El DF primer lugar en demandas laborales

Diversas denuncias contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) por actuar bajo consigna del gobierno de la ciudad, muestran la cara de un gobierno que dista mucho de ser democrático. Por el contrario, trabajadores de distintas dependencias señalan que el gran pendiente del gobierno es atender al proletariado.

“Las movilizaciones que han realizado trabajadores de la ciudad demuestran que no hay política de gobierno para los trabajadores. El gobierno está en contra de las expresiones auténticas del sindicalismo independiente, pues hay otras organizaciones que tienen sus canonjías”, señala Eduardo Díaz, representante legal de las trabajadoras del Instituto de las Mujeres del DF.

José T. Cardoza Olivas, representante del Comité Sindical de la Escuela Normal Superior de México, señala que aprovechando la popularidad de López Obrador, los funcionarios ligados a su administración han recortado de manera silenciosa al 10 por ciento del personal de base sindicalizado.

Lo anterior, dice, se comprueba con las cifras de afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF (SUTGDF), que pasó de 111 mil durante la administración de Rosario Robles a 99 mil con López Obrador.

“Producto de esta política errónea, el gobierno enfrenta 7 mil juicios laborales que promueven más de 25 mil trabajadores por despidos, basificación, pago de prestaciones, etc. Así, el gobierno del DF en su papel de patrón tiene el deshonroso primer lugar del país en demandas laborales”, señala Cardoza.

En marzo de 2004 la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se reunió con López Obrador para abordar la situación laboral de diversas organizaciones gremiales afiliadas a esta central y que buscaban registrarse como sindicatos independientes. Entre los grupos que reclamaban audiencia se encontraban empleados de limpia de la Central de Abastos, quienes pedían a López Obrador se responsabilizara como patrón solidario con empleados de gasolineras y los bomberos, cuyos dirigentes acusaron a la Junta de pretender derogar su registro oficial.

Francisco Hernández Juárez, líder de la UNT, en reiteradas ocasiones ha acusado al jefe de gobierno de no dar importancia a las inquietudes de esos grupos de trabajadores y culpó de ello al secretario de gobierno Alejandro Encinas, por actuar con prejuicio respecto a ciertos simpatizantes de la UNT.

 

Cuestión de género

 

“El víacrusis que tienen que pasar los trabajadores para reclamar sus derechos ante la JLCyA ha sido siempre el mismo, pero pensábamos que con un gobierno democrático las cosas cambiarían y no es así”, señala Eduardo Díaz.

Desde el 2002 se creó el instituto de las Mujeres del DF y sus trabajadores han luchado para proteger su empleo; por ello decidieron formar un sindicato y negociar un Contrato Colectivo de Trabajo.

La idea de organizarse derivó de que en 2002 estaba latente la amenaza de cerrar el instituto. “Se sabía que Andrés Manuel no tenía la intención de continuar con el proyecto ideado por Rosario Robles”, cuenta Eduardo Díaz.

Los obstáculos a derrotar han sido varios. Primero, observaron que las autoridades laborales no respetan las condiciones que determina la Constitución para conformar un sindicato. Por ello, y ante la urgencia de tener un sindicato, se afiliaron al Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas, Expendios Similares y Conexos del DF, al mismo tiempo que siguen trabajando para conformar un sindicato propio y evitar que la autoridad tenga un pretexto y desconozca al actual.

Se afiliaron 160 trabajadoras obteniendo la facultad de demandar la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo, a través del emplazamiento a huelga; sin embargo desde octubre del 2002, dicho emplazamiento se ha retrasado al menos cuatro veces.

Por un error, en el decreto de creación del instituto, donde se determina que la relación de trabajo entre los empleados y el instituto quedaba normada por el apartado B del artículo 123 constitucional, la Junta se declaró incompetente para atender el emplazamiento a huelga. Además, de las 230 personas que trabajan en la dependencia, 215 están bajo el régimen de honorarios y ninguna puede comprobar su relación laboral.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje finalmente otorgó la razón al sindicato y consideró que se debía dar trámite al emplazamiento a huelga. Sin embargo, las autoridades del instituto nunca contestaron el emplazamiento y la directora desconoció al sindicato y dijo que sólo tenía colaboradoras por honorarios. Finalmente, después de ganar dos amparos se presentó el representante del instituto y se programó el estallamiento de la huelga para el 31 de mayo del 2005.

