La ineficacia del sistema judicial

El sistema de justicia en México se encuentra estancado. La corrupción de ministros, magistrados, jueces y abogados y la ineficacia de empleados del Ministerio Público han provocado que la población ya no tenga confianza en las instituciones y en los encargados de procurar e impartir justicia en el país.

Según organismos internacionales de derechos humanos, así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México es uno de los pocos países en Latinoamérica que siguen arrastrando un sistema inquisitorio que deja vulnerable a las víctimas ante los abusos del poder.

La ONU indica que en el país la impunidad es de entre el 95 y 98 por ciento, derivado de que entre el 50 y el 70 por ciento de los jueces son corruptos. La población ya no tiene confianza en las autoridades y esto se refleja en que sólo uno de cada cuatro crímenes es reportado y sólo uno de cada 10 delitos termina en arresto. Además –dice un informe de la ONU- las víctimas son tratadas por el Ministerio Público como si fueran delincuentes.

Los problemas en el sistema de justicia mexicano –según especialistas en derecho penal-, provienen desde su origen. Al contar con un sistema inquisitorio y no acusatorio como en los países más avanzados en materia penal, en donde el Estado tiene la carga de la prueba, en México no se cuenta con igualdad de condiciones entre las partes en los procesos penales. Además, los procedimientos administrativos se han vuelto obsoletos y las personas que trabajan en esas instituciones son ineficientes y corruptas.

En marzo de 2004, el presidente Vicente Fox presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar el sistema de justicia y de seguridad pública del país, a fin de mejorar la administración y la impartición de justicia en el país.

La propuesta de reforma se centra en el hecho de profesionalizar a ministros, magistrados, jueces, abogados defensores y policías de todo el país, así como agilizar los procesos penales, buscar juicios más justos, donde la oralidad sea la columna vertebral y mejorar los sistemas penitenciarios y de justicia a menores.

Carlos Ríos, maestro en Sistemas Penales Comparados por la Universidad de Barcelona y titular de la Célula de Procuración de Justicia de la Dirección de Estudios sobre Seguridad Pública, además de consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la Asamblea Legislativa, deja en claro que la iniciativa del presidente tiene elementos innovadores que podrían ayudar a lograr beneficios en materia penal, pero señala que los cambios no se podrían dar en menos de 10 años. Además, sugiere la necesidad de revisar la reforma porque sobreviven algunos elementos antidemocráticos.

“Creo que la reforma cuenta con elementos importantes democratizadores para el sistema de seguridad y de justicia penal, pero sobreviven algunos elementos que son antidemocráticos, como toda la legislación sobre delincuencia organizada que se deja abierta y que incluso se empeora.

“La reforma es muy ambiciosa, pero me parece que su aplicación sería muy complicada, porque en el caso de que se apruebe, los procesos de reforma penal no son nunca simples, y yo estimo que será un proceso de 10 a 15 años en el que podamos decir que ya hay un paradigma en materia penal. Los cambios son muy necesarios porque el sistema sufre de una profunda ilegitimidad y la gente ya no cree en él”, señala Carlos Ríos.

La crítica

A pesar de que la oficina en México de Amnistía Internacional (AI), ha señalado que las propuestas de Vicente Fox en materia penal son un buen avance para el país. En septiembre pasado dio a conocer el “Memorándum al Congreso de la Unión sobre las reformas de la Constitución y del sistema de justicia penal”, en el que hace señalamientos respecto a lo que el Congreso debe vigilar y legislar para contar con un sistema penal eficiente.

En el memorándum se examinan tres asuntos principales: la relación de las normas internacionales de derechos humanos con la Constitución Política, las normas internacionales sobre el debido proceso y los juicios justos en la legislación primaria y secundaria y la seguridad pública con rendición de cuentas.

En el caso de la relación de las normas internacionales de derechos humanos con la Constitución, el memorándum de AI señala que México ha ratificado casi todos los tratados internacionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Sin embargo, sigue habiendo ambigüedad, porque una cosa es la obligación vinculante de cumplir los artículos de los tratados y otra su condición real en el derecho interno”.

Amnistía Internacional señala que “al continuar definiendo los derechos humanos en los términos de la Constitución, sin hacer referencia a los tratados internacionales, la propuesta no supera la ambigüedad existente y no garantiza debidamente el acceso a la protección que brindan los tratados”.

