Un archivo de corrupción panista

Hace unos días, la Secretaría de la Función Pública determinó la responsabilidad del ex director de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor, y de cinco ex funcionarios en el Pemexgate. La SFP determinó que el ex funcionario deberá pagar la histórica suma de 2 mil 842 millones 299 mil 492.16 pesos, además de la inhabilitación de 5 a 20 años para ocupar cargos públicos. Sin embargo, éste es apenas uno de los múltiples asuntos de corrupción en Pemex reportados ante Función Pública. 

Pero paradójicamente a lo que sucede con ex funcionarios priistas sujetos a investigación, el secretario Eduardo Romero Ramos mantiene archivadas, con carácter de “reservada”, denuncias y auditorías hechas por los contralores bajo su mando que involucran a funcionarios y políticos panistas en violaciones constitucionales, omisiones y daño patrimonial aún no cuantificado.

Uno de esos casos es un expediente elaborado por el área de Auditoría Interna de la Secretaría de la Función Pública en Pemex Petroquímica, documento que en la parte superior derecha tiene remarcada la palabra “Confidencial”, y que tiene como fecha de clasificación el 2 de octubre de 2003. El tiempo de reserva es indefinido.

Se trata de un fraude contra Pemex Petroquímica orquestado por abogados de la paraestatal en complicidad con el alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcelo Montiel, hoy diputado del Congreso local, y el ex abogado general de Pemex, el panista José César Nava Vázquez, involucrado también en el escandaloso y oscuro convenio laboral firmado por el ex director Raúl Muños Leos y el líder sindical Carlos Romero Deschamps, y protegido por los dos titulares de la Función Pública en la administración foxista: Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos.

Este supuesto fraude y prevaricato se dio en medio del fracasado intento de desincorporación y venta de Pemex Petroquímica (dirigida por Rafael Beverido) y cada una de sus filiales.

En agosto de 1997, a petición del corporativo, la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz elaboró un informe sobre la situación de la paraestatal en el estado para que fiscal y administrativamente se pudiera dividir y transformar cada filial en sociedades anónimas de capital variable (SA de CV).

El informe concluyó que aún como Sociedad Anónima, dichas filiales continuaban siendo empresas del dominio privado de la Federación, por el hecho de que Pemex corporativo era el principal accionista, con el 95 por ciento de las acciones totales; es decir, únicamente el 5 por ciento era de las filiales.

Por tanto, la administración en Veracruz de Patricio Chirinos determinó que ninguna filial de Petroquímica era sujeto de impuesto alguno por traslado de dominio, ya que al momento de constituirse como S.A., lo hacían con el capital del gobierno federal, seguían siendo patrimonio de la nación y por tanto estaban exentas de todo gravamen.

Dicha notificación fue hecha por Miguel Álvarez de Asco, en su carácter de director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, a Mario González Petrikowsky, subdirector de Administración y Finanzas de Petroquímica, a través del oficio número DGI/DATEF/SU8/000066/97, fechado el 14 de agosto de 1997.

El documento detalla que de acuerdo con el artículo 90 constitucional, la desincorporación de bienes de dominio público y su posterior aportación inmobiliaria a las sociedades mercantiles de naturaleza paraestatal, constitucionalmente no pierden su naturaleza de patrimonio nacional.

Por ello se determinó: “Que no son sujetos obligados al pago de dicho gravamen las filiales de Pemex-Petroquímica, Petroquímica Cangrejera, SA de CV, Petroquímica Morelos, SA de CV, Petroquímica Pajaritos SA de CV, Petroquímica Cosoleacaque SA de CV, y Petroquímica Escolín, SA de CV, de conformidad con lo estipulado en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción II, y 46 fracción II inciso a) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal…”.