La directora del Inmujeres-DF, Luz Rosales Esteva, señala que aunque las trabajadoras buscan sindicalizarse y tener seguridad en el trabajo, esto no lo tiene nadie. “Quisiéramos que tuvieran planta pero el gobierno no ha incrementado el número de bases por austeridad. Además, a diferencia de los sindicalizados, los trabajadores del instituto tienen un buen sueldo. 

 

Los bomberos

 

Amenazas, intimidación, corrupción y hasta autoexilio en el extranjero, fue la respuesta que los bomberos de la ciudad de México obtuvieron de las autoridades a la propuesta de formar un sindicato independiente.

Legalmente constituido desde el 2002, después de casi un lustro de lucha, el sindicato de bomberos de la ciudad de México es único en el país y cuenta con 902 sindicalizados de un total de 1250 trabajadores incluido el personal de confianza.

Antonio Peregrino Rojo, secretario general del sindicato, dice que el principal opositor del sindicato ha sido la dirección general del sector, conformada principalmente por comandantes que pertenecen a la organización policiaca ‘La Hermandad’.

“No querían que un grupo de bomberos se organizara y les hiciera perder el dominio de la corporación que era dirigida por una elite de funcionarios. Cualquier posibilidad de organización era reprimida hasta el extremo de contratar personas ajenas para golpear a los compañeros organizados”.

La Ley Federal del Trabajo les dio la razón a los trabajadores y a partir de 1998 fue nombrado como un organismo público descentralizado, estos servidores públicos usan su derecho a agremiarse y emplazar a huelga.

Relata Antonio Peregrino: “mientras nosotros sólo teníamos nuestra inexperiencia, ellos contaban con todo el poder y abogados rompehuelgas; por eso sumaron 250 firmas entre esquiroles, personal de confianza y gente que no eran bomberos. Perdimos la huelga por 50 votos”.

El dirigente gremial relata los cambios que ha traído consigo el Sindicato: “este agrupamiento era tratado con doctrinas militares; los comandantes daban órdenes verticales y quien no las atendía era encerrado por horas o días, a veces los hacían reincidir y pasaban hasta dos meses arrestados. 

Actualmente el director del Cuerpo de Bomberos gana 60 mil pesos mensuales, mientras que el sueldo mínimo de un bombero se reduce a 2 mil 250 pesos a la quincena más un bono de riesgo por mil pesos. Los ascensos son por favoritismo y dedazo, no hay una comisión de ascensos ni de capacitación, cuentan con una despensa de 34 pesos, un bono por especialidad de 500 pesos, es decir, que el total de un sueldo mínimo es de 3 mil 500 al mes.

Tampoco hay academia a pesar que la ley del organismo establece que debe instituirse en un plazo no mayor a dos años. Lo que sí hay es un director y funcionarios cobrando por la academia. 

“No sabemos mucho de política pero hemos aprendido que este gobierno es antisindical y no es congruente con su discurso democrático, es demagogo, mentiroso y está muy lejos de su discurso. Esperamos que Andrés Manuel no llegue a la Presidencia porque a los trabajadores nos iría muy mal”.

Prueba de ello –señala el dirigente- es la actitud oficial hacia otros sindicatos como el de las mujeres “que los atacan de la manera cobarde, infiltran gente, los confrontan para desarticular; así trabaja el PRD y el mismo Martí Batres nos lo ha confirmado al decirnos que ellos ‘saben como deshacer movimientos y tumbar líderes”.

 

Despidos

 

A fines del 2000 en el gobierno del DF laboraban más de 200 mil trabajadores asalariados, de los cuales 111 mil eran considerados de base y sindicalizados en el SUTGDF, teniendo todos los derechos laborales consagrados por el artículo 123 Constitucional.

Según datos del Sindicato, el 2005 inicia con una lista de 96 mil trabajadores sindicalizados, cantidad que ha disminuido después de las más de 10 mil jubilaciones de los últimos dos años.

Así, alrededor de cien mil trabajadores no cuentan con reconocimiento laboral, pues cerca de 30 mil están bajo el régimen de honorarios, 40 mil bajo el título de código financiero y 40 mil en la lista de raya o asimilados a salarios.

