Los documentos de la averiguación previa PGR/023/LD/2002, que luego se bifurcan en líneas de investigación en contra de los precandidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado, revelan diversas anomalías en los mecanismos de control organizados por Scotiabank Inverlat, es decir, los que se refieren a la prevención de blanqueo de capitales y de fraudes financieros.
El expediente, que da cuenta de estas irregularidades, busca responsabilizar a los dos políticos de oposición con mayores posibilidades de ganar los comicios presidenciales de 2006, por el delito de lavado de dinero en la modalidad de defraudación financiera, supuestamente cometida en perjuicio del patrimonio del banco de origen canadiense.
Dichas líneas de investigación han permitido que, en plena campaña electoral, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR escudriñe todos los movimientos financieros de López Obrador y los de Madrazo Pintado, según reconoce su titular Agustín González Guerrero (Contralínea 43).
En entrevista, el citado fiscal rechaza que este caso tenga un móvil político, por lo cual explica que “nosotros tenemos la encomienda constitucional de investigar el delito y los ojos con los que vemos la averiguación son de procuración de justicia. Los nombres que puedan aparecer no nos deben interesar, ni su filiación política, simplemente que se acredite su probable responsabilidad y desde luego el cuerpo del delito”, y advierte que “muy pronto se va a determinar esa averiguación”.
La investigación, iniciada en diciembre de 2001, da cuenta de una presumible defraudación financiera por 2.6 millones de dólares, atribuida al empresario Jaime Eduardo Ross Castillo, ex vicepresidente del Banco Nacional de París en México, ex empleado de Scotiabank Inverlat y presunto benefactor del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El legajo judicial reporta que este delito se cometió el 19 de marzo de 2001 en contra del empresario Alejandro Romero García, dueño de la compañía de adhesivos Austromex y cuentahabiente de Scotiabank Inverlat, quien ha rechazado toda petición de entrevista periodística. En diciembre de ese mismo año, un mes después de que el propio cliente denunciara el hecho, el banco resarció el daño patrimonial a Romero García y con ello asumió el quebranto.
De acuerdo con la indagatoria, Andrés Manuel y sus hermanos Pío y Ramiro López Obrador se relacionaron financieramente con Ross Castillo, pues supuestamente en tiempos electorales el empresario, confinado en el Reclusorio Preventivo Sur, hizo diversas aportaciones a favor de éstos.
En el caso de Roberto Madrazo la relación es de origen contractual: en 2002 el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional firmó un contrato de prestación de servicios de taxis aéreos con Servicios Integrales de Aviación (SIASA), empresa constituida por Jaime Ross y por el ex presidente de TAESA, Alberto Abed.
Hasta ahora, el ex vicepresidente del Banco Nacional de París es la única persona que enfrenta proceso por este caso, pese a que el expediente detalla que en el momento de la defraudación financiera Ross Castillo no mantenía relación alguna con Scotiabank Inverlat desde hacía 3 años, ese mismo expediente da cuenta de varias anomalías que fueron detectadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), posiblemente atribuibles a directivos y empleados del banco, según detallan informes oficiales.
Además de las particularidades mencionadas, la consignación que llevó a Ross Castillo a prisión, el 15 de abril de 2004, señala que la única funcionaria de Scotiabank Inverlat a la que se le encontró responsabilidad por este ilícito fue a María Eugenia Oropeza Téllez, ex gerente de la sucursal Polanco y quien fue asesinada en septiembre de 2001.
Irregularidades encubiertas
Información oficial en poder de Contralínea advierte que Scotiabank Inverlat presumiblemente incurrió en irregularidades que van desde la detección tardía del fraude hasta el incumplimiento de los procedimientos que por ley se deben aplicar en operaciones “relevantes” –movimientos financieros superiores a los 10 mil dólares que obligatoriamente tienen que ser reportados a la CNBV, además de causar una investigación interna sobre el origen y destino de los recursos–.
