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Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de julio de 2002, el presidente Vicente Fox Quesada reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se deroga las cuatro direcciones generales de Programación y Presupuesto, y se crea la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” y la Dirección General de Presupuesto “B”. Como titular de la dirección “A”, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, nombró a Cecilia Ibarra y Gómez Ortigoza, economista jubilada del Banco de México, y al frente de la Dirección General de Presupuesto “B”, al también economista Pablo Reyes Pruneda; sin embargo, las nuevas direcciones encargadas del manejo del presupuesto federal no contaban con la normatividad, la estructura y los manuales de organización correspondientes a estas nuevas direcciones. Un caos interno se registró a partir de los primeros días de agosto de 2002 al interior de la SHCP, cuando los 570 funcionarios públicos asignados a las desaparecidas direcciones no tenían conocimiento ni de sus atribuciones ni de sus obligaciones dentro de estas nuevas direcciones. Ambas direcciones ejercieron el presupuesto federal sin las atribuciones jurídicas y normativas. Incluso, durante por lo menos cinco meses más, sus titulares emitieron oficios y dispusieron de los recursos federales a nombre de las cuatro direcciones extintas, según consta en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2002, en la cual se convalida que en el informe de Gasto del Ramo 06, correspondiente a la SHCP, en el rubro relacionado con la unidad 414 “Dirección General de Programación y Presupuesto de Servicios”, aparece un gasto ejercido hasta diciembre de 2002 por las cuatro direcciones desaparecidas por el propio presidente cinco meses atrás. Las irregularidades de los titulares de las dos direcciones por ejercer el presupuesto a título de las direcciones ya inexistentes, fueron denunciadas ante 47 autoridades nacionales en materia administrativa, laboral, jurisdiccional y de derechos humanos, por Lilia Cortés García, entonces funcionaria de Hacienda, con 21 años de antigüedad en el servicio público y en ese entonces directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda. Primero en un oficio dirigido a la Presidencia de la República, luego, mediante denuncia penal ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de Justicia de la PGR (A.P. 3745/DDF/2002, que el año pasado dicha averiguación previa fue enumerada, actualmente es la 42/UEIDCSPCAJ/04 radicada en la Mesa 28). En la denuncia, Cortés García acusa a Cecilia Barra y Gómez Ortigoza de ejercicio indebido del servicio público, amenazas, usurpación de funciones, desvío de recursos federales, peculado, robo y lo que resulte. Confirma Contraloría las irregularidades Sobre el delito de ejercicio indebido del servicio público contra Cecilia Ibarra y Gómez Ortigoza, denunciado por Lilia Cortés, la acusación quedó documentada y comprobada mediante oficios turnados entre el Órgano Interno de Control de la SHCP y la Secretaría de la Función Pública, en los que se confirma que Cecilia Ibarra “no tenía las atribuciones legales y normativas para desempeñar sus funciones”. El 19 de junio de 2003, el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la SCHP, Luis Guillermo Pineda Bernal, mediante el oficio N. 06/113/397-VI-(LRO)-1110/2003, solicitó a la titular de la Dirección General de Presupuesto “A”, “se informe si esta Dirección General cuenta con un Manual de Organización Específico que regule la estructura orgánica y funcional”, esto, según las disposiciones de ley. En respuesta, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza confirmó que su área carecía de los requerimientos que marca la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por tanto, la funcionaria no se encontraba en posibilidades de ejercer las facultades que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y mucho menos firmar y autorizar el manejo del presupuesto federal. En el documento 315-A-05530, cuya copia está en poder de Contralínea, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza asienta: “Esta Dirección General no cuenta con el Manual de Organización Específico de la Dirección General de Programación y Presupuesto ‘A’ de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Guía Técnica para la Elaboración, Autorización y Registro de Manuales de Organización Específicos…”. Dentro de las indagatorias de la Secretaría de la Función Pública, el director de Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna de dicha dependencia, Orlando García Biseca, solicitó al OIC de la SHCP se informara, para fines de la investigación, determinar la existencia de irregularidades administrativas de índole presupuestal cometidas por los titulares de las Direcciones Generales de Presupuesto “A” y “B” en el ejercicio de sus funciones, sin tener atribuciones legales. Como respuesta, el 10 de marzo de 2004, Dora Alicia Rodríguez López, titular del Área de Responsabilidades y Quejas del OIC de la SHCP, señaló que hasta ese momento los resultados de las auditorias indicaban que “por lo menos” los pagos girados de agosto a diciembre de 2002 al personal asignado a ambas direcciones, fue expedido a nombre de las cuatro direcciones extintas, “lo cual resulta improcedente en virtud de que el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarias publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2001, así como el artículo 11 del mismo ordenamiento publicado el 3 de septiembre de 2002, señalan que el componente de la clave presupuestaria Unidad Responsable establece la Unidad Administrativa perteneciente a la estructura orgánica básica de una dependencia responsable de ejercer la asignación presupuestaria correspondiente”. La misma auditoría del OIC, indica la funcionaria (oficio 06/113/397-VI-(LRO)-738, fechado el 10 de marzo de 2004), reveló que tanto Cecilia Ibarra y Gómez Ortigoza como Pablo Reyes Pruneda incumplieron el artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público federal, el cual señala que: “El Gasto Público Federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo de programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, debido a que al desaparecer las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto Sectoriales de la Estructura Básica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se justifica su inclusión en el componente Unidad responsable de la Clave Programática del Ramo 06 y por ende el pago de la nómina con cargo a las Unidades Responsables extintas a partir del primero de agosto de 2002”. Estos hechos son también faltas constitucionales, articulo 126, que indica que “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, y artículo 127 constitucional, que señala que los servidores públicos “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empeño, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos de la Federación”. En el mismo oficio, identificado con el número 06/113/397-VI-(LRO)-738, Dora Alicia Rodríguez López recalca que “existen presuntas irregularidades administrativas de índole presupuestal”, y que las indagatorias por parte del OIC de la SHCP continúan. Al respecto, en las oficinas del OIC en la Secretaría de Hacienda explicaron que las auditorías a las direcciones generales de Programación y Presupuesto continúan y que aún no hay fecha para la resolución, por lo que la titular del área, Aída Amanda Córdoba Chávez, no puede dar mayor información.
