargo, Jaime Ross desmiente las acusaciones de la PGR y desde el Reclusorio Sur, en donde está preso, afirma que este es un asunto político y no financiero que pretende llevar a tribunales a los candidatos presidenciales del PRD y del PRI por supuesto lavado de dinero.

Este delicado caso, que involucra a importantes actores políticos mexicanos, también es de interés para el gobierno de Estados Unidos, pues la embajada de ese país en México lo califica de “especial importancia”, según se revela en una carta clasificada como “personal y confidencial” que envió el embajador de ese país en México, Tony Garza, al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, el 8 de julio pasado, tras la destitución de Luz María Núñez Camacho como titular de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR.

Según se desprende del documento confidencial en poder de Contralínea (ver Contralínea número 42), el embajador Tony Garza precisa al procurador mexicano el interés generado por esta “investigación conjunta” y que es atendida en Estados Unidos por el Departamento del Tesoro. Dicha investigación se da en el marco de la relación bilateral encaminada a la lucha contra el blanqueo de capitales, afirma Tony Garza, quien agrega que el caso Ross es un asunto “sensible” para ambos países.

El interrogatorio

“Conocemos tus relaciones. Tenemos las grabaciones de las llamadas telefónicas que has sostenido con los hermanos de López Obrador (Pío y Ramiro). Sabemos que has aportado dinero al PRD, tenemos documentadas todas las transferencias y tenemos las fichas de depósito”, le dijo el ministerio público Juan Dillarza Benítez a Jaime Ross durante la primera diligencia oficial celebrada el 18 de abril del año pasado en el Reclusorio Preventivo Sur.

Entrevistado en el penal, el empresario de 34 años recuerda la presión que sintió en aquel interrogatorio: “no dimensioné el asunto. El ministerio público me enseñó el boletín de prensa que aún no daban a conocer a los medios, hablaba del ‘escándalo que se iba a armar', realmente estaba muy confundido”.

A Ross Castillo lo aprehendieron afuera de su casa ubicada en Cancún, Quintana Roo, el 15 de abril de 2004, y desde entonces enfrenta el proceso por el supuesto delito de blanqueo de capitales en la modalidad de fraude financiero por 2.6 millones de dólares, en contra de Scotiabank Inverlat.

Heredero de la celda del dormitorio número 9 en el Reclusorio Sur que habitó René Bejarano –ex operador de Andrés Manuel López Obrador recientemente exonerado del mismo delito–, Ross Castillo, licenciado en actuaría y maestro en matemáticas aplicadas, fue consignado bajo la causa penal 12/2004. Su captura pasó desapercibida porque aconteció en medio del escándalo de los videos divulgados por la empresa Televisa y sólo 15 días después de la detención –con fines de extradición– de Carlos Ahumada, ocurrida el 30 de marzo del año pasado en Varadero, Cuba.

Desde su niñez, Ross Castillo se relacionó con la clase política contemporánea –compañero de escuela de militantes del Partido Verde Ecologista de México, entre ellos su presidente Jorge Emilio González y el candidato presidencial Bernardo de la Garza–, vínculos que mantuvo hasta antes de su detención y cuyas relaciones se extendieron hacia prominentes integrantes del PRD y del Partido Acción Nacional (PAN), a quienes acostumbraba apoyar financieramente en campañas electorales, según él mismo declara.

Los nexos del ex empleado bancario alcanzaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues en 2002 su empresa Servicios Integrales de Aviación (SIASA) –constituida en sociedad con el ex presidente de TAESA, Alberto Abed–, firmó un contrato de prestación de servicios de taxis aéreos con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

La política de la PGR

A pesar de que el expediente de Ross Castillo involucra a políticos del PRI y del PAN como beneficiarios de fondos para campañas políticas, durante el primer interrogatorio en prisión, a cargo del ministerio público Dillarza Benítez, quien coincidentemente también estuvo encargado de los casos Bejarano y Ahumada, sólo le preguntaron sobre los miembros del PRD que supuestamente habían sido beneficiados por las transferencias de recursos ilícitos a sus cuentas bancarias con el propósito de apoyar sus campañas políticas.

