Hartazgo indígena

El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), se ha convertido en un organismo de control político de las comunidades más que un instrumento para la solución de los problemas que los aquejan, afirma el diputado local, Felipe Valdez Portocarrero, del Partido Convergencia.

Manifesta que con su creación se buscaba mejorar las condiciones de vida de estos pueblos, sin embargo, la burocracia y el abuso que los gobiernos, han convertido al organismo en una forma más de control político, poniendo arbitrariamente al frente a quienes puedan llevar acciones políticas a favor del partido en el poder.

Valdez Portocarrero indica que urge atender el problema que enfrentan estos pueblos con propuestas de solución reales y de fondo; que la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, cree escuelas abiertas a todos los ciudadanos de los pueblos originarios mazahua, otomí, matlazinca, tlauica y nahuatl, para que se preserven su cultura y sus lenguas.

“Los pueblos indígenas ya no queremos ser tratados como niños, ni queremos que se tomen decisiones sin consultarnos, y mucho menos que se nos vea como una bolsa de votos, indica Ernestina Ortiz Peña, representante de la Alianza de los Pueblos Indígenas, quien añade que la mayoría de los planteamientos de los políticos estatales y municipales no han estado acordes a lo que demandan las comunidades étnicas del Estado de México”, estipula.

Considera que la Ley de Derechos y Cultura Indígena es deficiente, porque los indígenas siendo sujetos de derecho, sólo son entidades de derecho; y en los bandos municipales no se toma en cuenta su cosmovisión, ni sus usos y costumbres; y los planes de desarrollo son ajenos a su identidad.

Estima que muchos de los grupos indígenas están hartos de ser utilizados por las instituciones a cambio de pollitos, borregos, despensas de los programas paternalistas, carentes de imaginación y de conocimiento de lo que realmente son los pueblos originarios de México.

 

Más allá del EZLN

José Antonio Díaz Sánchez, del naciente Partido Humanista del Estado de México, indica que es necesario hacer ver que la irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) permitió a los gobiernos, partidos políticos e historiadores, así como a la sociedad en general, palpar la existencia de los pueblos indígenas descontentos con la realidad nacional.

“Estamos a tiempo de cerrar las grietas que provoca la marginación, la violación de los derechos comunales, individuales y políticos, que día a día se vuelve más agresiva, las desigualdades excesivas y cada día es más lejana la satisfacción de nuestras legítimas aspiraciones”, puntualiza.

Comenta que, desde hace 12 años, Nicaragua reconoció territorios autónomos indígenas a los pueblos de la Costa Atlántica; así como las constituciones de Colombia, Brasil, Ecuador y Paraguay, reconocen los derechos indígenas y el respeto a sus territorios. En Canadá la ley reconoce de extensiones importantes para los indígenas y eso no ha provocado ningún quebranto, mientras que en México no se ha avanzado nada.

Dice que es urgente solucionar los problemas de los pueblos indígenas antes de que ocurra otra irrupción armada, por el hartazgo de este sector ante la falta de respuestas a sus problemas cotidianos.

 

Indígenas y elecciones

La Conformación de Pueblos Mazahuas (CPM) envió una iniciativa de Ley al Congreso de la Unión en contra de la reelección de presidentes municipales, dadas las malas experiencias que se han vivido en distintos municipios del norte de la entidad, como San Felipe del Progreso, donde pese a la grave pobreza, los alcaldes se han asignado millonarios sueldos y han mantenido oídos sordos a las demandas indígenas.

Candido Luciano Bautista, presidente de la CPM, denuncia que en tiempos electorales en muchos municipios marginados del país, se emplea la ‘compra del voto’, la presión para que las personas voten a favor de algún candidato, y a los indígenas sólo se les otorga el carácter de “bolsas de votos”.

Los pendientes

Los problemas de los grupos indígenas ha sido una asignatura pendiente de todos los gobiernos; las soluciones pospuestas sólo acrecientan los problemas de las comunidades, por lo que el próximo gobierno del Estado de México ya no podrá seguir dándole largas y deberá solucionarlo a fondo, advierte Juvenal Alejandro Núñez Mercado, del Partido del Trabajo (PT)

Dice que tristemente la revolución mexicana no les hizo justicia a los pueblos indígenas, pese a su activa participación en el movimiento revolucionario, por lo que a casi un siglo de distancia, aún no hay los frutos esperados y son necesarias reformas legales en tres asuntos cardinales: la autonomía, la autodeterminación y los sistemas normativos indígenas.

Puntualiza que la autonomía que se pide no es independencia soberana ni separatismo, sino reconocimiento constitucional de lo que desde hace siglos existe y que ahora reclama su inclusión de pleno derecho en el proyecto nacional y su marco legal.

 

Nuevas instituciones

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Poder Legislativo, Aurelio Rojo Ramírez, considera que las cosas están mal, ya que la CEDIPIEM no está acorde a las necesidades actuales y debe cambiarse por un organismo autónomo, iniciativa que ya fue presentada.

