La mano de Gil Díaz en PGR

El procurador Daniel Cabeza de Vaca designó como Oficial Mayor de la PGR a la principal operadora del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien cambio de puesto a su directora General de Programación y presupuesto “A”, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, acusada por diversos delitos ante la propia Procuraduría y ante la Secretaría de la Función Pública.

Aunque el Senado de la República se ha manifestado sobre las presuntas irregularidades cometidas en la Secretaria de Hacienda por esta funcionaria, no pudo impedir que llegara al puesto clave para administrar los recursos y finanzas de la PGR.

Cecilia Barra sustituye a Germán Gallegos por recomendación directa del secretario Gil Díaz y deja en Hacienda una maraña de supuesta corrupción y malos manejos en el 75 por ciento del presupuesto total de la federación, que durante casi cuatro años manejó sin tener las atribuciones legales.

Además, Gómez Ortigoza tiene en la PGR dos denuncias penales en su contra interpuestas por Lilia Cortés García, también exdirectora Jurídica en Hacienda.

El titular del Órgano Interno de Control de la SFP en la PGR, Marcos Molina, señala que la oficina a su cargo tampoco puso freno a la funcionaria, pues las indagatorias en su contra aún no han concluido y, según dijo, no representa ningún conflicto el que Cecilia Barra trabaje donde tiene abiertas dos averiguaciones previas en su contra.

Es más el funcionario la justifica: “nosotros investigamos responsabilidades administrativas y esas son posibles responsabilidades de orden penal; esa es materia de la Procuraduría y nosotros como función pública tenemos un ámbito totalmente diferente”.

Sin embargo, si la funcionaria ya hubiera sido inhabilitada al comprobarse los delitos en su contra, sería un impedimento para ocupar el cargo que hoy desempeña en la PGR, señala Marcos Molina. Dice que tiene conocimiento de los pronunciamientos que el Senado ha hecho sobre las presuntas irregularidades de Gómez Ortigoza, pero hasta que no se determinen las averiguaciones, podría ser removida del nuevo cargo.

El origen de las denuncias contra Cecilia Barra (Contralínea 35) se remite a julio de 2002, cuando mediante decreto el presidente Vicente Fox reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y derogó las cuatro direcciones generales de Programación y Presupuesto y creó la direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y “B”.

Gil Díaz nombró a su ex colaboradora del Banco de México, Gómez Ortigoza, al frente de uno de los puestos clave en la SCHP, la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”, y a Pablo Reyes Pruneda al frente de la Dirección General de Presupuesto “B”.

Pero ninguna de estas direcciones contaba con normatividad reconocida ni estructura y tampoco los manuales de organizaciones correspondientes. Es decir, eran violatorias a la Constitución y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Así, desde el 1 de agosto de 2002 estos dos funcionarios dispusieron y repartieron el presupuesto de la federación sin las atribuciones jurídicas y normativas, omitieron oficios y dispusieron de los recursos federales a nombre de las cuatro direcciones extintas.

Según consta en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2002, en la cual se convalida que en el informe de Gasto del Ramo 06, correspondiente a la SHCP, en el rubro relacionado con la unidad 414 “Dirección General de Programación y Presupuesto de Servicios”, aparece un gasto ejercido hasta diciembre de 2002 por las cuatro direcciones desaparecidas por el propio presidente cinco meses atrás.

Testigo de estas irregularidades, la entonces directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de SHCP, Lilia Cortés García, denunció ante 47 instancias nacionales en materia administrativa, laboral, jurisdiccional y de derechos humanos, los malos pasos de Cecilia Barra en Hacienda, incluida la Presidencia de la República, donde acusaron recibo.

En agosto de 2002 Cortés García presentó una denuncia penal contra Gómez Ortigoza ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de Justicia de la PGR, por “ejercicio indebido del servicio público, amenazas, usurpación de funciones, desvío de recursos federales, peculado, robo y lo que resulte”.

Inicialmente la denuncia fue integrada en la averiguación previa 3745/DDF/2002, y posteriormente renumerada en con el folio 42/UEIDCSPCAJ/04, cuya copia obra en poder de Contralínea.

Abierta la averiguación previa, a través de diversos oficios internos, el Órgano Interno de Control de la SHCP confirmó el ejercicio de esta funcionaria como directora de presupuesto sin tener atribuciones legales, lo que la convierte en sujeto de responsabilidades de delitos cometidos por servidores públicos, pero las indagatorias que pudieran comprobar su responsabilidad se mantienen empantanadas, al igual que el avance en las indagatorias penales.

Una de las pruebas que inculpan a Gómez Ortigoza es el oficio N. 06/113/397-VI-(LRO)-1110/2003, signado el 19 de junio de 2003 por el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la SCHP, Luis Guillermo Pineda Bernal, en el que le cuestiona si su dirección cuenta, de acuerdo a la ley, con el Manual de Organización que regule la estructura orgánica y funcional.

En respuesta, a través del documento número 315-A-05530, Gómez Ortigoza admite que su dirección es ilegal pues: “Esta Dirección General no cuenta con el Manual de Organización Específico de la Dirección General de Programación y Presupuesto ‘A’, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”.

Dora Alicia Rodríguez López, titular del Área de Responsabilidades y Quejas del OIC de la SHCP, y Aída Amanda Córdoba Chávez, titular del área de auditoría del OIC en Hacienda realizan las auditorias para evaluar el daño patrimonial provocado por Gómez Ortigoza, quien, según los resultados de las auditorias de la SFP, ha violado la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público federal, así como los artículos 126 y 127 constitucionales.

