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  Sección: Sociedad | Publicado en: Junio 2005

Ferronales ahogado por la corrupción

Nancy Flores
El pasivo contingente por concepto de 16 mil juicios laborales alcanza la cifra histórica de 28 mil millones de pesos, motivada por el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México y por los alarmantes niveles de corrupción en la paraestatal.

 

Hace poco más de un año, el delegado fiduciario de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (Ferronales), Enrique Rivas Sivy, ordenó investigar diversas denuncias por corrupción relacionadas con los 16 mil juicios laborales que enfrenta la paraestatal.

Por esos días, el delegado se había enterado de que funcionarios de primer nivel de la Dirección Jurídica –área responsable de resolver el complejo problema de los procesos legales– autorizaban dobles indemnizaciones, en otros casos pagaban sólo el 60 por ciento de lo que ordenaba el laudo y, en casos más extremos, cancelaban totalmente las liquidaciones.

Tras estas acusaciones, Rivas Sivy solicitó a la Dirección Jurídica que informara de manera puntual sobre los supuestos ilícitos. Así, el 24 de marzo de 2004, el funcionario encargado del proceso de liquidación de la empresa recibió en su escritorio una nota informativa girada desde las oficinas del entonces director de Consultoría Jurídica Laboral, Eduardo Pérez Vázquez, quien meses más tarde fue destituido por el Órgano Interno de Control (OIC) al descubrir que era responsable de usar indebidamente el cargo.

La nota informativa de 19 líneas pretendía aclarar los “dobles pagos” descubiertos por el Órgano Interno de Control, bajo el argumento de que para cumplir los laudos condenatorios se expedían cheques por el 60 y 40 por ciento del total, lo que daba como resultado el pago del ciento por ciento a los actores.

“Estos pagos se realizan mediante convenio, en donde se paga 60 por ciento al trabajador por la condena impuesta por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y una vez realizado este pago se procede a liquidar el 40 por ciento restante a través de convenio celebrado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”, señala aquella nota informativa.

Y agrega: “se ha detectado que el sistema los reporta como doble pago, ya que son los mismos actores, los mismos periodos y los mismos conceptos, toda vez que no se puede manejar de otra manera. Cabe destacar que no se puede capturar en el sistema como pago parcial y final”.

Sin embargo, fuentes cercanas a la Dirección Jurídica dicen que este mecanismo de pago permite una negociación arbitraria que afecta a los ex trabajadores de Ferronales, pues generalmente se les obliga a recibir el 60 por ciento del monto total fijado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, mientras que el 40 por ciento restante se queda en los bolsillos de los funcionarios negociadores.

Las acusaciones por estas irregularidades llegaron hasta el OIC. En el expediente identificado con el número QU000014/2003, varios ex trabajadores de la paraestatal denunciaron que mediante convenios laborales celebrados con Ferronales, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 23, se determinó aplicar un descuento del adeudo.

Sin embargo, señalan que Juan Palma Hernández, ex gerente de Asuntos Jurídicos Laborales de la paraestatal –destituido en marzo de 2003 por abuso de autoridad, Contralínea 16–, modificó los montos del descuento.

No obstante, en las últimas cuatro líneas, la nota informativa en poder del delegado fiduciario señala que “la única forma de comprobar el pago de dichos actores es mediante los convenios celebrados con ambas autoridades del Trabajo, mismos que deberán ir anexos a los relevos correspondientes a las cantidades pagadas, lo anterior con la finalidad de evitar alguna observación por parte del Órgano Interno de Control de este organismo”.

Y aunque en esa ocasión el director de la Consultoría Jurídica Laboral evadió los cuestionamientos, un par de meses más tarde tuvo que dejar el puesto, pues el OIC lo responsabilizó de usar indebidamente el cargo, pero no procedió penalmente en su contra, como correspondía por los delitos cometidos.

Identificado con el folio interno DE-000023/2004, el expediente da cuenta de “la cancelación de 79 títulos de crédito que solicitó Eduardo Pérez Vázquez, director de Consultoría Jurídica Laboral, bajo el oficio DJL-EPV-0386/2004, en virtud de que los beneficiarios fallecieron”.

 

Pierde Ferronales 218 cheques

 

En Ferronales la lista de casos de corrupción relacionados con juicios laborales, pensiones y saqueo de bienes, es bastante nutrida. De acuerdo con información estadística del OIC, de 2001 a 2004 se atendieron 71 denuncias, 49 quejas y 39 procedimientos de responsabilidad administrativa.