Amenazante, el ministerio Dillarza Benítez advirtió en varias ocasiones a Ross Castillo que la PGR conocía “perfectamente” la amistad que mantenía con Pío y Ramiro López Obrador, este último alcalde en Macuspana, Tabasco.

Ese 18 de abril de 2004, después de las amenazas del fiscal, éste trató de negociar con Ross Castillo para que aceptara que “repartía dinero sucio” a miembros del partido del sol azteca y que los perredistas conocían la procedencia ilícita de los recursos recibidos, pues con ello la PGR podría tipificar a la perfección el delito grave de lavado de dinero.

De lo contrario, amenazaba Dillarza a Ross, “jalarían” (aprehenderían) a su esposa, quien aparecía como beneficiaria de las cuentas bancarias que supuestamente se emplearon para el blanqueo de capitales.

Pero en medio de la confusión, el ex empleado bancario se declaró inocente del delito de lavado de dinero y, en consecuencia, destruyó la estrategia de la PGR para acusar al PRD y a su candidato presidencial de recibir fondos ilícitos para su campaña electoral por aproximadamente un millón de pesos.

Cuestionado sobre si el caso Ross es un asunto político, el titular de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR, Agustín González Guerrero, dice que “no”, pues “el seguimiento que damos a todas las investigaciones es jurídico, aunque algunas surgen de actores políticos”.

El funcionario responsable de combatir este ilícito, quien depende directamente del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, señala que los tiempos políticos tampoco influyen en las investigaciones de la PGR. “La unidad –contra el lavado de dinero– tiene sus diligencias ya programadas. Conforme se va desempeñando la investigación las va realizando y una vez que concluyen, el ministerio público está obligado a determinar la averiguación previa; si se esperara a los momentos políticos o cuestiones sociales habría un retraso injustificado que daría lugar a la comisión de alguna falta o delito. Además, nosotros nos dejamos guiar por el Código Procesal Penal y por la Ley contra la Delincuencia Organizada, principalmente, y estas normas nos marcan las diligencias que debemos hacer y los tiempos en que debemos de terminar las indagatorias”.

Pero aunque el titular de la unidad contra el blanqueo de capitales niegue el móvil político, coincidentemente las líneas de investigación abiertas en este expediente tocan a los dos precandidatos de oposición con mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de 2006: Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado.

Contradicciones y suspicacias

El supuesto fraude financiero que le costó la libertad a Jaime Ross Castillo ocurrió en abril de 2001, cuatro años después de que el ex empleado bancario renunciara a su cargo como gerente del Scotiabank Inverlat, lo que obligaría a que directivos del banco también estuvieran involucrados para poder sacar los recursos de esa institución financiera; sin embargo, hasta ahora ningún empleado de Scotiabank ha sido detenido.

Ross Castillo acepta que sí recibió los 2.6 millones de dólares en sus cuentas en el extranjero, recursos que destinó a su empresa SIASA, pero explica que la transferencia fue realizada por un empleado del banco llamado Gastón Gamba y que se operó como una inversión, “no como un fraude”, afirma; a pesar del señalamiento, Gamba nunca fue acusado por el banco.

De acuerdo con el expediente abierto en la PGR, Ross recibió en sus cuentas radicadas en bancos suizos, como el Credit Suisse Geneve, 4 millones 995 mil dólares propiedad del empresario Alejandro Romero García, dueño de la compañía de adhesivos Austromex, quien sin saberlo había sido desfalcado de sus cuentas bancarias por directivos del banco en complicidad con María Eugenia Oropeza Téllez, entonces gerente de la sucursal Polanco de Scotiabank y quien fue encontrada muerta el 29 de septiembre de 2001.

