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A ochenta kilómetros mar adentro, las compañías privadas nacionales y extranjeras ejercen su propia ley en instalaciones petroleras mexicanas: violaciones a los derechos humanos y laborales; jornadas de 20 horas diarias; sueldos miserables; maltrato, agresiones físicas y verbales; inseguridad; escasez de equipos de protección; carencia de servicios médicos, y despidos injustificados. Pocos saben de las condiciones laborales que enfrentan 5 mil trabajadores reclutados por empresas contratadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) para la exploración y producción del crudo que, sin regulación alguna, violan los derechos de los trabajadores. Hasta el año pasado Cliserio Domínguez era empleado de Perforadora Central, SA de CV, la cual alquila a Pemex cinco plataformas marinas en el complejo Cantarell y la Cuenca de Burgos, las zonas de producción más importantes de la paraestatal. El 4 de marzo de 2004, Cliserio, asignado a trabajos de perforación en la Plataforma Hakuryu V (propiedad de Perforadora Central y la japonesa Japan Drilling Company), se confundió de las órdenes del jefe de mantenimiento, Tomio Nakao, quien le hablaba en japonés. Como no entendiera sus órdenes, Nakao reaccionó golpeándolo violentamente. “Nakao dio la instrucción respecto al movimiento de materiales, pero yo no entendí y reaccionó violento, me golpeó en la cabeza”, recuerda Cliserio y cuenta que luego presentó su queja ante Juan Domínguez González, superintendente de la empresa. Al reclamo de Cliserio se sumó el de otros trabajadores por maltratos de los superiores de la JDC. En respuesta, el encargado de Perforadora Central, Juan José González, les advirtió “que no nos metiéramos en problemas con los japoneses porque podrían despedirnos”, dice. Domínguez Sánchez, junto con Efrén Cámara Ruiz, Hernán Aguilar Méndez y Mauricio Castillo Jiménez, presentaron una denuncia ante los órganos internos de control de Pemex, en la que detallan las irregularidades laborales de la Perforadora Central y su socia, Japan Drilling Company. Las ilegalidades van desde la firma de renuncias anticipadas y documentos en blanco; renuncia a prestaciones; negación de antigüedad; afiliación obligatoria a sindicatos blancos, además del nulo reparto de utilidades y despidos masivos decembrinos para ahorrarse aguinaldos. “El servicio médico está negado para nosotros; solamente tenemos derecho a los primeros auxilios; no se incluye el traslado a tierra y éste, se hace en inseguras embarcaciones. Las cantidades cotizadas en el IMSS no concuerdan con los salarios y cuando nos presentamos a solicitar atención médica, estamos dados de baja”. Cliserio fue despedido por Jorge Torres, jefe de personal de Perforadora Central, el 17 de diciembre pasado. Tres días después otros tres trabajadores que remitieron la denuncia contra la empresa al OIC de Pemex, Efrén Cámara Ruiz, ingeniero electrónico; Hernán Aguilar Méndez, ayudante de mecánico, y Mauricio Castillo Jiménez, perforador, fueron despedidos de la Plataforma Usumacinta. Así inició el acoso contra el resto de trabajadores de Perforadora Central, propiedad del empresario Patricio Álvarez Morphy Camou. El caso trascendió a instancias internacionales y fue expuesto en enero pasado en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, como ejemplo de la explotación de trabajadores mexicanos en la paraestatal más importante del país. Actualmente es documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y es que, a partir del despido de los cuatro trabajadores, el acoso y amenazas para el resto del personal se agudizaron.
Intimidación Desde el anonimato, trabajadores de Perforadora Central de Veracruz, Tabasco y Ciudad del Carmen denuncian que con la salida de sus compañeros, en diciembre pasado, los jefes de plataforma iniciaron una campaña de amenazas de despido si continuaban sus denuncias ante los órganos internos de control de Pemex. La intimidación, dicen, se torna más agresiva cuando bajan a tierra, mediante llamadas telefónicas a sus domicilios para “recordarnos que si denunciamos nos quedamos sin trabajo”, cuenta un trabajador que radica en Ciudad del Carmen. Luego, el superintendente de Operaciones de Perforadora Central, Juan José González González (actualmente jubilado), a cambio de conservar su empleo, los obligó a afiliarse al Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana, al que los trabajadores reconocen como “sindicato blanco”, dirigido por Raymundo Botello Figueroa. Los trabajadores llevaron sus denuncias al Senado y, mediante punto de acuerdo, el senador Jesús Ortega hizo pronunciamientos al respecto. En respuesta, fueron despedidos Antonio González Bocanegra, Leopoldo Bernabé Pinto, Francisco Castillo Rivera, Mauricio Pardo Jiménez y Andrés López López. Perforadora Central les condicionó el pago del último mes de trabajo para que firmaran su renuncia voluntaria y aceptaran su liquidación, en los términos fijados por la compañía. Confían en que este mismo año, la CIDH haga los pronunciamientos sobre su caso. El Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organización dedicada a la denuncia y asesoría legal sobre derechos laborales, señala que además de la responsabilidad de Perforadora Central, los despidos injustificados son responsabilidad de Pemex, al no otorgar la salvaguarda suficiente a los trabajadores que denuncian las ilegalidades, prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. “Y a pesar de que un principio básico del procedimiento de cualquier Contraloría de carácter federal es evitar se acusen daños o molestias a los denunciantes”, señala Rodrigo Olvera Briceño, coordinador de Derechos Humanos del Cereal.