Sobre el imperio de la ley y el debido proceso, AI hace hincapié en el modo en el que el actual marco jurídico del sistema de justicia penal contribuye directamente a que se cometan abusos contra los derechos humanos y se aborde la delincuencia de manera ineficaz.

En la propuesta de reforma del presidente se incluyen numerosas adecuaciones a artículos de la Constitución que regulan las garantías individuales (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 29), así como diversas leyes y códigos nuevos o modificados. AI señala que las propuestas de reforma presentadas por el poder ejecutivo para transformar el sistema procesal “son el paso más importante que se ha dado hasta ahora en los esfuerzos por reformar el sistema de justicia penal”.

En el tema de el derecho a la igualdad ante la ley, AI menciona que aunque el Congreso ha promulgado recientemente importante legislación para combatir la discriminación, “en la práctica el sistema de justicia penal se sigue viendo afectado por ésta, de modo que tanto las víctimas como los acusados están expuestos a sufrir discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, opinión política, origen social, nacimiento u otra condición, incluida la pobreza”.

Sobre el derecho que todo individuo tiene a la libertad y a la seguridad personales y de que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, AI apunta que “los criterios generales de los códigos penales que permiten la detención por delito flagrante sobrepasan el principio legal que hace posible la detención sin orden judicial de personas sorprendidas al cometer un delito o inmediatamente después. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha calificado la legislación existente de amenaza seria a la seguridad de las personas”.

Con el actual sistema inquisitivo, señala el memorando de Amnistía Internacional, la prisión preventiva es la norma, lo que constituye una violación del derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia. Por lo que pide a los legisladores “limitar claramente los criterios por los que los jueces pueden ordenar la prisión preventiva”.

La ausencia de un derecho constitucional explícito a contar con asistencia letrada inmediatamente después de la detención y durante las actuaciones judiciales –se lee en el informe-, es uno de los principales factores que hacen posible los abusos en las investigaciones criminales. “Hay que poner fin al uso de "personas de confianza" en vez de abogados defensores, y la Ley debe establecer claramente que la asistencia letrada incompetente constituye una violación del debido proceso y del derecho a un juicio justo”.

La falta del principio de la presunción de la inocencia en el sistema penal mexicano, constituye una violación grave del debido proceso –dice AI-. “Los excesivos poderes otorgados al Ministerio Público en el actual sistema de procedimiento penal, particularmente en la evaluación de las pruebas y la averiguación previa, violan claramente este principio, haciendo, de hecho, que sea al acusado a quien corresponda demostrar su inocencia”.

Amnistía Internacional señala que los poderes otorgados al Ministerio Público para evaluar las pruebas en la averiguación previa se deben anular. “En la medida de lo posible, sólo han de tener valor probatorio los datos presentados y examinados en audiencia pública ante un juez. Las excepciones a esta regla deben justificarse legalmente”. Cifras gubernamentales indican que más del 90 por ciento de los juicios se resuelven respecto a lo que resuelve el MP.

Respecto a las actuaciones judiciales, para que un juicio sea justo, es esencial la igualdad procesal entre la defensa y la acusación durante las actuaciones. En la actualidad, dicen en el organismo internacional, los datos que la policía judicial y el Ministerio Público recogen en la averiguación previa, que pueden tener valor probatorio en el juicio, limitan la capacidad de la defensa para impugnar las pruebas y hacen que el acusado esté en desventaja procesal”.

Aunque todo juicio justo se fundamenta en el control activo e imparcial de las actuaciones por un juez competente e imparcial en audiencias públicas, Amnistía Internacional señala que “la ausencia a menudo del juez en el juicio y la delegación de autoridad en el secretario del tribunal, en particular en el examen de las pruebas y testigos, menoscaban la integridad del proceso judicial”.

El memorándum apunta que se sigue haciendo uso de la tortura y la coacción para obtener confesiones o declaraciones, particularmente en la declaración preparatoria ante el Ministerio Público, que pueden utilizarse posteriormente como pruebas en los tribunales. “La legislación debe garantizar que sólo las declaraciones hechas libremente ante un juez y en presencia de un abogado defensor son admisibles en los tribunales”.

