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  Sección: 8 Columnas | Publicado en: Mayo 2005

Los graduados

Ana Lilia Pérez
Niños de cuerpos marcados con calaveras, letras, números, la placa de la banda, el apodo de la clica, el rastro de la pegada, el recuerdo de sus homies, el cuerpo de la jaina, el número de la bestia, el seis que se multiplica, son el ejemplo patente del fracaso del Estado mexicano en la readaptación de menores infractores

 

Berriozabal, Chiapas. Un olor nauseabundo a orillas de la carretera anuncia el inicio del camino que conduce a granjas y mataderos de pollos. En esa zona, a 10 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez y cerca del Campo Militar N.31 “El Sabinal”, se encuentra el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para Menores Infractores “Villa Crisol”.

Herencia de ricos hacendados que la utilizaban como casa de recreo, en 1982 la entonces finca Rochester fue donada por Ciro Farrera al gobierno de Chiapas para convertirla en centro de rehabilitación de menores infractores.

Hoy es una sui géneris cárcel para niños, no tanto por su estructura, al estilo de villa de campo, como por la población que lo habita, la mitad extranjeros y casi todos centroamericanos indocumentados, infractores en tierra ajena, confinados tras las rejas donde su única pertenencia es una cama de cemento, conocida como tumba, en donde sueñan con “volver a cotorrear con la banda”. 

Un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala a “Villa Crisol” entre los peores centros para menores, de los 54 que hay en el país.

 

El poder de las pandillas (clicas)

 

Aquí, en este centro, ocurrió el mayor número de amotinamientos. Su director Osman Rodrigo Aguilar Tovilla lo atribuye a las características de la población, aunque omite mencionar las quejas y los reclamos que han originado las revueltas.

Las exigencias de los internos parecen elementales: comida, agua, cese al maltrato y vejaciones, todo documentado desde hace dos años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A pocas semanas de que la CNDH se pronunciara al respecto, la violencia se agudizó en motines que arrojaron fugas y heridos.

El 2003 fue uno de los años más sangrientos en “Villa Crisol”. El 17 de agosto –segundo motín del año-, un domingo familiar, día de visita, los internos se rebelaron: 47 saltaron la malla de alambre y huyeron.

El 8 de septiembre se registró el enfrentamiento más violento pasadas las diez de la mañana, y al medio día ya había una veintena de heridos con armas punzocortantes. No se sabe cuánta gente murió aquél día. El director dice no saber del hecho, “yo todavía no estaba aquí”, se justifica.

El reporte de la policía dice que fue un enfrentamiento entre las dos clicas (pandillas), integradas por nacionales y extranjeros, que se disputan el poder en “Villa Crisol”: El Barrio 18 y la MS13. El director tampoco sabe nada de esto.

Como resultado del motín, 23 hondureños, miembros de la MS13, fueron liberados y supuestamente repatriados por el Instituto Nacional de Migración (INM) a su país de origen, vía Ciudad Hidalgo, frontera con Guatemala.

Muchos jóvenes nunca salieron de México y algunos incluso fueron nuevamente detenidos y trasladados de nuevo a “Villa Crisol”, y sentenciados por los mismos delitos: pandillerismo y asociación delictuosa.

El último motín se desató el 14 de octubre de 2003, con saldo de 8 heridos, tres de ellos custodios. El año pasado las autoridades resolvieron el asunto con el cambio de director, la construcción de una barda perimetral, que le da un aire a cárcel de máxima seguridad, y la mano dura de autoridades contra los internos.

En “Villa Crisol” no hay tiempo para tratamientos ni readaptaciones, como debería de ocurrir, pero a pesar de ello Aguilar Tovilla se siente “complacido” por la fortaleza de este centro de reclusión “para evitar las fugas”..

 

Josué

 

El joven Josué, de San Pedro Sula, Honduras, cierra la puerta y se desploma sobre la silla que el director acondicionó para la entrevista. Es una oficina de paredes roídas por el tiempo y que alguna vez fueron color amarillo, en donde están las huellas de las moscas que se arremolinan en los días más calurosos.

Como sus compañeros de celda, Josué es reincidente de “Villa Crisol”: entró a los 14 años como indocumentado; luego, hace un año y tres meses, regresó por homicidio. Le gusta “cotorrear”, por eso, desde los 13, se integró a “las dos letras” (MS13). Se ganó su placa a pulso y orgulloso la porta en el pecho. Es partícipe activo de aquel violento motín de septiembre de 2003, el único, asegura, en el que ha participado.