Riqueza sin obligación Perforadora Central es una empresa dedicada a la perforación de pozos petroleros marinos, terrestres y lacustres; arrendamiento de equipos de perforación y de embarcaciones. Tiene oficinas en Ciudad del Carmen, Campeche y en Tampico, Tamaulipas, y su área corporativa se ubica en Montes Urales 520, Lomas de Chapultepec. Arrienda a Pemex cuatro plataformas marinas en el Golfo de México. Sin asumir obligaciones ni responsabilidades laborales, conocida como una empresa violadora de los derechos de sus trabajadores, Perforadora Central es una de las prestadoras de servicios más beneficiadas por Pemex con contratos adjudicados de manera directa. Un documento interno de la Gerencia de Perforación y Mantenimientos a Pozos de Pemex, indica la cuota diaria que la paraestatal paga a Perforadora Central por el alquiler de sus cuatro plataformas, tres en Cantarell y una en Tampico. Desde septiembre de 2001, de manera ininterrumpida, y mediante un contrato ganado por adjudicación directa (N.411001830), por el arrendamiento de la Plataforma Usumacinta, la paraestatal paga una cuota diaria de 31 mil 950 dólares americanos. En tanto que por la Plataforma Grijalva, paga 31 mil 950 dólares (contrato N.411001831). Por la Plataforma Tonalá, desde febrero de 2004, paga 53 mil 950 dólares diarios (contrato N. 411004800). Y por la Plataforma Hakuryu-V (de capital mixto entre Perforadora Central y la Japan Drilling Company), desde septiembre del 2003, paga 51 mil 500 dólares diarios. Los contratos de estas plataformas se extienden hasta diciembre de 2007.
Trabajo de alto riesgo Exploración geofísica; perforación y reparación de pozos; registros electrónicos, cimentaciones; preparación de fluidos de perforación; vigilancia de válvulas, son labores que desempeñan los trabajadores asignados a plataformas y campos petroleros. Estas actividades son consideradas como riesgosas, pero las compañías no proporcionan la capacitación ni equipo de seguridad a sus trabajadores, por lo que los accidentes y muertes son frecuentes. Además, no todas las plataformas cuentan con el servicio médico obligatorio. Sólo la plataforma habitacional Akal-C cuenta con servicios de hospitalización temporal, atendida por el médico Eduardo Ruiz, quien no tiene contrato de Pemex, sino de Cotemar, SA. de C.V., compañía que presta servicios de alimentación y hospedaje. Ruiz dice que las enfermedades más comunes en las plataformas son faringitis, bronquitis, alteraciones dérmicas por salpullidos que se ocasionan por el roce de la piel con el overol. Atiende a la semana a un centenar de consultas, pero la clínica no tiene capacidad para los accidentes que sufren los trabajadores en plataformas. El trabajo de perforación de pozos es considerado peligroso, y el riesgo se incrementa por falta de mantenimiento de las compañías contratistas de Pemex a las instalaciones de las plataformas. El pasado 13 de septiembre, dos trabajadores de la empresa Gula of Mexico Personal Service, SA de RL sufrieron un accidente en la plataforma Pride Mississippi, propiedad de dicha empresa. Los primos Miguel Ángel Barragán Sandria y Christian Spisnoso Sandria cayeron al mar al romperse la estructura de un quemador de gas y aceite, colocado a un costado de la plataforma. La plataforma Pride Mississippi fue construida hace 20 años, rentada por Pemex para continuar con el programa de exploración en las costas del Golfo de México, pero la Pride, dueña de la plataforma, no invierte en mantenimiento a pesar de los jugosos ingresos que le generan las 16 plataformas que alquila a Pemex. En estas instalaciones tampoco hay personal calificado para rescates inmediatos en caídas al mar. El rescate de Miguel Ángel y Christian implicó ocho horas de labores. Uno de los cuerpos fue hallado a 38 metros de profundidad debajo del quemador de gas y aceite. Integrados en el denominado Comité de Acción y Orientación Sindical Plataformas Marinas, los trabajadores de distintas compañías