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Señalado como el funcionario que infiltró al narcotráfico en Los Pinos por sus presuntos vínculos con el cártel de Juárez, Nahúm Acosta Lugo tuvo oportunidad de pactar su “impunidad” con las autoridades judiciales, pero rechazó la oferta. Al iniciar el proceso de arraigo el 3 de febrero pasado, el subprocurador de Delincuencia Organizada de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, ofreció al ex director de giras de la Presidencia de México “protección” a cambio de información relacionada con su supuesta cercanía al crimen organizado. De haber aceptado, Nahúm Acosta Lugo le hubiera costado al erario público 160 mil pesos anuales, pues en el gobierno de Vicente Fox éste es el monto que se destina a la manutención de cada uno de los llamados “testigos protegidos”. Aunque en la actual administración el discurso oficial enarbola la transparencia, el presupuesto destinado para este fin se opera discrecionalmente y sin rendir cuentas a nadie, pues la PGR lo cataloga como un gasto de “seguridad nacional”. En materia de protección a testigos, la ambigüedad llega incluso a nivel jurídico. Sin hacer mayor referencia, el artículo 34 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que data de 1996, señala que la PGR “prestará apoyo y protección cuando así se requiera”. Para evitar excesos en su aplicación, Augusto Sánchez Sandoval, coordinador del Postgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y autor de varios ensayos sobre la figura de testigos protegidos, considera necesario que la legislación defina el concepto del testigo protegido. “Debe quedar claro si el testigo protegido es un sujeto infiltrado en las organizaciones delictivas o un miembro de la organización que se convierte en acusador de los hermanos o compañeros.” De 1996 a la fecha, esta figura ha permitido que algunos delincuentes relacionados con el crimen organizado, se conviertan en delatores a cambio de la indulgencia de las autoridades judiciales, pero hasta la fecha se tienen muy pocos resultados.
Los gastos Además del indulto de los delitos, los testigos protegidos también reciben primas económicas. Tan sólo en el primer trienio de la actual administración, la PGR erogó 32 millones 429 mil 522 pesos para la manutención de 83 sujetos beneficiados por el Programa de Protección a Personas. Y a partir del 2002, los recursos etiquetados bajo la partida 3823 del Presupuesto Federal, relacionada con los gastos de seguridad nacional, aumentaron 650 por ciento con relación al último año del mandato de Ernesto Zedillo. Mientras que en el ejercicio fiscal 2000 se destinaron 2 millones 397 mil 621 pesos para salvaguardar la integridad de los testigos, en el segundo año de la administración foxista se asignaron 13 millones 370 mil 525 pesos. En la respuesta a la solicitud de información 1504 hecha a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, la PGR afirma que la última cifra disponible para este rubro corresponde al ejercicio fiscal 2003, y sin explicación alguna no hubo cifras de 2004. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) encargada de dar la “protección”, indica que sólo en 2003 el monto ejercido ascendió a 13 millones 235 mil 68 pesos. El investigador universitario Augusto Sánchez explica que en la legislación vigente, tampoco hay referencia alguna a la “recompensa” que reciben los testigos protegidos, y que las autoridades judiciales recurren a ésta para garantizar la información. “Al testigo se le recompensa aún cuando ha formado parte de organizaciones delincuenciales, pues con su información se busca lograr la captura de capos, pero esto no ocurre siempre y aun así les pagan millones de pesos.” El académico agrega que se trata de “un juego perverso en el que la justicia se vuelve un mero negocio, las autoridades judiciales no investigan, sólo interrogan; el problema es que a veces la información es irreal y como no hay investigación, meten a la cárcel a cualquier persona, sólo porque alguien lo incriminó en un delito”. La ambigüedad legal entorpece la rendición de cuentas. Para Ricardo Gluyas Millán, investigador del Instituto Nacional de Ciencia Penales, la SIEDO acostumbra negar la información sobre los gastos que genera el Programa de Protección a Personas, con lo que garantiza un amplio margen de discrecionalidad en su aplicación.
La veracidad de la información En México más del 80 por ciento de las investigaciones relacionadas con delincuencia organizada se sustentan en los testimonios de “infractores” que se acogen a este beneficio. Carlos Resa Nestares, académico de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en narcotráfico mexicano, considera que en nuestro país las autoridades judiciales en lugar de investigar, “abusan” de esta figura. “Lo que diferencia al testigo protegido de otras técnicas policiales complementarias es que es mucho más barata. Frente a infiltrar a alguien en una organización o las escuchas telefónicas, que requieren tiempo y dinero, el testigo protegido es económico, pues se ofrece algo que no tiene coste: la impunidad legal.” Pero los testimonios aportados por estos presuntos delincuentes generalmente son falaces, coinciden investigadores. “El testigo protegido tiene todos los motivos para ajustar sus declaraciones a los deseos de su interlocutor, que es quien le ofrece lo que a él le interesa: el perdón jurídico y el subsidio económico, advierte el ex consultor del programa de las Naciones Unidas para la fiscalización de las drogas ilícitas. Resa Nestares agrega que “a medida que su oferta, por inverosímil que sea, se acerque a la demanda, mayores posibilidades de conseguir el premio. En consecuencia, la mayor parte de los testimonios de testigos protegidos son falsos.” Para Augusto Sánchez los testimonios obtenidos de estos supuestos narcotraficantes pueden contribuir a la construcción de una averiguación previa, pero no pueden ser la única fuente. “Los testigos pueden mentir a la autoridad, sobre todo por los beneficios que reciben a cambio de la información. Entre éstos, la posibilidad de que los delitos en que hayan participado sean condonados. Entonces no se les incrimina por ciertos delitos que, generalmente, están relacionados con la delincuencia organizada”. Además, el sistema judicial mexicano carece de mecanismos para corroborar la veracidad de la información. “Por motivos de economía, en México nunca han habido los filtros necesarios para tamizar esos testimonios. Es muy costoso tratar de verificar punto por punto cada testimonio”, afirma Resa Nestares. En consecuencia, señala, “las declaraciones de testigos protegidos se han considerado como verdaderas en función de que sirven a unos intereses concretos de los policías y fiscales”. La SIEDO cuenta con 83 testigos protegidos que, además de evitar penas corporales, reciben anualmente poco más de 13 millones de pesos como gastos de manutención, lo que significa que cada testigo protegido le cuesta a la población más de 14 mil pesos mensuales.
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