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En los últimos dos años, la administración de Santiago Creel Miranda en la Secretaría de Gobernación (Segob) erogó dos millones 385 mil pesos a favor de la institución privada Basílica de Guadalupe. De las seis mil 289 asociaciones religiosas registradas ante la Segob, sólo esta fundación perteneciente a la Iglesia Católica ha sido beneficiada con recursos federales a través de dos donativos. En diciembre de 2003, la dependencia encargada de regular la actuación de estas agrupaciones –desde 1992, año en que entró en vigor la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público– otorgó un millón 500 mil pesos para sufragar los gastos de seguridad privada de la celebración del 12 de diciembre. En el 2004 dio 884 mil 774 pesos. Según detalla la Segob en la respuesta a la solicitud de información 2704 hecha a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, el donativo se utilizó “para cubrir los compromisos derivados del Convenio de Contratación de Acciones para Coadyuvar con las Medidas de Seguridad Implantadas para el Conjunto Arquitectónico de la Basílica de Guadalupe”. Al referirse a la laicidad estatal, el artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas dispone que “el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa”. No obstante, el director General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, Álvaro Castro Estrada, califica estas asignaciones económicas como transparentes. “Se hace como una materia de seguridad pública, no se trata de beneficiar a una asociación religiosa con respecto de otras asociaciones religiosas”, asegura. Los dos millones de pesos que la Segob dio a la asociación Basílica de Guadalupe fueron etiquetados bajo la partida presupuestal 7505 del Clasificador del Gasto para la Administración Pública Federal, que se refiere a “donativos a instituciones sin fines de lucro”. Dicho Clasificador indica que se trata de “asignaciones destinadas a instituciones privadas que desarrollen actividades sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, para la continuación de su labor social”. “Incluye las asignaciones en dinero o en especie destinadas a instituciones tales como: escuelas, institutos, universidades, centros de investigación, hospitales, museos, fundaciones, entre otros.”
Justificación oficial Cada 12 de diciembre la Iglesia Católica conmemora el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Cifras oficiales señalan que a la celebración acuden, en promedio, 10 millones de feligreses. Para mantener el orden y garantizar la seguridad pública de los miles de peregrinos, las autoridades de la delegación y de los gobiernos capitalino y federal ejecutan el “Operativo Basílica de Guadalupe”. Pero los gastos de la seguridad privada también son sufragados por el gobierno federal panista, vinculado en varias ocasiones con organizaciones de ultraderecha y con los altos jerarcas de la Iglesia Católica. No obstante los señalamientos, la Segob considera que el donativo está plenamente justificado pues la afluencia de los peregrinos pone en riesgo la integridad de la propia Basílica. “Cuando es un problema de seguridad pública es lógico que la autoridad tenga que intervenir y que la propia asociación religiosa que se considera afectada solicite la intervención del gobierno”, asegura Álvaro Castro Estrada. Agrega que “estábamos previniendo con las autoridades de Seguridad Pública del Distrito Federal, con la Procuraduría capitalina, con la General de la República, y con la delegación Gustavo A. Madero (GAM), la llegada de millones y millones de feligreses”. Los registros de la GAM indican que del 8 al 12 de diciembre de 2004, siete millones de peregrinos visitaron el recinto. El director de Asociaciones Religiosas de la Segob señala que “la finalidad de este programa es simplemente que la gente que vaya a la Basílica no sea motivo de atraco ni de ilícitos. Éste es un convenio de protección a los feligreses o a las personas que se acercan”. El funcionario argumenta que en este caso se protege el derecho de las personas a manifestar su libertad religiosa. “Por disposición de la ley, corresponde al Estado vigilar y garantizar el cumplimiento de la libertad de creencia y de culto a la que tenemos derecho en nuestro país”. Pero Álvaro Castro va más allá. “Es como cuando vino su santidad Juan Pablo Segundo. ¿Cree que no hubiera requerido la asociación religiosa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana apoyo del gobierno federal para una concentración de esa naturaleza? “O cuando vino el Dalai Lama, entonces también se necesitó la protección del Estado Mayor Presidencial para proteger a este personaje que, además de ser un líder religioso es un Premio Nóbel de la Paz. ¿Ahí hay beneficios para el budismo? Claro que no.” Pese a los ejemplos expuestos por el servidor público, en ninguno de los dos casos hubo donaciones con recursos federales para la asociación religiosa que encabezaba el evento. Y hasta ahora, la fundación Basílica de Guadalupe es la única institución beneficiada por el gobierno federal para solventar los gastos de la seguridad privada.
