Los fallos de la Corte

Desde 1995, año en que se reformó el Poder Judicial de la Federación, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) procuran no importunar al Poder Ejecutivo.

Aun cuando las reformas constitucionales impulsadas por el entonces presidente Ernesto Zedillo buscaban garantizar la independencia de los ministros y modernizar la SCJN, los togados coincidentemente fallan a favor del titular del Ejecutivo en la mayoría de los temas en los que está interesado.

A los ojos de la sociedad, más que aparecer como un poder autónomo, el Judicial carga con el estigma de ser un aliado del presidente de la República. Y es que desde el fallo que declaró legal el anatocismo, durante el sexenio pasado, hasta la aceptación irregular de la controversia presentada por Vicente Fox en contra de la Cámara de Diputados por el Presupuesto de Egresos, los casos en que los ministros se muestran obsequiosos con el presidente son numerosos.

En 1998 llegó a la SCJN el caso de los intereses sobre intereses que los bancos cobraron a los clientes. En aquel año el presidente Zedillo se manifestó a favor de los banqueros y en octubre la Corte resolvió que la banca tenía razón.

Pero los ministros no sólo pusieron a salvo los intereses de los banqueros durante el sexenio zedillista. En 2003, cuando el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) decidió auditar a cuatro bancos antes de que cambiaran créditos vencidos por pagarés del IPAB, las instituciones Bital, Banamex, Banorte y Bancomer, respaldados por la Secretaría de Hacienda, interpusieron un amparo para que no fueran intervenidos.

La SCJN avaló la controversia presentada por el jefe del Ejecutivo contra los mandatos de la Cámara de Diputados y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aduciendo que no tenían facultades constitucionales para indicar a la Secretaría de Hacienda y al IPAB que descontara a Banamex más de nueve mil millones de pesos de operaciones irregulares. El perjuicio fue para el erario público.

Asimismo, a finales del año pasado, causó revuelo la aceptación de la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo en contra de la Cámara de Diputados en materia de Presupuesto de Egresos. Los diputados habían modificado y aprobado el Presupuesto enviado por el Presidente. Fox consideró que los legisladores no tenían facultades para reasignar partidas aun cuando el monto involucrado significara menos del dos por ciento del ejercicio total.

Estando los ministros de vacaciones, evocando una ley que no existe y mediante un acuerdo sin las firmas de los togados, la controversia del Presidente se aceptó y, aunque aún no se resuelve, por lo pronto quedaron sin efecto las modificaciones al Presupuesto realizadas por los legisladores.

Ya durante el presente año, la SCJN le dio la razón a Fox en otra controversia contra la Cámara de Diputados. Los legisladores impugnaban los contratos del Ejecutivo federal con empresas privadas para generar energía eléctrica. Los ministros, en cerrada votación de seis contra cinco y en el que el fiel de la balanza fue el ministro presidente Mariano Azuela, resolvieron que son legales. Para la mayoría de los abogados constitucionalistas la violación a la Constitución es evidente.

Resoluciones cuestionadas

 

De acuerdo con el doctor en Derecho Constitucional Francisco Venegas Trejo aunque en general el balance es muy positivo para la Corte “no siempre sus tesis son compartidas por la academia, políticos y ciudadanía; pero es quien tiene la última palabra en la interpretación del Derecho en casos concretos, sobre todo cuando está de por medio la Constitución”.

Para el director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM “el anatocismo es condenable; ha tenido como repercusión que muchas deudas estén atoradas y no pueden pagarse. No se comprende cómo lo aceptó la Corte”.

El investigador señala otra controvertida resolución de la Suprema Corte: la que otorga un rango superior a los tratados internacionales sobre las leyes federales. Venegas Trejo explica que la interpretación de los ministros, en ese caso, realizada en 1999, es contraria al texto de la Carta Magna.

“Conforme al artículo 133 de la Constitución, los Tratados y las Leyes tienen el mismo rango; sin embargo, la Corte se pronunció en el sentido de darle mayor validez a los Tratados que a las Leyes Federales. Fue una interpretación, argumentación y redacción muy confusas. Y eso hace que ahora tengan mayor validez los Tratados que las Leyes, lo cual va en contra del texto literal de la Constitución.”