Hace 8 años trabajadores eventuales de 13 delegaciones decidieron organizarse para defender sus garantías laborales; y desde hace tres años cuentan con su acta constitutiva como Sindicato de Trabajadores ‘Valentín Campa’ y sólo esperan su registro oficial. Hugo López, secretario de organización del sindicato, señala que lo más importante es lograr la basificación. 

Su condición de eventuales los deja desamparados ante un despido. “En el 2000 en Iztapalapa se despidió a 800 personas con varios años de antigüedad sin razón justificada. En el 2003 se contrató a personal para atender el programa Imagen Urbana. El contrato se terminó el 30 de septiembre de ese año y fueron despedidos”, señala.

El promedio de antigüedad de los trabajadores eventuales es de 12 años. Quienes tienen más de 20 años comenzaron como voluntarios en el agrupamiento de limpia, pero por su edad quizá nunca alcancen la basificación.

En cuanto a su relación con el SUTGDF, señala que éste ha tendido puentes pero “aún no es el momento de trabajar juntos, sobre todo porque observamos una complicidad entre el sindicato y el gobierno del DF”.

Hugo López señala que en Iztapalapa los delegados del sindicato venden las bases en 15 mil pesos; en Iztacalco cuestan 10 mil, ese es el rango de precios, y en Iztapalapa se detecta mayor corrupción con los puestos de trabajo.

Por eso piden que sea el gobierno central quien otorgue las bases para acabar con sistemas viejos y corruptos. “Esa repartición de bases las hacían los gobiernos priístas para fortalecer sus filas y debería cambiar”, enfatiza. 

Reconoce que es imposible basificar a todos los eventuales. “Trabajadores de todo el país padecen las mismas circunstancias que los de la ciudad, es decir, por lo menos el 20 por ciento del sector laboral es eventual”. Por ello otro de sus frentes de lucha es detener las reformas laborales que están contra las mejoras de los trabajadores.

Además, el gobierno no quiere negociar con el sindicato más bases y temen que en la repartición los principales beneficiarios sean los trabajadores por comisión. “Gente que trabaja desde el 2000 bajo este concepto pero que sólo llegan los días de quincena. El gobierno habla de 22 mil trabajadores por comisión, y una tercera parte de ellos desconocemos su labor y lugar de trabajo”.

Las pocas conquistas laborales que tienen las han ganado en las calles, marchando, “el gobierno no nos ha regalado nada”.

El promedio de sueldo de un trabajador eventual es de 840 pesos quincenales; desde 1999 tienen aguinaldo y hace cinco años tienen, supuestamente, acceso al ISSSTE.

 

Sindicato blanco

 

Ante las constantes acusaciones de ser un sindicato blanco que se aprovecha de canonjías que les otorga el gobierno, el SUTGDF se defiende y señala que su relación con el gobierno ha mejorado y que no están dispuestos a aceptar todo lo que les otorga.

Enrique Hanf Vázquez, líder del SUTGDF, dice que la denuncia más importante que han hecho ante el jefe de gobierno son casos de abuso de autoridad de algunos mandos medios con los trabajadores. “Las cosas se han mejorado”.

Con un ingreso de un millón 300 mil pesos quincenales a través de las cuotas, esta administración sindical deberá pagar una deuda de 12 millones de pesos, acumulada durante una década.

El Sindicato Único y su líder han tenido que responder a los cuestionamientos sobre su vínculo personal con el líder del PRD en el DF Agustín Guerrero y su cercanía al gobierno central. Además se les ha calificado de promover despidos injustificados y prohibir la disidencia en el sindicato. Nada de esto es verdad, dice Hanf Vázquez.

“Esas y otras cosas se han inventado; no tengo ninguna filiación. El diálogo lo mantendremos con cualquier otro partido que este en la jefatura y no tenemos nada de que avergonzarnos, el compromiso con los trabajadores no se vende con ningún partido”. Señala que ningún trabajador recibe línea para apoyar o no al jefe de gobierno en sus distintas movilizaciones. 

Hasta el momento el SUTGDF ha mantenido distancia de otros sindicatos en la ciudad e incluso de la discusión nacional sobre la posible privatización de la seguridad social. Esto, dice su dirigente, porque primero se debe capacitar a la base para que pueda participar de manera consciente.

Enrique Hanf opina que la política laboral en los niveles medios del gobierno es deficiente y con el jefe de gobierno “se ha visto su disposición al diálogo y a una relación de respeto”.

