SCT encubre corrupción de Cosme Mares

Mientras que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, declaró ante el Congreso de la Unión que el tráfico de influencias de las que se ha valido el empresario Cosme Mares en la SCT son sólo supuestos –y retó a quien “tenga pruebas documentales que las presente”–, el expediente que prueba las irregularidades en las negociaciones para adjudicar una obra federal al supuesto prestanombres del presidente Vicente Fox, está clasificado como “reservado” por tiempo indefinido en la SCT.

Con contratos en 22 estados por más de 3 mil 700 millones de pesos, la SCT ha beneficiado a las empresas Facopsa y Fastec, propiedad de Cosme Mares, a pesar de los incumplimientos de ambas constructoras que han inundado el país de obras carreteras deficientes, muestra de la enorme corrupción y complicidad al interior de la SCT.

Alrededor de 70 millonarios contratos ha otorgado la SCT a Cosme Mares por conceptos de construcción y mantenimiento de obra carretera, concesión de autopistas y alquiler de maquinaria.

De los 22 estados donde la SCT ha otorgado dichos contratos a Facopsa y Fastec, en 17 se han presentado irregularidades, que van desde incumplimiento de contratos hasta por tres años, obras de mala calidad en carreteras, retraso en la ejecución de los trabajos, incumplimiento en procesos de construcción contrarios a los proyectos originales y pagos excedentes por más del ciento por ciento del proyecto original.

Según reportes de los órganos internos de control de la SCT, a pesar de todas las faltas registradas por ambas constructoras, ni un solo contrato le fue rescindido y, a pesar de que en algunos se fijaron sanciones económicas por irregularidades, éstas no se han aplicado.

La clave es un contrato carretero en Baja California, cuyo expediente obra en poder de Contralínea y revela que el 29 de agosto de 2002, a solicitud del director de Carreteras Federales de la SCT, Cedric Iván Escalante Sauri, la dependencia autorizó 460 millones de pesos para modernizar el tramo San Luis Río Colorado-Mexicali de la carretera Sonoita-Mexicali, según el oficio número 113-2573 firmado por el director general de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, Alberto Adame Castillo.

Adame notifica a Escalante Sauri que la Secretaría de Hacienda aprobó esa partida, pero que los recursos debían ser incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003-2004. El contrato de la obra se otorgaría mediante la licitación pública número 00009055-044-02, en tres etapas: el 6, 12 y 18 de diciembre de 2002, respectivamente, y participarían ocho grupos de empresas:

Constructora Gusa; Gutsa Inmobiliaria; Desarrollo Canoras, en asociación con Inmobiliaria Canoras; Constructora Asiel, en asociación con Constructora Río Aros y Organización Constructora San Mateo; Fastec, en Asociación con Fabricación y Colocación de Pavimento; Construcciones y Montajes Industriales del Sur, en participación conjunta con Gutiérrez Velasco; Capi Constructora, en convenio de participación con Constructora Reymundo, y Constructora Épicas; Constructora Gallego y Asociados, en participación con Pavimentaciones Técnicas, Alta Ingeniería 2000, todas ellas S.A. de C.V., y Arca del Pacífico, S. de R.L. de C.V.

La primera propuesta descalificada fue la de las empresas Fastec, S.A de C.V., y Fabricación y Colocación de Pavimento, S.A de C.V., una supuesta sociedad cuyo propietario es el guanajuatense José Cosme Mares, señalado por legisladores federales como prestanombres del presidente Vicente Fox.

El 12 de diciembre de 2002 se analizaron las propuestas económicas, y el representante de las empresas Facopsa/Fastec –para efecto de esta licitación–, Catarino Díaz Pineda, no se presentó, según consta en las actas internas de la SCT en Baja California. El 18 del mismo mes la delegación de la SCT desechó por escrito la propuesta por considerarla insolvente, económica y técnicamente, para efectuar dicha obra, y porque era una propuesta irreal, es decir, que no correspondía al monto autorizado de acuerdo con la Ley de Obras Públicas.

La propuesta de Fastec-Facopsa requería que la SCT le entregara como anticipo 39 millones 856 mil 893 pesos, que correspondían al 30 por ciento del monto total del contrato, pero la SCT solamente estaba autorizada a otorgar 18 millones 553 mil 800 pesos, de acuerdo con las bases de licitación.

Además, el informe de la SCT menciona los acuerdos de Fastec-Facopsa con otras empresas que participaron en dicha licitación para que la empresa de Mares ofreciera un monto ventajoso que le garantizara el contrato.

Entre los argumentos para desechar la propuesta de la empresa de Cosme Mares, según cita el informe de la SCT, se alude al incumplimiento de los requisitos de la licitación, “así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás licitantes”.

Advierte también el incumplimiento en las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en la convocatoria, y que el costo financiero hecho por la empresa incumplía además el reglamento de obra pública y las bases de licitación.

El contrato fue otorgado a Constructora Asiel, S.A., en asociación con Constructora Río Aros, S.A. y Organización Constructora San Mateo, S.A., por un monto de 153 millones 532 mil 695 pesos.

