 |
||
|
|||||||
Del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chiconaultla sabía muy poco. Cuando entró apenas vio el inmenso llano árido, con unas matas secas y polvo que se levanta los días de febrero. Han pasado tres temporadas de vientos altos, tres tantas de calor, y este es su tercer invierno. Amelia --así dice que se llama-- cuenta que cuando la gruesa puerta de fierro pesado se cerró a su espalda, ya no supo qué hacer. Ella es indígena de la Mixteca de Oaxaca y su historia es como tantas otras: pobre, iletrada, apenas hila algunas palabras en español, arraigo a su tierra natal de donde nunca había salido, hasta que su padre murió. Era la mayor de la casa, quería llegar hasta la ciudad de México para trabajar en lo que fuera. Creyó que la ciudad acabaría con su hambre, pero se equivocó. Amelia entró como empleada doméstica con una mujer que vive en Cuautitlán Izcalli, quien para no pagarle después de un mes de trabajo, la acusó de robo, delito común que enfrenta más de la mitad de las 120 mujeres que viven sus años más productivos en este penal. Amelia está casi muda, no le gusta hablar, sus compañeras apenas le entienden. No sabe a cuántos años la sentenciaron, ni cuántos le faltan. Cuando la detuvieron no supo que decir, y en su declaración no tuvo intérprete, tampoco en el juicio que duró unas semanas. No se le detuvo en flagrancia, tampoco hubo “cuerpo del delito”. La sola acusación fue suficiente para que la consignaran. Un día se vio de dormir en el piso de una casa en la miserable comunidad, al piso de una celda, frío y duro. Sin defensa, y sin nadie que sepa de ella, está en la cárcel donde hace poco encontraron droga en la sopa de fideo, y donde mataron a 15. De leyes no sabe nada, ni tampoco de procuración de justicia. En estos días en que los contralores visitaron la cárcel donde dos directores han sido cesados y encarcelados por tráfico de drogas, las visitas, tanto en el área de hombres como de mujeres, se quejan de maltratos y extorsión. Amelia es uno de los 10 mil indígenas que, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se encuentran actualmente presos en los distintos penales del país, tanto de competencia federal, como estatal y municipal. La cifra no es exacta y varía más de lo que se cree. La razón es que cuando el Ministerio Público consigna a un indígena, no lo considera como tal o el propio indígena no asume que pertenece a alguna etnia. Y es que para figurar en las estadísticas como indígena preso, el detenido tiene que “autoasumirse” como perteneciente a un grupo indígena, con los usos y costumbres propios de la comunidad, dice Elia Avendaño Villafuerte, directora de Procuración de Justicia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y asesora directa de Xochil Gálvez. La cifra de indígenas presos en los 451 penales del país, según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, está muy por debajo de lo que se estima: 6 mil 963 presos, clasificados como tales en el rubro de “población vulnerable interna”, junto a los discapacitados, adultos mayores, enfermos mentales, inimputables y extranjeros. La disparidad de las cifras es sinónimo de la desatención que en los penales recibe la población indígena. De cuando en cuando algún visitador de las comisiones estatales de derechos humanos o de la nacional se presenta para levantar censos y rendir informes. Sufren hacinamiento, hambre, maltrato y, lo más grave, indefensión jurídica. Son frecuentes los casos de indígenas que no saben por qué están presos, reconoce la Procuraduría General de la República, en voz de Mauricio Camacho González, titular de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas. Camacho revela que unos mil 300 indígenas presos incurrieron en delitos del orden federal, principalmente contra la salud en todas sus modalidades; le sigue violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, y delitos ambientales que durante los últimos meses se ha incrementado significativamente.
Flagrancia Camacho González resume en dos las condiciones en las que un indígena comete delitos del orden federal: “pobreza e ignorancia”, y los enlista en tres factores que provocan la incidencia delictiva de este sector de la población. “Los indígenas, por su extrema pobreza, se ven obligados a delinquir para solventar las necesidades básicas de su familia. Es normalmente el hombre el que, conciente de que está cometiendo un delito, accede a ello, pero pensando en el bienestar de su familia. “La segunda causa por la que un indígena comete un delito, es cuando son utilizados por las organizaciones encargadas de tráfico de drogas, para que la transporten en pequeñas cantidades, desconociendo el contenido de lo que transportan. “La tercera razón es el desconocimiento. El indígena desconoce que la conducta que está cometiendo está tipificada como delito federal, y esto es muy común cuando su detención se relaciona con la práctica de usos y costumbres”.
