La postración de la Suprema Corte

Los altos sueldos, prestaciones, prebendas, bonos, pagos especiales y partidas que manejan a su antojo en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), han sido el pago que durante décadas han recibido los ministros por defender los intereses del presidente en turno, coinciden investigadores y especialistas en el tema.

Con la justificación de que los ministros deben recibir sueldos “decorosos”, cada uno de los once que compone el pleno de la SCJN gana más de 70 millones de pesos al año, lo que los ubica como los funcionarios mejor pagados de la República.

Para el doctor en derecho constitucional e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Covián Andrade, esta situación está fuera de toda lógica si se toma en cuenta que más de la mitad de los mexicanos viven en la pobreza extrema.

“Nunca he estado de acuerdo en que un servidor público tenga un sueldo demasiado alto. Generalmente lo que se dice, y me parece hasta ofensivo, es que los servidores públicos, sobre todo los de alto nivel, deben tener sueldos ‘decorosos’ para su nivel. Quiere decir con esto que los sueldos deben corresponder a un nivel del servidor público, basados exclusivamente en el cargo, en la denominación de éste o en la jerarquía. O sea, prácticamente estamos hablando de que debe haber una especie de elite de los servidores públicos que deben ganar mucho dinero, quién sabe por qué razón, porque, a contrario sensu, eso sería indecoroso”, señala el constitucionalista.

Para Miguel Covián no es posible suponer que en un país en el que 50 millones de personas van de la pobreza al pauperismo, se diga que deben recibir los servidores públicos sueldos “decorosos”. “En términos generales, si un servidor público, el que sea, del presidente para abajo, tuviera un ingreso mensual de 60 o 70 mil pesos, podría vivir tranquilamente, desde luego sin excesos, podría llevar un nivel de vida muy razonable y hasta ahorrando una parte de su dinero para pensar en el futuro”.

Para el investigador de la UNAM lo peor es que por disposición de la Constitución, los sueldos de los ministros a lo largo de los 15 años que duran en el cargo, no pueden disminuirse.

“Eso es verdaderamente absurdo. Se dice que una de las razones concretas en el caso del Poder Judicial para tener ese tipo de sueldos, que ellos le llaman ‘irreductibles’ y además ‘decorosos’, es la seguridad de que esos salarios no serán disminuidos bajo el esquema de la presión o el condicionamiento para que los jueces resuelvan en tal o cual sentido. Entonces eso significa que les damos sueldos tan altos para comprar la honestidad, para comprar la rectitud. Eso hace presuponer que estamos llevando ahí a jueces corruptos, que necesitan de ese tipo de incentivos para detenerse y no incurrir en la corrupción. Eso es algo tan tonto como decir que a un maestro habría que pagarle un sueldo más alto para evitar que vendiera las calificaciones, que resistiera la tentación de vender las calificaciones a sus alumnos”, expone Miguel Covián.

Para el jurista universitario Raúl Carrancá y Rivas los grandes sueldos en la Suprema Corte se derivan de una relación viciada durante años entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y agrega que aunque se habla mucho de un cambio, en la práctica no hay tal.

“No lo digo por una cuestión política, porque no pertenezco a ningún partido, lo digo como gobernado. Esta es una situación que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo y que no ha desaparecido: el compadrazgo. Esto se traduce además en que no están las personas, salvo honrosas excepciones, como la del ministro Genaro Góngora. Unos están comprometidos, trabajan condicionados a influencias que vienen más allá de los muros de la Suprema Corte. Entonces cómo puede un ministro ser imparcial si está manejando intereses de la clase que usted quiera, concernientes a quien los puso en la terna”, expone Carrancá.

Al ser un poder autónomo, técnicamente los presupuestos del Poder Judicial al igual que el Poder Legislativo no son asignados por la federación, lo que resulta que año con año estos dos poderes de la unión se asignen cantidades cada vez mayores.