Testigo sin protección Después de que denunciara las irregularidades al interior de la SHCP, Lilia Cortés, doctora en Derecho y funcionaria en servicio público durante 20 años, fue despedida de Hacienda, en donde laboró dos décadas sin problema alguno, pero ahora fue despedida por el gobierno de Vicente Fox después de denunciar la corrupción y las irregularidades administrativas que acumula Gil Díaz en la Secretaria de Hacienda. Lilia se queja de que a pesar de todas las campañas publicitarias para que se denuncien los hechos de corrupción, el Estado mexicano “no garantiza la protección a quienes denuncian”. En medio de amenazas telefónicas, persecuciones y agresiones físicas, la vida de Lilia dio un giro de 360 grados cuando se negó a violar la Constitución y la normatividad de la Secretaría de Hacienda, y pasó de funcionaria pública de escritorio a denunciante y testigo clave de presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la SHCP, considerada la más importante del país. Con carácter de “Confidencial y Urgente”, por instrucciones de Cecilia Ibarra y Gómez, el director de Técnica Operativa, Arturo Sosa Viderique, solicitó, mediante oficio emitido el 4 de octubre de 2002 (oficio N.400.4.4173), que Rosaura Velarde Rodríguez, directora de Recursos Humanos de la SHCP, despidiera a Lilia Cortés García, y que además se le retuviera el pago de la nómina de la segunda quincena “del mes en curso” (del 15 al 31 de octubre de 2002). Lilia Cortés señala: “el problema se inició cuando me negué a justificar los cambios presupuestales de partidas, como por ejemplo del Ramo 33, que maneja la doctora Cecilia”. Lilia señala que aunque desde agosto de 2002, a través de distintos escritos, notificó al secretario Gil Díaz las irregularidades que luego denunciaría ante la Secretaría de la Función Pública, a la fecha no ha tenido ninguna respuesta por parte del titular de la secretaría, por lo que “no se si realmente tenga conocimiento del asunto”. Lilia Cortés narra las agresiones sufridas como respuesta a su denuncia contra los funcionarios de la SHCP: “el acoso se derivó precisamente de mi negativa a participar y justificar todos los movimientos ilegales que me estaban solicitando. La última vez que me golpearon, con cuatro las agresiones físicas que he recibido, fue hace seis meses cuando salía del Cinemex de Plaza Satélite, me despedí de mi acompañante y abordé un taxi. Veinte minutos después, al llegar a mi casa, tres sujetos me abordaron, me golpearon y me dijeron que dejara en paz a Cecilia”. ¿Reconoces a tus agresores? -Personas de pelo corto, botines y chamarra de piel uno, los otros dos de chamarra de gabardina. Claramente me mencionaron que dejara a Cecilia en paz. Lo tengo muy presente porque de alguna forma siempre se tiene el temor. Evidentemente desde hace más de dos años vivo en una situación de alto riesgo, y todo por denunciar la corrupción que hay en Hacienda. La denuncia, agrega, fue un parte aguas en su vida, cambio de imagen, de hábitos y de lugar de residencia. Un celular que modifica en cualquier momento por las amenazantes llamadas que no cesan. Dice que en la misma Presidencia de la República ha presentado escritos para solicitar protección, “que me amparen en una defensa de mi propia persona por toda la persecución que he sufrido”. La denuncia penal ante la PGR, en la que Lilia Cortés acusa a la actual titular de la Dirección General de Presupuesto “A” de la SHCP, habla de “violación flagrante de las garantías individuales, violación de derechos humanos, hostigamiento, amenazas, violencia moral, intimidación y lo que trascienda”. En la ampliación a la denuncia, en octubre de 2004, acusa a Ronaldo López Villaseñor, delegado de la PGR en el DF, de obstaculizar las indagatorias sobre el caso. Experta del Derecho, Lilia Cortés concluye que dado que las dos direcciones de Presupuesto de la SHCP han funcionado fuera de la ley, sin personalidad normativa, de esencia ello conlleva a la plena nulidad de todas las acciones que han realizado desde el 1 de agosto del 2002. “La doctora Cecilia Gómez no contaba con la legitimidad, legalidad y normatividad para realizar cualquier acto, acción o representación de la Dirección General de Programación y Presupuesto que usurpa, lo que tendría que explicar ante los más de 95 órganos de gobierno, entre gobernadores, secretarios de Estado y titulares de las dependencias con los que ha negociado sus partidas presupuestales”. Ambas direcciones fueron las que diseñaron el Presupuesto de Egresos 2005, que desató una controversia Constitucional. Avanza la investigación en el Senado
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