 

La Corte, oficialista

 

Con todo, abogados y legisladores coinciden en que el Judicial es un poder que ha alcanzado más autonomía que hace diez años. Con matices, dicen que, términos generales, la evaluación “es positiva”.

Sin embargo, reconocen que para que el país cuente con una Suprema Corte moderna, que garantice el cumplimiento de la Constitución y las leyes mexicanas, es necesario iniciar la discusión que lleve a una reforma al Poder Judicial.

“En general, ha sido positivo el desempeño de la Corte. Se ha consolidado como institución; pero los que la integran son seres humanos y, como tales, no se pueden desasir de los vaivenes de la política. La Suprema Corte, en su historia, ha tendido a ser muy oficialista, a darle la razón al poder público. Y es que, aunque digan que no, los ministros tienen una visión política a largo plazo. Piensan: ‘qué va a ser de mí en el futuro’ o ‘no puedo quedar mal con el sector oficial’”, dice la diputada Diana Rosalía Bernal.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos (CJDH) de la Cámara de Diputados y ex juez del Poder Judicial, considera que los sueldos de los ministros son “muy elevados”. Dice que está de acuerdo en que los togados deben ganar lo suficiente para vivir bien, incluso de manera holgada; pero no deben perder de vista que están en un país con pobreza.

“Si quieren hacerse ricos que se vayan a la iniciativa privada. Y es que llega un momento en que ganan tanto dinero que lo único que les interesa es conservar su puesto. Ya no les interesa ser juzgadores independientes, imparciales entre estado y sociedad, sino conservar su statu quo, su buenísima chambita.”

La diputada concluye que es necesario que se regulen las percepciones de los ministros, jueces y magistrados; pero reconoce que aún no hay iniciativas de ley relativas al funcionamiento del Poder Judicial que puedan discutirse ni en el presente ni en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados.

 

Otra reforma estructural

 

Por su parte el secretario de la CJDH, Francisco Javier Valdez de Anda, señala que la reforma al Poder Judicial es otra de “las reformas estructurales” que no se deben postergar “porque en la medida en que no tengamos una administración de justicia transparente y sólida, tendremos problemas en lo político, económico y social”.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) rechaza que la SCJN esté subordinada al Ejecutivo pero admite que es necesario reformar al Poder Judicial para “reforzar sus funciones con mayor autonomía”. Considera que se debe buscar mayor transparencia en el desempeño de la Corte.

“La transparencia se debe dar en dos ámbitos: el económico, para que veamos con claridad cómo se ejerce el presupuesto y, sobre todo, en los procedimientos, los juicios y las sentencias. No sabemos cómo se llegan a ciertas resoluciones, cuál fue el criterio.”

El doctor Venegas Trejo considera que aunque el Poder Judicial es muy respetable y en él hay gente que tiene cualidades, sí hay casos de corrupción y negligencia. “Y es que la Corte se auto vigila sin que nadie la vigile a ella”.

El estudioso señala que debe retomarse la propuesta realizada durante la presidencia del ministro Genaro Góngora consistente en establecer una partida fija anual para el Poder Judicial. Es decir, asegurar por ley un porcentaje determinado del Presupuesto de Egresos para la SCJN y la totalidad de la judicatura.

“Es importante que pueda programar sus gastos y no se someta a presiones de quienes tienen que asignarle los recursos. Esto sí contribuiría en la independencia de la Corte.”

Por su parte Ignacio Morales Lechuga, rector de la Escuela Libre de Derecho, destaca que, a partir de 1995, la SCJN es más independiente, responsable y autónoma, que está sirviendo como “árbitro” de los conflictos entre poderes y es custodio de la constitucionalidad.

“Las decisiones de la Corte son con equidistancia de los poderes. Es cierto que los efectos de sus resoluciones son políticos, pero no están basadas en criterios políticos.”

Quien fuera procurador General de la República durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y procurador de Justicia del Distrito Federal durante la administración de Manuel Camacho Solís, dice que otro de los efectos positivos de la reforma de 1995 es que “la Corte ya dejó de ser refugio de políticos. Antes estaba llena de políticos que contaminaban su función”.