Así quedaron, legalmente constituidas las empresas de la petroquímica mexicana como sociedades anónimas de capital variable, aunque posteriormente el gobierno federal nunca pudo colocar las acciones, como se tenía planeado, pero en abril de 2002 el hoy diputado estatal, Marcelo Montiel Montiel, entonces alcalde de Coatzacoalcos, hizo pública en reunión de cabildo que demandaría a Pemex los impuestos acumulados desde 1997, por el traslado de dominio que, según sus cálculos, ascendían a 713 millones de pesos. Aunque la idea no había sido del alcalde, sino que respondía a un plan orquestado por los mismos abogados de Pemex.

Luego, sin licitación pública de por medio, y aunque el Ayuntamiento cuenta con su propia área legal y un grupo de abogados a sueldo del erario, Marcelo Montiel contrató los servicios del bufete jurídico privado Asociados y Abogados Internacionales, S.C., cuyo representante legal es Jesús Antonio Macías Yazegey, quien se desempeñaría como tesorero de la campaña del actual gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Asociados y Abogados Internacionales, S.C. tiene su domicilio fiscal en la ciudad de México, en la calle Carlos Pereyra N.82, colonia Viaducto Piedad, y un despacho ubicado en la avenida Mariano Abasolo N.1107, colonia María de la Piedad, en Coatzacoalcos, Veracruz. El bufete jurídico, de acuerdo con registros notariales, había sido constituido apenas un par de meses antes de que el alcalde lo contratara para llevar la demanda contra Pemex. Montiel pagó al despacho honorarios por 44 millones 268 mil 958 pesos por una demanda que finalmente consistió en dos notificaciones, un embargo y un posterior cobro.

En el bufete jurídico del caso se encargó Rogelio Martínez Hernández, un abogado que se desempeñó como Jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque y representante legal de dicha filial, y luego como coordinador del Área contenciosa de la Unidad Jurídica en Pemex Petroquímica.

Para entonces el área jurídica de Pemex designó al abogado Ernesto Ordaz Moreno, abogado adscrito a la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque, quien al momento de la denuncia era apoderado legal de la filial y despachaba, de manera “independiente”, en el bufete privado Orbes, Servicios Legales Internacionales.

Sin embargo, Ordaz Moreno, el abogado que representaba a Petroquímica, en realidad despachaba en la misma dirección que su parte demandante; es decir, en el despacho de Asociados y Abogados Internacionales. Incluso la documentación oficial utilizada por ambos bufetes lo comprueba.

Las gestiones que hizo Ordaz Moreno para “defender” a la paraestatal se basaron en un recurso de revocación que presentó sin firma, por lo que le fue rechazado, y el segundo, ya con firma, fuera de tiempo, que invalidó también el recurso.

Para el 20 de abril de 2002, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos embargaba las instalaciones y cuentas de Petroquímica Morelos y Petroquímica Pajaritos. La primera por 570 millones de pesos en bienes y cuentas bancarias, y la segunda por 72 millones de pesos.

Así quedó paralizada Petroquímica Morelos, la planta más rentable de la petroquímica mexicana, mediante un juicio ilegal de origen, respaldado por el Juez Noveno del Estado de Veracruz, Vicente Mariche Garza, que luego los auditores de la SFP descubrirían que tenía una relación cercana e intereses con el abogado Rogelio Martínez Hernández.

Montiel anunció que iría por más demandas sobre Pemex y que embargaría el resto de la Petroquímica.

Hasta octubre de 2003, fecha en que Eduardo Romero Ramos mandó archivar el caso, los auditores de la SFP no tenían una cifra exacta de a cuanto ascendieron las pérdidas económicas y daños materiales de las semanas en que Petroquímica Morelos y Petroquímica Pajaritos permanecieron embargadas, pero en las notas de observación enviadas a Romero Ramos recalcan que la paralización de las plantas contribuyó a la quiebra técnica que hoy presenta la petroquímica nacional. Los deudores de Pemex congelaron sus pagos y la paraestatal congeló sus procesos de producción, ni pudo vender ni cobrar adeudos pendientes. Luego seguiría la erogación millonaria para saldar una cuenta fantasma.

