Se trata de los informes periódicos que remite la Secretaría de Relaciones Exteriores al Comité contra el Terrorismo (CCT) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hasta el otoño de 2005, México presentó cuatro de ellos a ese organismo intencional: el S/2001/1254 del 21 de diciembre de 2001, el S/2002/877 del 31 de julio de 2002, el S/2003/869 del 9 de septiembre de 2003 y el S/2004/983 del 13 de diciembre de 2004.
En el primero de ellos, el Presidente de la República ofreció integrar “Grupos de Trabajo para la Prevención del Terrorismo”. Sólo existían el de Actividades Turísticas y el de Salud, éste con el objetivo de “prevención del uso de armas químicas y biológicas en actividades terroristas”.
De las fronteras, ese informe cita que: “no obstante que no existe formalizada su conformación en los temas de Seguridad Aeroportuaria, cuidado de instalaciones estratégicas, vías de comunicación y sistemas para la seguridad de las fronteras norte y sur, se han dado pasos importantes en los niveles de organización para la prevención de actividades terroristas”.
Una preocupación sustantiva del CCT es la prevención del financiamiento a organizaciones terroristas. En el primer informe, México afirmó que “la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP detecta oportunamente operaciones relacionadas con actos terroristas y alerta a los países a los cuales se realicen transferencias continuas de fondos”.
Sin embargo, se admitía que, “desde el punto de vista de la persecución del delito, la financiación al terrorismo no se encuentra tipificada como un delito autónomo en la legislación penal mexicana”.
En el segundo informe (2002), el gobierno describió al CCT que la Dirección General Adjunta de Investigación y Operaciones de la SHCP funge como Unidad de Inteligencia Financiera de México “(de conformidad con la definición del Grupo Egmont)”.
Este grupo lo constituyen las unidades de inteligencia financiera de los países y se creó en junio de 1995.
Sin embargo, los reportes precedentes de control al financiamiento al terrorismo “no parecen satisfacer los requisitos” señaló el Comité en septiembre de 2003 y apuntó que “desearía recibir una indicación de las medidas que México se dispone adoptar (página 7 del informe de ese año).
El gobierno respondió que existía una iniciativa para tipificar ese acto como delito, aunque “el tipo penal no requiere que el acto terrorista sea efectivamente cometido o que se intente cometerlo. Tampoco importa el lugar en que dicho acto terrorista se llevaría a cabo, el origen de los fondos ni la realización de la transferencia”.
En el más reciente informe, de diciembre de 2004, el CCT reiteró su petición de cuentas al gobierno sobre la iniciativa de reforma a la Ley General de Organizaciones y actividades auxiliares de crédito, que anunció en 2003.
Una vez más, el gobierno desglosó las reformas y adiciones a diversas normatividades, entre ellas la Ley de Instituciones de Crédito, la de Ahorro y Crédito Popular, y varias más así como sus reglamentos.
Y finalmente, describió cómo la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones (DGAIO) “es actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y no más de la PGR.
Otro rubro fundamental es la detección de grupos terroristas en territorio nacional, el gobierno federal describe sus acciones en todos los informes.
En el primer informe del 2001 (página doce), reseña la tarea de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) para detectar a los grupos terroristas “que llegaran a estar en el país” y la instrumentación de medidas para prevenir actos terroristas por la Secretaría de la Defensa Nacional “referidas principalmente al combate del tráfico ilícito de armas”.
En el texto del 2001 habla de la creación del Registro Nacional de Huellas Dactilares y del Sistema Ejecutivo de Información para la Seguridad Pública en coordinación entre las Secretarías de Marina y la de Seguridad Pública.
También, de la “aplicación e incremento de medidas de seguridad y vigilancia en instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación de hidrocarburos costa afuera, en particular la sonda de Campeche”.
Sin embargo, en 2003, el Comité pidió al gobierno esclarecer aspectos como: circunstancias que llevarían a un tribunal a no castigar el reclutamiento de miembros de grupos terroristas, los controles aplicados ala venta de armas de fuego y explosivos, modelos sobre intercambio de información financiera y asistencia mutua entre los servicios de aduanas.
México, describió entonces al CCT los proyectos legislativos para aumentar la penalidad por el delito de terrorismo.
Citó la iniciativa de reformas, para “que otorgue a las autoridades las herramientas necesarias para combatir el terrorismo” que contempla, entre otros, el aumento en la penalidad de 18 a 40 años de prisión y de 500 a mil días de multa por la comisión del delito de terrorismo.
Mientras el CCT exige acciones y más compromiso de México contra el terrorismo, los desinformados ciudadanos mexicanos apenas se percatan de acciones del gobierno federal que son parte de los compromisos asumidos con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que es parte fundamental, Estados Unidos.