Usos y costumbres Matar no es una práctica de usos y costumbres de ninguna etnia de México, pero el transporte de psicotrópicos para sus prácticas ceremoniales si. Cada año los huicholes se trasladan de sus poblados hasta Real de Catorce, en el desierto de San Luis Potosí, para recolectar peyote y cazar venados, en cumplimiento a sus rituales ceremoniales. Práctica milenaria. No saben que ahora transportar peyote o cazar venados es delito. Mauricio Camacho dice que son frecuentes las detenciones de huicholes cuando, de regreso a sus comunidades, policías municipales, estatales, federales o militares les incautan peyote y los ponen a disposición del Ministerio Público. Otro caso frecuente es el de los indígenas de Oaxaca y Guerrero que cazan iguanas para consumirlas, “es una costumbre para sobrevivir, pero no saben que son animales en peligro de extinción”, reconoce el funcionario de la PGR. De los mil 300 indígenas presos por delitos del orden federal, la mayoría están en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Nayarit. Aunque el funcionario dice que “el problema está en todo el país”. Actualmente hay 8 mil 700 indígenas presos por delitos del fuero común como robo, lesiones, homicidio, daño en propiedad ajena, violación, fraude, abuso de confianza, entre otros, pero lo preocupante son las irregularidades en las que se desarrollan sus procesos. Cuando un indígena es puesto a disposición del Ministerio Público, este debe dar aviso a las unidades especializadas para la atención de asuntos indígenas de la PGR y de las procuradurías estatales. En la práctica no sucede así, pese a que se trata de un acuerdo de ley del Estado mexicano. José Antonio García Castro, fiscal de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR, dice que es frecuente que el Ministerio Público no informe a las unidades creadas ex profeso acerca de la consignación de un indígena, debido a la falta de conciencia y sensibilidad, lo cual “no nos permite tener los avances que quisiéramos”, lamenta. De acuerdo con el Código Penal y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado mexicano, los indígenas tienen derecho a un traductor al momento de rendir su declaración ministerial, sin embargo, no hay traductores ni interpretes de las 62 lenguas que se hablan en territorio nacional. La ausencia de intérprete constituye un hecho ilegal y es considerada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como un foco rojo en la procuración de justicia indígena. Elia Avendaño explica: “si el juez pregunta: ¿habla español? Basta que el indígena diga que sí para que no le busquen siquiera un traductor. Luego, los que si tienen traductor, les traducen pero no entienden los términos jurídicos, ni tampoco de usos y costumbres del indígena; en realidad no hay traductores reconocidos para este trabajo”. Para cubrir este enorme hueco el año pasado el gobierno federal creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, encargado de certificar a los peritos traductores, el cual quedó sólo en el papel. Avendaño lamenta: “estamos en espera que durante el 2005 ya tenga infraestructura”. Los escasos traductores que laboran en una agencia del Ministerio Público, se desempeñan basándose no en el conocimiento sino en “la buena fe”, agrega. El Ministerio Público no entiende la lengua del indiciado, pero lo consigna. Durante el proceso, el juez tampoco entiende, no sólo la lengua, sino cuando se trata de un acto que responde a los usos y costumbres y lo condena, y el indígena entra preso sin saber por qué. Otro foco rojo en materia de procuración de justicia indígena, dice Elia Avendaño, es la distribución de los indígenas en las prisiones. “No se respeta el articulo 18 Constitucional, que dice que los indígenas deben purgar sus sentencias en los lugares más cercanos a su domicilio. Las prisiones están saturadas y no es posible trasladarlos a las cercanía de sus pueblos”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica a los indígenas presos entre la población interna “vulnerable”, término adoptado por el Estado mexicano. En la práctica la vulnerabilidad la da el olvido y la constante violación a sus derechos humanos. En algunos penales, sobre todo en los reclusorios Norte y Oriente de la ciudad de México, así como en las cárceles de Oaxaca, los indígenas pueden permanecer presos por varios años sin conocer siquiera el delito que les imputa. Este hecho es reconocido por José Antonio García Castro, Jefe de Unidad Fiscal de la PGR, quien refiere: “En un penal de Oaxaca le pregunté a un indígena que si tenía conocimiento de en qué tiempo saldría de allí. Me contestó: ‘me dijeron que en 35 años’. Le pregunté cuánto tiempo llevaba, ‘la verdad ya ni sé’, me dijo. Revisé su expediente y me di cuenta de que estaba por homicidio y delitos contra la salud, por el que se había interpuesto un amparo que lo favoreció, y en el de homicidio llevaba tres años y le faltaban únicamente 8 meses para salir”. Eso es desconocimiento, ignorancia y desinformación, concluye el agente del Ministerio Público de la Federación.