 

La mano negra del PAN

 

Por aquellos días en que el Ayuntamiento mantenía embargadas las plantas, Montiel hizo públicas declaraciones de que el dinero que Pemex pagara serviría para contribuir a la construcción del famoso túnel subterráneo, proyecto que entonces promovía Emilio Baños Urquijo, director general de la Asociación Mexicana de Infraestructura Consecionada, A.C. y esposo de la senadora del PAN, Cecilia Romero, y suegro del abogado general de Pemex, José César Nava Vázquez.

El 18 de junio de 2002, el abogado general de Pemex dio por perdido el caso antes de que se llevara adelante el juicio y decidió que lo mejor era “negociar el adeudo”.

El documento donde César Nava Vázquez emite su dictamen como titular del área jurídica de Pemex indica:

“Se concluye que es conveniente negociar el pago de impuesto de translación de dominio determinado por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos a Petroquímica Cangrejera”.

Entre sus argumentaciones, Nava Vázquez cita que las filiales de Petroquímica son empresas de participación estatal mayoritaria que forman parte de la Administración Pública Federal, pero no de la industria petrolera, que las empresas filiales no forman parte de la Federación al gozar de una naturaleza jurídica distinta, que “los bienes de las empresas filiales no son propiedad de la Federación”.

Los argumentos del ex abogado de Pemex son violatorios de la Constitución y de la Ley General de Bienes Nacionales, que en su artículo primero indica que el patrimonio nacional se compone tanto de bienes de dominio público de la Federación y de bienes de dominio privado de la Federación.

En su momento ningún funcionario de Pemex impugnó la decisión del abogado general de Pemex, a pesar de que los órganos internos de Control ya tenían los reportes de todas las irregularidades, principalmente de la relación entre el representante de Pemex en el litigio y su contraparte.

Pemex pagó al Ayuntamiento de Coatzacoalcos a través de Asociados y Abogados Internacionales 239 millones 757 mil 046 pesos en efectivo, además de una erogación de más de 2 millones de pesos al interventor de los bienes embargados, otro empleado del mismo despacho.

Este último pago fue gestionado por Asociados y Abogados Internacionales a Guillermo Jiménez Ibarra, director general de Petroquímica Morelos, SA de CV y depositario de los bienes inmuebles embargados a la paraestatal a través del oficio número AAI-COAT-PQM-020/2002, en el que se menciona la exigencia de pago por concepto de honorarios designados a Enrique Fuentes Constantito, depositario interventor de los bienes embargados a Petroquímica Morelos. En el mismo documento se menciona que el pago debe hacerse a través de un depósito bancario en una sucursal de banco Bital en Coatzacoalcos, a nombre de Asociados y Abogados Internacionales SC.

 

Los candados de la SFP

 

Desde el momento mismo en que César Nava manifestó que Pemex no llevaría adelante el litigio, los auditores de la SFP asignados a Petroquímica mostraron su extrañeza, sobre todo cuando tenían conocimiento de los antecedentes del proceso de desincorporación.

Un grupo de auditores, encabezado por Perla Amorene Anaya Díaz, inició una auditoría abierta y presentaron sus primeros reportes al titular del Órgano Interno de Control de Pemex Petroquímica, Felipe Barragán Alvidres, así como a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la SFP. La intención era fincar responsabilidades penales contra los funcionarios involucrados.

En uno de los oficios dirigidos a Barragán Alvidrez, identificado con el número NI-017/03, se recalca el daño patrimonial del entonces abogado general de Pemex al dar continuidad y respaldo al fraude iniciado con los embargos. Se destacan también las violaciones constitucionales y a la Ley General de Bienes Nacionales derivadas de las argumentaciones que utilizó Cesar Nava para “negociar” el pago.

