Rebasa el lavado de dinero a PGR, CNBV y SHCP

La preocupación por el aumento en los índices de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero prenden los focos rojos en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instituciones que al verse rebasadas convocan a dos o tres reuniones semanales para, por lo menos, analizar la situación.

Agustín González Guerrero, recién nombrado titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR, señala que “aunque este delito es muy genérico, destacan principalmente las operaciones que hacen un mecanismo de todo el sistema financiero”.

Y es que tan sólo en el primer trimestre de 2005 se ejecutaron un millón 103 mil 917 operaciones financieras susceptibles de constituir el delito de lavado de dinero, revela un informe entregado por la SHCP a Contralínea –luego de un complejo proceso jurídico entablado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)–.

De esta cifra, un millón 94 mil 398 corresponden a las llamadas operaciones relevantes –movimientos superiores a 10 mil dólares americanos–, 9 mil 514 son operaciones inusuales –conducta financiera que no concuerda con los antecedentes o actividad declarada por el cliente o con su patrón habitual– y cinco son operaciones preocupantes –que presuponen la complicidad de los directivos, funcionarios o empleados de las instituciones–.

Además, la cantidad registrada en el primer semestre de 2005 equivale al 35 por ciento del total correspondiente al 2004, que ascendió a 3 millones 137 mil 961 de operaciones con estas características de susceptibilidad.

González Guerrero advierte que, a pesar de la alerta generada en la PGR, esta dependencia “no tiene facultades para vigilar al sistema financiero. De ahí la importancia de la colaboración (interinstitucional), pues es la SHCP y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las que dan la vigilancia”.

El nuevo fiscal antilavado indica que “ya se tienen reuniones de dos a tres veces por semana (con las autoridades hacendarias) para analizar las operaciones inusuales que se registran en el sistema financiero. En el intercambio de información, la UIF es la que advierte situaciones anómalas o movimientos inusuales y se hace un aviso, denuncia, acta circunstanciada o averiguación previa de conductas que se advierten como probablemente irregulares”.

En dos años y medio, de enero de 2003 a julio de 2005, la PGR sólo ha podido determinar 129 averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sobre ello, el fiscal González Guerrero explica que de estas 129 averiguaciones, 43 fueron consignadas ante las autoridades judiciales, 25 se mandaron a reserva, 44 están acumuladas, en cinco se decretó el no ejercicio de la acción penal y en 12 se emitieron acuerdos de incompetencia y se transfirieron a otras áreas de la propia PGR para continuar las investigaciones.

El fiscal señala que del total de averiguaciones, 66 corresponden al primer semestre de 2005, 48 a 2004 y 15 a 2003. Y, de acuerdo con el reporte de la SHCP obtenido a través del IFAI, en este mismo periodo la UIF presentó 123 denuncias ante la PGR por supuestas operaciones de lavado de dinero. Además, en 2004 consignó 304 reportes de inteligencia preactivos, y de enero a marzo de este año 65.

Vulnerabilidad del sistema financiero

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en México se blanquean más de 25 mil millones de dólares al año, por lo que este país ocupa ya el lugar 14 a nivel mundial en materia de lavado de dinero.

Autoridades y especialistas en el tema reconocen que el principal mecanismo para blanquear capitales es el sistema financiero mexicano. La vulnerabilidad de éste, advierten, radica en la laxa supervisión sobre la aplicación de los controles de prevención y escasa punición por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En entrevista, el titular de la Unidad contra el blanqueo de capitales de la PGR explica que “para que se constituya este delito, después de obtener un ingreso cuyo origen sea ilícito, se debe pretender actualizarlo, ocultarlo. Este ocultamiento (del origen del dinero ilícito) es, en la mayoría de los casos, a través del sistema financiero”.

Benjamín Vidargas, vicepresidente jurídico de la CNBV, reconoce que “el sistema financiero no es invulnerable. La delincuencia siempre busca nuevas maneras para tratar de blanquear el capital, pero a través de la cooperación que tenemos con la PGR, con la UIF y con las entidades financieras trabajamos para prever los mejores mecanismos para blindar a los intermediarios financieros”.

El funcionario admite que la dependencia tiene un rezago en materia de vigilancia y sanciones en contra de las instituciones financieras que incumplen con las normas de prevención. “Hace cuatro años, cuando llegamos a la Comisión, ni se pensaba en sancionar a un intermediario financiero por no cumplir (con las leyes), además de que no había parámetros”.

Y agrega: “apenas estamos instrumentando (las sanciones), porque es hasta 2004 cuando se reforman las leyes financieras –la Ley Bancaria, la del Mercado de Valores, la de Sociedades de Inversión– y en este mismo año se emitieron las nuevas disposiciones de carácter general por parte de la SHCP”.

Vidargas señala que de los mil 100 sujetos obligados se tienen emplazados a 245 intermediarios financieros. “Los tenemos notificados, esto es que les estamos diciendo cuáles son las observaciones que tiene la Comisión para que las corrijan y si no las corrigen los sancionamos”.

De enero de 2004 a julio de 2005, la CNBV impuso sanciones a 45 instituciones financieras por 4 millones de pesos. La cifra revela que de tratarse de montos igualitarios, cada entidad habría pagado poco menos de 90 mil pesos por la arbitrariedad detectada por la Comisión Nacional Bancaria.

