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La Habana, Cuba.- En vez de evitar las heridas sociales, mediante un trabajo preventivo y de rehabilitación con los presuntos jóvenes delincuentes, en Centroamérica cada día se incrementan las prisiones en el área y otros mecanismos punitivos. Y eso ocurre en un contexto en el que gran parte de los 34 millones de habitantes de la región son pobres, con economías muy débiles que dependen de los más de 7 mil 470 millones de dólares enviados cada año como remesas por parte de los emigrantes radicados en Estados Unidos. Uno de los pandilleros juveniles, conocido como El Catracho, luego de ser deportado desde Estados Unidos hacia Honduras, confirmaba: “la mara se forma cuando la gente no tiene trabajo y carece de familia, es entonces que busca cariño, amigos y solidaridad”. Es así como en la Cumbre de Presidentes Centroamericanos estuvo ausente ese enfoque, de combatir la violencia mediante la erradicación de las causas que la generan, a través de un cambio de las condiciones económico-sociales. Es una máxima que el hombre piensa como vive, pues las condiciones materiales determinan su pensamiento. A esta cita asistieron los mandatarios de Guatemala (Oscar Berger), Honduras (Ricardo Maduro), Nicaragua (Enrique Bolaños), El Salvador (Elías Antonio Saca) y representantes gubernamentales de Belice, República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Ante el aumento de los índices de delitos en el área, los congregados se pronunciaron por elaborar una estrategia general de lucha contra el crimen organizado en el marco del llamado Programa de Seguridad de América Central. Este plan contempla la necesidad de intensificar la cooperación y el intercambio de información entre los órganos policiales, así como crear fuerzas centroamericanas de respuesta rápida capaces de combatir la violencia y el narcotráfico. Ante la agudeza del problema de las pandillas o maras, los jefes de Estado de la región desarrollarán próximamente otra cumbre extraordinaria en la que abordarán la lucha contra la delincuencia, con la presencia de representantes del gobierno de Estados Unidos y de la comunidad del caribe. Llama la atención de los expertos la participación en el cónclave de una delegación norteamericana, en momentos en que Washington está alentando a las fuerzas armadas centroamericanas para que adopten un papel de mayor relevancia en los asuntos internos de sus respectivos países. Como parte de su cada vez más agresiva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), adoptada luego de los hechos del 11 de septiembre de 2001, el gobierno norteamericano obliga a las instituciones armadas de la región a que abandonen su principal función de salvaguarda la soberanía nacional. El propio Comando Sur del Ejército de Estados Unidos está sobredimensionando la supuesta amenaza que constituye el terrorismo para Centroamérica e impone el enfrentamiento al mismo como la misión central de los ejércitos del área, sostiene el investigador Gustavo Robreño. En ese sentido, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas hondureñas, general Romeo Vázquez, reconoció que aunque no existe una coordinación en el área para combatir fenómenos como el terrorismo asociado a las pandillas, en Guatemala y Honduras “se hace trabajo de inteligencia para analizar el avance de estos grupos”. Recientemente representantes de las Fuerzas Armadas de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, participaron en una reunión de militares en Tegucigalpa, la capital hondureña. Romeo Vázquez señaló que entre los asuntos analizados estuvieron los vínculos que pudieran tener esas pandillas con la red terrorista Al-Qaeda o el narcotráfico internacional. El tema de los pandilleros preocupa en momentos en que en esta región existen, según estimados, más de 250 mil jóvenes agrupados en esas organizaciones, aunque fuentes no oficiales cuantifican más del doble de esa cifra. Los principales grupos son la Mara 18 y la Mara Salvatrucha (MS), originarios de la ciudad californiana de Los Ángeles, Estados Unidos, que deporta a sus países de origen a los inmigrantes ilegales y especialmente a quienes han sido condenados por presuntos delitos. Los actuales gobiernos centroamericanos, en especial los de El Salvador, Honduras y Guatemala, responsabilizaron a esos grupos delincuenciales de sembrar el terror en el área mediante acciones violentas. “Las pandillas se relacionan con el crimen organizado, y no puedo descartar que estén vinculadas al terrorismo internacional”, manifestó el mandatario Saca. Esta posición ha sido compartida por Berger, quien sostiene el criterio de que los maras son utilizados por narcotraficantes y consumen drogas para asaltar y descuartizar a personas. Sin embargo, el Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, consideró que la política represiva emprendida desde 2003 por varios Estados de la región es una estrategia para vender su imagen ante el gobierno estadounidense. El representante hondureño fue más explícito al expresar que los poderes ejecutivos de América Central tratan de llamar la atención de Washington para obtener financiamientos destinados a los cuerpos policiales de esos países. Custodio manifestó que el propio ministro de seguridad hondureño, Oscar Álvarez, reconoció en recientes declaraciones que el gobierno norteamericano le concedió a su organismo 2,4 millones de dólares para una supuesta ayuda policial. Según un estudio de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, los planes Mano Dura y Super Mano Dura, aplicados durante las administraciones de Francisco Flores (1999-2004) y su sucesor Saca fracasaron a pesar de las masivas detenciones. A la luz de los hechos, entre enero y febrero de 2005, más de 550 salvadoreños murieron a causa de la violencia, en tanto el promedio de homicidios es de 9,3 casos diarios, una tasa elevadísima con respecto a una población de sólo 6,5 millones de habitantes. El endurecimiento de las leyes en Honduras, que prohíben la asociación de unos 100 mil pandilleros, tampoco ha impedido que la tasa de homicidios sea de 60 por cada 100 mil habitantes e incluso de más de 100 en San Pedro Sula, 240 kilómetros al norte de Tegucigalpa. La ex jefa de Asuntos Internos de la policía hondureña, María Luisa Borjas, denunció la existencia en ese país de escuadrones de la muerte, los cuales ejecutan a integrantes de agrupaciones juveniles para hacer “limpieza social”. El 4 de marzo último, Borjas aseguró que en esta nación funcionan, de forma coordinada, 20 formaciones de ese tipo, conformadas por cinco agentes cada una, entre ellas los Magníficos, “reconocidos” porque evitan dejar huellas de sus masacres. Tampoco Costa Rica escapa al fenómeno de la delincuencia, acrecentada en los últimos años debido a la situación social que genera un 18,6 por ciento de la población en la pobreza, un 5,6 en la pobreza extrema y un índice de desempleo del 5,6 por ciento. Grupos humanitarios guatemaltecos, por su parte, sostienen que es impostergable instaurar diferentes proyectos de rehabilitación, tanto en los hogares como en instituciones que laboran para favorecer la salud de los afectados. Analistas coinciden en señalar la necesidad de fomentar más empleos y centros de estudio para el sector juvenil, en vez de crear, como ocurre en la actualidad, mayor número de cárceles y aplicar métodos cada vez más crueles. El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos expresó preocupación por la visión represiva que prevalece en los gobiernos de la región hacia la juventud y la infancia, lo cual viola los derechos humanos al limitar su desarrollo psicológico y físico. Al apoyar estas declaraciones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia calificó esa política como estigmatizante y criminalizadora contra la juventud, además de ineficaz en su declarado propósito de combate contra la violencia. El problema de las maras es tan preocupante y obsesivo para algunos estados centroamericanos, que la propia Cumbre de mandatarios en Honduras catalogó la desarticulación de los grupos delincuenciales juveniles como de alta prioridad para la seguridad nacional.
La pobreza de Centroamérica
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