Recursos del Fonden beneficiarían a los Bribiesca

Celaya, Guanajuato. Durante las últimas semanas José Rivera se muestra escurridizo, no quiere hablar con la prensa, y si de pronto aparece algún periodista frente a su despacho opta por salir por la puerta trasera del edificio, frente al parque central, sede de la alcaldía.

Con una corta trayectoria política, el alcalde se colocó ante los reflectores por su relación con Manuel Bribiesca y por las facilidades que ha dado a la empresa Construcciones Prácticas para desarrollar numerosos proyectos inmobiliarios por toda la ciudad.

Los ejidatarios de Celaya lo acusan de querer expropiar ilegalmente sus tierras, para impulsar un proyecto de urbanización en la ribera del río Laja que beneficiará a Manuel Bribiesca y a su esposa Mónica Jurado.

Pepe –como le conocen– se desespera, ya no sabe qué hacer para librar los obstáculos que impiden el avance de su magna obra, la más importante de su trienio; es más, la más ambiciosa del sexenio, apoyada por el propio Vicente Fox, quien dispuso de 460 millones de pesos de recursos federales para dotar a la tierra de su esposa, Marta Sahagún, de un megamalecón en las márgenes del río Laja, en donde se podrá remar en estanques artificiales, y las señoras podrán pescar y hacer sus compras en grandes almacenes.

Mega sorpresa

Esta historia de intereses ocultos se  inició en septiembre de 2003 cuando el gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero,  solicitó a la Secretaría de Gobernación declarar a Celaya zona de desastre y le otorgara recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para reforzar el río Laja y evitar desbordamientos.

El Fonden apoyó y a mediados de 2004 José Rivera incluyó entre los contratos de obra pública de ese año uno para el “Anteproyecto de reforzamiento del río Laja” por 103 mil 500 pesos mediante adjudicación directa a la empresa Grupo Demist (Desarrollador Mexicano de Infraestructura Sustentable S.A) ubicada en León. Después envió recursos por un millón 71 mil 136 pesos a la misma empresa por el “Proyecto de reforzamiento del río Laja”.

Pero el simple reforzamiento del cauce del Laja dio un giro de 360 grados. Para febrero de 2005, durante al inaugurar una procesadora de lácteos en Irapuato, el presidente Fox anunció que habría una “mega sorpresa” para Celaya y que canalizaría 460 millones de pesos. Habló de la dotación de recursos federales del Plan Emergente del Gobierno del Estado de Guanajuato para la obra denominada Proyecto Malecón.

Los asistentes a ese encuentro recuerdan que nunca se supo exactamente cuál era la “mega sorpresa” anunciada por Fox. El mensaje era poco claro, pero fue sellado con un beso entre la pareja presidencial.

“Yo estoy más que feliz, imagínate si no; haber logrado estos apoyos extraordinarios para Celaya, ver a la sociedad contenta y participativa. Todo esto va a ayudar a detonar más a Celaya y a la región”, declaraba Marta Sahagún al periódico A.M.

Zona VIP

Cuatro meses después el alcalde difundió entre los empresarios locales que el reforzamiento del Laja incluía la construcción de un parque lineal de seis kilómetros, que  uniría el puente Tresguerras con Celanese (terrenos donados por la empresa del mismo nombre al ayuntamiento). El proyecto incluía un malecón, ojos de agua para exclusivas embarcaciones de esparcimiento, zonas de pesca deportiva e infraestructura para viviendas de lujo, así como tiendas de grandes firmas comerciales. Es decir, la zona vip de Celaya.

El alcalde, a través de Guadalupe Yolanda Medina Medrano,  funcionaria contratada ex profeso, inició reuniones individuales con los ejidatarios que trabajan los terrenos de las márgenes del río, a quienes informó que en uso del derecho de vía, “ocuparía” diez metros para los reforzamientos del río. Los campesinos aceptaron, convencidos de que era una buena opción para enfrentar las inundaciones.

El problema se inició cuando Guadalupe Medina les dijo “que ya no serían diez metros”, sino cien, y luego una hectárea. Los ejidatarios se mostraron recelosos. Ya no era derecho de vía, sino una ocupación ilegal. La gestión de Medina dio un giro, los ejidatarios escucharon que “la obra” estaba trazada justo en sus terrenos, así que debían vender al municipio, a razón de 50 pesos el metro cuadrado.