denuncian las deficientes condiciones de seguridad que guardan las instalaciones de PEMEX. “El año pasado durante el mes de agosto también ocurrió un accidente de trabajadores de la compañía Duncan. El mismo año, 22 trabajadores perdieron la vida en un choque de helicópteros y un barco se hundió; las caídas al mar continúan, y no se tiene personal capacitado ni equipo apropiado para rescates oportunos”. Para los trabajadores, es su vida la que está en riesgo; para los empresarios, las pérdidas se cuantifican en montos económicos. El encargado del complejo de plataformas Akal-C (parte del complejo Cantarell), Felipe Bustos, se queja de que por “ignorancia” los trabajadores “no siempre están dispuestos a cooperar con las normas de seguridad y si viene un mal tiempo, son pérdidas de horas-hombre, son costos muy altos para las empresas”. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez enumera las principales arbitrariedades de las prestadoras de servicios de Pemex en plataformas y campos petroleros: violan los derechos a tener un empelo estable; coartan la libertad de asociación sindical e impiden gozar de condiciones satisfactorias de trabajo.
PEMEX, cómplice Al margen de la Ley Federal del Trabajo, operan las prestadoras de servicios de Pemex y el resultado es una grave crisis laboral en campos petroleros y plataformas marinas, la veta del oro negro de Pemex, principal fuente de ingresos del gobierno federal. Aunque los contratos de servicios a empresas particulares señalan en sus cláusulas que el prestador de servicios deberá reclutar al personal de Pemex, con un respeto total a sus derechos laborales, dicha norma es letra muerta. Todas estas arbitrariedades son solapadas por los directivos de la paraestatal: aunque las contratistas incumplen los contratos, Pemex no ha rescindido un solo contrato a empresas acusadas de violación a los derechos laborales, como tampoco la Secretaría de la Función Pública las ha inhabilitado. Las numerosas denuncias contra las prestadoras de servicios de Pemex que integran los expedientes del área de conflictos laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dan cuenta de ello. En ésta última instancia legal, tampoco encuentran solución a sus demandas. El Cereal contabiliza más de 5 mil casos de empleados de las prestadoras de servicios de Pemex que enfrentan estas condiciones laborales. Además de Perforadora Central SA, las contratistas de Pemex con el mayor número de denuncias ante la STPS son: Perforadora de Campeche, SA; Perforaciones Marítimas Mexicanas, SA; Perforadora México, SA; y las estadounidenses México Limited Drilling, LLC.; Pride Central America LLC.; Nabors Perforaciones de México, S de RL de CV; Mexdrill Offshore, S de RL de CV.; Noble México Limited; y Goimar, SA.
Ley empresarial Pemex no ha hecho pronunciamientos públicos sobre las irregularidades laborales con las que operan sus prestadoras de servicios, pero documentos de los órganos internos de control de la paraestatal indican que han sido comprobadas. Por ejemplo, el oficio de la Contraloría Interna de Pemex N. SPC/0429/2004 -desde hace unos meses en poder de una comisión del Senado de la República- indica que de acuerdo a una visita de inspección en plataformas, confirman las anomalías de las empresas. La mayoría de las empresas contrata trabajadores “a prueba”, sin cursos de capacitación para el trabajo en alta mar. Desde el primer día “a prueba”, el trabajador asume todos los riesgos; su sueldo es más bajo que el resto de sus compañeros que ya cuentan con un contrato. Las jornadas son de 12 y hasta 24 horas de trabajo sin descanso. Los salarios van de 100 a 178 pesos para obreros, perforadores y ayudantes, quienes durante los días que salen de plataforma prefieren alquilar un camastro en barracas en Ciudad del Carmen, que regresar a sus lugares de origen por la imposibilidad de pagarse el traslado (menos del 10 por ciento de los 5 mil trabajadores de plataformas son oriundos del estado).