-Comenzó cuando unos chavos se empezaron a agarrar con los polis-, dice.

¿El motín fue protagonizado por hondureños?

-Nel, hondureños casi no hay acá.

¿Quiénes lo iniciaron?

-Toda la población.

¿Qué hiciste?

-Nada, solo defenderme.

¿Les pegaron?

Josué lanza una rápida mirada al director, en busca de su anuencia, y responde tajante: “Nel”.

¿De qué se defendían?

-Así nada más, para que no entraran los polis.

¿A sus celdas?

-Amarramos las puertas con cobijas.

Dice que ya perdió la cuenta de las veces que lo han deportado. En su más reciente arresto vivió ocho días con su hermana en la colonia Confeti, una de las más violentas de Tapachula, según la Secretaría de Seguridad Pública, y allí lo detuvieron policías de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Luego fue consignado a “Villa Crisol”.

Josué participó en el homicidio de dos indocumentadas en la ruta del tren Chiapas-Mayab, ocurrido el año pasado. Él niega el ilícito, por el que hay otros cuatro acusados, un hondureño y el resto mexicanos, todos de la MS13.

Dice que hace dos meses un juez lo sentenció a cuatro años, por lo que saldrá a los 21, “si Dios quiere”.

¿Y luego?

“Me voy a regresar a mi país porque acá solo me han tenido preso”.

 

La población

 

“Villa Crisol” se encuentra al límite de su capacidad. Diseñada para 150 internos, su población es de 600. El menor tiene 10 años, el mayor 21. Unos está allí por vagancia, otros por robo simple y unos más por portación de arma. Pero también hay homicidas, secuestradores, violadores y miembros del crimen organizado.

El 60 por ciento de los internos son centroamericanos: Guatemala, El Salvador y Honduras, así como de la costa de Chiapas (Huixtla, Tapachula, Ciudad Hidalgo y Pijijiapan), y el 20 por ciento de Los Altos, y el resto de la zona de la selva y de la capital del estado: Tuxtla Gutiérrez.

La sobrepoblación es evidente, reconoce el secretario de Seguridad Pública, Horacio Schoeder Bejarano, y sus consecuencias también: condiciones de vida indignas e insuficiencia de servicios.

Inexplicablemente, algunos huéspedes de “Villa Crisol” estuvieron presos en reclusorios para adultos por periodos de hasta un año en Tapachula y Huixtla; luego se les trasladó nuevamente a este centro, aunque hace mucho que superan la mayoría de edad.

Son reincidentes, tanto de cárceles para adultos como de “Villa Crisol”, y comparten el mismo espacio con menores. No hay clasificación por edad ni de acuerdo al delito, menos por perfil criminológico. Una misma ‘tumba’ es compartida por un indígena que por un violador.

Los 600 internos están repartidos en cinco “villas”, galerones de 10 celdas separadas entre sí por mallas de alambre de púas que semejan gallineros. Las villas seis y siete se reservan, dice el director, “para la meditación”, celdas de castigo y el apandito, diminutivo adoptado por ser menores de edad.

La Villa alberga lo mismo hombres que mujeres. La única división entre ellos es una malla de alambre de púas. Hay 60 internas. En el recorrido no se permite hablar con ellas, apenas se observa sus muecas de cansancio y hastío. La mayoría está por robo, asegura Osman Rodrigo, dando la espalda al área donde nadie ríe.

El sistema educativo del Centro se limita a un aula con ventanas rotas. Entre chuecos barrotes del salón de clases asoma la cabeza de un solitario niño que observa el paso de los extraños.

“Allá está el comedor, y esa es la cocina”, dice un eufórico funcionario, quien tampoco permite la entrada de los periodistas a estas áreas.

Encima de una cisterna hay un indígena, oriundo de San Cristóbal de las Casas; de lejos se observa que se mosquea bajo el rayo del sol de mediodía. El olor a orines y sudor da cuenta de quién sabe cuántos días ha estado en la inmundicia. Es Juan Carlos Jiménez, quien hace tres años ingresó acusado de violación, cuando apenas tenía 13 años de edad.

De manera incoherente trata de explicar que ya cumplió su condena. Es evidente que padece de algún retraso mental; es adicto al cemento y al activo. ¿Abogado?, El no sabe de eso. Dice que sus padres murieron y que una hermana lo espera. Acepta que cometió la violación. Total, “ese día estaba yo tomado”.

