 |
||
|
|||||||
El periodismo –escrito y oral– sin exageraciones, está recibiendo, sin metáfora alguna, un baño de sangre. Hay, en consecuencia, luto en las filas de sus individualidades. Durante el foxismo el catálogo de homicidios es, al menos, de 15 profesionales de la prensa. Esto a partir del criterio de la PGR (durante el reinado militar del más general que abogado Rafael Macedo de la Concha: 2000-2005) de que los periodistas sabían demasiado, y fueron citados o llevados por la fuerza policiaca para que revelaran las fuentes del periodismo de investigación. A partir de esos hechos, quienes ejercían como ciudadanos su libertad constitucional de trabajar (Art. 5) en los medios de comunicación, normando su conducta conforme a la libre manifestación de las ideas para escribirlas y publicarlas (Artículos 6 y 7 de la Ley Fundamental de los Estados Unidos Mexicanos, de inobjetable validez y vigencia como imperio de la ley), fueron puestos en la mira de la Policía Judicial Federal y de la delincuencia, sobre todo la dedicada al narcotráfico. Una de las herencias que deja el cesado ex procurador general de la República, así haya presentado simultáneamente su renuncia, es la de que los periodistas que informaban con veracidad, gracias a su trabajo de campo, al estar enterados de historias de la delincuencia organizada y sus complicidades policiacas y judiciales, debían ser investigados por el Ministerio Público para que declararan (es decir confesaran) todo lo que sabían. Fue entonces que los capos pararon oreja y, para evitar que los reporteros fueran –que nunca lo hicieron– a servir de informadores, en el sentido policiaco, decidieron asesinar, secuestrar o desaparecer y amedrentar a los periodistas. Esto, mientras desde los pasillos del poder municipal, estatal y federal recibían toda clase de presiones y represiones, para que dejaran de publicar sus reportajes, opiniones y columnas sobre la negligencia y complicidades de los funcionarios obligados a combatir a esa delincuencia. El listado, por ejemplo, de Teodoro Rentería Arroyave (Excélsior: 26/V/05), es aterradoramente angustioso. Son los 15 periodistas asesinados durante estos casi cinco años de foxismo: Luis Roberto Cruz, Pablo Pineda, José Ramírez, Hugo Sánchez, José Luis Ortega, Saúl Antonio Martínez, Félix Alonso Fernández, José Miranda, Roberto Mora, Francisco Javier Ortiz, Francisco Arratia, Lodegario Aguilar, Gregorio Rodríguez, Raúl Ribb y Dolores Guadalupe García. Este es el saldo de tumbas durante el régimen de la alternancia y del cambio. Son crímenes que encabezan una larga lista de periodistas supuestamente desaparecidos (el último caso, esperemos, el del sonorense Alfredo Jiménez); las amenazas a Francisco Rodríguez, víctima de ese perseguidor de periodistas que es el macedista José Luis Santiago Vasconcelos. Y en esta lista de amenazas cumplidas, el atropello a la reportera Cecilia Téllez y Mónica Ramírez. La primera, con citatorios de la PGR. La segunda, víctima del abuso del poder del (des)gobernador queretano y amigo de ese otro enemigo de la prensa y más litigante que senador “jefe” Diego. La nación está sometida al terror de la inseguridad. No son los periodistas los únicos que sufren las consecuencias del intencional desapego gubernamental para garantizar la seguridad. Lo que sucede es que desde dos frentes, con toda la impunidad, son atacados los periodistas: el de la violencia policiaca y el de la violencia de la delincuencia. El gobierno no quiere que la opinión pública esté informada y el hampa que los reporteros vayan a ser obligados a poner al descubierto sus fuentes. Entre los dos matan, secuestran y organizan represiones contra quienes ejercen las libertades constitucionales para informar y criticar.
|
|||||||
|
| 