Según la “opinión de delito” elaborada por la CNBV, el dictamen técnico contable hecho por la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones de la Secretaría de Hacienda y la denuncia de hechos presentada por la Procuraduría Fiscal ante la PGR, el supuesto fraude fue denunciado el 4 de diciembre de 2001 por los directivos del banco canadiense, David Charles Coterral Moser y Jesús Zamora Pierce. La denuncia fue presentada nueve meses después de la defraudación inicial de 5 millones de dólares.
Además de la dilación, el análisis de la institución que encabeza Jonathan Davis Arzac, detalla que la presumible defraudación se descubrió por una “carta reclamación” firmada por el cliente en la que manifiesta su “desacuerdo” con el saldo de su cuenta en dólares con número de referencia 312893000, y no por los controles de seguridad que la institución bancaria debe instrumentar por mandato legal.
Aunque el director jurídico de Scotiabank Inverlat, Jorge Di Sciullo, afirma que las auditorías internas detectaron la operación irregular, el documento 601-VI-DD/MMC-27211, realizado por el área jurídica de la CNBV que consta de 13 fojas, explica que el 1 de noviembre de 2001 el banco recibió la reclamación y “por consecuencia” realizó la investigación correspondiente.
En dicho oficio, fechado el 9 de enero de 2003 y dirigido a Jorge Silva Sánchez, director general de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Procuraduría Fiscal, se da cuenta del contenido de la carta de Romero García: “no estoy de acuerdo con el saldo de 4 millones 382 mil 369 dólares que muestran sus registros al 19 de octubre de 2001. Yo no he abierto ni he dado instrucciones para que abran a mi nombre cuentas en UEB United European Bank, ni en el Banque Natinale de París. Yo no tengo conocimiento de que se hayan abierto cuentas a mi nombre en esos bancos. Yo no he traspasado ni he dado instrucciones de que se traspasen fondos de mi propiedad a Suiza”.
Y es que la indagación, realizada entre el 2 de noviembre y el 1 de diciembre de 2001 por Scotiabank Inverlat, descubre que el 19 de marzo de ese año –fecha en que vencía la inversión de Romero García por 5 millones 163 mil dólares– “se operó indebidamente la orden de pago con folio 7530731, en la sucursal Liverpool Polanco, por un importe de 5 millones de dólares”.
El informe de los auditores, citado por la CNBV, detalla que el movimiento financiero se realizó “a través del corresponsal Banque Nationale de París, New York, para abono a la cuenta número 417273 del UEB United European Bank, Switzerland Geneve, cliente A417270, apareciendo como ordenante el señor Romero García Alejandro, autorizando la nota de venta de orden de pago internacional folio A-7530731 la gerente de la sucursal, María Eugenia Oropeza Téllez, y la comodín, Celia Zapata Morgado, operada por el cajero con usuario 1007, Luis Carlos Ordoñez Díaz, lo anterior sin existir evidencia de una instrucción expresa del cliente”.
Además de estos empleados, también estuvieron involucrados en la operación el aún ejecutivo de inversiones de Scotiabank Inverlat, José Luis Zesatti Arrieta, y Jaime Ross Castillo, este último con carácter de particular, refiere el documento.
La CNBV también tuvo conocimiento de otro alto ejecutivo del banco canadiense supuestamente implicado en el fraude y posterior lavado de dinero: Gastón Gamba Llano, quien hasta febrero de 2002 fungió como director regional de desempeño y era el jefe directo de la fallecida María Eugenia Oropeza Téllez.
En el oficio UECDL/058/03-D, de fecha 16 de enero de 2003, la entonces titular de la Unidad Contra el Lavado de Dinero de la PGR, Luz Núñez Camacho, reitera a Jonathan Davis Arzac la solicitud de información financiera, hecha desde el 31 de octubre de 2002, de los supuestos involucrados en el fraude. Entre éstos se menciona al funcionario y a su hermano Luis Gino Gamba Llano, este último permaneció en prisión de abril a julio del año pasado.