 

Las estancias

 

Los menores infractores viven hacinados en pequeñas celdas con camas de cemento recubiertas con pintura a las que los internos (14 por celda), mexicanos y extranjeros, indígenas y mestizos, les llaman “tumbas”. El que alguien se apropie de ellas depende de su antigüedad, y sobre todo de su poder de intimidación.

Al fondo de cada celda una letrina rota y sin agua. Del techo penden cuerdas de plástico que hacen las veces de tendedero. Una reja de hierro con bisagras oxidadas, que une la ventana con la puerta asegurada con doble llave, cerrojo y candado, sella el destino de los internos.

Desde la villa número cinco se ve a lo lejos a un grupo de muchachos que, a través de los barrotes, extienden las manos y mueven los dedos para saludar a quienes pasan más allá del área de visitas.

Entre los barrotes extienden sus huesudas manos para responder el saludo. Son José, David, Luis Alfonso, Giovanni y Pedro. Todos hablan a la vez. En esta celda hay 14, todos de Tapachula, están acusados de pandillerismo. No hace falta pedirles que se descubran el torso para ver sus entintados cuerpos.

Calaveras, letras, números, la placa de la banda, el apodo en la clica, el rastro de la pegada, el recuerdito de sus homies, el cuerpo de la jaina, el número de la bestia, el seis que se multiplica, porque el tres veces seis es 18 y si la bestia con el número simple tiene poder, si se multiplica es más. Son sus tatuajes.

Es la lógica de la pandilla. Cuerpos desnutridos que se sienten bestias, y como bestias se les trata en estas jaulas de hierro. Se dicen pandilleros de la Barrio 18, y orgullosos exhiben el placaso (tatuaje) que acredita que ya dieron su pegada y pudieron brincar. Entre más grande sean los arábigos, mayor es la jerarquía y el respeto que se les tiene en la clica.

Tienen entre 16 y 19 años de edad, dos de ellos estudiaban, uno en el Colegio de Bachilleres y otro, computación. Antes que nada son pandilleros. Se quejan de que desde hace 10 meses no los dejan salir.

 

Detenciones arbitrarias

 

Pocos fueron detenidos en flagrancia; la mayoría fue en razias y algunos de manera arbitraria. Por aquí pasó Natalio Entzin Pérez, acusado de portación de arma de fuego, considerado por la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) como preso político y de conciencia.

También aquí estuvo Mariano López Rodríguez, un adolescente detenido arbitrariamente en la comunidad de Los Chorros, torturado y lesionado por elementos de la AEI en Simojovel.

El chamula Ramón Patishtán González, preso desde el 28 de enero de 2003 cuando tenía apenas 14 años de edad, acusado de siete homicidios, está en la misma condición, pero el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas abrazó su defensa hasta que un juez ordenó su libertad. Dos días antes de salir, se le inicio una nueva averiguación por delitos del fuero federal y el Consejo de Menores de Chiapas ordenó su internación en “Villa Crisol”.

El proceso de Patischtán es un asunto “político”, pues es familiar de Candelario Heredia Hernández, defensor de derechos humanos, acosado y perseguido en la región, señala la abogada Iztel Silva.

De detenciones arbitrarias en los últimos meses han sido víctimas principalmente menores guatemaltecos que trabajan como peones agrícolas en las fincas del Soconusco.

El cónsul de Guatemala en Ciudad Hidalgo, Carlos Chopen, cita el caso de cuatro trabajadores agrícolas detenidos arbitrariamente y encerrados en “Villa Crisol” sin que hubiera parte acusadora. Ellos son Mainor Manolo Temaj, originario de Coatepeque, Guatemala; Luis Gudiel Ampere Ramos, José Juan Cifuentes Bolaños y Evidio Gómez Gómez, sentenciados a 16 meses.

En el caso de Manolo, dice el diplomático, “mandé la documentación que acredita que trabajaba en una finca, y no tuve resultados”. Ni las autoridades de “Villa Crisol” ni los integrantes del Consejo de Menores han explicado al consulado los cargos que le imputan.

Califica el hecho como una violación a los derechos humanos de los menores. Hay casos, dice, que sólo por tener tatuajes en el cuerpo son consignados y trasladados a “Villa Crisol”.