El CEDIPIEM ya dio lo que tenía que dar en estos 10 años que lleva operando desde su creación, por lo cual obliga a su transformación, ya que es un organismo que depende de una secretaría sin presupuesto propio, y los recursos con que cuenta sólo cubren el aparato burocrático.

Su presupuesto, afirma, es de tan sólo 13 millones de pesos, gasto menor al de otras áreas que incluso tendrían menor impacto en las problemáticas indígenas, como son la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Instituto de Vivienda, la CRESEM, entre otras.

“No sólo se trata de organismos y presupuestos, sino de justicia, porque aunque no llegan directamente a la Cámara de Diputados a interponer quejas, se sabe de casos de indígenas juzgados sin la presencia de un intérprete y sin asesoría legal. En muchos casos, desconocen de qué se les acusa, y son detenidos y condenados sin mayor explicación”, anota.

Igualmente, dice, existe discriminación y marginación cuando un indígena se presenta a denunciar ante las autoridades un delito, y no hay nadie que reciba la denuncia en su idioma. Incluso, cuando llegan a denunciar, sus casos se archivan o son tratados con tortuguismo.

Rojo Ramírez sostiene que es en estos casos donde se requiere de la intervención de un organismo autónomo que atienda, procure y de seguimiento a estos casos; sobre todo para dotar de un intérprete, o de un defensor de oficio bilingüe que coadyuve con la justicia.

“Es necesario integrar a la Dirección General de la Defensoría de Oficio a personal bilingüe que domine el otomí, el mazahua, el tlauica y otras lenguas de las etnias que subsisten en territorio mexiquense, porque actualmente son menos de 10 los litigantes oficiales con estas características”, dice.

 

La justicia descansa

Por si fuera poco, los servicios públicos están lejos de las comunidades indígenas, dado que muchos pueblos están asentados en lugares accesibles sólo a pie o a caballo.

“En el campo nuestra gente se muere por un piquete de alacrán, una bronquitis, por males salvables si se tiene acceso inmediato a la atención médica”, apunta Aurelio Rojo. Por ejemplo, en el sur de la entidad, hay clínicas que para llegar a ellas se tarda de una o dos horas y en ellas hay sólo pasantes, que llegan los lunes y se van los viernes temprano.

Así, los pueblos indígenas y las comunidades rurales pasan cuatro días sin servicio médico, sin suficientes medicamentos, ni equipo quirúrgico, ni quirófanos, por lo que deben trasladarse a otros lugares.

Rojo Ramírez agrega que con los ministerios públicos pasa lo mismo. En las agencias del MP, el personal llega los lunes, se regresa los viernes, no hay servicio los sábados y domingos, y si hay problemas la gente tiene que buscar la manera de denunciar.

Por ejemplo, si están en San Pedro Limón, donde hay un centro de justicia y está cerrado en sábado, los ciudadanos tienen que trasladarse hasta Tejupilco, a hora y media de distancia.

 

Derechos violados

Para Víctor Daniel Jardón Serrano, subdirector de Capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), el mayor número de quejas recibidas por los grupos indígenas son por maltrato, discriminación y abuso de autoridades encargadas de proteger sus derechos básicos.

“Cada año la Procuraduría de Justicia ocupaba el primer lugar de quejas en su contra, pero en el 2004 fue desplazada por las policías municipales mexiquenses, por detenciones arbitrarias, golpes o lesiones sin justificación, e incluso muertes en galeras, cuyas víctimas han sido gente humilde, campesinos e indígenas”, subraya.

Comenta que de acuerdo al último censo del INEGI, en el país hay 10 millones de indígenas, y en el Estado de México se asienta por lo menos un 10 por ciento de ellos, es decir, poco más de un millón de personas: De ellos, casi un 70% se ubica en la región norte y sur, distribuidos en 5 grupos: matlazinca, mazahua, otomí, tlauica y náhuatl.

 

Indígenas contra indígenas

Victor Daniel Jardón detalla que los grupos étnicos no sólo han estado sujetos a injusticias por parte de autoridades municipales y estatales, sino hasta por sus propios conciudadanos indígenas que ocupan la jefatura de las comunidades, además de que dentro de las etnias hay marginación.

Abunda que de acuerdo la legislación en materia de Derechos Indígenas, que combinan la autonomía indígena con el concepto de los usos y costumbres, se le han dado facultades a los jefes comunales o “autoridades tradicionales” para impartir justicia en delitos menores o faltas administrativas, conflictos por la tenencia de la tierra y asuntos cívico-familiares.

Lamentablemente, dice, se cae en esquemas en los que las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas imponen sanciones extralegales, como retenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad, por cuestiones mínimas como un adeudo.

“Si ya de por si ser indígena causa una discriminación, ser discriminado en mi propio pueblo, es una doble marginación y agravio a los derechos como ciudadano”, remarca el funcionario de la defensoría mexiquense.