Los derroches de la Suprema Corte

No obstante los planes de austeridad que se han anunciado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los sueldos, compensaciones y gastos de operación continúan siendo de los más onerosos del país. Los once ministros representan al erario público un gasto de más de 70 millones de pesos anuales.

Mientras los datos disponibles en la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalan que los sueldos de los 11 ministros son de alrededor de 300 mil pesos al mes, la Auditoría Superior de la Federación ha estimado que estos podrían ser de más del doble, lo que evidencia una manipulación de cifras por parte de los funcionarios de la Corte.

Los gastos personales son muy altos; representan más de 50 por ciento de los egresos anuales, con mil 763 millones 967 mil 396 pesos de los 3 mil 118 millones del presupuesto asignado para 2005.

Según el más reciente informe de la Cuenta Pública de 2003, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el sueldo del presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, contando compensaciones y prestaciones, es de casi 649 mil 433 pesos mensuales. Es decir, que al año, el ministro Mariano Azuela se embolsa casi 8 millones de pesos. Los otros 10 ministros de la Corte tienen un salario mensual de más de 536 mil 700 pesos, lo que significa una percepción anual de 6 millones 432 mil pesos aproximadamente.

Estas cifras, que se desprenden de la evaluación que realizó la ASF, contrastan significativamente con las proporcionadas por la Suprema Corte en su página de Internet, en donde se establece que Mariano Azuela tiene un sueldo base de 152 mil pesos y con la compensación garantizada, prestaciones y bonos especiales alcanza los 300 mil pesos mensuales.

Los once ministros de la Corte cuentan con un seguro institucional de 40 meses de percepción ordinaria, seguro colectivo de retiro de 25 mil pesos, seguro de gastos médicos mayores de 740 salarios mínimos, seguro de separación individualizado, que implica que por cada peso que aporte el funcionario, la Suprema Corte aporta la misma cantidad, incrementando con el importe de los rendimientos que generan ambas aportaciones.

Entre las prebendas que reciben los 11 ministros de la SCJN, se encuentran una ayuda para publicaciones, para desarrollo personal, compensación por decanato y ayuda para el fomento de la legalidad, de las cuales nadie sabe la cantidad exacta que reciben, pero que se calcula en un millón 500 mil pesos, de la cual los ministros no están obligados a comprobar.

Los ministros de la Suprema Corte también reciben estímulos inherentes al cargo, compensación por presidencia, que en el caso de Mariano Azuela es de 30 por ciento de sus ingresos ordinarios, lo que significan 67 mil pesos mensuales; apoyo para el ahorro de 65 mil pesos mensuales; prima vacacional para los dos periodos anuales, que corresponde 300 mil pesos, y aguinaldo de 40 días de salario ordinario. Además de ayuda para anteojos y para que puedan festejar el día de la madre.

Los 11 ministros cuentan también con dos vehículos a su disposición, tres equipos de comunicación móvil con 20 mil pesos para el pago anual del servicio, y gastos para alimentos de 15 mil pesos mensuales, aproximadamente.

Además, entre las “prestaciones sujetas a condiciones futuras de realización incierta”, los ministros cuentan con pagos de defunción hasta por cuatro meses de la percepción total mensual, ayuda prejubilatoria, estímulo por jubilación, estímulo por antigüedad y estímulo por incapacidad médica permanente. En total, por el concepto de remuneraciones adicionales y especiales, la SCJN paga 100 millones 226 mil 704 pesos.

Por concepto de aportaciones al ISSSTE, al Fovissste, al Sistema de Ahorro para el Retiro, seguros de gastos médicos, seguros de separación individualizados y seguros de vida del personal, la Suprema Corte paga 142 millones 869 mil 103 pesos al año.

En otros rubros, la Corte gasta en retribuciones al personal con licencia, a profesionistas y a personal de servicio social, 12 millones 902 mil pesos al año. Por el pago de Impuesto Sobre la Renta y el 2 por ciento sobre nómina, desembolsa 377 millones 943 mil pesos. Este año el incremento a las percepciones fue de 56 millones 408 mil 740 pesos.

En el caso de las jubilaciones, este año la SCJN destinará más de 300 millones de pesos para cubrir las pensiones de los ministros retirados.

 

Gastos onerosos

Una revisión a los gastos realizados por la Suprema Corte durante el 2004, pone de manifiesto la cantidad de recursos que destina dicha institución para mantener su operatividad y la poca claridad con que son explicados al ciudadano común en sus estados financieros publicados en su página de Internet. Además el rechazo de la Corte para explicar dichos gastos a los medios de comunicación.

Durante la investigación que realizó Contralínea, se pidió en reiteradas ocasiones a la oficina de comunicación social de la Corte una entrevista con Alfredo Luna Cervantes, director general de Adquisiciones y Servicios de la SCJN, para que explicara con detalle el destino de los recursos utilizados para compras y pago de servicios, sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Durante 2004, la Suprema Corte llevó a cabo compras y el pago de servicios que representaron una carga muy pesada para el erario público, sin que hasta el momento se especifique de manera clara el destino de dichos recursos.

