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Conocidas popularmente como las “cajas chicas” del gobierno federal, pues operan millonarios recursos extraídos del erario público en forma discrecional, los fideicomisos, mandatos y contratos análogos se manejan al margen de la ley y sin rendir cuentas a nadie, y de los cuales el Poder Judicial de la Federación no escapa. De los mil 553 fondos que la administración foxista ejecuta y que al cierre del ejercicio fiscal 2003 involucraron más de 660 mil millones de pesos, siete pertenecen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno al Consejo de la Judicatura Federal y tres al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los 11 fideicomisos comprometen recursos por 3 mil 272 millones 729 mil pesos; pero tan sólo las aportaciones hechas por la Suprema Corte a sus siete contratos representan el 97 por ciento de este monto. Según indica el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Suprema Corte reportó un saldo total por 3 mil 197 millones 404 mil pesos, mientras que los cuatro fondos restantes significaron 75 millones 325 mil pesos. Para el máximo órgano de fiscalización del Congreso de la Unión, “la figura del fideicomiso propicia el manejo de los recursos públicos al margen de los controles que se establecen en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y en su reglamento, y contribuye a la opacidad en su manejo por el secreto fiduciario y la deficiente normativa para su operación”. La Auditoría agrega en su informe que “se seleccionó al PJF para evaluar la administración y control de 11 fideicomisos en los que participa como fideicomitente, por el importe de los recursos con que se contaron al 31 de diciembre de 2003”, superior a los 3 mil millones de pesos. Para la diputada priísta Marcela Guerra, “en materia de rendición de cuentas de estos grandes hoyos negros que son los fideicomisos del gobierno federal, ya empieza a haber una pequeña luz con la publicación por parte del presidente de la reforma al artículo 2 fracción sexta de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para facultar a la ASF en materia del secreto bancario y fiduciario”. Con esto, dice, el órgano de vigilancia podrá auditar todos los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que manejen recursos públicos y que, en todo caso, también se hayan constituidos como privados pero que manejan recursos públicos. La reforma aprobada por el Senado de la República desde marzo de 2004, fue publicada el pasado 4 de abril en el Diario Oficial de la Federación. Con ésta, explica Marcela Guerra, la Cámara evaluará en sus Cuentas Públicas, a través de la Auditoría, la aplicación de muchos recursos públicos que en su origen se conoce que son del Presupuesto de Egresos de la Federación y de los que no se conoce el destino, porque se van hacia esos hoyos negros, y se pierden bajo el precepto del secreto bancario y fiduciario. Muchas veces esta figura financiera era utilizada para eludir la ley, y para tapar algunos desvíos de recursos”. Las pensiones
La lista de los 11 contratos atribuidos a las dependencias judiciales abre con el fideicomiso del plan de pensiones complementarias a funcionarios superiores del Poder Judicial de la Federación, identificado con el número 4657-4. La posición que ocupa en ese inventario no es fortuita, ya que administra el monto más elevado de todos. Según documenta la ASF, al 31 de diciembre de 2003 el saldo de este contrato ascendió a mil 865 millones 656 mil 200 pesos. La ASF especifica que este fideicomiso de inversión y administración tiene como finalidad crear un patrimonio que genere rendimientos para el pago de pensiones complementarias. El 19 de marzo de 2003, Mariano Azuela Güitrón, entonces recién estrenado presidente de la SCJN, instruyó a la fiduciaria para que “el fondo fideicomitido se invierta en papel bancario y/o gubernamental en el mercado de dinero”, es decir a jugar con el riesgo. A partir de esa fecha, los recursos custodiados por este contrato fueron transferidos a la bolsa de valores. La ASF reconoce que la acción se fundamentó en la cláusula quinta del contrato: “entre las facultades y obligaciones del comité se encuentra el aprobar las inversiones propuestas por la fiduciaria de entre la lista de valores aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para inversión de instituciones fiduciarias para fondos de pensiones”. El fideicomiso de las pensiones complementarias fue constituido por la Suprema Corte –fideicomitente– en el Banco Internacional, S.A., ahora HSBC –fiduciario–, el 3 de abril de 1996, con una inversión inicial de 155 millones 676 mil 300 pesos. Y de acuerdo con el informe, los 11 ministros de la SCJN no son beneficiarios de estas pensiones, mientras que los magistrados y jueces de