En la Secretaría de la Función Pública hay expedientes abiertos sobre este caso para cuantificar las presuntas irregularidades administrativas de índole presupuestal cometidas por Cecilia Barra y las indagatorias corren a cargo de Orlando García Viesca, Director de Quejas y Denuncias.

Desde 2004, a través de distintos oficios, García Viseca solicitó al OIC de la SHCP se informara, para fines de la investigación, determinar la existencia de irregularidades administrativas de índole presupuestal cometidas por los titulares de las Direcciones Generales de Presupuesto “A” y “B” en el ejercicio de sus funciones, sin tener atribuciones legales.

Y el 10 de marzo de 2004, Dora Alicia Rodríguez López, titular del Área de Responsabilidades y Quejas del OIC de la SHCP, señaló que hasta ese momento los resultados de las auditorias indicaban que “por lo menos” los pagos girados de agosto a diciembre de 2002 al personal asignado a ambas direcciones fue expedido a nombre de las cuatro direcciones extintas.

Lo anterior, dice, “resulta improcedente en virtud de que el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarias, así como el artículo 11 del mismo ordenamiento, señalan que el componente de la clave presupuestaria ‘Unidad Responsable’ establece la Unidad Administrativa perteneciente a la estructura orgánica básica de una dependencia responsable de ejercer la asignación presupuestaria correspondiente”.

 

Historia negra en la PGR

 

Uno de los personajes claves que lograron frenar las indagatorias contra Cecilia Barra fue precisamente el exoficial mayor de la PGR, Germán Gallegos Gutiérrez, mano derecha del depuesto general Rafael Macedo de la Concha.

Las denuncias que hiciera Lilia Cortés también alcanzan a Gallegos Gutiérrez, a quien acusa de mantener empantanadas las indagatorias contra Cecilia Barra a cambio de recursos públicos y por la amistad personal entre ambos personajes.

En casi tres años de que Lilia Cortés presentara la denuncia en la PGR, pocos avances tuvo la investigación, se queja la denunciante, quien presentó una denuncia ante la PGR contra Gómez Ortigoza, integrada en la Averiguación Previa 3745/DDF/2002, y que permaneció dos años empantanada.

El delegado en el DF, Rolando López Villaseñor, argumentó “incompetencia” en el caso y envió el expediente a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de la Justicia, donde quedó registrada con el folio 42/UEIDCSPAJ/04.

En la ampliación a la averiguación previa 42/UEIDCSPAJ/04, Cortés acusa a López Villaseñor, y al entonces Oficial Mayor, Germán Gallegos, de tráfico de influencias, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público por “interferir de manera dolosa en el avance de la indagatoria”.

Paralelamente, en julio pasado, Lilia Cortés presentó una nueva denuncia (AP192/DGDCSPI/04) contra Germán Gallegos y Rolando Villaseñor, así como el agente ministerial Luis Cano Guerrero, por los delitos de “usurpación de funciones, falsedad de declaraciones, ejercicio indebido del servicio público”.

 

Otras denuncias

 

Además, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje hay otra demanda en curso por despido injustificado contra Lilia Cortés, integrada en el expediente 1418/03. El despido, dice Cortés, se dio cuando “me negué a ayudar a la doctora Cecilia en sus ilegalidades sobre el manejo presupuestal”.

El despido se hizo a través del oficio N.400.4.4173 (4 de octubre de 2002) con carácter de “Confidencial y urgente”, que signó Arturo Sosa Viderique, director del área Técnica y Operativa, quien instruyó despedir a Cortés y retenerle el pago nominal de la segunda quincena de octubre de 2002.

Una de las últimas operaciones de la doctora Gómez Ortigoza en Hacienda fue dotar de 30 millones de pesos “libres de medidas y de gastos de inversión” al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se lleva la denuncia laboral en su contra. Dicha designación se hizo de manera ilegal, y sin dar vista a la Cámara de Diputados, a través de una tarjeta interna dirigida a Jesús Villalobos López, director general adjunto de Seguridad Nacional de la SHCP. La notificación se debía hacer, indica el documento, a David Duque López, secretario particular del magistrado presidente, Alfredo Farid Barquet.

En el documento advierte a Jesús Villalobos que de este movimiento no debía informar ni a Francisco Suárez Warden, Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, ni a su particular, Federico Talavera Noriega.

Según el documento, Cecilia Barra haría un arreglo posterior en la Dirección General de Programación, Operación y Presupuesto (DGPOP) de Segob, “con Nacho o con Jorge”. Se refiere a José Ignacio García Olvera, Director General de Programación y Presupuesto de Segob y a Jorge Malagamba, Director de Presupuesto.

De esta manera, la funcionaria legalizaría la operación ilegal.

“No se te olvide ese pedo cabrón”, es la indicación final de la funcionaria.

El pasado 9 de mayo, Lilia Cortés García compareció ante el citado Tribunal frente a quince abogados encabezados por Ana María Hilda Peña Martínez, representante de la Secretaría de Hacienda. En la comparecencia no hubo mayor avance para la indagatoria, que se reanudará a fines de este mes.

A pesar de que las acusaciones contra Cecilia Barra fueron motivo de un Punto de Acuerdo emitido por la Cámara de Senadores, ninguna de las instancias exhortadas por el Senado de la República: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República y la Comisión de Derechos Humanos, han presentado informe alguno en respuesta al exhorto del Senado.