El documento señala que el dinero sustraído indebidamente por Oropeza Téllez, supuestamente en complicidad con Ross Castillo, se transfirió de manera gradual a las casas de cambio Majapara S.A. de C.V., Consultoría Casa de Cambio S.A. de C.V. y Monex, S.A. de C.V. a favor de diversos beneficiarios, entre éstos la sociedad mercantil Grupo Fosta, donde algunos de sus socios son Gino y Gastón Gamba Llano.
Otro hecho relevante es la referencia de la PGR sobre Mauricio Carlos Ríos Paúl, a quien identifica así: “esta persona mantuvo una relación sentimental con la gerente María Eugenia Oropeza Téllez, y de su declaración resultan contradicciones circunstanciales en torno a los hechos a investigación, por lo que pudiera tener un vínculo con las operaciones bancarias que se investigan”.
No obstante esta línea de indagación, Scotiabank Inverlat contrató a Mauricio Ríos, quien hasta la fecha ocupa la Dirección de Operaciones Derivadas, según explica Jorge Di Sciullo, quien además señala que “la PGR no ejercitó ninguna acción en contra de él porque no tiene absolutamente nada que ver en estos hechos”.
El director jurídico del banco manifiesta que no es la institución la que debe determinar si hubo o no relación sentimental entre Ríos Paúl y la única empleada que fue responsabilizada por esta operación, pues eso corresponde a las autoridades, sobre todo la Procuraduría capitalina –dependencia que investiga el asesinato de Oropeza Téllez–.
“Nosotros no sabemos ni siquiera si había una relación sentimental, eso es parte de la vida privada de las personas, además él fue investigado por la PGR y por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ellos son los que están determinando esta situación”.
Fallan controles de seguridad
Las irregularidades que derivaron en un fraude final por 2.6 millones de dólares en contra del dueño de Austromex, no eran desconocidas para la institución canadiense. Según revela el análisis de la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desde 1999 se habían presentado anomalías en las órdenes de pago internacional.
“La circular número 335/99 ‘Operaciones Internacionales’, de fecha septiembre 23 de 1999, emitida por Scotiabank Inverlat, S.A., señala lo siguiente: derivado de algunos problemas que se han estado presentando en el envío, recepción y asesoría de órdenes de pago internacionales, se considera necesario hacer el siguiente recordatorio con relación a las políticas generales y requisitos mínimos que deben considerarse para la correcta operación de este producto”.
Al preguntarle a Jorge Di Sciullo si es frecuente que los empleados de esa institución participen en fraudes y operaciones de lavado de dinero similares al caso Ross, el director jurídico del banco dice tajante: “No. Definitivamente no, este caso es total y absolutamente excepcional y definitivamente no se ha repetido un caso similar a éste”.
Sin embargo, otra evidencia documentada en el oficio 601-VI-DD/MMC-27211 corresponde al testimonio de Luis Carlos Ordóñez, quien se desempeñó como cajero de la sucursal Polanco entre el 12 y el 19 de marzo de 2001.
Durante su comparecencia ante el agente del ministerio público adscrito a la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, el 17 de octubre de 2002, Ordóñez Díaz fue interrogado sobre “si se cumplió con el procedimiento que por normatividad debe llevar la operación de transferencia de fondos referida”, al respecto, el actual subgerente administrativo de Scotiabank Inverlat, manifestó: “no se cumplió porque, cuando se operó la transferencia de fondos, yo desconocía el procedimiento en el caso de una liquidación de inversión para expedición de la mencionada transferencia”.
La declaración descubre que a pesar de su efímera permanencia en este puesto, de tan sólo siete días, el aún empleado del banco no sólo participó en esta millonaria operación, sino que realizó varias transferencias internacionales. “Las funciones que desempeñé durante el periodo referido fueron la atención al público en general, a efecto de realizar diversas operaciones como es pago de impuestos, pago de cheques, transferencias de fondos internacionales y recepción de depósitos”.