Distrito, secretarios de Finanzas y Servicios Administrativos, Estudio y Cuenta, Contraloría y Gestión Administrativa y Acuerdos, así como los coordinadores generales, tesoreros, directores y jefes de unidad, sí tienen este derecho. Al finalizar el ejercicio de 2003, el fideicomiso otorgaba pensiones complementarias a 81 personas, de las cuales, 53 eran beneficiarios directos y 28 indirectos –viudas–. La revisión de los expedientes de los beneficiarios “dio como resultado que no se encuentran bien integrados, ya que carecen de documentos e información relevante”. Para la ASF, sin esta información es imposible determinar si las pensiones fueron otorgadas conforme a las reglas y procedimientos establecidos en el acuerdo 8/2000, emitido por la propia SCJN. Otro contrato referido a este rubro es el Fideicomiso de pensiones complementarias para mandos medios y operativos de la SCJN, que al 31 de diciembre de 2003 comprometía 410 millones 702 mil pesos. Éste se signó con el número 11495-2 el 13 de agosto de 1998, por la Suprema Corte como fideicomitente y el Banco Internacional, S.A. como fiduciario. Su finalidad es financiar un sistema de pensiones complementarias a las que otorga el ISSSTE, para el personal que se retire de cargos medios y operativos.
Más fideicomisos
Con una aportación inicial de un peso, el 29 de agosto de 1997 la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribió con Bancomer S.A. el contrato F-28282, mismo que se sustituyó el 8 de septiembre de 1999 por el convenio 14210-5, ahora con la fiduciaria Banco Nacional de México, S.A. Denominado Fideicomiso plan de prestaciones médicas complementarias y de apoyo económico extraordinario a los empleados del PJF, el contrato de inversión y administración tiene como finalidad que la fiduciaria reciba, custodie, invierta, administre y aplique el fondo fiduciario, para crear un patrimonio que genere rendimientos destinados al apoyo económico de las personas que le indique la fideicomitente. De tal manera que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuente con los recursos suficientes para atender el plan de prestaciones médicas para los empleados del Poder Judicial de la Federación”, señala la ASF. Conforme al acuerdo 29/99 suscrito por la Suprema Corte, todos los servidores públicos del PJF, sus cónyuges e hijos menores de 18 años, tienen derecho a acceder a los beneficios de este fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2003, el fondo referido contaba con un saldo de 34 millones 589 mil 700 pesos. Durante ese ejercicio se otorgaron prestaciones médicas por 3 millones 567 mil pesos, traducidas en 27 casos aprobados por el comité técnico del fideicomiso que corresponden a 23 servidores públicos. El promedio por persona ascendió a 155 mil pesos. Según el informe de la ASF, el 48 por ciento –11 de las 23 personas– recibió dicho apoyo en un rango que va de 50 mil a un millón 752 mil pesos. “De la revisión y análisis de la información proporcionada por la SCJN relativa al plan de prestaciones médicas complementarias, se observó que los ingresos por concepto de intereses acreditados ascendieron a 2 millones 218 mil pesos, y de acuerdo con los apoyos otorgados, el gasto del fideicomiso en 2003 fue de 3 millones 567 mil pesos, por lo que los gastos superaron los ingresos por rendimientos en un millón 349 mil pesos”, indica el órgano de vigilancia. Esta situación, agrega el informe, “puede ocasionar presiones importantes que obligarían a la utilización del capital del fondo y por lo tanto, riesgos financieros para el fideicomiso. La SCJN no cuenta con estudios actuariales de las prestaciones de apoyo económico señaladas en el acuerdo 29/99 que permitan determinar la viabilidad futura del patrimonio del fideicomiso”. El cuarto fideicomiso es el denominado Venta al público del Semanario Judicial de la Federación, de su gaceta y de otras publicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrado con Bancomer, S.A. el 6 de octubre de 1997, y sustituido por el convenio con el Banco Nacional de México, S.A., como nuevo fiduciario, el 8 de septiembre de 1999. Entre las atribuciones conferidas a la institución bancaria se encuentra la facultad de invertir y administrar las cantidades de dinero de la venta al público del Semanario Judicial de la Federación, de su gaceta y de las otras publicaciones, para generar recursos que se inviertan en otras adquisiciones. No obstante, el análisis de la ASF señala que durante cinco años, el fondo fiduciario no ha cumplido el objetivo de pagar ulteriores publicaciones y financiar proyectos, y tampoco se han definido en qué consisten estos últimos. “Únicamente reporta los ingresos por el producto de la venta de las publicaciones y los rendimientos del fondo y, en los egresos, los honorarios a la fiduciaria”.