Procuración de justicia Para que en México exista una real procuración de justicia, hace falta integrar una estructura de personal con conocimiento no solo jurídico, sino que conozca la lengua, cultura, así como los usos y costumbres indígenas, dice el doctor en Sociología del Derecho, Jorge Alberto González Galván. Dicha estructura, aclara, debe comenzar desde las aulas, donde se prepara a los futuros abogados, en los que se les enseñe Derecho Indígena como una especialidad. Luego, dice, instalar juzgados especializados en materia indígena –como hay para lo Penal, Laboral, Mercantil-, así como juzgados con una estructura creada ex profeso, señala. “Sólo de esta manera estaremos hablando de procuración y aplicación real de la justicia para los indígenas”. Hablar de derechos indígenas como especialidad, refiere, para los conservadores dirían que es un retroceso, pero en nuestro país, con una población indígena tan amplia, es una necesidad. De lo contrario, es como si nosotros, los mestizos, le pidiéramos a los gringos que vengan a resolver nuestros asuntos”. La Procuraduría General de Justicia de Chiapas, estado que ocupa el segundo lugar en indígenas presos, revela que durante el 2004 las comunidades indígenas de tzeltales y tzotziles de la Zona Altos y Pantelho, incurrieron en delitos contra la salud, en la modalidad de sembrar amapola y marihuana. Una ficha interna de la PGJE de Chiapas indica que en las comunidades Yok Ventana y Yuxchem, del municipio de Aldama, en la zona de Pantelho, durante el mes de junio se descubrieron plantíos de mariguana; mientras que en Chanal se detectaron, durante los meses de febrero y marzo, plantíos de amapola. Se trata de comunidades con alta marginación y en extrema pobreza. El caso de Chanal, incluso, es uno de los cinco municipios considerados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre los más pobres a nivel nacional. Mauricio Camacho González, de la PGR, dice que los indígenas han debido incurrir en delitos contra la salud por la extrema pobreza en la que viven o como chivos expiatorios de los carteles organizados de la droga. Sin embargo, el jurista Jorge Alberto González acusa que los indígenas presos por delitos contra la salud, más que victimas de los narcotraficantes lo son de los órganos de procuración de justicia. “Son chivos expiatorios para justificar el combate al narcotráfico, para subir las estadísticas de combate al narcotráfico, detienen a indígenas en la sierra que no conocen de leyes y no saben cómo defenderse, los integran a un proceso irregular, los hacinan en Ceresos y su nombre engrosa la lista de delincuentes detenidos por las autoridades”. La sobrecarga de trabajo en los juzgados obstaculiza la prontitud y eficacia en la procuración de justicia para indígenas o mestizos, y se caracteriza por su lentitud e inoperancia. Los propios funcionarios de los órganos oficiales así lo reconocen. Mauricio Camacho afirma que mientras el sistema de procuración de justicia mexicano se basa en procedimientos “lentos”, que hacen que un indígena una vez consignado permanezca preso más de un año, en las comunidades indígenas “el sistema de procuración de justicia es pronta y expedita”. Por ejemplo, si un indígena priva de la vida a otro, el castigo es que se haga cargo de la manutención de la familia hasta que ellos tengan los medios propios para subsistir”.
|
|||||||
|
| 
