A un año de que concluya la administración de Vicente Fox Quesada y en la más absoluta discreción, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz, inició el proceso de extinción del cuestionado Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II, conocido popularmente como Aduanas II, y de la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA).
Según consta en documentos oficiales, ambos entes fueron constituidos por Gil Díaz cuando éste se desempeñaba como subsecretario de Ingresos en la SHCP, hace 12 años. Y al igual que el fideicomiso Aduanas I, éstos han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de participar en el cobro “indebido” del Derecho de Trámite Aduanero, que al no ser reportado a la Tesorería de la Federación ha causado daños al patrimonio federal por más de 10 mil millones de pesos.
El máximo órgano de fiscalización, dependiente de la Cámara de Diputados, ha documentado que con esta omisión, en el primer trienio del gobierno foxista, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha causado quebrantos patrimoniales a la hacienda pública por 9 mil 347 millones de pesos.
Las investigaciones de la ASF advierten que en el ejercicio fiscal 2001, el daño ascendió a 4 mil 561 millones; en 2002, a 2 mil 200 millones, y en 2003, a 2 mil 585 millones de pesos; pero tanto la empresa como los fideicomisos han operado desde 1993.
Las medidas instrumentadas por la SHCP para “corregir” las irregularidades denunciadas por la ASF no son nuevas: en 2003 el SAT –como fideicomisario– y la SHCP –como fideicomitente– constituyeron en Nacional Financiera el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (Fidemica) que tiene por objeto “destinar el patrimonio al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16a y 16b de la Ley Aduanera”, recursos que anteriormente eran destinados a Aduanas I y Aduanas II.
Al primer trimestre de este año, el Fidemica resguardó 2 mil 153 millones de pesos. En este periodo registró ingresos provenientes del cobro de la “contraprestación” por 86 millones 902 mil pesos.
Caso OGASA
Como consecuencia de la extinción del Fideicomiso Aduanas II, también desaparecerá la empresa Operadora de Gestión Aduanal, S.A. (OGASA), constituida a su vez por 11 consorcios de comercio exterior que operan en 45 de las 48 aduanas del país.
En 1993, dichas empresas y la compañía SGC Servicios Logísticos Aduaneros, S.A. de C.V. –filial de la trasnacional suiza Societé General de Surveillance (SGS)–, fueron autorizadas por Hacienda para realizar operaciones de “apoyo, control y dictamen para el ‘segundo reconocimiento’ de mercancías en las aduanas”, funciones que a pesar de ser consideradas como de “seguridad nacional” permanecen en el ámbito privado desde la administración de Carlos Salinas de Gortari –información confirmada por la propia SHCP a través del boletín de prensa 077/2005–.
Una vez obtenidos los títulos de autorización, las 12 empresas constituyeron el fideicomiso Aduanas II. Según consta en el contrato de creación de esta figura jurídica, firmado el 20 de mayo de 1993, los 11 consorcios, la empresa SGC Servicios Logísticos Aduaneros –como fideicomitentes– y Nacional Financiera –como fiduciaria–, constituyeron el Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II, “con intervención de la SHCP –fideicomisaria–, representada por Francisco Gil Díaz, subsecretario de Ingresos”.
Según detalla la cláusula cuarta del contrato, el fideicomiso “tiene la finalidad de administrar los recursos líquidos que conforman su patrimonio para que queden destinados a la adquisición, mantenimiento, operación, reparación o ampliación de las instalaciones y equipos de las aduanas de la República Mexicana, incluyendo el segundo reconocimiento, así como en su caso, transmitir en su oportunidad a la ‘fideicomisaria’ (SHCP) o a la persona o personas que ésta indique a la ‘fiduciaria’ las acciones, bajo las condiciones y conforme al procedimiento establecido en las cláusulas de este contrato”.
Desaparece OGASA
Dictaminadores aduaneros dependientes de OGASA denuncian a Contralínea que a inicios de octubre los directivos de esa empresa convocaron a los trabajadores del segundo reconocimiento para informar la desaparición de la empresa, pues el 31 de diciembre vencen las autorizaciones que, durante más de una década, les permitieron operar un área considerada como de interés nacional.
La extinción de OGASA se da porque incumple con los requisitos previstos en la convocatoria de licitación pública de los títulos de autorización para prestar los servicios de operación de apoyo y control del despacho aduanero y del dictamen aduanero para el segundo reconocimiento, dados a conocer por la SHCP el pasado 11 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.
Según la convocatoria, además de tener cinco años de experiencia prestando los servicios que se vayan a autorizar, los aspirantes deben contar con cobertura internacional. Este último requisito sólo es cubierto por la empresa SGC Servicios Logísticos Aduaneros, en su calidad de filial de la trasnacional suiza SGS.
De acuerdo con los dictaminadores, que por su seguridad han solicitado el anonimato, la filial de SGS no sólo operó el segundo reconocimiento en tres aduanas mexicanas, sino que también fue autorizada por la SHCP para manejar toda la información de los certificados de origen.
A mediados de octubre pasado, la empresa suiza fue señalada por la prensa nacional de recibir beneficios en el “proceso de privatización de las aduanas” por su supuesta cercanía con los hijos de Marta Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox.
Historia de indefensión laboral
Hasta el 31 de diciembre, Miguel Ramírez Barber y Alfonso Perches Treviño continuaran al frente de OGASA, ambos trabajaron en Hacienda en la época en que Gil Díaz era subsecretario de Ingresos, según indican los dictaminadores consultados, quienes también aseguran estar en plena indefensión laboral.
Y es que durante 12 años, esta empresa ha sido responsable del control del personal operativo que practica el segundo reconocimiento en 45 aduanas del país, previsto en el artículo 43 de la Ley Aduanera, a pesar de que el contrato laboral de cada uno de los 107 dictaminadores aduanales empleados en 1993, de lo cuales 20 ya fueron despedidos, se firmó con el respectivo consorcio de comercio exterior.
Además de los consorcios y OGASA, los dictaminadores tienen relación con filiales denominadas Servicios Aduanales Integrados, S.A. de C.V., dedicadas únicamente a pagar la nómina de los dictaminadores. Las fuentes informativas señalan que por cada consorcio hay una empresa de Servicios Aduanales Integrados que, invariablemente se reporta en números, con lo que evita pagar prestaciones y utilidades.
Para los dictaminadores, la recién anunciada desaparición de OGASA trae incertidumbre laboral, pues además de perder sus empleos, aún no han tenido noticias sobre su liquidación que por Ley les corresponde.
Publicado: Noviembre de 2005
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