Pensiones de escándalo para los exministros

En el 2005 la Suprema Corte de Justicia de la Nación destinará 133 millones 359 mil pesos al pago de las pensiones para los aproximadamente 40 ministros retirados, según cálculos de la Cámara de Diputados. Así, en contraste con las bajas pensiones que reciben otros trabajadores mexicanos, los ex funcionarios judiciales reciben en promedio 154 mil pesos mensuales, más los servicios de una secretaria, un auxiliar de oficina y un chofer que les paga el Poder Judicial de la Federación con dinero de todos los mexicanos.

Por lo anterior, los 11 ministros que actualmente prestan sus servicios en el máximo tribunal de la nación pueden estar seguros de que gozarán de una vejez plena, pues al concluir sus 15 años de servicio percibirán mensualmente el salario íntegro que cobren al momento de retirarse, más las prestaciones. 

Tendrán derecho a un seguro institucional de 40 meses de percepción ordinaria, seguro de gastos médicos mayores por 740 salarios mínimos generales del Distrito Federal, seguro colectivo de retiro por 25 mil pesos y un jugoso aguinaldo.

Pero antes de jubilarse, es decir todavía en funciones, los 11 ministros de la SCJN cuentan con otras prestaciones que se hacen efectivas cuando lo requieran: pagos de defunción por hasta 4 meses de la percepción total mensual, ayuda de gastos de defunción, ayuda prejubilatoria, estímulo por jubilación, estímulo por antigüedad, estímulo por incapacidad médica permanente e incluso los gastos de alimentación.

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende a por lo menos dos 2 millones de pensionados en todo el país y casi 350 mil burócratas están retirados de sus funciones. En ese grupo de pensionados, hay una elite de funcionarios del gobierno federal que se despiden de sus labores con sumas multimillonarias: los 40 ex ministros de la Corte, los ex presidentes de la República y los ex directores de la banca de desarrollo, son los afortunados del club de los ricos. 

Es decir, un ex presidente recibe como pago por pensiones 3 millones 446 mil 322 pesos al año, y un ministro 3 millones 367 mil 249 pesos anuales, que incluyen las diversas prestaciones que gozaban cuando trabajaban en la administración pública.

La remuneración que reciben los ex ministros es 74 veces mayor al monto que percibe un trabajador después de 40 años de servicio, que es de 2 mil 100 pesos mensuales, aproximadamente, y 12 veces superior a la pensión máxima que otorga el ISSSTE a los trabajadores del Estado.

Aunque la cifra del salario de los ministros jubilados se mantiene bajo la secrecía, el diputado federal Agustín Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, calcula que son aproximadamente 40 los ex funcionarios que se benefician de tan onerosas prebendas. Esta discrecionalidad, dice, sólo demuestra que la institución que administra la justicia es la más injusta con los trabajadores del país, al gozar ella primero de los máximos beneficios económicos de las arcas públicas.

“Tanto los ministros en ejercicio como los pensionados, abusan de su condición para poder adjudicarse pensiones que ellos mismos decretan, a través de modificaciones a la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

El monto de estas pensiones contempla un aumento salarial del 9 por ciento para este año y fue decretado en el Acuerdo General de Administración II/ 2005 del 21 de febrero de 2005, elaborado por el Comité de Gobierno y Administración de la propia Corte. Cifra que parece menor, pero como los salarios de los ministros son verdaderamente altos, un incremento de ese porcentaje resulta verdaderamente cuantioso.

Además, los ex ministros también tienen derecho a su pensión del ISSSTE –cuyo monto máximo es de alrededor de 12 mil pesos mensuales– y algunos continúan después como funcionarios públicos o bien litigan en juzgados y tribunales federales, pues sólo durante los dos años inmediatos a su retiro tienen prohibido trabajar, como lo indica el artículo 101 de la Constitución.

Es una situación de total privilegio de unos cuantos funcionarios, “en contraste con los 46 millones de mexicanos que no tienen seguridad social ni pensiones de ningún tipo”, dice el legislador.

Para Raúl Carrancá y Rivas, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudioso del sistema de justicia mexicano, considera que aunque la jubilación es un derecho laboral estipulado en la Constitución, éste no se debe sobrepasar de un determinado límite.

“Tengo bien entendido, por las relaciones que tengo con ex ministros de la Suprema Corte, que gozan de beneficios como el otorgamiento de uno o dos automóviles, dos choferes, que además alguno de ellos realiza trabajos domésticos y una cantidad de dinero muy fuerte, que si las comparamos a las actuales condiciones que vive el país, lastima el erario y aunque esa cantidad fuera poco, que no creo que así sea, implica una herida sintomática de algo que no debe ser y que es altamente criticable”, señala el doctor en Derecho.

 

Beneficiarios de la reforma

 

Desde diciembre de 1994, después de la reforma al Poder Judicial de la Federación impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, se estableció que los ministros de la Corte durarían en su cargo 15 años y que al finalizar su gestión tendrían derecho a pensiones vitalicias. Antes de estas reformas, los ministros de la Suprema Corte tenían jubilación forzosa al cumplir los 70 años, sin importar la edad a la que hubiesen sido designados.