Además, el documento manifiesta que el Ministerio Público sigue formando parte del poder ejecutivo en los ámbitos federal y estatal, por lo que las investigaciones y enjuiciamientos están sujetos a presiones políticas._”La legislación debe garantizar la autonomía del Ministerio Público con respecto al poder ejecutivo, limitando a la vez sus facultades a las que sean compatibles con su mandato a fin de poner fin a la función cuasi judicial que desempeña en el sistema de justicia penal”.

Sobre el tema de las víctimas de un delito, el memorándum menciona que a estas se les sigue negando habitualmente el resarcimiento y el acceso a la justicia, por lo que “deben establecerse explícitamente en la legislación los derechos de las víctimas en el proceso penal, lo que incluye facilitar el proceso de denuncia del delito”.

En cuanto a la actuación del Poder Judicial, Amnistía Internacional hace una serie de señalamientos entre los que se encuentra reforzar la autonomía e independencia de los Consejos de la Judicatura, incluso con respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de garantizar la capacidad profesional de los jueces y la supervisión de la profesión sin perjudicar la imparcialidad de las decisiones judiciales.

En el ámbito de la justicia militar, Amnistía Internacional señala que la interpretación que hacen los tribunales de la Constitución, favorable a la jurisdicción militar en caso de implicación de militares en violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos, continúa legitimando la impunidad y la negación de justicia. “Las reformas constitucionales deben garantizar expresamente que todas las denuncias de actos de violación de derechos humanos cometidos por personal militar son objeto de investigación y juicio ante tribunales penales civiles”.

La espera

A casi un año de que el presidente presentó la reforma al sistema penal y de justicia, esta todavía se encuentra en discusiones en la Comisión de Justicia en el Senado de la República, en donde se afinan los últimos detalles y se hacen las consultas necesarias ante los organismos y actores involucrados en este tema.

La iniciativa ha sido recibida por la opinión pública con reacciones encontradas. Recientemente el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer sus conclusiones del estudio de la propuesta del Ejecutivo en el que señalaba la inviabilidad de gran parte de los postulados de la reforma. También la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, ha mostrado su desacuerdo, sobre todo en el tema de la presunción de la inocencia y en lo que respecta a eliminar el valor probatorio de la declaración ministerial.

Para algunos especialistas como el magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Jean Claude Tron Petit, la reforma que esta impulsando el ejecutivo es demasiado amplia y más bien se debería centrar en cambios que agilicen los procesos administrativos, en mejorar los sueldos de los empleados del poder judicial y capacitar y profesionalizar al personal con que se cuenta en este momento.

“Yo creo que la reforma jurídica y judicial es muy amplia. En general, yo creo que todo el sistema jurídico y todo el sistema judicial, necesita una arregladita, aunque en algunos sentidos no es necesaria una reforma tan radical. Creo que el sistema actual puede mejorarse, pero lo más importante del actual sistema es mejorar la eficacia de las personas y las instituciones; hay un número importante de juicios que se pierden porque está mal integrada la averiguación previa, porque está mal seguida la averiguación ante los juzgados y ese es un problema crítico y crónico que estamos padeciendo”, advierte el magistrado.

Ante las críticas, Bernardo León Olea, jefe de la unidad de Proyectos para la innovación de la Presidencia de la República, encargado de cabildear la iniciativa en el poder legislativo, señala que las conclusiones a las que han llegado magistrados y senadores son muy favorables para la iniciativa. “Aunque claro, estamos en política, entonces seguramente no pueden decir que todo está muy bien, pero en general una buena parte de lo que estamos pidiendo en el Congreso va por buen camino”.

A pesar de las críticas del Consejo de la Judicatura sobre la inviabilidad de la iniciativa, Bernardo León señala que fue una opinión cautelosa, pues es la postura lógica de un Consejo que tenía que ser cuidadoso para que no se notara parcial, y porque no tuvieron tiempo de procesar y entender la iniciativa a cabalidad. “Al final del día, esa reforma es imparable, si no se aprueba ahora, se va a aprobar después. Pero ningún país democrático puede sostener un sistema judicial tan exageradamente malo como el que tenemos nosotros”, dice tajante Bernardo León.