Irregularidades descubiertas
Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría, destaca la creación de un segundo fideicomiso con objetivos similares al del semanario. Para la ASF “no existe evidencia de la necesidad de constituir dos fideicomisos, uno para atender la venta al público del semanario y otro para la comercialización del disco compacto de jurisprudencia”. Al referirse al Fideicomiso de comercialización del disco compacto “CD ROM”, jurisprudencia y tesis aisladas de la SCJN, con número de registro 14211-3, la Auditoría advierte que no ha cumplido con el objetivo de financiar otros proyectos. El órgano de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados detectó irregularidades por 74 mil pesos que fueron cubiertos en exceso a la fiduciaria, en contravención con lo estipulado en el propio contrato. Este fideicomiso se creó el 6 de octubre de 1997 y se modificó el 8 de septiembre de 1999; y tiene por objeto llevar a cabo una óptima difusión de la jurisprudencia y los criterios sustentados por los tribunales. La inversión inicial hecha a este contrato ascendió a 16 millones 945 mil 900 pesos, y al cierre del ejercicio fiscal 2003 contaba con un saldo de 79 millones 982 mil pesos. Como ambos fideicomisos cumplen funciones similares, la ASF recomienda a la Suprema Corte su fusión.
Inversión de remanentes
Con el mismo nombre pero distinto número de contrato –14348-9 y 14817-2– figura el último par de fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominados de Inversión de remanentes presupuestarios del año 1998 y anteriores. Ambos comprometen un saldo por 685 millones 109 mil 900 pesos. El informe de la ASF advierte que, durante los trabajos de fiscalización, la SCJN no justificó la necesidad de constituir dos fideicomisos para la administración e inversión de los recursos provenientes de remanentes presupuestarios del año de 1998 y anteriores, “provocando duplicidad de gastos”. Los dos contratos, señala el órgano de vigilancia del Congreso, fueron celebrados el 15 de noviembre de 1999 para dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 2/1999. Este último, suscrito por la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal, establece los lineamientos para la transferencia de recursos entre ambos órganos. Según el artículo quinto del Acuerdo, los remanentes no aplicados a otros programas prioritarios se deben ejercer de acuerdo con los planes y proyectos debidamente aprobados en la instalación de nuevos órganos jurisdiccionales federales y órganos conexos, así como en el mantenimiento de los ya instalados. Pero en el caso del contrato 14817-2, la ASF revela que no existe evidencia de que los recursos de este fideicomiso se hayan aplicado en las obras y conceptos que establece el acuerdo, puesto que únicamente existe un cargo para ser aplicado en el otro fideicomiso. “Los egresos de este fideicomiso, por un importe de 100 millones de pesos, se registraron como un traspaso al fideicomiso 14348-9, que también administra remanentes presupuestarios”, especifica. “De lo anterior se aprecia que con cargo a este fideicomiso no se realizaron egresos para el pago en forma directa de construcciones, remodelaciones, gastos notariales y proyectos que constituyen el objetivo final del fideicomiso”. Otra anomalía detectada por la ASF corresponde a un ingreso por 123 millones 143 mil 800 pesos, “cuyo origen se desconoce”. Ante estas irregularidades relacionadas con el manejo de más de 3 mil millones de pesos, depositados en siete fideicomisos, la Auditoría Superior de la Federación recomienda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación evaluar los cambios operativos necesarios para transparentar el ejercicio de estos recursos. Al referirse a la rendición de cuentas de las entidades y dependencias federales, Marcela Guerra sentencia: “no es un asunto de voluntad, porque la ley tiene un carácter de obligatoriedad y hay sanciones. Esto no es de voluntad de quiero o no quiero, la ley se cumple y la ley es para todos”.
Los otros fideicomisos del Poder Judicial
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