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Durante su gestión en la delegación Gustavo A. Madero (GAM), Joel Ortega Cuevas, actual secretario de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal, inició una serie de obras que a la fecha no han sido concluidas ni tampoco fiscalizadas por la Contraloría del Distrito Federal, entre ellas la Ferroplaza, en terrenos propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), obra considerada por el funcionario como la más importante de su gestión. Ortega Cuevas aprovechó el pantanoso proceso de liquidación de la paraestatal para gestionar la obra, pero el hoy secretario de Seguridad Pública confundió una Plaza Escultórica, como señalaba el contrato de comodato inicial, con un mercado, que fue lo que dispuso construir e incurrió en presuntos delitos de daño patrimonial y malversación de recursos públicos. En septiembre de 1995 la Dirección de Ferronales y el Departamento del Distrito Federal (DDF) firmaron un contrato de comodato para que en el inmueble conocido como Patio de Estación “La Villa”, de 17 mil metros cuadrados, se construyera una plaza escultórica y el Museo del Ferrocarril, que en su conjunto se denominaría “Ferroplaza”. Ya desde octubre de 1989, Manuel Camacho Solís solicitó a Carlos Orozco Sosa, director general de Ferronales, que la delegación pudiera hacer uso de la estación ferroviaria y de los terrenos aledaños para incluirlos en el plan de reordenamiento urbano del área colindante a la Basílica de Guadalupe. En respuesta, Ferronales pidió la construcción del museo. Ante ello un grupo de ferrocarrileros propusieron que se hiciera algo semejante al Museo Ferrocarrilero de Puebla, pero el acuerdo no se ejecutó legalmente, sino seis años después. El convenio establecía que la estación “La Villa”, ya entonces en desuso, se destinara para uso estrictamente “educativo y cultural”, según el contrato No. 6-SB-7-105, integrado en el expediente 023-SB-7-24063 de la Subdirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Ferronales. El documento indica que cualquier uso distinto al acordado sería causa de rescisión del contrato, y que además las obras debían efectuarse en un plazo no mayor a un año. Su dilación se consideró como causa de anulación del contrato. Mediante acta administrativa, el entonces director de Ferronales, Luis de Pablo Serna, hizo entrega del inmueble a Oscar Espinosa Villarreal, pero luego de un año el contrato de comodato quedó sin efecto porque la delegación no hizo las obras. Así, el inmueble pasó otra vez a manos de Ferronales. A partir de ese año, la delegación intentó regularizar el inmueble sin obtener una respuesta clara por parte de la paraestatal.
Manejos oscuros Sin considerar los antecedentes y la prohibición expresa del convenio, el 26 de enero de 2001, a través del oficio SF/079/01, la Secretaría de Finanzas capitalina autorizó recursos no determinados para la construcción de la Ferroplaza con afectación a la partida presupuestal 5100066100-04. En octubre de ese año, a través de la Licitación Pública No. 30001127-056-01, la delegación Gustavo A Madero, encabezada por Joel Ortega, otorgó el contrato No. DGAM/DGSU/LP/OP/POA2001/055 del inmueble a Favel Constructora S. A. de C. V., con un presupuesto de 21 millones 122 mil 757 pesos, a ejecutarse en tres meses. El monto se cubriría en dos ejercicios fiscales de la delegación: 7 millones 945 mil pesos para el ejercicio 2001 y 13 millones 177 mil pesos en el 2002. El proyecto de Favel hablaba de “un conjunto modular de espacios abiertos que interactúan entre sí, para ofrecer al público consumidor una unidad comercial con locales convenientemente adaptados según el giro y dividido por zonas”. A unas semanas de que iniciara la obra, la estructura y sobre todo el giro que el delegado dio al inmueble, despertó la inquietud de los vecinos de la zona que sabían que Ferronales lo había dispuesto para construir un museo del ferrocarril. También sabían que la Confederación de Ferrocarrileros de la República Mexicana dio cuenta de las irregularidades cometidas por Joel Ortega al entonces diputado federal Emilio Goicochea, hoy secretario particular del presidente Vicente Fox. En distintos oficios girados en septiembre de 2002, entre el entonces diputado panista y Joel Ortega, se confirmó que la delegación no contaba con la titularidad de los predios donde se efectuaba la magna obra. Para callar los reclamos de los ferrocarrileros inconformes y eliminar los obstáculos que le impidieran concluir la obra, Joel Ortega se reunió con ellos para convencerlos de los beneficios. El dirigente de este grupo, Enrique Oropeza, recuerda la manera en que el funcionario intentó frenar sus demandas: “Le pedimos que se apegara estrictamente al convenio de comodato que tenía firmado con Ferrocarriles. Nos dijo que llegáramos a un acuerdo y nos dejaba la estación. Nos lo presentaron, pero no estuvimos de acuerdo porque no cumplía con lo establecido, pues en vez de museo presentaba un mercado”. En efecto, un documento interno de la delegación, de octubre del 2002, indica que el “Mercado Ferroplaza es un proyecto que se desarrolla en dos niveles, concebida como un conjunto modular de espacios abiertos que interactúan entre si, que ofrece al público consumidor una unidad comercial digna y moderna…”