 

“Compló” laboral

“El gobierno del Distrito Federal no está en contra de los sindicatos. La responsabilidad con la sociedad es distinta si estás en el gobierno, en la iniciativa privada o en un sindicato, pero en general la posición del jefe de gobierno ha sido no interferir en la vida sindical y cuando se tenga que hacerlo se agotarán todas las vías institucionales y legales”, dice Benito Mirón, subsecretario del trabajo del gobierno del DF, la actuación oficial ante el sindicalismo.

Sin embargo, la opinión de investigadores y diputados locales es distinta.

Claudia Esqueda Llanes, presidenta de la comisión de Asuntos Laborales en la Asamblea Legislativa del DF, señala que aunque el jefe de gobierno cree que todo es complot en su contra, él organiza complots contra los trabajadores.

Prueba de ello es la petición por escrito que hizo el secretario de gobierno, Alejandro Encinas, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que negara el registro de los sindicatos e incluso pidió que se retire el registro al sindicato de la policía bancaria de la ciudad. “Es preocupante que sea el gobierno local quien apruebe o no el registro de los sindicatos”.

“El gobierno del DF no tiene interés en atender a sus trabajadores. Lo que hay es represión y la prueba más evidente de negarse a respetar la facultad de organización en el caso de los diversos sindicatos”, dice Esqueda Llanes.

La diputada priísta señala que es incongruente que un gobierno que se proclama demócrata, ataque y e incluso bloquee ante las autoridades laborales, el reconocimiento de los sindicatos.



Por ello y ante las constantes quejas de otros sindicatos, la Asamblea presentará una propuesta de política laboral al jefe de gobierno que responda a las condiciones actuales del DF.

Los problemas laborales no son exclusivos del gobierno local. La misma Asamblea Legislativa tiene una lista de trabajadores despedidos de manera injustificada y sin indemnización. “Pero los diputados no han querido atender este asunto aunque se ha pedido al oficial mayor que explique el por qué de estos despidos que comenzaron cuando René Bejarano era presidente de la Comisión de Gobierno”.

Otro asunto grave, dice la diputada, es que ni en el gobierno del DF, ni en la Asamblea, se reconocen los ascensos. Peor aún: a pesar que la Asamblea tuvo un convenio para lograr la basificación y otorgar ascensos, fue desconocido por la actual legislatura gracias a ello hubo despidos y disminución de salario.

 

Un gobierno sin futuro sindical



A la especialista en derecho laboral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María del Carmen Macías, le sorprende la actitud de los políticos que se califican de izquierda pero que no dan espacio a los sindicatos: “un gobierno que no respeta los derechos laborales, no tiene futuro”, advierte.

No es cuestión de política sino de legalidad, dice la abogada, y subraya que si los gobiernos niegan a los trabajadores su derecho a organizarse, México sería el único país en el mundo donde se tuviera esa prohibición. Por eso, lo importante es que se respete a los sindicatos como un actor social que puede aportar ideas a una forma de gobernar.

Lamentablemente, en casos como el de los bomberos de la ciudad y las trabajadoras del Instituto de las Mujeres, la ley no se está cumpliendo sobre todo en lo que tiene que ver con su libre asociación.

“La Suprema Corte de Justicia señaló recientemente que la sindicación única, para el caso de los trabajadores burócratas, es anticonstitucional pues atenta contra la fracción décima del artículo 123 en su apartado B.

“Este argumento es fundamental porque nos está señalando que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado nació con muchas deficiencias pues no se basó en la Constitución, y señala erróneamente que debe haber una sindicalización única e incluso que las condiciones laborales del trabajo deben ser establecidas por el patrón-Estado con opinión del sindicato, esto es una imposición”.

Respecto de la situación de los trabajadores eventuales, la especialista comenta que éstos sólo se contratan para determinados trabajos, “son para cubrir una vacante temporal porque el titular está con licencia. Sin embargo, pueden pasar años trabajando de esa manera y no tienen ningún derecho”.

Las consignas e imposiciones marcan una actitud. “Con el gobierno perredista el movimiento laboral en el DF está estático gracias a la negativa que han obtenido algunos sindicatos para obtener su registro, aún cuando esto va en contra de convenio 187 del OIT y de la misma constitución”. (Claudia Ruiz)