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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), garante del respeto a la Constitución y a leyes mexicanas, se distingue por su ineptitud, subordinación al Poder Ejecutivo y derroche de recursos, dice el doctor en Derecho Constitucional, Ciencia Política y especialista en control de la constitucionalidad, Miguel Covián Andrade. El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que no obstante la importancia de la reforma al Poder Judicial de la Federación, llevada a cabo en 1995, la SCJN es incapaz de hacer cumplir la Constitución. Con 23 años de impartir cátedra y 10 títulos, de los cuales cinco son posgrados, Covián Andrade sostiene que la incompetencia de la Suprema Corte “es muy grave”, porque se trata de un tribunal que debe ser por definición objetivo e imparcial; pero además un tribunal cuya competencia consiste en hacer prevalecer los principios de la Constitución. “Cuando se ejerce el poder, existe siempre la tendencia a rebasar las normas jurídicas y, por tanto, muchas de las decisiones de quienes tienen el poder en sus manos infringen la Constitución. Por eso es indispensable un buen sistema de control de la constitucionalidad.” De acuerdo con Covián Andrade, la incompetencia de la SCJN tiene su origen en la propia estructura jurídica del sistema político mexicano. Tanto la subordinación al Poder Ejecutivo que padece la Corte, como la ineptitud de los ministros y el dispendio de recursos sin rendir cuentas a nadie, sólo se erradicarán con una nueva reforma al Poder Judicial de la Federación. “Los ministros de la Corte reúnen dos características muy negativas para el ejercicio de la competencia que tienen asignada: no conocen la materia constitucional, ni mucho menos la muy especializada de control de la constitucionalidad, y actúan en varios casos muy importantes conforme a los intereses del presidente de la República.”
La sumisión
El autor de Sistema Político Mexicano: legitimidad electoral y control del poder político, entre otros libros, argumenta que la adhesión de los ministros a los intereses del presidente de la República radica en que el cargo se lo deben al titular del Poder Ejecutivo. En efecto, los ministros son designados por la Cámara de Senadores, pero la terna la presenta el presidente. Si el Senado no alcanza una mayoría calificada para designar al nuevo ministro, el titular del Ejecutivo presentará una nueva terna. De no alcanzar de nueva cuenta los votos necesarios para nombrar al servidor público, el presidente de la República lo designará directamente. Incluso, si después de 30 días de enviada la terna al Senado los legisladores no han votado, el presidente también tiene la facultad de designar directamente al nuevo ministro. “Nadie en este país puede ser ministro de la Suprema Corte si no es seleccionado por el presidente para ser incluido en una terna; ése fue uno de los cambios que se hizo en 1995 y no se cuidó propiamente el proceso de designación de los ministros. Se decía precisamente que se trataba de despolitizar a la Suprema Corte y de garantizar la independencia de los ministros. Se hizo todo lo contrario, porque en el fondo Ernesto Zedillo quería seguir controlando a la Suprema Corte. “Y esa idea de las ternas fue simplemente un disfraz, porque basta que el titular del Poder Ejecutivo presente en la terna a tres de sus amigos para que cualquiera que sea seleccionado esté agradecido con el presidente. Todos los privilegios que tienen los ministros –económicos, políticos, de toda naturaleza–, se los deben al presidente; entonces ellos siempre están en una actitud obsequiosa para la persona que los llevó a esa posición.”