Para el asesor financiero Mario Di Costanzo “si revisamos las percepciones de los magistrados y ministros nos damos cuenta porqué se requiere tanto presupuesto: por los sueldos tan elevados. Además de los sueldos hay otra serie de incentivos económicos que ni siquiera tienen los diputados u otros miembros del Ejecutivo, incluso los secretarios de Estado. Por ejemplo: todas las dependencias del sector público están obligadas a devolver a la Tesorería de la Federación los excedentes, los subejercicios. En el caso del Poder Judicial no. Estos se los reparten y de hecho reciben bonos extraordinarios sin ningún control”.

Aunque en la Cámara de Diputados se anunció que se pondrían topes salariales en el Poder Judicial, Di Constanzo señala que esto no se puede hacer por cuestiones constitucionales, pues esto sería vulnerar la autonomía del Poder Judicial. El asesor financiero señala que este tipo de candados son la herencia de las viejas prácticas priístas que ha retomado el gobierno foxista.

“Es la herencia de un poder que para tener el control y para que no haya protestas, se les tiene económicamente contentos. Pero el hecho de que sea un gobierno de transición el que siga llevando a cabo estas prácticas del viejo régimen es más grave, porque ya no se hace con estilo. Con los gobiernos priístas por lo menos había un estilo para hacer las cosas, y medio disfrazaban esta situación, pero lo que estamos viviendo es lo más cercano a una dictadura de derecha, en donde se actúa con un cinismo y una postración del Poder Judicial a las decisiones, no se diga a una ideología de derecha, sino a los caprichos de un jefe del Ejecutivo”, asegura Di Costanzo.

Falta transparencia

Sobre la falta de transparencia en la asignación de los recursos que utiliza la SCJN, Mario Di Constanzo señala que en teoría el Poder Legislativo tiene la autoridad para auditar al Poder Judicial, sin embargo, cuando la Cámara de Diputados pide cuentas, en realidad no hace nada, pues “creo que hay valores entendidos entre la institución llamada Cámara de Diputados y el Poder Judicial”.

En el caso de la información que presenta La Suprema Corte en Internet, en cuanto a sus gastos anuales, Di Constanzo advierte que estos no son claros. Señala que si se midiera la transparencia que tiene el Poder Ejecutivo comparado con la del Poder Legislativo y Judicial, el Ejecutivo tiene por mucho más transparencia.

“Hay mucho que hacer en ese sector, y es que se les exigiera la misma transparencia. Por ejemplo hay muchos gastos que ellos no presentan, desagregados, licitaciones que en el caso de los poderes Judicial y Legislativo no respetan las leyes de adquisiciones, porque todos los concursos los pueden resolver con un acuerdo de la junta de coordinación política y se pasan por la borda lo que dice la Ley. Finalmente los que hacen las leyes no van a legislar en su contra, y los que hacen cumplir las leyes, no las van a hacer cumplir en su contra”, indica Di Constanzo.

Miguel Covián coincide en que el manejo de los recursos y de las decisiones en el Poder Judicial Federal, si por algo se caracterizan, es por la falta de claridad. “El que haya estado en el Poder Judicial en un nivel modesto: secretario de un juzgado, secretaria mecanógrafa o actuario, podría contar una cantidad impresionante de cosas que no se saben y que sin embargo son reales. Si se abrieran las ventanas de los palacios legislativos y las puertas de la Suprema Corte serían otras tantas cajas de pandora”.

Covián Andrade señala que si se analiza el Presupuesto de Egresos de la Federación y lo que implica el pago de intereses por la deuda pública, se vería que esta es impresionante. Y en un país de pobres no tienen por qué existir esos niveles y esos privilegios.

“Cada mes un ministro de la Suprema Corte haciendo tonterías, emitiendo resoluciones erróneas se lleva el equivalente, en el menor de los casos, a 40 becas universitarias. Y todos estos privilegios, sin contar que cuando ellos se retiran, tienen por supuesto su pensión permanente, que no es como las del ISSSTE, esto no tiene sentido. Es un poder muy caro para los pésimos resultados. Y estamos hablando nada más del salario. Hay muchos otros gastos que son oscuros. No hay ninguna garantía de que el dinero de la Suprema Corte se destina para lo que se debe destinar, pues ellos mismos se auto vigilan”, concluye el constitucionalista.