La Procuraduría sostiene que de esos casi 5 millones de dólares, Ross Castillo restituyó 2.4 millones a la cuenta original y defraudó el resto. Jorge Di Sciullo, director jurídico de Scotiabank Inverlat, explica que en este caso “se detecta un desvío de recursos a un cliente y el banco formula su denuncia; la PGR hace su investigación y luego determina que hay elementos para presumir la posible existencia de un delito previsto en el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, imputable a quien de forma indebida transfiera o disponga de recursos o valores de un cliente de una institución de crédito, y dado que hay un desvío de dinero es connatural que haya el delito de lavado de dinero, por eso en el proceso se investigan ambos ilícitos”.

Al preguntarle qué relación había en 2001 entre Scotiabank Inverlat y Ross Castillo, el abogado admite que “era ex empleado de la institución”; pese a esto, la acusación en su contra es por haber transferido de manera directa los recursos, según consta en la averiguación previa integrada por la PGR, pero si el supuesto defraudador ya no trabajaba en el banco, ¿cómo salió el dinero?, y Di Sciullo responde: “desconozco qué sucedió, pero a fin de cuentas lo importante es que se denunció el ilícito y la autoridad hizo su investigación y consignó a los responsables, eso es lo único importante”, observa el director jurídico, sin aclarar quiénes son los funcionarios bancarios que realizaron la transferencia de dinero a las cuentas de Ross.

Jorge Di Sciullo reconoce que por este fraude el banco de origen canadiense destituyó a cuatro  subdirectores, aunque se niega a dar mayores detalles pues argumenta que se trata de “información privada”. El director jurídico del Scotiabank señala que la remoción de los empleados se da “sin que hubiera alguna responsabilidad; sino más bien un tema del mayor cuidado posible, por eso el banco decidió prescindir de sus servicios. Todo eso fue investigado por la Procuraduría, autoridad que determinó lo conducente en cuanto a los responsables reales del asunto”.

Para Di Sciullo, “no hay nadie más involucrado, salvo la persona fallecida y esta otra persona en prisión (Jaime Ross Castillo)”.

Fallan controles en Scotiabank

La compleja historia revela que la única empleada responsabilizada en el caso Ross (María Oropeza) fue ultimada a finales de septiembre de 2001, dos meses antes de que el banco se enterara supuestamente del fraude y, por lo menos, cinco meses antes de que la PGR iniciara la investigación (abierta hasta el 2002).

De acuerdo con las fechas, la transferencia por 5 millones de dólares se realizó en abril de 2001 y un mes después se restituyeron los 2.4 millones de dólares, pero no fue sino hasta   noviembre de ese año cuando Scotiabank Inverlat se enteró supuestamente del fraude, justo cuando el cliente acusó al banco por el desfalco millonario en sus cuentas. Ello, a pesar de que uno de los controles aplicados en los bancos, denominado “operaciones relevantes”, fija la atención en las transferencias superiores a los 10 mil dólares, cifra considerablemente menor al monto involucrado en este caso.

Jorge Di Sciullo argumenta que los procedimientos de control sí detectaron la operación, pero acepta que fue aproximadamente un semestre después. Y advierte que no fue la denuncia del cliente la que alerta al banco, sino por el contrario, las auditorías. Por ello, señala, Scotiabank restituyó “inmediatamente” los 2.6 millones de dólares al cuentahabiente defraudado.

Cuestionado sobre la fragilidad en los controles del banco al extraer 5 millones de dólares sin que algún directivo alertara del robo, operación que sólo es atribuida a una persona ajena a la institución –Ross Castillo, ex empleado–, Jorge Di Sciullo asegura que “definitivamente no es sencillo”, pues el banco cuenta con una serie de supervisiones y controles, y justifica el cuantioso fraude con que las firmas para sacar el dinero fueron falsificadas, aunque reconoce que para retirar ese cuantioso volumen de dinero tuvieron que intervenir mandos superiores y medios del banco.

Al preguntarle si el gerente de una sucursal –cargo que desempeñaba María Oropeza– está facultado para hacer este tipo de transferencias sin supervisión o autorización de los altos directivos, Di Sciullo dice categórico que “no, se necesita de la autorización de una área distinta, el Área Operativa y de Servicios Compartidos, y adelanta que todas esas personas ya fueron a declarar a la PGR y explicaron qué fue lo que sucedió”.