Una idea, en lo que se refiere al pago de “bienes informáticos y su mantenimiento”, la SCJN gastó durante 2004, según los contratos realizados por esta institución con diversas empresas privadas que aparecen en sus informes publicados en su página de Internet, más de 90 millones de pesos. Sin embargo, los informes que proporciona la SCJN a través de su página no especifican en que se gastó el dinero.

Lo mismo ocurre con los fondos utilizados en otros rubros y que dejan serias dudas sobre el destino de los recursos, como es el caso de los pagos realizados por el concepto de “bienes artísticos y culturales”, tan sólo en el mes de octubre de 2004 se pagó a distintas empresas más de 53 millones de pesos.

Entre los contratos se encuentran los contraídos con Aidé Berenice Núñez Flores, en los cuales la Corte pagó más de 24 millones de pesos. Cabe destacar los elevados montos de los contratos con números consecutivos 4504002998 por 11 millones 510 mil 455 pesos, el 4504002999 por 5 millones 311 mil 116 pesos y el 450400300 por 8 millones 43 mil 222 pesos respectivamente, sin especificar de qué se trata.

En el mismo mes, la SCJN llevó a cabo operaciones con la empresa Puvill libros S.A., que suman más de 15 millones de pesos. Entre los contratos llevados a cabo con esta editorial y que llaman más la atención, se encuentran el 4504003001 por un monto de 9 millones 357 mil pesos, el 4504003009 por 7 millones 714 mil pesos, el 4504003130 por 4 millones 218 mil y el 4504003012 por 2 millones 587 mil pesos.

En octubre de 2004, la Corte realizó varios pagos a la Editorial Iztaccihuatl, S.A. de C.V., los cuales suman más de 14 millones de pesos. Se destacan dos pagos realizados por más de 2 millones de pesos en una sola operación.

En el mismo sentido en el mes de noviembre la SCJN realizó también tres operaciones con la empresa Oxford University Pres México S.A. de C.V. por un millón 825 mil 930 pesos, un millón 630 mil 731 pesos y un millón 353 mil 676 pesos, respectivamente.

A pesar de que estás no son todas las operaciones que realizó la SCJN por el concepto de “bienes artísticos y culturales”, y sólo fueron contratos realizados en el mes de octubre, son los más representativos de los altos gastos que realiza esta institución y que no explica con claridad. Cabe mencionar que esta información ya fue solicitada ante la Unidad de Enlace de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está en espera de una respuesta que explique a detalle cada una de estas operaciones.

Otro dato revelador de la cantidad de recursos que destina la SCJN para el pago de servicios, es que tan sólo en el primer trimestre de 2004, la institución pagó a Teléfonos de México (Telmex), por el concepto de “servicio de telefonía convencional” y “servicios de conducción de señales analógicas y digitales”, más de 18 millones de pesos.

Otro ejemplo de los gastos que no son claros se evidencia en el contrato con número consecutivo 4504000550 realizado con la empresa Sears Roebuck de México S.A. de C.V., en el cual la Suprema Corte gastó por concepto de “vestuarios, uniformes y blancos” la cantidad de 5 millones 857 mil pesos, sin que se mencione de manera concreta el tipo de prendas que se adquirieron y para qué. Además de dos operaciones realizadas en abril de 2004, la primera con la Organización Robert´s S.A. de C.V por un monto de 138 mil 504 pesos y con Zapaterías Karele S.A. de C.V. por 76 mil 893 pesos.

Así, al revisar con detalle los gastos que realiza cada mes la Suprema Corte, se evidencian los altos costos de operación, pues tan sólo por el pago de pensiones de estacionamiento para sus empleados, la institución utiliza del erario público más cinco 5 millones de pesos al año, y una cantidad similar para el pago de arrendamiento de edificios y locales.

 

El gasto en seguridad

 

Otro dato escandaloso al revisar los estados de cuenta de la Suprema Corte, es lo relacionado a los pagos realizados al Gobierno del Distrito Federal por concepto de “servicios de vigilancia”. Las cifras arrojan que la institución paga entre 600 mil y 800 mil pesos al mes por este servicio, cuando además tiene contratadas a otras empresas de seguridad privada para el mismo fin.

Al preguntar en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal sobre esta situación, uno de los funcionarios de la institución señala que si se trata de un servicio pagado por la Suprema Corte, este solo puede ser la protección intramuros de la institución por parte de la Policía Auxiliar, y hace énfasis en que no podría ser por el patrullaje o la protección de las calles aledañas a la Corte, porque esto le corresponde exclusivamente a la Policía Preventiva, y por este servicio el Gobierno del Distrito Federal no puede cobrar ni un centavo.