La mano negra de la SFP

El 20 de diciembre de 2002, Cosme Mares, por medio de su abogado Rafael Raymundo Romero, presentó una queja contra el fallo, integrada en el expediente número 13/2003 –ante Mónica María del R. Barrera Rivera, titular del Órgano Interno de Control de la SCT–, en la que argumenta que la licitación debe favorecer a Fastec/Facopsa, en respuesta a “la Política Económica del Presidente de la República, Vicente Fox Quezada”.

El titular de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Secretaría de la Función Pública (SFP), Francisco Barrio Terrazas, sacó el expediente del área de quejas del Órgano Interno de Control de la SCT y lo envió (oficio número SP/100/0017/03 del 14 de enero de 2003) a la Dirección General de Inconformidades, entonces a cargo de Roberto Anaya Moreno, actual subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP.

Mediante la resolución sobre la impugnación de Fastec/Facopsa, fechada el 27 de enero de 2003, Roberto Anaya Moreno ordenó a la SCT anular el fallo que declaraba a Constructora Asiel y asociadas ganadora de la licitación, y “considerar” la propuesta del guanajuatense. Tres semanas después, la SCT falló a favor de las empresas de Cosme Mares.

Para evitar reclamos de las empresas participantes, el 19 de febrero de 2003 el director del Centro de la SCT en Baja California, Héctor José Gómez Rodríguez, se limitó a explicar que la SCT cambió el fallo a favor de Fastec/Facopsa porque reunía “las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas”.

A diferencia de una de las reuniones de diciembre de 2002 en la cual originalmente se dio a conocer el fallo, en el acta del 19 de febrero de 2003 la SCT se abstuvo de informar el monto que se entregaría a la empresa como adelanto para iniciar la obra, un anticipo que, cediendo a los caprichos de Cosme Mares, sería de 39 millones 856 mil 893 pesos.

El 7 de marzo de 2003, la SCT otorgó el contrato modificado sustancialmente para cumplir las exigencias del empresario, el cual fue elaborado desvirtuando la Ley de Obra Pública para que él fuera el único beneficiado con la obra de una carretera, cuyo tránsito promedio diario anual es de 16 mil 400 vehículos.

Incumplimientos y fraude

Para entregar la obra terminada se fijó un plazo de casi 10 meses, del 1 de abril de 2003 al 25 de enero de 2004, pero fue precisamente la modificación de este plazo la primera irregularidad que sobresalió, ya que el inicio de los trabajos fue negociado en más de tres ocasiones por otro representante de Fastec/Facopsa, Justino Ramírez Jiménez, quien logró que la SCT cambiara las fechas porque la empresa estaba atrasada y con ello lograr que le impusieran penalizaciones, como correspondía por ley.

La primera modificación, asentada en el convenio N. 3-B-CE-A-537-W-2-3, se acordó en los siguientes términos: fecha de inicio el 16 de abril de 2003, y de entrega el 25 de marzo de 2004.

No obstante, el 15 de diciembre de 2003 se renegociaban, por segunda vez, las fechas, para iniciar el 16 de abril de 2003 y concluir –extendiendo el período– hasta el 9 de mayo de 2004 (convenio número 3-B-CE-A-537-W-3-3). La negociación, como ya se dijo, también fue efectuada por Justino Ramírez Jiménez a nombre de Cosme Mares.

El 2 de febrero de 2004, Cosme Mares logró que le extendieran los 300 días naturales asentados por ley para la ejecución de la obra a 422 días naturales, es decir, un beneficio de 122 días más sin que la empresa fuera penalizada.

Dicha revalidación fue negociada en el convenio número 3-B-CE-A-537-W-A-4 que fijó como fecha de término el 10 de junio de 2004. La empresa tenía detenidos los trabajos, pero aun así la SCT le otorgó un nuevo beneficio que dejó suspendidos los trabajos sin sanción alguna. Los reinició hasta el 1 de mayo de 2004 para concluirlos el 10 de junio de 2004.

De acuerdo con el oficio N. SCT-702-RGCF/284 del 13 de julio de 2004 de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Subdirección de Obras de la SCT en Baja California, el contrato debía ser rescindido desde el 25 de septiembre de 2003, debido a que en esa fecha la empresa “no había iniciado los trabajos objeto del contrato”.

Y aunque la fecha de inicio y término del contrato fue renegociado en tres ocasiones, la empresa “sin causa justificada y sin dar aviso por escrito a esta dependencia, a partir del 24 de mayo del presente año (2004), y hasta la fecha (julio de 2004) interrumpió los trabajos”.

El documento indica que los retrasos de la obra, para ese momento, tenían un incremento de casi 60 millones de pesos, lo que equivalía a un atraso del 68 por ciento de la obra.

Una de las irregularidades más graves, indica el informe, es que la empresa se negó a colocar los señalamientos en la carretera, como lo estipula la licitación, durante el tiempo de ejecución de la obra, Y por lo tanto puso en riesgo “la seguridad de los usuarios”.