Sin embargo, dicha reforma puso en retiro forzoso a los 24 ministros que integraban la Suprema Corte y meses después, 18 de ellos enviaron al máximo tribunal una petición escrita en la que demandaban homologar su pensión mensual, más el sueldo de un chofer, secretaria y auxiliar oficinista, con el sueldo de los ministros en activo.

Los ex funcionarios argumentaban que su pensión debía incrementarse al ritmo que los sueldos de los ministros en activo, ya que los 64 mil pesos que percibían en ese entonces, era el mismo monto que recibían en diciembre de 1994, cuando el Congreso aprobó la iniciativa presidencial de reducir de 21 a 11 los ministros de la Corte.

Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que los ministros elegidos en 1995 tienen derecho a la totalidad de su sueldo mensual los dos primeros años después de dejar el cargo y a 80 por ciento el resto de su vida, cuando los anteriores ministros fueron removidos por la reforma no se precisó en la ley nada respecto al monto de sus percepciones, por lo que, según ellos, se habían rezagado y requerían dicho incremento.

Finalmente, en el 2003 se aceptó esta homologación de las pensiones, con el único voto en contra del ministro David Góngora Pimentel. Con ello, el gasto de la Suprema Corte para el pago de las pensiones de los ministros jubilados se incrementó sustancialmente debido al aumento de hasta 57 por ciento que aprobaron los actuales ministros.

El presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, ha justificado al respecto: “es imprescindible un sistema especial de jubilaciones para los ministros”. De esta manera, ha dicho, se salvaguarda la independencia de quienes integran el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación.

Mariano Azuela reconoció que ni las normas existentes antes de 1995 ni las leyes vigentes dicen claramente que los ministros jubilados tienen derecho al incremento que recibieron en sus pensiones, sino que para llegar a esta conclusión tuvieron que hacer una interpretación de los vacíos que dejaron los legisladores.

 

Pocos pero afortunados

 

Ante la autonomía de la SCJN para determinar sus estatutos de gobierno y por ende el pago de honorarios, la Cámara de Diputados es la única institución con facultades para modificar estos ordenamientos legales y cambiar los montos de las pensiones millonarias. Sin embargo, hasta el momento sólo se tiene un acuerdo por parte de la comisión de Seguridad Social para que el Centro de Estudios de Finanzas Públicas haga un análisis sobre el costo y el impacto de estas pensiones de privilegio.

A partir de ahí, se podrían derivar propuestas para hacer modificaciones a estas pensiones, pero siempre que haya acuerdo entre las distintas fracciones parlamentarias, lo cual no se observa fácil.

“El problema de las pensiones es responsabilidad de toda la Cámara, pero mientras no nos pongamos de acuerdo no podremos hacer las modificaciones correspondientes y sólo dejaremos el estudio y el planteamiento para la siguiente legislatura”, señala el diputado Agustín Alonso Raya.

Ante los mexicanos, la Suprema Corte se percibe como una institución intocable y con privilegios, pues sus pensiones contrastan con los 2 millones 300 mil trabajadores que cotizan en el IMSS y que reciben en promedio una pensión de 22 mil pesos al año; por su parte los servidores públicos que reciben pensiones por parte del ISSSTE, reciben un monto promedio de 63 mil pesos anuales.

“Es decir, los ministros encargados de impartir la justicia en el país y de resolver las demandas y las distintas controversias de los ciudadanos inconformes por no recibir sus pensiones de conformidad con la ley, son los mismos que reciben pensiones millonarias y en condiciones de privilegio”, señala el legislador. 

Para Felipe Rosas Martínez, profesor adscrito al seminario en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, las pensiones que reciben dichos ministros son de acuerdo al trabajo que realizaron en la Corte.

“Siempre es importante que un funcionario público tenga un salario decoroso, que viva bien para evitar actos de corrupción y sobre todo en el Poder Judicial. Las pensiones se han acordado en el pleno de la Corte y reflejan el trabajo que han realizado, porque no es fácil desahogar todas las demandas y peticiones que les llegan.”

En medio de esta polémica, la Suprema Corte de Justicia ha negado la información solicitada sobre su sistema de pensiones, así como la lista de los exministros que reciben dicha prestación.

Aunque este alto tribunal explica que el monto en las pensiones no provocará problema en sus finanzas, pues son pocos los ministros retirados, para los próximos años la lista se incrementará con la salida de los demás funcionarios judiciales, pues se estableció un sistema escalonado para la terminación de sus cargos. Dos de ellos finalizaron en el 2003 y otros dos más lo harán en 2006, 2009 y 2012, mientras que los tres restantes saldrán en el 2015.

Así, la pensión es pareja para todos, incluso para personajes como el ex fiscal del caso Colosio, Miguel Montes García, que duró tan sólo unos meses en la Suprema Corte, después de ser premiado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, hasta ministros de carrera judicial que habían llegado al máximo tribunal por sus méritos judiciales.

Antes de 1994, la Corte también se había convertido en refugio de políticos priístas como José Trinidad Lanz Cárdenas, ex diputado; Irma Cué Sarquís, ex secretaria general del PRI; Martha Chávez Padrón, ex senadora priísta, y Diego Valadés, quien además de haber sido diputado tricolor ocupó la titularidad de la Procuraduría General de la República, para después pasar al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También hubo personajes como Victoria Adato Green, quien había sido procuradora del Distrito Federal y cuya labor fue particularmente cuestionada en 1985.