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  Sección: Sociedad | Publicado en: Enero 2005

UCI, presunciones
Ana Lilia Pérez
En Puebla, su militancia dentro de la Unión Campesina Independiente (U.C.I.), ha valido a 20 indígenas la privación de su libertad en el Centro de Readaptación Social del estado y en Tetela de Ocampo. El dirigente de la UCI, Bartolomé Melchi, denuncia que los delitos atribuidos a sus compañeros se basan en acusaciones de la organización Antorcha Campesina, y porque se les vincula con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

 

En Puebla, su militancia dentro de la Unión Campesina Independiente (U.C.I.), ha valido a 20 indígenas la privación de su libertad en el Centro de Readaptación Social del estado y en Tetela de Ocampo. El dirigente de la UCI, Bartolomé Melchi, denuncia que los delitos atribuidos a sus compañeros se basan en acusaciones de la organización Antorcha Campesina, y porque se les vincula con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Los indígenas presos son: José Santiago Antonio, Francisco Tiburcio Joaquín, Mauro Ángel Soto, Ignacio Cabañas Cañadero, José Ángel Soto, Antonio Santiago Aguilar, Domingo Tiburcio Damián, Sebastián Santiago Antonio, Bartolomé Gregorio Pérez, Rogelio Cristóbal Cañadero, Víctor Santiago Peralta, Rogelio Santiago Vázquez, Domingo Melchi Santiago, Ayance Ramírez Hernández, Francisco Santiago Cabrera, Vicente Vázquez Cabrera, Eduardo Hernández Hernández.

Melchi acusa que cuando sus compañeros fueron detenidos por policías de Puebla, “les pusieron pasamontañas y armas en las manos para sacarles fotografías y presentarlos ante el Juez de Tetela para acusarlos falsamente de ser integrantes de un grupo armado”.

Sobre los indígenas de la UCI pesan sentencias hasta de 20 años de prisión por delitos que van desde el “atraco” hasta el homicidio.

En fichas internas del área de procuración de justicia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, denuncian que fueron obligados a firmar documentos cuyo contenido desconocían, y que firmaron mediante golpes y torturas, porque la mayoría no sabe leer ni escribir. Ninguno ratificó su supuesta declaración ministerial, ni recibió ayuda de su defensor de oficio.

 
   
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