Ante la negativa de los ejidatarios de vender sus tierras, Medina quiso persuadirlos, pues de todas maneras la obra se realizaría, o se procedería a la expropiación. Les dijo que si entregaban los terrenos “por las buenas” recibirían dinero, si no, enviaría maquinaria para que los sacaran por la fuerza, y los amenazó con enviarles a la policía y el ejército.

Acostumbrados al cacicazgo local, sobre todo a las ostentaciones del presidente municipal que goza de una agenda abierta para entrevistarse con Marta Sahagún, y con Manuel Bribiesca Sahagún, los lugareños tuvieron la certeza de que el edil no dudaría en cumplir sus amenazas.

Dudosos contratos

Con una computadora y una impresora, el edil se plantó un día en las terregosas calles de la colonia Solidaridad Progreso, cuyas tierras también se “expropiarían”, y emitió un centenar de contratos de cesión de derechos posesorios a razón de 50 pesos el metro cuadrado (el valor comercial en la zona es de más de mil pesos), y cuyas cláusulas aparecen como si los ejidatarios hubieran decidido donar sus terrenos al ayuntamiento para realizar “la obra” y recibieron una “indemnización”.

En los contratos, de cinco cuartillas, sin sello ni membrete  oficial, el ejidatario cede los derechos a José Rivera, José Alfredo Ramírez Valenzuela y Juan Carlos Guillén Hernández, presidente municipal, secretario y síndico del ayuntamiento, respectivamente.

El documento cita que la “cesión” se da para el “Reforzamiento del Río Laja en el municipio de Celaya,” pero no habla de construir un malecón, el parque, ni lagos para navegar y pescar. El fin último que se le dará a los terrenos es tan ambiguo, que en el contrato se cita como “La obra”.

El documento cita que la afectación de “la obra” a los ejidos y comunidades La Laja, Trojes, Mayorazgo, Rancho Seco y  Progreso Solidaridad, es conforme a “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27”.

La cláusula 1.5 del documento dice que el dueño del terreno o ‘cesionario', “tiene conocimiento de que a fin de conocer el valor del terreno y los bienes distintos a afectarse con ‘La obra', la Dirección de Catastro, a petición de ‘el cesionario', elaboró el avalúo correspondiente”.

Sin embargo los ejidatarios no tenían noticia de ningún avalúo de sus terrenos, avalúo que solamente lo manejaron Guadalupe Medina y José Rivera y, según ellos, en él se establecía un precio de 50 pesos el metro.

El dinero para pagar los terrenos provienen del Fideicomiso para la Administración de los Recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento  de las Entidades Federativas (PAFEF) 2003. El contrato incluye cláusulas que operan como candados para que el propietario no pueda demandar al “cesionario”.

La cláusula octava, por ejemplo, indica que “para mayor firmeza del contrato, (el cedente) renuncia a las acciones de nulidad que pudieran derivarse de las mismas y de los artículos 1719, 1721 y 1734 del Código Civil vigente en Guanajuato”.

Al menos de diez ejidatarios firmaron los contratos y en mayo pasado un grupo se entrevistó con el presidente de la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Manuel García Corpus, para solicitarle una investigación sobre el proyecto del alcalde Rivera. El 23 de agosto, a petición de los legisladores federales, se hizo un avalúo que estableció un precio mínimo de 628 pesos el metro cuadrado.

Ignorando el avalúo ordenado por los legisladores federales, el 31 de agosto, durante una reunión en la zona de la Laja, el alcalde amenazó a los ejidatarios: o firmaban los contratos o habría “expropiación”.

Frente a esta amenaza medio centenar de ejidatarios firmaron los contratos, y como gesto de “buena voluntad” el alcalde les autorizó que cuando salieran de las tierras podrían llevarse sus ladrillos.

Para los trabajadores de la constructora Herrera y Asociados fue sencillo echar abajo aquellas casas envejecidas antes de tiempo. Los materiales (ladrillo de baja calidad y escaso cemento) no resistieron mucho. La mayoría de las viviendas fueron derribadas y unas cuantas quedaron a medias.

Las denuncias

Un grupo de ejidatarios decidió olvidar también las amenazas del cura de La Laja que cada domingo, como sermón oficial, los inducía a vender para evitar condenarse, y denunciaron ante los tribunales y se ampararon ante el Juzgado Sexto de Distrito, en Celaya, para evitar el despojo de sus terrenos y que las maquinas de la constructora no invadan sus propiedades.