Subcontratos Son múltiples y variadas las formas de subcontratación en que incurren las empresas para evadir responsabilidades laborales. Un caso es el de la compañía Vallen Proveedora de Seguridad Industrial, dirigida Camilo Kuri Con; empresa de capital mixto entre Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV, y la estadounidense Vallen Safety Suply. Vallen proporciona a Pemex un servicio de asesoría en seguridad industrial que incluye capacitación y supervisión, para lo que utiliza personal contratado por la compañía tamaulipeca Servicios de Seguridad Industrial Tedla SA. Los trabajadores del Comité de Acción y Orientación Sindical Plataformas Marinas denuncian que en ella laboran 14 días y descansan 14; se les obliga a firmar un contrato, el cual dice que la empresa los puede enviar a cualquier parte de la República y en cualquier momento, con un salario dividido: 71 por ciento de “Previsión Social” y 29 por ciento, de “sueldo nominal”. Forzosamente se deben afiliar al Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad de la República Mexicana (con sede en Monterrey). En los recibos de pago de los trabajadores no aparece el concepto de “Previsión Social”, sino una indemnización por riesgo de trabajo y ayuda para habitación, que suman el 67 por ciento de sus ingresos mensuales. Así, el salario pactado en el contrato baja de 2 mil 400 pesos mensuales, a mil 710 pesos. Otra subarrendadora de obligaciones laborales es la filial del Grupo Protexa, Perforaciones Marítimas Mexicanas (PMM), propiedad de Humberto Lobo. PMM contrata trabajadores a través de Servicios y Asesoría para Proyectos SA de CV. En los recibos de pago de los trabajadores no aparece ninguna aportación al IMSS ni al Infonavit, aunque supuestamente así lo establece el contrato. La empresa Servicios y Asesoría para Proyectos SA de CV cuenta con más denuncias abiertas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Otro caso es el de la Compañía Halliburton, la principal proveedora de armas del ejército estadounidense y beneficiada con los contratos para la reconstrucción de Irak, también tiene juicios laborales abiertos ante la JFCA. La trasnacional contrata a operadores de unidades de alta presión o cementadoras a través de la compañía Servicios Profesionales Petroleros S de RL de CV. Aunque Halliburton ha triplicado durante los últimos tres años sus montos en contratos con Pemex (de mil 292 millones de pesos a casi 4 mil millones de pesos), paga a sus obreros de la Sonda de Campeche menos de 5 mil pesos mensuales. La misma Halliburton contrata químicos para tratar fluidos de perforación, pero el sueldo que recibe el personal es a nombre de la empresa Baroid, cuyas oficinas se ubican en Ciudad del Carmen, Campeche. La empresa Baroid, que oficialmente paga el sueldo a los obreros de Halliburton, además de las denuncias laborales, es considerada como “empresa de alto riesgo” por la Semarnat, la cual detectó irregularidades en sus operaciones. También es proveedora y prestadora de servicios de Pemex y tiene un giro comercial de “compra-venta” de productos químicos para fluidos de perforación, cemento, barita y bentonita. En marzo de 2004, Pemex otorgó a Halliburton un contrato para la perforación de 27 pozos petroleros en los campos Samaria, Iride y Cunduacán. El contrato N.18575069-003-04 es el monto más alto que ha recibido la trasnacional de sus negocios con Pemex: 175 millones de dólares. Los obreros que laboran en esta zona reciben sueldos de menos de cien pesos diarios. Entre los trabajos peor pagados por las concesionarias de Pemex a sus obreros, están los de servicios en las plataformas-habitación, como el complejo Akal-C, -visitado por el presidente Fox y el primer ministro británico Tony Blair. Los servicios en plataformas habitacionales, de hotelería en plataformas y de servicios de comedor son de las empresas Saboratto, Catemar y Cotemar. Cocineros, ayudantes, recamareros, lavaplatos y lavanderos, ganan de 25 a 107 pesos diarios. La compañía Saboratto –con oficinas corporativas en Monterrey- paga a sus trabajadores con retrasos de hasta una semana y, frecuentemente, con cheques sin fondos. No se les paga día de descanso y no tienen una sola prestación laboral. La contratación y despidos son frecuentes para evadir el pago de prestaciones y la antigüedad. Catemar de México, S.A., actualmente tiene un contrato de 43 millones de pesos por “servicios de alimentación, hotelería y mantenimiento a equipos industriales de cocina y lavandería” en un área del complejo Cantarell. Contrata a su personal por medio de la compañía Mano de Obra del Caribe SC, que obliga a los trabajadores a firmar contratos en blanco y en los recibos de pago se indica que el horario es de lunes a sábado, aunque los hacen trabajar también los domingos por un sueldo de 50 pesos diarios. Ninguno de los representantes de las empresas contratistas de Pemex que se citan en esta investigación, aceptaron una entrevista; tampoco la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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