Ausencia de abogados defensores

El sistema de justicia para menores infractores de Chiapas establece que cada infractor tiene derecho a un abogado defensor de oficio y a un traductor en el caso de indígenas, pero la Procuraduría de la Defensa del Menor, adscrita al Instituto de Desarrollo Humano (IDH) a cargo de Martha López Camacho, esposa del gobernador Pablo Salazar, adolece de este tipo de personal.

Martha López designó a dos abogados para la defensa de los menores ingresados en “Villa Crisol”, y actualmente atienden la defensa de 150 internos, apenas una cuarta parte de la población. Obviamente, “las cargas de trabajo superan la capacidad de los abogados”, dice el procurador de la Defensa del Menor, Omar David Jiménez Ojeda.

De los 150 casos que dice llevan los abogados de oficio, no se pudo comprobar la inocencia de un solo menor. Ninguno de los entrevistados dijo contar con abogado defensor. Se pidió a Jiménez Ojeda la lista de los casos que tienen los abogados y se negó a proporcionarla; tampoco dio el nombre de los abogados.

 

Sin parte acusadora

 

Rogelio, originario de Villahermosa, Tabasco, será adulto el 23 de noviembre y su cumpleaños lo sorprenderá entre las rejas por un delito que, asegura, no cometió.

-Me acusan de robo, dice.

¿Robaste?

-No, me detuvo la muni en Reforma (Chiapas), y cuando me presentaron al comandante me dijo ‘robaste mil 100? y me trajeron acá. Nadie me defendió y nadie me acusa.

¿Firmaste declaración?

-Nomás me trajeron así porque si, aquí dentro fue cuando vine a declarar.

El Consejo de Menores determinó 25 meses de encierro sin que haya parte acusadora. Al borde del llanto Rogelio cuenta su historia, aprieta los labios y se traga la ira de no saber por qué lo tienen encerrado. No tiene defensor.

La abogada Iztel Silva enumera las ilegalidades en que incurren tanto el Consejo de Menores de Chiapas como las autoridades de “Villa Crisol”:

“Si son indígenas el Consejo no tiene traductor, someten a los niños a declaraciones ante Ministerio Público, que no es la autoridad competente, y resulta que siempre llegan los niños, incluso hasta con confesiones, como fue el caso de Ramón Patishtán”.

Otro caso, es el de Mariano, un indígena de Simojovel que cuando ingresó al tutelar hablaba únicamente en su lengua materna y aún conservaba sus costumbres.

“Resulta que como había maras allí, el muchachito empezó a entrarle a la tatuada, la rapada de pelo. Es responsabilidad de las autoridades porque ¿cómo es posible que si tratan de rehabilitar a los menores permitan ese tipo de situaciones”.

Exportar delincuentes

 

En México los acuerdos de extradición de delincuentes no aplican para el caso de menores infractores. Dylcia García, consultora de la Unicef para Reformas Legislativas e Institucionales, dice que se trata de un vacío legal en las normas internacionales.

Cuando un menor extranjero cumple con el tiempo de internación establecido por el Consejo de Menores, debe ser puesto a disposición del INM para su repatriación de acuerdo con la Ley General de Población.

El INM debe notificar al consulado del país de origen del menor para que se realice la repatriación. En la práctica no se notifica a los diplomáticos que sus connacionales están sujetos a proceso “administrativo”, ni cuánto tiempo pasarán en “Villa Crisol”, tampoco la fecha de su repatriación.

“Villa Crisol” no cuenta con registro de menores extranjeros recluidos aquí, ni tampoco de la fecha en que cada uno cumple su condena.

El delegado del INM en Chiapas, Mauricio Gándara Gallardo, dice que él también desconoce cuántos menores han salido de “Villa Crisol” o han sido repatriados. Es decir, todos se pierden en las estadísticas.

El cónsul de Honduras en Tapachula, Alex Eduardo Pacheco, califica este tipo de actos como graves porque se trata de menores de edad, aunque algunos “si han cometido delitos”, dice. Admite que ha tenido conocimiento de detenciones arbitrarias. 

 

Made in “Villa Crisol”

 

Su cuerpo conoce todo tipo de armas; en su piel están las cicatrices que lo prueban: heridas con punta, rayones de navaja, el corte de vidrios, el fierro que penetra y rozones de bala de todos los calibres y manufacturas.

Desde temprana edad supo que no quería ser militar como su padre, un subteniente del Ejército mexicano adscrito a Ensenada, Baja California, ni tampoco marino, como su madre, quien le recrimina que confundió la libertad con el libertinaje.