En agosto de 2003 los auditores concluyeron las indagatorias y en octubre de ese año los auditores a cargo informaron a través de un oficio dirigido al secretario de la Función Pública y al contralor interno Rosendo Villareal:

“Hacemos de su conocimiento que actualmente se está elaborando un informe detallado de estos asuntos, y las controversias jurídicas que se han observado en los procesos analizados, mismas que serán sometidas al análisis de un abogado, con el objeto de perfeccionar la opinión que de estos asuntos se emita”.

Esta fue la última notificación del caso que hicieron los auditores, pues antes de que presentaran el informe final fueron despedidos de la SFP y el caso se mandó al archivo para evitar que un bochornoso caso de corrupción que involucra a panistas quedara al descubierto.

Despacho ilegal

 

También en 2003 un grupo de diputados del Congreso de Veracruz envió a la SFP denuncias sobre este mismo caso que involucra principalmente al ex alcalde, hoy diputado Marcelo Montiel, en delitos de daño patrimonial contra el Ayuntamiento de Coatzacoalcos por la contratación de un despacho externo para la denuncia contra Pemex, por incumplir la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Uno de estos legisladores, Pedro Miguel Rosaldo, recalca que dado que el ayuntamiento cuenta con su propio jurídico, eran dichos abogados los que debían llevar el caso.

Además, los honorarios pagados a Abogados y Asociados Internacionales, arriba de 44 millones de pesos, no fueron autorizados por ley y su asignación violaba el Reglamento para el cobro y aplicación de gastos de ejecución y el pago de honorarios por notificación de crédito, que en su tabulador establece que deberá pagarse 15 pesos por cada notificación de crédito fiscal y los honorarios de ejecución por ningún caso podrá ser mayor de 10 mil pesos.

Y en lugar de pagar 10 mil pesos por honorarios y 30 pesos por las dos notificaciones fiscales que en realidad hizo el despacho, se le pagaron 44 millones de pesos.

Sobre el prevaricato en que incurrieron los abogados de Pemex y que llevó a una erogación ilegal de más de 200 millones de pesos, el director de Petroquímica, Rafael Beverido se negó a hacer algún comentario, y lo mismo sucedió con el diputado estatal por Veracruz, Marcelo Montiel Montiel. Igual ocurrió con el dueño del despacho de abogados, Jesús Antonio Macías Yazegey, quien actualmente opera otras denuncias contra Petróleos Mexicanos en la zona de Veracruz y correspondientes al área de Refinación y Pemex Exploración y Producción.

Recientemente la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo que determinó auditar la gestión de Rafael Beverido al frente de Pemex Refinación. Los ex auditores de la SFP demandan que este caso se abra nuevamente y que las auditorías se lleven a término para que se finquen responsabilidades a funcionarios como Rafael Beverido y al panista José César Nava Vázquez, quien hasta hace un par de meses se desempeñó como titular del área jurídica de la Secretaría de Energía, cargo al que llegó recomendado por Felipe Calderón Hinojosa luego de salir de Pemex en medio de los escándalos provocados por Raúl Muños Leos, principalmente por la firma del contrato con el sindicato petrolero y del que Nava Vázquez participó como testigo y asesor.

Pero también esta responsabilidad alcanza a Rosendo Villareal Dávila, hasta el año pasado contralor interno de la SFP y encargado de todos los asuntos reportados contra funcionarios de alto nivel en Petróleos Mexicanos, quien pasó de la SFP a la Dirección Administrativa de Pemex, cargo que ocupa hoy en día como un premio por encubrir todos los asuntos de corrupción en la paraestatal que llegaron a sus manos.

Se buscó también la postura de Eduardo Romero Ramos para conocer los criterios bajo los que consideró este asunto como confidencial y porqué ordenó archivarlos cuando su función era investigar y sancionar las irregularidades, pero también negaron la entrevista.

Así, los ex contralores de la SFP confían en que sea la Auditoría Superior de la Federación la que finalmente quite los candados a los asuntos que Romero Ramos mantiene escondidos para proteger a los panistas.