Daño patrimonial Mediante el oficio N.401-22-D1086, del 23 de julio de 2002, el director de Licencias, Inspecciones y Registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Dionisio Zabaleta López, hizo observaciones al delegado sobre el irregular mercado que construía en los inmuebles de Ferronales, entre ellas: “La estación de ferrocarril, construida en los primeros años del siglo XX, guarda buena parte de la memoria histórica del desarrollo de los ferrocarriles en nuestro país y del ambiente urbano en el perímetro de La Villa”. Además, las bardas de la Ferroplaza colindan con una capilla que forma parte de las construcciones del conjunto de la Basílica de Guadalupe. En distintas ocasiones Ferronales hizo del conocimiento del delegado Joel Ortega que la obra, además de irregular, constituía un daño patrimonial al organismo federal. El oficio No. SGCAG-DAG-0118/02, del 31 de octubre de 2002, dirigido a Joel Ortega por el titular del área de Ferronales, Pablo Rivera Albarrán, indica: “Me refiero al inmueble Patio de la ex Estación La Villa, ya que es de nuestro conocimiento que esa Delegación, sin mediar autorización de nuestra parte, está llevando a cabo obras en prejuicio del patrimonio de este Organismo”, y pide que se suspendan de manera inmediata las obras y poner el inmueble a disposición de Ferronales. Pero el delegado no acató la orden e ilegalmente siguió con la obra. Para septiembre de 2003, Andrés Chavarín González, entonces subdirector general de Ferronales, envió un nuevo oficio al delegado en el que le indicaba la urgencia de regularizar la situación de los inmuebles propiedad de Ferronales, que ya estaban en el inventario del proceso de liquidación. Pero la obra fue clausurada por Felipe Calderón Hinojosa, director de Banobras, para que Ferronales renegociara sobre el inmueble que, para finales de 2003, según informó Ortega Cuevas a Banobras, la construcción del Mercado Ferroplaza tendría un avance del 95 por ciento. Mediante el oficio JDGAM/167/03, Joel Ortega solicitó a Felipe Calderón la donación de las instalaciones y terrenos a favor del gobierno capitalino. Ortega reconoce que para esa fecha, aunque la obra estaba “muy avanzada”, la propiedad seguía siendo irregular. La negativa de Banobras, según documentos girados por la institución al delegado, respondió a que cuando se firmó el contrato de comodato los terrenos serían donados para construir un museo del ferrocarril, y como de manera irregular el delegado decidió construir un mercado, entonces tenía que pagar el inmueble. Los distintos delegados fiduciarios designados por el gobierno federal para la liquidación de Ferronales, entre ellos Jorge Forastieri Muñoz y Mario Martínez Castillo, solicitaron a Joel Ortega discutir el tema de la Ferroplaza, pero no se concretó. A unos meses de concluir su administración, Ortega Cuevas promovió, a través de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, el avalúo del inmueble y que, a través de esta dirección, se solicitara la donación a la delegación. Según los oficios DAI/SAI/UDRCCAN y A/AFA/9789 signados por el director de Patrimonio, Javier González del Villar, el delegado no había cumplido con los requisitos del Manual de Operación y Funcionamiento de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, y por tanto su solicitud se aceptaba “condicionada a la realización de todas y cada una de las consideraciones jurídicas administrativas” fijadas en los convenios, contratos o asuntos notariales. Pero las irregularidades de origen promovidas por Joel Ortega frenaron cualquier intento de obtener en donación el inmueble, reconoce el actual director general Jurídico y de Gobierno de la delegación, Jorge González Macías. Hasta la fecha, el área jurídica de la delegación desconoce de una posible denuncia contra la demarcación promovida por Ferronales por daño patrimonial, aunque tampoco descarta por completo esa posibilidad. González Macías reconoce el ilícito del hoy secretario de Seguridad Pública y