Ernesto Alonso Juan Martínez está hecho al ciento por ciento en “Villa Crisol”. La primera vez apenas había probado las emociones que dan la vida en la calle. Luego entró al entonces centro Rochester en 1997, cuando tenía 12 años.

Con un tono cortado, costeño, en lenguaje combinado de entre pueblerino y migrante, dice: “Cuando salí mis amigos eran pandilleros, entré aquí siendo nada; si cotorreaba pero no era nada y cuando salí ya era Barrio 18, me gustó y me brinqué”.

Regresó a “Villa Crisol” por violación y secuestro, y lo haría en ocasiones posteriores, por robo a casa habitación, luego por portación de arma blanca y pandillerismo.

¿A quién violaste?

-A nadie, tenía mi novia y su papá me puso una demanda, como se salió conmigo la nena, me buscaron…

¿Qué edad tienes?

-Veinte

¿Cuándo entraste por última vez?

-Ahora poco, siete meses y dos días.

¿Dónde te agarraron?

-En la casa de mi suegra.

¿Eres casado?

-Juntado

Su ingreso a la clica no fue fácil, tuvo que cumplir con todos los códigos de la pandilla para integrarse.

“Primero tienen que cotorrear, tienes un lapso de seis meses para ver si estás capacitado para lo que es el destroyer, pues de allí te ponen tus misiones, y sobre el tema ya te brinca.

“Se hacen pegadas en San José el Edén; allá quedamos en medio de todos los dos letras (MS13); tenemos que hacer diferentes pegadas a cada uno de ellos y si matamos a alguno ya llevamos un punto a favor. Si quieres brincar desde ese momento ya tienes ganado tu número, y te lo puedes tatuar en donde quieras”. 

Con cinco años en las pandillas, dice que “solamente” ha matado a dos, a uno le decían “el Guasón”, a otro “el Chris”, ambos de la MS13, a los que mató con una chaca en la colonia Monroy Coronado, donde hay casas de seguridad de la pandilla Barrio 18.

“Fue una pegada, nos pusieron a varios y nos corretearon como a tres, yo nada más llevaba dos tiros; nos escondimos, les salimos por atrás y les puse a los dos chacas”.

De sus dos muertos carga además del apodo pegado a la memoria, la vida de cada uno tatuada en una lágrima a cada lado del ojo, y el orgullo de salir airoso de la pegada.

Ernesto devela sus tatuajes, rayones de tinta china que lo acompañarán en lo que le queda de vida, porque aunque joven, vive al límite y se siente más cerca de la muerte.

¿Dejar la pandilla?, Nunca, ni aunque quisiera podría, sería hombre muerto apenas intentara dejar a su clica. Sus planes: viajar al Distrito Federal o a Tijuana, donde su pandilla maneja el negocio de las drogas y armas.

 

La Adaptación

 

Actualmente hay dos líderes máximos en igual número de clicas. Daniel Trujillo Pérez, primera palabra o ranflero, es decir, líder máximo de la clica NLS (Normando Locos Sureños) y Francisco Besares Aguilar, primera palabra de la clica CLS (Coronados Liro Saicos).

El secretario de Seguridad reconoce que aún presos, los líderes continúan su plan de reclutamiento con objeto principal de cada clica gane territorio y poder. “Se mandan señales, se comunican con su gente”, dice Schoeder.

Antes de despedirnos, Roger, un hondureño, alcanza a decir que para que no lo matara la Barrio 18, se convirtió de miembro de la MS13 a pregonador de “la palabra de Dios”. En su penitencia recorre de punta a punta las celdas para hablar a aquel que quiera escucharlo de la única alternativa de lograr en este encierro “la paz espiritual”.

Roger está en “Villa Crisol” después de dos ingresos a los reclusorios de Huixtla y Tapachula. Dice que nunca ha visto a un abogado y tampoco necesita quien lo defienda.

“El hombre me dio una sentencia de 35 meses, pero la verdad es que yo no pongo la confianza en el hombre, sino en Dios, porque sé que él es el único que tiene poder para sacarme de aquí”.

La silueta de Roger, la enorme sonrisa que se le forma con sus gruesos labios, y la Biblia de piel negra que carga bajo el brazo, es la última imagen que se observa cuando salimos de “Villa Crisol”.

 

 
   
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