Agrega que “todas las personas que intervinieron tuvieron que declarar en la PGR, absolutamente todos y la Procuraduría fue la que llevó a cabo la exhaustiva investigación y determinó el ejercicio de la acción penal. Esto está en manos de la Procuraduría y el principal responsable es sujeto a proceso. La PGR está haciendo exactamente su deber. Qué bueno que se actúe como actuó la Procuraduría, analizó el caso, se hizo una investigación profunda y se consignó el asunto”, justifica Di Sciullo.

El fraude

Según consta en las pruebas de descargo, la transferencia fue hecha por Gastón Gamba, empleado del Scotiabank y hermano de Gino Gamba, quien figuró como coacusado en el caso Ross y fue detenido bajo la misma causa penal 12/2004 en abril del año pasado, pero a diferencia de Ross, Gino fue exonerado en julio de ese año.

De acuerdo con la ruta del dinero, de la cuenta original se extrajeron 5 millones de dólares, de esos, 2.8 millones fueron transferidos a cuentas del mismo cliente radicadas en Suiza y de ahí fue trasladado a Estados Unidos, para luego regresar a dos cuentas personales en México: la de Gino Gamba (recibió 200 mil dólares) y la de Ross Castillo (2.6 millones de dólares).

El ex empleado bancario explica que Gastón Gamba justificó la transferencia como una inversión por 5 millones de dólares a favor de SIASA y en esos términos Ross aceptó el trato. Con los recursos obtenidos, éste adquirió tres aeronaves, actualmente en poder del banco como pago por el supuesto fraude.

En 2003, Ross Castillo fue requerido por el área jurídica del banco para negociar el pago de los 2.6 millones de dólares, pero el proceso se frustró porque altos ejecutivos de Scotiabank le solicitaban más dinero por los intereses, y a pesar de que el banco tiene embargadas las tres aeronaves, Ross fue procesado por lavado de dinero en la modalidad de defraudación financiera, delito considerado como grave y por ello no alcanza libertad bajo fianza. Al respecto, el actual director jurídico del Scotiabank admite que “hubo alguna plática, pero nunca se concretó nada”. Y agrega que “el banco, por política, siempre denuncia casos ilícitos con independencia de cualquier negociación”.

Sin adelantar fechas, el fiscal antilavado, Agustín González Guerrero estima que “muy pronto se va a determinar la averiguación del caso Ross”, pues dice que las autoridades están en las últimas diligencias. El titular de la unidad contra el lavado de dinero añade que “las instrucciones que se han dado al respecto es cumplir con la ley cabalmente, no importa el nombre de las personas que estén involucradas, sino el tipo penal que establece la ley, y quien se adecue pues va a ser sancionadora de la propia ley”.

El seguimiento que da la PGR a las cuentas bancarias del ex jefe de gobierno en busca de recursos de procedencia ilícita, que actualmente coincide con las precampañas electorales, se da pese a que en abril de este año el presidente Vicente Fox giró instrucciones para dar marcha atrás a los procesos judiciales abiertos en contra del perredista, situación que ocasionó la renuncia del general Macedo de la Concha a su cargo, días después de que la Cámara de Diputados le retirara el fuero constitucional a Andrés Manuel, el 7 de abril.

Para conocer la opinión de López Obrador, durante un mes se solicitó la entrevista con el candidato presidencial, hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Éste no es el primer caso en el que López Obrador es investigado: el primero se relacionó con la frustrada estafa del Paraje San Juan, ocurrida hace un par de años; el segundo con los “video escándalos” de Gustavo Ponce, René Bejarano, Carlos Imaz y Carlos Ahumada –divulgados entre febrero y marzo del año pasado–, y el tercero fue el supuesto desacato a un amparo promovido tras la expropiación del predio El Encino, todos ellos identificados por el candidato perredista como el “complot”.