Sobre este punto, indica el documento del área Jurídica de la SCT en Baja California, en cinco ocasiones la dependencia requirió a la empresa “mediante las notas de bitácora N.49, 67, 82, 102 y 120” para que se apegara al contrato, y aun a sus renegociaciones para que “diera mantenimiento al señalamiento preventivo durante el tiempo de ejecución de la obra, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios incumpliendo lo solicitado, siendo causal de rescisión de acuerdo con la Ley de Obras Públicas”.

Mediante este documento, la SCT en Baja California citó a comparecer al representante legal de Fastec/Facopsa el 30 de julio de 2004, para notificarle de la rescisión del contrato, toda vez que “se manifiesta el atraso considerable en el programa de ejecución de obra, además de la falta de interés por parte de su representada para continuar con los trabajos estipulados en el contrato, así como la imposibilidad técnica y económica” de las empresas de Cosme Mares. El informe está firmado por Héctor José Gómez Rodríguez, titular de la SCT en Baja California.

Ley a modo

Públicamente los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, y de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, rechazan todo trato preferencial para la empresas de Cosme Mares, pero los procedimientos irregulares que en el interior de ambas secretarías se registraron para beneficiar a la empresa son comprobables con el contrato de obra en la carretera Sonoita-Mexicali.

Aunque legalmente procedía la rescisión del contrato, el 6 de septiembre de 2002 en la SCT se dio la orden de no rescindirlo.

La disposición, que llegó desde el centro del país, provocó diferencias entre los funcionarios de la SCT en Baja California, cuyo titular se negó a firmar el fallo a favor de Cosme Mares, pero la enésima negociación fue firmada por el subdirector de Obras, Gilberto López Páez.

La resolución de procedimiento sobre la rescisión del contrato retoma las irregularidades de la empresa pero, inexplicablemente, justifica que se le prorrogue el contrato.

En un legajo de 18 hojas, con copia para el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y para la SFP, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Subdirección de Obras de la SCT emitió el oficio número SCT.702.RGCF/331 dirigido a Catarino Díaz Pineda, representante legal de Fastec/ Facopsa, en el que se asienta un retraso global en la obra del 53.95 por ciento, traducidos en 95 millones de pesos.

“Las documentales públicas constituyen prueba plena de que la empresa Fastec, en asociación con Fabricación y Colocación de Pavimento, no cumplió con su obligación de ejecutar hasta su total terminación”, indica el dictamen.

A pesar de ello la SCT determinó no rescindir el contrato, y para justificar esta decisión, argumentó, entre otras cosas, que el presupuesto asignado para esa obra carretera debía justificarse ante la SHCP, además que las malas condiciones que presentaba la carretera habían sido objeto de “desprestigio” en la prensa “creando una mala imagen para la Dependencia”.

Favor con favor

Tener en sus manos los expedientes que involucraban a Fastec/Facopsa convirtió a Roberto Anaya Moreno en el principal operador del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos.

Después de emitir la resolución que favoreció a Cosme Mares sobre el contrato 3-B-CE-A-537-W-0-3, el entonces director general de Inconformidades ascendió al nivel de subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad, el mismo puesto que Romero Ramos ocupó al inicio del sexenio de Vicente Fox, cuando Barrio Terrazas fue nombrado titular de la Contraloría.

El área de Atención Ciudadana y Normatividad es clave y estratégica: en ella se reciben todas las denuncias contra las empresas por incumplimientos e irregularidades, y puede inhabilitar de manera temporal o hasta por espacio de 10 años a funcionarios de gobierno o prestadores de servicios.

Este subsecretario tiene facultades para iniciar o frenar las investigaciones especiales, conocidas en Contraloría como de Grupo 1, es decir, las de mayor relevancia sociopolítica, entre las que pueden estar involucradas empresas como Pemex, CFE o secretarías como SCT, Gobernación y Sedesol o instituciones como PGR.

En esta área se han recibido quejas y denuncias contra la constructora del presunto prestanombres de Vicente Fox, y aunque hay elementos suficientes para su inhabilitación, la empresa ni siquiera está boletinada.

Se solicitó a la SFP información de las quejas, denuncias e investigaciones por incumplimientos que involucran a Fastec/Facopsa, pero según Rodolfo Lara Ponte, titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, y Hugo Gutiérrez Dávila, coordinador de Órganos de Vigilancia y Control, “no existe” una sola queja o denuncia, tampoco incumplimientos o investigaciones por incumplimientos de estas empresas. Ambos funcionarios dependen directamente del subsecretario Roberto Anaya Moreno, y éste de Eduardo Romero Ramos.

Sin embargo, en los archivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay registro de incumplimientos en 21 contratos de obra federal en diez estados del país.

Los expedientes hablan de pagos excesivos, incumplimiento en el programa de obra autorizado, diferencias de materiales y obra entre lo estimado y lo ejecutado, obra de mala calidad, deficientes procesos de construcción e incumplimientos en la fecha de terminación.

La complicidad de la SCT con las empresas de Cosme Mares es evidente, y aunque sus propios registros citan estas irregularidades, ni un solo contrato se le rescindió a la empresa y todas las penalizaciones, aunque en algunos casos hay montos fijados, los documentos oficiales señalan que “se encuentran en trámite”.

Publicado: Noviembre de 2005