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A casi nueve años de establecida en la administración de justicia mexicana y utilizada a discreción y sin rendir cuentas a nadie por la Procuraduría General de la República (PGR), la figura del “testigo protegido” se debate entre la legalidad e ilegalidad ante la indiferencia de los diputados de la LIX legislatura. La figura, que se desprende de los artículos 34 y 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996, ha permitido que durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox decenas de delincuentes se conviertan en delatores a cambio de “protección”, beneficios económicos y benevolencia de parte de las autoridades judiciales. Y es que en materia de protección a testigos la Ley apenas dedica 38 palabras para señalar que la PGR “prestará apoyo y protección” a testigos “cuando así se requiera”. Pero no especifica en qué consistirá la protección ni cómo debe realizarse. Sin embargo, para los legisladores de las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión el tema no es relevante, aunque también reconocen que no están enterados sobre el papel que juegan los testigos protegidos en la administración de justicia y que la Procuraduría se muestra renuente a dar información sobre la materia, pero tampoco tienen la intención de revisar y mucho menos legislar al respecto para clarificar y definir al testigo protegido. El trato diferenciado para con el “miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda” está previsto en los cuatro párrafos del artículo 35, donde se establecen reducciones de hasta dos terceras partes de las penas para sentenciados e indiciados. De acuerdo con el doctor en Derecho por la UNAM, Raúl Carrancá y Rivas, la figura del testigo protegido es legal en tanto que está prevista en la Ley y no afecta de manera alguna a la Constitución. “No genera absolutamente ningún problema constitucional a escala de garantías individuales, de derechos fundamentales. Pero es lo único que dice la ley. Y cómo van a ser protegidos, de qué manera. El artículo 34 no lo especifica. Es muy breve. En consecuencia, la Procuraduría prestará ese apoyo y protección en los términos que ella crea conveniente. No hay una reglamentación sobre cómo, cuándo, en qué condiciones, bajo qué requisitos.” Las dudas sobre la legalidad de la figura inician aquí, pues la PGR podría interpretar como protección un sinnúmero de acciones que podrían afectar a los inculpados por el testigo protegido. De acuerdo con el investigador emérito universitario, para empezar “la Ley habla de testigos protegidos, no ocultados. Entonces el proteger no tiene que ver con que yo no sepa quién me está acusando. Si la Procuraduría llegara a impedir que el testigo que depone en contra de mí sea careado conmigo o que lo vea o que sepa su nombre, esto ya escapa del ámbito de la protección. “Una cosa es proteger y otra ocultar. Y si se dice ‘es que para protegerlo lo oculto’, pues entonces para protegerlo se puede fantasear sin límite: ‘para protegerlo voy a hacer esto y lo de más allá y…’ ¡no, momento! Eso ya no está dentro del entorno legal.” El abogado, con 52 años de impartir cátedra, también cuestiona los privilegios que pudiera tener el delincuente delator. La protección a los testigos es constitucional, pues proteger no viola ninguna garantía, ningún derecho. “Pero ya no sería constitucional que el testigo recibiera ciertos miramientos en el nivel dizque de protección y ciertas concesiones y hasta ciertos estímulos. No. Eso ya afectaría a la otra parte. Es decir, Juan está deponiendo en contra de mí para que posteriormente, y él lo sabe, tenga una serie de concesiones. Así, casi se le está comprando y va a deponer prácticamente lo que quiera la autoridad frente a la expectativa de algo favorable para él.” La diputada priísta Rebeca Godínez y Bravo, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos (CJDH), dice que la figura del testigo protegido podría servir para mejorar la administración de justicia en nuestro país, pero aún no está en las leyes mexicanas claramente definida, “y le soy honesta: no conozco, no sé la manera en que se está llevando aquí”. El panista Miguel Llera Bello, secretario de la CJDH, concede que la figura jurídica del testigo protegido no existe en la justicia mexicana y, aunque es un tema importante, no será en este año cuando se inicien los trabajos para legislar en la materia. “La figura del testigo protegido se tendría que trabajar primero en comisiones y ver hasta dónde es posible llevarla a cabo, porque hasta ahora se estarían violentando algunos asuntos que están en la Constitución. “Y se debería entrar a la discusión a la brevedad porque sabemos que en este momento las personas no quieren atestiguar por temor a represalias. Se requiere un instrumento que les dé seguridad para sus vidas y la seguridad de no estar incurriendo en delitos.” Sin embargo, para el diputado con licencia y ex secretario de la CJDH Gilberto Ensástiga no es necesario legislar en la materia. Para el perredista la figura del testigo protegido se encuentra dentro de “programas que sí deben mantenerse en la máxima discrecionalidad y es parte de las atribuciones que tiene el poder Ejecutivo. El problema es que no hay transparencia en su funcionamiento”.
Valida magistrado a testigos protegidos
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