Pese a todo, el alcalde Rivera no cesa. Durante las últimas semanas va personalmente hasta los ejidos en la Laja: “vamos a negociar” –suplica– ¡Ayúdenme! –exclama–. “¿Qué no quieren a Celaya? –interroga– ¡Nooooo! –responde el mismo–. “¿No quieren ayudar al progreso? ¿Le vamos a quedar mal a Vicente?”

Los campesinos responden que ofrezca un mejor precio, “porque con lo que usted da, ‘onde vamos a comprar”.

El alcalde insiste: “ya no dejen que el abogado los engañe” –dice en alusión a Alfredo Pérez Noria, defensor de los campesinos–. “¡Ayúdenme!” –se desespera. Una voz anónima grita: “ya dígales a los hijos de Martita que no se pudo. “¿Quién dice eso?” –se envalentona– y rompen unas risitas.

Además de las visitas a los ejidos, José Garza cita a reuniones privadas a los campesinos, quienes acuden presionados por la cercanía de la maquinaria en los límites de sus terrenos. Odilón Patiño Martínez, cuyas tierras comienzan en la misma ribera del río y se extienden hasta cuatro hectáreas, recuerda una de estas reuniones:

“Me mandó llamar el alcalde y me dijo: n'ombre, Odilón, ¡Ya fírmame!, le dije ‘es que me está pagando muy poquito; págueme un precio justo y firmo', me dijo: ¡Mira, verdad buena, si quieres  me hinco para que firmes!, le dije ¡Nombre, no hay necesidad, no'más págueme un precio justo”.

Esta es la forma de negociar del alcalde: amenazas y chantajes. A Sergio Patiño, por ejemplo, le “recordó”: “Mira, Sergio, tú ya tienes tu camioneta, ya vete de aquí, véndeme”. Sergio no sólo se limitó al amparo, investigó entre los fraccionamientos cercanos el precio de los terrenos, incluido el Rinconada San Jorge, propiedad de Manuel Bribiesca, ubicado en la colonia Santa María, donde el metro vale mil 500 pesos.

Desastre en Celaya

¡Yo tampoco vendo! –dice Juana García García, de la colonia Progreso Solidaridad, quien ha tenido varios enfrentamientos con el alcalde, con la arquitecta y con un empleado del ayuntamiento, que sin identificarse, llegó a medir su casa y a advertirle que le pagarían por el terreno, pero de ninguna manera por la construcción.

Donde se construye el segundo puente del megamalecón empieza la colonia Progreso Solidaridad, nombre que parece una burla. Las paredes a medias, los pisos levantados, no quedan ventanas ni puertas, apenas montones de ladrillos rotos, basura, chatarra, y rastros de lo que alguna vez fueron  paupérrimas viviendas.

Obreros, sirvientas, pepenadores y desempleados vieron llegar a la arquitecta, que iba en nombre del alcalde para anunciarles que el verdadero progreso estaba a punto de llegar, y sólo sabían que ellos no estaban incluidos.

Les llevaba despensas, una vajilla de plástico. Antes nadie les dio nada. Así era Guadalupe Medina, a la que el ayuntamiento pagó 220 mil 110 pesos por la “ejecución de trabajos para la liberación de afectaciones en el libramiento surponiente del municipio de Celaya” (contrato DOP/MPAL/016-2004), además de 194 mil 556 pesos por la “ejecución de trabajos para la liberación de afectaciones necesarias para la obra  “reforzamiento del río Laja” (contrato DOP/MPAL/038-2004), ambos de la partida “Servicios Relacionados con la Obra Pública 2004”.

Aurora Valle Ramírez, obrera de una fábrica de plásticos, presentó una denuncia contra el ayuntamiento de Celaya en octubre de 2005, radicada en el Juzgado Tercero de lo Civil. A Aurora, Guadalupe Medina le ofreció 64 mil pesos por sus “tres cuartos” y el terreno de 400 metros cuadrados, el cual pagó también en abonos y a fuerza de “apretar el estómago”.

Ni despensa ni vajilla de plástico convencieron a Aurora, y tampoco se dejó vencer por las presiones de Guadalupe Medina quien todos los días se plantaba frente a su casa. “No me voy si usted no me firma. Hágalo ya porque de todas maneras la van a sacar” –le decía.