El operativo
Pero para la celebración de la virgen de Guadalupe, considerada como el símbolo religioso con mayor aceptación entre los mexicanos, se cuenta con un programa de seguridad pública que involucra a los tres niveles de gobierno y cuyos gastos son costeados por la delegación Gustavo A. Madero. El Operativo Basílica de Guadalupe se organiza con un mes de anticipación y es coordinado por la GAM. Su duración es de cinco días –del 8 al 12 de diciembre-, y en éste participan seis mil 500 personas, entre personal civil y elementos de seguridad pública de la delegación, del gobierno capitalino y del gobierno federal. En el operativo también participan instituciones privadas como la asociación Basílica de Guadalupe y la Cruz Roja Mexicana. En el 2004, la GAM erogó cuatro millones 500 mil pesos para cubrir los gastos. “Son recursos de la delegación que ya se tienen considerados para este efecto en la dirección de administración”, explica Jorge González Macías, director Jurídico y de Gobierno de la delegación. El funcionario agrega que “este costo involucra no sólo el apoyo logístico, como el servicio de 500 sanitarios móviles, sino que además se cubren los gastos de alimentación de los más de seis mil elementos humanos”. Agrega que con ese presupuesto también se adquirió parte del equipo de protección civil. El operativo interinstitucional coordina a diversas dependencias de la administración federal –Policía Federal Preventiva, Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la Procuraduría Federal del Consumidor–, capitalina –Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría de Justicia, Dirección General de Protección Civil, Bomberos, Secretaría de Transporte y Vialidad, Secretaría de Salud y Secretaría del Medio Ambiente–. Los 150 elementos de la PFP, que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal asigna para la seguridad interna del recinto, controlan el flujo de los peregrinos en los accesos y las salidas del atrio, monitorean el resguardo de algunas áreas restringidas y resguardan el orden. “La PFP es la que tiene a su cargo, permanentemente, la seguridad adentro del atrio de la Basílica”, indica González Macías. Al referirse a la colaboración de la asociación Basílica de Guadalupe, el funcionario explica que ésta participa en lo que se refiere a la vigilancia al interior del atrio. “Esta vigilancia está confiada a la SSP federal desde hace algunos años”. -¿La fundación aporta recursos económicos para cubrir los gastos del operativo? - No, para nada. En lo que respecta al operativo no. - Además de los elementos de la PFP ¿participan elementos de seguridad privada en el operativo al interior del atrio? - Si hay seguridad (privada) pero es la que tiene la propia Basílica como institución para vigilar sus instalaciones. Es una cuestión totalmente independiente de lo que hace la PFP y la delegación. Pero nosotros realmente no tenemos acceso ni tomamos decisiones de lo que corresponde al interior de la Basílica, atrio o templos, es el gobierno federal el que establece esos acuerdos. González Macías puntualiza: “nuestra responsabilidad se ubica de las rejas que circundan a la Basílica de Guadalupe hacia la vía pública. Claro, hay coordinación con los responsables de la seguridad interior porque, entre otras cosas, es una línea prácticamente invisible en donde nosotros dejamos de cuidar el acceso y ya lo toma la propia PFP y las autoridades de la Basílica”. A las seis de la tarde de cada 12 de diciembre, el Operativo Basílica de Guadalupe concluye sus labores. Para la GAM, el objetivo de este programa es establecer los lineamientos de logística y operación para garantizar la estancia, la seguridad y la integridad física de los miles de feligreses. Para este trabajo se solicitó una entrevista con el representante de la asociación religiosa Basílica de Guadalupe, José Eugenio Dueñas, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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