El amplio archivo de la Contraloría ilustra la delicada situación que enfrenta el organismo. Muestra de ello es el expediente con folio interno DE-000029/2004, en el que se detalla que “se detectaron 218 cheques por concepto de pago de demandas laborales, que comprometen un monto total de 13 millones 400 mil pesos, a favor de ex trabajadores de Ferronales y que a la fecha no han sido localizados”.

Los documentos, especifica la síntesis entregada por la Secretaría de la Función Pública a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, tienen una antigüedad mayor a 11 meses desde su emisión.

Una práctica, al parecer cotidiana en la paraestatal, es el pago indebido de indemnizaciones, como el caso de Guillermo Villalobos Madero, quien sin ser abogado o mantener algún laudo con Ferronales, recibió 3 millones 500 mil pesos por un supuesto juicio entablado en el estado de Chihuahua, según consta en la denuncia DE-000015/2003. El dictamen del OIC determinó que el hecho quedó comprobado y responsabilizó a un funcionario –no identificado– de incurrir en ejercicio indebido de funciones.

Otra modalidad de pago indebido consiste en la erogación de un monto superior a lo estipulado en el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a favor de algunos ex trabajadores.

En el 2003, el OIC determinó en 10 ocasiones que las denuncias presentadas por esta irregularidad estuvieron fundadas –QU000004/2003, 05/2003, 06/2003, 07/2003, 08/2003, 09/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003 y 13/2003–.

En cuanto al saqueo de bienes destaca el expediente con número de control interno DE-000027/2004, que denuncia el pago que realizaron al personal de seguridad, por mil 200 pesos, Fidel Gallardo León, ex funcionario de la Gerencia de Ventas de Ferronales, y Alejandro Aguirre, ex servidor público del Banobras –ambos encargados de realizar el inventario de los talleres ubicados en el estado de Campeche–.

Estos pagos se hicieron para cubrir los honorarios generados por la carga de varios camiones con chatarra (zinc, cobre y fierro) extraída de los propios talleres. Mercancía que fue vendida a un chatarrero sin enterar a la paraestatal. Para el OIC, los funcionarios incurrieron en ejercicio indebido de funciones.

 

Juicios millonarios

 

Pero en las oficinas de Enrique Rivas Sivy, ni los problemas ni las preocupaciones se terminan con los casos de corrupción. Pues a un año de su centenario, aquella gran obra que fuera estandarte de la modernidad y contribuyente indirecto de la Revolución Mexicana se extingue entre las incontenibles deudas.

Al cierre del primer trimestre de 2005, Ferronales registró un máximo histórico en su pasivo contingente relacionado con los juicios laborales, al ubicarse en 27 mil 781 millones de pesos.

La tortuosa desaparición de la paraestatal se pactó a inicios del sexenio de Vicente Fox, justamente el 4 de junio de 2001, con la publicación –en el Diario Oficial de la Federación– del Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado.

Actualmente, Ferronales enfrenta el más severo endeudamiento desde que inició el proceso de liquidación. De acuerdo con los estados financieros del organismo –obtenidos a través del IFAI–, al finalizar el ejercicio fiscal 2004 el activo se contabilizó en 5 mil 2 millones 812 mil pesos, y el pasivo total ascendió a 32 mil 116 millones 833 mil pesos.

De esta última cifra, 14 mil 448 millones de pesos corresponden a capitales constitutivos, 14 mil 362 millones a juicios, mil 534 a acreedores, mil 234 millones a reservas administrativas, 431 millones de pesos a remediación de suelo, entre otros rubros.

 

Juicios laborales

 

En materia de pasivos, uno de los capítulos pendientes en el organismo es el de los juicios laborales. Al respecto, Enrique Rivas Sivy, delegado fiduciario de Ferronales, puntualiza que “se trata de 15 mil juicios laborales, con 60 mil actores, y un pasivo cercano a los 28 mil millones de pesos”.

La cantidad contrasta con la declarada en los estados financieros del año pasado, en los que se reconoce un endeudamiento de casi un 50 por ciento menor, al ubicarlo en 14 mil 362 millones 200 mil pesos, distribuidos de la siguiente forma: 11 mil 167 millones de pesos de juicios laborales, y 3 mil 195 millones 200 mil pesos de juicios contenciosos.