La Ineptitud
La reforma que dio origen a la actual Suprema Corte, integrada por 11 ministros, tuvo lugar el 17 de diciembre de 1994, cuando el Senado de la República aprobó la reforma al Poder Judicial. En la segunda quincena de enero de 1995 se emitió la Ley Reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda. Se buscaba ampliar el control del poder político, ceñido únicamente al juicio de amparo. Para ser ministro de la SCJN se necesita únicamente ser licenciado en Derecho, con una antigüedad de 10 años con el título profesional. De acuerdo con Covián Andrade, los casos que conoce la Suprema Corte –controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y, en general, velar por el control de la constitucionalidad–, exigen de los ministros conocimientos en Derecho Constitucional. Sin embargo, ninguno de los actuales togados es especialista en esa materia. “A partir de 1995, la competencia de la Suprema Corte se refiere estrictamente al control de la constitucionalidad. O sea, a la verificación de que las acciones de quienes ejercen el poder no sean contrarias a la Constitución; por lo tanto, lo único que tiene que saber un ministro de la Suprema Corte es Derecho Constitucional y control de la constitucionalidad. Si además sabe otras cosas, qué bueno; pero lo que de ninguna manera puede dejar de saber es esto, porque este es su trabajo de todos los días. “De nada nos sirve que haya especialistas en civil, penal, mercantil o marítimo, porque lo que van a aplicar ahí es Derecho Constitucional y control de la constitucionalidad. Si juntamos estas dos cosas: dependencia de los ministros e incapacidad, porque no son especialistas en esta materia, nos explicamos por qué la Suprema Corte ha actuado tan mal.” Covián aclara que las deficiencias detectadas en la SCJN no implican que todas las resoluciones de la Corte sean erróneas y dictadas por el Ejecutivo; pero sí que en muchos casos importantes los ministros han resuelto equivocadamente por su ignorancia o porque el presidente de la República tenía particular interés de que se resolvieran en cierto sentido. “Hay resoluciones de la Corte que se les denomina jurisprudencia o tesis aisladas, así se les dice técnicamente. Yo las he rebautizado y he dicho que son jurimprudencias y tesis aisladas... de la realidad”, dice jocosamente, y agrega: “y todas esas resoluciones son erróneas y lo único que demuestran es que la Suprema Corte no está integrada por personas que conozcan la materia constitucional y el control de la constitucionalidad”.
El Derroche
Para el constitucionalista y politólogo los altos salarios y privilegios económicos de que gozan los ministros de la SCJN no se justifican. Covián Andrade dice que las prerrogativas son insultantes no sólo porque los togados no tienen los méritos suficientes para ser ministros –independencia y conocimientos suficientes–, sino porque en un país de pobres ningún servidor público puede vivir con excesos. “Y peor todavía: por disposición de los Constitución esos sueldos a lo largo de los 15 años que ellos están ahí, no pueden disminuirse. Es una situación tan terrible que tendría que reformarse la Constitución para que se redujeran los sueldos de los ministros de la Suprema Corte. Eso es verdaderamente absurdo. “Se dice que una de las razones para tener ese tipo de sueldos, que ellos le llaman “irreductibles” y además “decorosos”, es la seguridad de que esos salarios garantizarán que bajo un esquema de presión o condicionamiento los jueces no resuelvan de manera parcial. Entonces eso significa que les damos sueldos tan altos para comprar su honestidad, su rectitud. Eso hace presuponer que estamos llevando ahí a jueces corruptos, que necesitan de ese tipo de incentivos para detenerse y no incurrir en la corrupción.”
Propuestas
Miguel Covián afirma que sólo mediante una reestructuración del Poder Judicial se podrá tener una Suprema Corte independiente y capaz. Para garantizar la imparcialidad de la Corte, el constitucionalista propone que la designación no recaiga únicamente en el Ejecutivo, sino que se involucre eficazmente al Congreso de la Unión y al propio Poder Judicial. Covián considera que para garantizar que los fallos de la Corte sean justos y apegados a la Constitución, se establezca que los aspirantes a ministro deban contar, al menos, con estudios en Derecho Constitucional. “Sería mucho pedir en este momento que fueran especialistas en control de la constitucionalidad porque no encontraríamos aún a las once personas”. “Se debe establecer ese requisito de capacitación de los ministros para que sean especialistas en materia de control de la constitucionalidad o, por lo menos, de Derecho Constitucional. Para poder aspirar a ministro se debería demostrar, mediante obra publicada y actividad académica, que se tiene el perfil necesario para desempeñarse como ministro de la Corte.” Para la designación de los ministros, Covián Andrade propone que el Congreso de la Unión nombre a cuatro, dos la Cámara de Diputados y dos la de Senadores; el Poder Judicial a otros cuatro, que provinieran, por insaculación de la Judicatura y, finalmente, los otros tres que fueran designados por el presidente de la República. “Así se hace, por ejemplo, en Europa. Cuando son 15 ministros, pues se nombran cinco, cinco y cinco; cuando son nueve, tres, tres y tres, y así sucesivamente. Con esto se garantizaría una Corte independiente y no una como la actual, que siente que le debe el cargo al presidente y por eso se muestra obsequiosa con el Ejecutivo.” De acuerdo con Covián Andrade, la democratización del país no puede prescindir de un eficiente control de la constitucionalidad; es decir, de una Corte capaz e independiente que garantice el cumplimiento de la Constitución y las leyes. “El asunto no es menor. Por eso nuestro sistema político democrático tiene fallas enormes”, concluye.
Imperativo modernizar al Poder Judicial
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