Medina mostró un cheque de 23 mil 500 pesos. Pensó en su miseria, en el esposo sin trabajo. Nunca habían tenido esa cantidad, pero si la tomaba no tendría donde pasar la noche. Se negó. “¡Es usted una delincuente!” –dijo la gestora y se marchó–

La autonomía del alcalde

En mayo los diputados federales Ana Lilia Guillén y Malú Micher, del PRD, y Elizabeth Yánez, del PAN, se reunieron con el alcalde Rivera quien impidió la entrada a cinco ejidatarios de La Laja. Los legisladores cuestionaron la actitud del alcalde y él respondió que era “autónomo” y podía conducirse como quisiera.

La reunión fue en las instalaciones del Instituto de Planeación del Municipio, donde también estuvieron funcionarios del ayuntamiento, el alcalde les mostró el proyecto "El Malecón de Celaya", que habla de crear un "parque natural lineal" en la zona de 6.1 Km., para “rectificar y reforzar las márgenes del río”.

Se objetó al alcalde y éste reveló que para su megaproyecto no tiene proyecto ejecutivo alguno, tampoco estudios de impacto ambiental. Es más, tampoco tramitó la autorización en la Semarnat para modificar la ribera del río, aunque ya entonces Alberto Cárdenas quiso facilitarle el camino y autorizó una desviación irregular al río.

El Plan de Desarrollo Urbano de Celaya, proyectado para los siguientes 25 años, no considera la obra prioritaria del alcalde panista, pero desde el año pasado, y sin tener la propiedad de los terrenos, dispuso de montos millonarios de la cuenta pública 2004 del municipio para las obras en el Laja.

La primera erogación (contrato DOP7MPAL/003-2004) fue por 103 mil 500 pesos al Grupo Demist, S.A, para el “Anteproyecto de reforzamiento del río Laja”, además de 300 mil pesos de honorarios a la arquitecta Guadalupe Medina por “ejecución de trabajos para la liberación de afectaciones necesarias para la obra”.

La infraestructura en el Laja es una de las líneas de investigación de la Comisión Especial de legisladores que analiza el posible tráfico de influencias  de los hijos de Marta Sahún de Fox.

Todos los caminos a los Bibriesca

Día y noche, más de 300 albañiles trabajan en los puentes que intercomunicarán los dos accesos del río, de concreto hidráulico de 30 centímetros. La obra corre a cargo de Construcciones Medina y Herrera y Asociados, propiedad de José Medina, otro panista con gran poder político estatal, y uno de los más beneficiados con obra en Celaya.

El supuesto reforzamiento del río Laja es una vialidad que va del Puente Tresguerras hasta San Isidro de Trojes. Esta última construcción rompe con la precariedad de la hilera de viviendas de tabique rojo. Se trata de la ex Hacienda de Trojes, que data del siglo pasado y que perteneció al INAH. Ahora es propiedad de Mónica Jurado, esposa de Manuel Bribiesca Sahagún.

Ahí se ubican Rinconadas de San Jorge y Brisas del Carmen, también de los Bribiesca, y recien el ayuntamiento autorizó la construcción del desarrollo habitacional Los Pirules en terrenos donados por el municipio a la empresa Construcciones Prácticas, propiedad de Manuel Bribiesca y Miguel Khoury.

Los Pirules se localiza donde termina el proyecto La Laja, y se anuncia como el fraccionamiento más cercano al malecón, que contará con “las tiendas más exclusivas a su alcance”. Sobre la vialidad que rodeará un circuito, está trazado para cruzar de extremo a extremo el afluente del Laja, el malecón, y por supuesto, los ojos de agua que el mismo alcalde, asegura, “serán como en los países de primer mundo”.

El alcalde dice que usará el recurso de expropiación y que incluso pedirá la intervención del Instituto de Administración de Bienes y Avalúos Nacionales.

La defensa de los ejidatarios, Alfredo Pérez Noria, asegura que la expropiación es improcedente ya que según la Ley Agraria, artículo 94, esta procede cuando se habla de utilidad pública, “en este caso no lo es, porque los 13 millones que se adjudicaron de la federación para el reforzamiento del río Laja, se aplicaron en el 2003".

 Así, mientras el alcalde se imagina el progreso en Celaya, los ejidatarios planean viajar a San Salvador Atenco para buscar el apoyo de los campesinos que impidieron la instalación del aeropuerto capitalino y formar una resistencia civil que impida el despojo de sus tierras.