Las cárceles

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) y la Secretaria de Pueblos Indios de Chiapas (SEPI) cuentan sólo con proyectos de  asesoría en los procesos legales y presupuesto para excarcelarlos.

Mientras que el sistema penitenciario contempla en su estructura  especialistas como trabajadoras sociales, médicos y en algunos casos sicólogos ajenos a la cultura indígena a pesar de que en Chiapas más del 30 por ciento de los reclusos pertenecen a algún grupo étnico.

En Villa Crisol o Rochester, el Centro de Readaptación para menores infractores de Chiapas concentra  a jóvenes  de todo el estado en el municipio de Berriozabal, vecino de la capital Tuxtla Gutiérrez a donde son remitidos los niños indígenas involucrados en algún delito, la mayoría de las veces detenidos con grupos de adultos.

 “El caso más fuerte del shock que vive un indígena en el penal, es el de Villa Cristol, son chavitos que están todavía formando su criterio y su personalidad indígena, no hablan español, y de repente se encuentran en Villa Crisol, que tiene una población (de menores) de la frontera, gente con influencia de este asunto de las maras (salvatrucha) que  porque abusan de su indefensión”, relata el abogado Diego Cadenas Gordillo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Un niño tzotzil  de 14 años llegó a San Cristóbal procedente de la comunidad Nuevo Yibeljó,  municipio de Chenalhó, donde dejo a  su familia en agosto pasado, mes en que inició el ciclo escolar de la secundaria a la que había asistido ya durante  20 días cuando fue detenido por la policía en el Mercado Público y remitido a Villa Crisol el 12 de septiembre. 

Ese fin de semana agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), acompañados por elementos del Ejército Mexicano, pretendieron decomisar mercancía “pirata” a vendedores ambulantes provocando un zafarrancho entre indígenas y policías que derivó en  saqueos a tiendas de la zona, la más perjudicada fue una sucursal de la cadena de artículos electrónicos “Elektra”.

“El niño pasaba por ahí, era medio día,  mucha gente corría jalando cosas o escapando de la policía, él iba pasando, se detuvo a mirar en la tienda  “Elektra” y lo agarraron”, cuenta el Secretario de Pueblos Indios Juan Vázquez López dependencia que apoya la inocencia del muchacho quién  ya perdió el año escolar y entiende poco las causas del despojo de su libertad que está viviendo lejos de su familia que no cuenta con recursos suficientes para visitarlo con frecuencia ni  los apoyos necesarios para enfrentar las secuelas que la experiencia le dejara.

Similar situación padecen las mujeres, porque la inmensa mayoría de la población femenina de la cultura indígena no saben hablar español aunque lo entiendan.

En Cerro Hueco, el viejo penal en Tuxtla Gutiérrez, la población vagaba con cierta libertad en su interior y  había la posibilidad de hacer agruparse para mitigar la situación entre individuos afines.

“Se unían los de Chamula, en un rincón  veías a puros de Simojovel, en otro a puros paramilitares”, cuentan los abogados. Pero todos fueron trasladados a las nuevas instalaciones en una moderna cárcel de alta seguridad ubicada en el municipio de Cintalapa, a casi dos horas de Tuxtla Gutiérrez y los reos están sometidos a una disciplina más estricta, mezclados indígenas y mestizos.

Por coincidencia, pueden encontrar en las cárceles algún preso o custodio que hable su lengua, no porque la ley establezca que debe haber al interior una persona encargada de este grupo minoritaria que es una tercera parte de la población total del estado, señala el centro de derechos humanos que preside el obispo Samuel Ruiz García.

Vázquez López, coincide en esta opinión y manifiesta que hasta ahora se deja esa tarea en manos de los defensores de oficio quienes con limitaciones apenas dan apoyo legal.

El abogado Cadenas  recuerda una ocasión en la cárcel distrital de Simojovel, al norte del estado:

“Estaba yo atendiendo otro caso y escuche que llegó el actuario a notificarle  a un muchacho chol que había sido sentenciado a 32 años por el delito de homicidio, el funcionario le leyó todo el documento le dijo que firmara, en fin hizo todo el trámite y se fue. Yo entre y le pregunte: ¿Entendiste? Nos dijo que no y  uno de los presos le empezó a explicar su situación”.

“Es una posición evidentemente injusta para cualquier persona que desconozca las leyes, los campesinos tienen la desventaja de no saber leer, pero los indígenas además de no entender”, lamenta el entrevistado.