Blanco de terrorismo
Aquel 7 de julio en Gleneagles, Escocia al trascender la noticia de los ataques terroristas en Londres, el presidente Vicente Fox ubicó a México como blanco potencial del terrorismo. Ese afán por asumir un riesgo ajeno es “al parecer, una idea que gusta a los funcionarios foxistas”, comenta el experto en geopolítica Alfredo Jalife-Rahme.
Ejemplo de ello fue la invitación de Santiago Creel Miranda, entonces secretario de Gobernación, al escritor Gordon Thomas y que tras ese encuentro viajó a Colombia en donde expresó que “en México ya operaba Al Qaeda.”
La afirmación fue sorpresiva. “Parece ser que Creel Miranda estaba de acuerdo con que funcionara aquí Al Qaeda y en broma comenté que al único islámico que conocía era a Fawzi Handam –diputado panista-, quien estaba entonces con Bush” recuerda el doctor Jalife.
También el secretario de Energía, Fernando Elizondo Barragán habló ante empresarios de esa presunta amenaza terrorista el 5 de noviembre de 2004 en Nuevo León. Confirmó que fuerzas armadas estadounidenses vigilan el espacio aéreo y marítimo mexicano para evitar atentados a los yacimientos petroleros.
Recordó que 80 por ciento de las exportaciones de energéticos van a Estados Unidos y en su peculiar visión de la amenaza, afirmó: “entonces ahí, al revés, si a nosotros nos pegan les pegan a ellos, o para pegarles a ellos podrían pegarnos a nosotros. Esperamos que no, y sí, se está llevando esa vigilancia", según el diario yucateco ¡Por Esto!
Lo desmintieron el canciller mexicano y el secretario de Marina, almirante Marco Antonio Peyrot González, aunque éste solicitó 800 millones de pesos el 28 de febrero para enfrentar al terrorismo con apoyo del legislador priísta Sergio Arturo Posadas Lara.
En ese tenor, explica Alfredo Jalife: “si reunimos esas declaraciones (con la del presidente Fox) parece ser que se frotan las manos para que venga un atentado terrorista que obviamente les beneficiaría en términos políticos egoístas”.
¿Por qué ese afán de la amenaza? se le pregunta.
“Porque en un clima de miedo empujarían a su delfín -que es muy obvio- como candidato y frenarían a los candidatos del PRI y del PRD. Además, le darían la coartada exquisita a Estados Unidos para ‘salvarnos’ y capturar los yacimientos de petróleo que Fox no entregó por la vía democrática.”
-¿Habría una provocación?
Si se da –y se atribuye a Al Qaeda- sería obviamente con la bendición subrepticia de los altos mandos de Estados Unidos, observa.
En tanto, el doctor en Sociología Alejandro Álvarez Béjar señala que no hay país que escape al terrorismo y menos si es frontera con Estados Unidos, pero habría que escrutar la causa de esas insinuaciones desde la cúpula gubernamental.
“La probabilidad de un ataque contra México no se sostiene. Esa lectura es afín a la agenda de seguridad estadounidense y un recurso útil para limitar libertades individuales e imponer una militarización temporal,” observa. |
¿Sólo para sus ojos?
Cuatro años después de que México se alió a la superpotencia herida para combatir al terrorismo, se tejió una vasta red de normas jurídicas cuyo alcance desconoce la mayoría de ciudadanos, he aquí algunos ejemplos.
n Al tiempo en que el gobierno aprobó la cooperación con agentes estadounidenses para resguardar instalaciones estratégicas –aeropuertos, plataformas petroleras y nucleoléctricas- adoptó cambios sustantivos en la legislación financiera para prevenir el financiamiento a organizaciones terroristas. Sólo se informa al Comité Contra el Terrorismo (CCT) de la ONU.
n El 31 de enero de 2005 se formó el Consejo de Seguridad Nacional contemplado en la Ley de Seguridad Nacional que se aprobó tras largos debates parlamentarios. Su primer objetivo es “proteger a la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente”.
n El 17 de mayo de 2005 el Instituto Nacional de Migración se integró al Consejo de Seguridad y con ello, sus bases de datos y sistemas de información formarán parte de la Red Nacional de Información. Grupos como Sin Fronteras, consideran que esa medida criminaliza la migración.
n El 24 de febrero de este año, el Senado aprobó con el aval del PRI y el PAN una modificación constitucional para que las fuerzas armadas participen en operaciones internacionales de paz y en ejercicios militares con Estados Unidos y otros países contra la política tradicional del Ejército.
La reforma al artículo 76 constitucional prevé que las decisiones sobre el nuevo papel del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea recaigan sólo en el presidente de la República, sin ser aprobadas por el Senado. |
Publicado: Noviembre de 2005
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Baja California 