Según el testimonio de Ordóñez Díaz, para la tramitación de una orden internacional sus facultades y obligaciones como cajero son: “recibir la instrucción del jefe inmediato o del gerente, por escrito, y debo revisar que esté la autorización por parte del gerente, es decir, la firma del gerente y el texto de que se confirma, y procedo a capturar los datos en el panel del sistema denominado AS, una vez hecho esto se imprime un comprobante, mismo que debo entregar al subgerente administrativo y éste lo confirma con el Departamento de Órdenes Internacionales de acuerdo a una clave que el banco proporciona mensualmente, posteriormente se recaba en dicho comprobante la firma del gerente y subgerente, y luego el subgerente confirma vía telefónica con el Departamento de Órdenes Internacionales Enviados que se localiza en el área central de Scotiabank Inverlat y les remite vía fax el comprobante de sucursal o ficha de nota de orden o pago internacional, lo que sirve de confirmación para que dicho departamento libere los fondos que yo capturé como cajero”.
De acuerdo con el testimonio, la liberación de los 5 millones de dólares necesariamente tuvo que ser autorizada por el Departamento de Órdenes Internacionales Enviados, o área SWIFT, que desde entonces y hasta la fecha está en manos de Alicia Martínez.
Ausencia de sanciones
Pese a las evidencias recabadas por la entidad reguladora del sistema financiero en México, ni el banco ni sus empleados fueron sancionados por la operación irregular que resultó en una defraudación inicial de 5 millones de dólares, pero que tras algunas maniobras financieras, ascendió a 2.6 millones de dólares pues, con posteridad, fueron restituidos 2.4 millones de dólares a favor del cuentahabiente.
¿La CNBV emitió alguna sanción en contra de Scotiabank Inverlat o sus funcionarios por este caso? Se le pregunta a Jorge Di Sciullo: “no, la CNBV y las autoridades revisaron absolutamente todo pero no hay ningún procedimiento de sanción, está el procedimiento en la Procuraduría que es la que actuó y es la que está procesando a las personas que consideró penalmente responsables”.
En entrevista, el vicepresidente jurídico de la CNBV, Benjamín Vidargas, reconoce que desde que asumió el cargo en 2001, esta institución no ha sancionado ni a empleados ni a instituciones financieras por complicidades que deriven en fraudes o en operaciones de lavado de dinero, pero justifica el hecho al decir: “soy el preventivo, yo no sé qué es lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera o la PGR, yo –como Comisión Nacional Bancaria y de Valores– no tengo conocimiento pero no te puedo asegurar que no haya”.
En el caso de que la CNBV detectara situaciones de esta naturaleza, el funcionario asegura que “se vería la posibilidad de sancionar a la institución, e independientemente del proceso penal que en su caso se pudiera seguir contra la persona o personas (involucradas), la Comisión tiene facultades para vetarlas del sistema, además de la sanción a la institución financiera”, sin embargo admite que esto no ha ocurrido.
Al preguntarle sobre las particularidades del caso Ross, Benjamín Vidargas señala que es un asunto reservado, “porque no sabemos todavía si ya concluyó la averiguación o el proceso”, e indica que aun cuando ya hubiera concluido, podría llegar a ser un asunto público solamente si no involucra datos personales.
El vicepresidente jurídico de la CNBV considera que en asuntos de esta índole, más allá de las penalizaciones, a las instituciones financieras les debe preocupar su reputación: “un problema de lavado de dinero, además de las sanciones administrativas, civiles y penales que pueda generar, trae aparejada una sanción de tipo ‘reputacional’, es decir, la institución o intermediario se ve ligado a una operación de lavado de dinero y eso merma la confianza del cliente”.
Publicado: Noviembre de 2005
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