Efrén del Pozo, subdirector jurídico del organismo, explica que “cuando empezó la liquidación había 16 mil 969 juicios. Del 2001 al 2005 se han concluido 8 mil 849 juicios. Sin embargo, como es una situación dinámica, han entrado 6 mil 440, de tal manera que, al mes de marzo, tenemos 14 mil 560 juicios”.

El servidor público dice que al iniciar el proceso de liquidación, el pasivo por este concepto ascendía a 16 mil 752 millones de pesos, e implicaba a 119 mil 156 actores. Lo cual significa que en cuatro años, los compromisos referentes a los litigios laborales aumentaron en 11 mil 29 millones de pesos.

Ante el creciente aumento del pasivo, Del Pozo aclara que no significa una “mala” gestión, pues la cifra inicial se redujo en 13 mil 971 millones de pesos, al resolverse la situación de 79 mil ex trabajadores; y que el pasivo se incrementó por los 6 mil juicios nuevos, mismo que reclaman 25 mil millones de pesos.

Sin embargo, en la respuesta a la solicitud de información 0919500001705, hecha a través del IFAI, la paraestatal advierte que “en el periodo de 1996 a 2003 no se tiene información de cuántos juicios se han pagado en ese lapso, ya que anteriormente el organismo no contaba con base de datos, por lo que se desconoce el origen de los recursos que se destinaron para su pago. En lo que respecta a 2004 y 2005, se considera información reservada, ya que al revelarla podría causar un serio perjuicio a las estrategias procesales”.

Por los montos involucrados, Enrique Rivas Sivy reconoce que “es imposible que –al finalizar el sexenio– se termine el proceso de liquidación porque, simplemente, no está en nuestras manos resolver los juicios laborales, –éstos dependen de los tiempos procesales de las Juntas de Conciliación.”.

 

Resolución de litigios

 

Al referirse a los juicios resueltos, Efrén del Pozo afirma: “Nuestro porcentaje de bateo es muy bueno, sin embargo por la Ley Federal del Trabajo, la Junta – Federal de Conciliación y Arbitraje– admite todas las demandas y nosotros estamos obligados a litigar”.

El funcionario agrega que en el organismo “tratamos de abatir el gasto lo mayor posible a través del litigio laboral, porque si no atendiéramos ningún juicio actualmente, entonces tendríamos que pagar los casi 28 mil millones de pesos”.

Para Enrique Rivas Sivy “no sólo estamos negociando bien, sino que además lo que estamos haciendo es atender bien los juicios. Procuramos que todo el asunto de carácter procesal, las audiencias, se dé con la oportunidad debida para que los juicios se puedan ganar”.

El delegado fiduciario de Ferronales ejemplifica: “La Dirección Jurídica, que también depende de mí, acaba de resolver un juicio en Coatzacoalcos, Veracruz, con 400 actores que supuestamente valía 770 millones de pesos, en 125 mil pesos. Ni siquiera es el 1 por ciento de lo que demandaban”.

“Este caso es un éxito, que no es repetible en todos los juicios por obvias razones, pero nos permite suponer que los 28 mil millones de pesos –en los que se calcula el pasivo por concepto de juicios– se pueden reducir a 10 o 12 mil millones de pesos”, dice.

Pero con cien años de servicio a cuestas, la paraestatal figura como un órgano en el que todo se puede explicar con números, hasta la miseria en que subsisten los miles de ancianos pensionados, cuyas retribuciones son de mil 200 pesos mensuales; mientras que el delegado fiduciario percibe 160 mil 620 pesos al mes, es decir, un millón 927 mil 449 pesos anuales.

De acuerdo con la nómina del organismo, los generosos salarios devengados a favor de los funcionarios encargados de conducir la liquidación de la paraestatal, totalizan 93 millones 257 mil 244 pesos anuales. Otro dato significativo corresponde al aguinaldo, que en el 2004 comprometió recursos por 19 millones 6 mil 401 pesos.

Con múltiples casos de corrupción y una deuda incontenible, Ferronales en Liquidación forma parte de la herencia que dejará el gobierno de Vicente Fox a la próxima administración. Problemas que hasta ahora, ninguna de las cuatro administraciones encargadas del despacho –Raúl Karín de la Rosa (2001), Jorge Forastieri Muñoz (2002), Mario Martínez (2003), Enrique Rivas Sivy (2004-2005)– han podido resolver.

 

 
   
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