su responsabilidad en este asunto. “Es daño patrimonial contra Ferronales”. Lo lógico, dice, es que para construir Ortega se hubiera esperado a legalizar la propiedad del inmueble. ¿Les ha causado algún problema legal o económico que se haya construido en un predio que todavía no era de la delegación? -Nos preocupó y estuvimos buscando antecedentes. Esta delegación ha tenido una situación de mucha inestabilidad administrativa. El año pasado hubo, entre sustitutos, electos y designados, cinco jefes delegacionales. Esto llevó a un desorden documental, a no tener acceso a documentos que nos dieran una idea jurídica de la situación del predio. Nos preocupó que, sin tener la propiedad del predio, se hubiera invertido en la construcción del mercado, que tampoco se pudo concretar como lo pensó Joel Ortega cuando decidió hacer la obra. Para julio de 2004 el delegado Octavio Flores Millán, actual prófugo de la justicia por presunto fraude, restableció las relaciones abandonadas por su ex jefe Joel Ortega con Ferronales a fin de fijar un monto de compra de los terrenos. Para esa fecha, según un informe de la Dirección de Recursos Financieros, la delegación había erogado 20 millones 470 mil 658 pesos a Favel, además de 892 mil 696 pesos a la empresa Cominde para “supervisar la obra”, según el contrato DGAM/DGSU/IR/POA 2002/059. De tal manera que el adeudo actual sobre esta obra clausurada es de alrededor de un millón de pesos a Favel. Las conversaciones entre Flores Millán y los representantes de Ferronales no tuvieron ningún avance. Fue la nueva delegada Patricia Ruiz Anchondo quien retomó el asunto nuevamente.
La negociación con Ferronales El director Jurídico y de Gobierno de Ferronales, Jorge González Macías, indica que en estas nuevas negociaciones no hay nada concreto, aunque se habla de 19 millones 600 mil pesos que la delegación deberá pagar a Ferronales por conducto de Banobras. ¿La delegación tiene para pagar? -Si, está en proceso, pero también se propuso que se pagara en un año, y eso le daría la posibilidad a la delegación de un mayor desahogo en la compra. Aún no se define. ¿Cuánto ha pagado la delegación? -23 millones de pesos. ¿Y a Favel? -Tengo entendido que sí, durante la administración pasada. Cuando asumimos encontramos el mercado como está ahorita, porque no había una definición jurídica y no quisimos invertir recursos que, por otro lado, nos tenían como administración en una situación de responsabilidad. El funcionario señala que los acuerdos delegación-Banobras-Ferronales han sido “tan buenos” que en unas semanas la Gustavo A. Madero reubicará a 510 comerciantes en el inmueble, aunque no se ha legalizado la situación jurídica.
Elefante blanco En las calles Garrido y Alberto Herrera, entre Calzada de Guadalupe y Ferrocarril Hidalgo, está el elefante blanco que dejó Ortega Cuevas a costa del daño patrimonial a Ferronales sobre un inmueble considerado por el INAH como de gran valor no solo cultural sino social. Lo único que se observa es un bodegón de materiales prefabricados, cuyas paredes ya presentan cuarteaduras. El inmueble permaneció a la intemperie, sin puerta, y fue varios meses refugio de delincuentes. Fue ocupado también por una alquiladora de grúas y por paracaidistas que, al ser expulsados del inmueble, construyeron a un lado viviendas de cartón y lámina, habitadas por numerosas familias. La Ferroplaza fue cerrada por una cortina oxidada también antes de su uso y ya marcada por grafiteros. Su interior está constituido por dos niveles a base de zapatas corridas de concreto armado de cimentación, sostenido por columnas del mismo material. La estructura de la techumbre es de armaduras de alma abiertas de perfiles estructurales de acero. Los muros exteriores son de tabique hueco con barniz, el piso aún está en obra negra. No tiene instalaciones de luz ni agua. Tampoco están concluidas las instalaciones sanitarias ni de gas. Jorge González Macías dice que la delegación erogará, además del pago de casi 20 millones de pesos a Ferronales, otros 9 millones de pesos para terminar las instalaciones. Enrique Oropeza, decepcionado, dice que en su momento el entonces diputado federal y hoy secretario particular del presidente Fox prometió ayudarlos, pero no pudo frenar la ilegal construcción del mercado a manos del hoy encargado de la seguridad en la capital del país. Sobre las irregularidades cometidas en su administración al frente de la GAM, el Secretario de Seguridad Publica, Joel Ortega, a traves de su vocero, Ricardo Olayo, se negó a responder a la petición de entrevista argumentando que ya no es delegado.
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