Vidargas especifica que el incumplimiento se registra en los siguientes rubros: la falta de entrega del reporte de operaciones relevantes, pues los intermediarios no reportan la totalidad, la falta de integración de los expedientes de los clientes, además de la omisión de la expedición de constancias que acrediten la capacitación del personal en materia de prevención de lavado de dinero y de la nula difusión de las disposiciones de lavado de dinero.

El funcionario admite que la CNBV no ha conocido un solo caso donde se haya fincado responsabilidad a funcionarios y empleados de los intermediarios financieros por su probable responsabilidad en operaciones de lavado de dinero. “Ninguno que yo tenga conocimiento. Porque yo soy el preventivo, yo no sé qué es lo que hace la UIF o la PGR, yo como CNBV no tengo conocimiento, pero no puedo asegurar que no haya”.

De acuerdo con el reporte de la UIF, entre el 2002 y el primer trimestre de 2005 la SHCP detectó 223 operaciones preocupantes, es decir que de éstas se pudieron derivar responsabilidades en contra de funcionarios o empleados de los intermediarios financieros por su posible complicidad.

Vigilancia laxa de la CNBV

Para Ricardo Gluyas, investigador del Instituto Nacional de Ciencia Penales y experto en lavado de dinero, “la CNBV ha guardado una posición demasiado permisiva en el incumplimiento de la normatividad preventiva contra el lavado de dinero, por lo que sería pertinente que esta normatividad fuera objeto de una verificación más seria por parte de la Comisión”.

El académico añade: “falta voluntad política para aplicar los instrumentos jurídicos que establece la ley. Hay tolerancia, hay una permisibilidad inaceptable por parte de la Comisión Nacional Bancaria, por eso se debe mejorar la verificación del cumplimiento de las medidas preventivas contra el lavado de dinero”.

Al respecto, el vicepresidente de la CNBV señala que la dependencia ya está trabajando en un nuevo esquema de sanciones. “La nueva metodología nos va a arrojar aproximadamente unas 150 conductas sancionables y también estamos trabajando en un catálogo nuevo de sanciones para esas conductas”.

El funcionario dice que “de lo que hacía la Comisión, que sólo era revisar el manual de los intermediarios, a lo que estamos haciendo hoy pues hay una gran diferencia. Y estamos diseñando una nueva supervisión a cargo de la Vicepresidencia Jurídica más a fondo: que mi personal vaya a la entidad y verifique cómo están detectando las conductas, ahora nos vamos a meter a los procesos para saber qué lleva a un banco o intermediario financiero a determinar si una operación es relevante o no”.

Legislación ambigua

Para el maestro Juan García Garnica, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, “hay lagunas, hay omisiones por parte de la legislación mexicana, hay operaciones que quedan al margen o no están controladas por la CNBV, como las operaciones bursátiles y operaciones con riesgo, que se trata de capitales golondrinos y no hay todo el control gubernamental por parte del Estado para controlar esas operaciones”.

El especialista en lavado de dinero y catedrático de la UNAM señala que, “a pesar de toda la legislación vigente en materia de prevención y combate a este ilícito, es muy difícil saber hasta qué grado se instrumentan las reglamentaciones al interior de los bancos pues, no obstante que en teoría debe haber una supervisión por parte de la CNBV hacia estas instituciones bancarias, su reglamentación es responsabilidad de estas mismas”.

García Garnica señala que “al amparo de los secretos, sobre todo del bancario, se permiten excesos. Muchos acuden a este beneficio para evitar que se vigilen sus movimientos bancarios. Cuando ocurre un caso de lavado se presenta otra problemática: la apertura de una cuenta de cheques se puede hacer con documentación falsa, además de la complicidad de los empleados”.

El académico explica que, “aunque las normas establecen la verificación de datos, en muchos casos no se hace y esto permite a los delincuentes tener el acceso al sistema bancario: abrir cuentas, hacer transferencias, girar cheques y desaparecer de un momento a otro. Es difícil dar seguimiento a todas las personas que hacen transacciones con cheques. Los informes tardan meses y meses en llegar a la PGR, de tal forma que el delincuente tiene tiempo para moverse. En ese sentido la supervisión es muy raquítica”.

El fiscal antilavado, Agustín González Guerrero, observa que “hay demasiado formalismo procesal que implica retardo en nuestras acciones. La ley dota de muchas solicitudes al ministerio público, pero en ocasiones no son tan puntuales o rápidas como quisiéramos, en ocasiones el ministerio público requiere de más elementos y autorizaciones que solamente puede conseguir a través del sistema judicial, o solamente puede entrar al conocimiento de los estados financieros a través de otras dependencias, este tipo de situaciones, que tienen su esencia en una distribución de poderes, podría tener modificaciones. Si hay mecanismos muy buenos pero pueden estar mejor. Señalar que está bien es muy subjetivo”.

El funcionario advierte que, “aunque cada semana determinamos averiguaciones previas, el delito de operaciones (con recursos de procedencia ilícita) es uno de los más complejos tratándose de delincuencia organizada, porque involucra no sólo al sistema financiero, sino a las entidades públicas financieras”.

El fiscal detalla que “hay que acreditar el origen ilícito de los recursos, averiguar qué operaciones se realizaron con ese producto ilícito y después qué pasó con esos recursos ilícitos: si hubo operaciones de transferencias, traspasos, cambio de divisas, dónde los están ocultando o cómo pretenden ocultarlo. Si es cometido por delincuencia organizada hay que acreditar que en el hecho delictivo participaron más de tres personas que, en forma permanente o reiterada, pretendían realizar la comisión de ese delito”.

Publicado: Diciembre 2a quincena de 2005