Conflicto de intereses en el rescate cañero

Refugiado en el secreto fiduciario, Mario Laborín Gómez, director de Nacional Financiera S.N.C. (Nafín), mantiene bajo reserva toda la información relacionada con el rescate cañero decretado en 2001 por el presidente Vicente Fox, cuyo costo para el erario público asciende a más de tres mil millones de pesos.

La negativa del funcionario a rendir cuentas sobre la operación del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), del Fideicomiso Comercializador (Fico) y de la empresa Promotora Azucarera S.A. (Proasa) genera suspicacias en la Cámara de Diputados, desde donde se advierte un aparente conflicto de intereses, pues el principal operador del rescate fue el hermano del director general de Nafín, Jorge Laborín Gómez

Ante esta presumible irregularidad, la Cámara de Diputados ya apremia a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue el procedimiento de los hermanos Laborín Gómez durante la incautación de los 27 ingenios, afirma el legislador perredista Emiliano Ramos Hernández, secretario de la Comisión Especial para la Industria Azucarera.

Hasta ahora las investigaciones de la ASF han descubierto irregularidades que van desde la indebida constitución del Fico y de Proasa, ambos operados por medio del FEESA, como entes “privados” –no obstante que reciben recursos públicos–, hasta un supuesto daño patrimonial por 13 millones 29 mil pesos.

Nexos familiares y rescate

Desde el principio, el embargo de los ingenios quedó en manos de los hermanos Laborín Gómez. La historia comenzó una vez que fue decretada la expropiación, el 3 de septiembre de 2001, cuando el gobierno de Vicente Fox, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Agricultura (Sagarpa), facultó a Nafin para tutelar el mencionado proceso.

El 12 de octubre la SHCP y Nafin constituyeron el FEESA, entidad paraestatal destinada a la administración de los 27 ingenios. Desde esa fecha y hasta el 31 de mayo de 2002, al frente de dicho fondo se colocó a Jorge Laborín Gómez.

Consultados al respecto, voceros de Nacional Financiera reconocen que “en efecto, Jorge Laborín es hermano del director general de Nafín, Mario Laborín; pero su nombramiento como director de FEESA lo hizo el secretario de Agricultura, por ser la cabeza de sector. El director general de Nafín no tuvo nada que ver con ninguna de las decisiones que se tomaron en el Fondo de Empresas Azucareras”, afirman.

Sin embargo, documentos oficiales revelan que los hermanos Laborín Gómez están relacionados directamente con la creación y operación de la empresa Proasa y del Fideicomiso Comercializador.

De acuerdo con el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2002, elaborado por la ASF, mediante el acta número 62490 del 25 de enero de 2002, “Nafín, en su carácter de fiduciaria en el FEESA, y Nafín, por su propio derecho, constituyeron la sociedad mercantil denominada Promotora Azucarera”.

Además, ese día también se firmó el contrato por el que se crea el Fideicomiso Comercializador. Y en este caso Proasa funge como fideicomitente y Nafín como fiduciaria, puntualiza el documento.

Las irregularidades

En junio pasado, durante las mesas de trabajo establecidas entre la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, esta última propuso desaparecer los fideicomisos FEESA, Fico y la empresa Proasa, o transformarlos en entidades paraestatales.

La sugerencia de la ASF se basa en las múltiples irregularidades detectadas durante la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los ejercicios 2001, 2002 y 2003, entre las que destaca la propia constitución y operación de éstos, que mantiene al Fico y a Proasa como entes privados.

De acuerdo con la ASF, “el FEESA no se ajustó a sus fines al transmitir indebidamente los derechos de administración de los activos y de los ingenios”. Además, los informes determinan que a partir de la expropiación el gobierno federal otorgó apoyos por 3 mil 386 millones 300 mil pesos para la operación de los ingenios azucareros. Fondos que “difícilmente” serán recuperados, considera la ASF. 

Ramos Hernández señala que antes de desaparecer o reestructurar el FEESA, el Fico y Proasa, es fundamental averiguar dónde están los recursos y las ganancias. “Esto es muy grave, para empezar se debieron constituir paraestatales, como lo marca el decreto, y no fideicomisos privados”.

El diputado agrega que “es obvio que Nafín creó fideicomisos y empresas privados para ampararse en el secreto fiduciario y no entregar la información a la ASF ni rendir cuentas a la sociedad”.

Entre las anomalías descubiertas por la ASF destaca un presumible daño patrimonial por 13 millones 29 mil pesos durante el ejercicio 2002: se trata de irregularidades en requisiciones de compras realizadas por el ingenio Impulsora de la Cuenca de Papaloapan, en las cuales se incumplieron los contratos y pedidos.

Según revela el expediente de investigación con número de folio DGAV/DV/028/2004 integrado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuya copia obra en poder de Contralínea, hasta la fecha los recursos no han sido resarcidos a las finanzas públicas, y tampoco se ha responsabilizado a ningún funcionario.

En el informe sobre la revisión de la cuenta pública 2003, la ASF subraya que Nafín, en su carácter de fiduciaria del FEESA, no ha formalizado a favor de Nafín Banco la entrega y afectación de los activos, las acciones y 23 de las 27 unidades industriales expropiadas en septiembre de 2001 (cuatro ya fueron devueltas el año pasado), en infracción de las cláusulas de su propio contrato.

En consecuencia, “Nafín Banco está imposibilitado para transmitir a la sociedad mercantil los derechos que correspondan para administrar y operar los activos, las acciones y las unidades industriales, y por lo tanto, el objeto social de Promotora Azucarera no se ha cumplido”, señala la ASF.

El informe detalla que “en virtud de que Proasa no ha recibido los derechos correspondientes para cumplir con su objetivo social de administrar y operar los activos, las acciones y las unidades industriales que fueron expropiadas, no ha transmitido ni afectado los bienes y derechos al patrimonio del Fico, éste último no puede cumplir con la finalidad establecida en la cláusula cuarta del contrato de su constitución, consistente en fungir como un mecanismo de carácter comercial, financiero y administrativo que facilite el eficaz funcionamiento de las unidades industriales”.

Acusaciones omitidas

Hasta ahora, la ASF no ha podido acceder a toda la información del rescate cañero por la negativa de Mario Laborín a transparentar el proceso. Para la ASF el director de Nafin ha incurrido en responsabilidad por omitir, “sin causa justificada”, la entrega de la información a ese órgano de vigilancia.

La irregularidad observada durante la revisión de la cuenta pública 2002 devino en el procedimiento de responsabilidad iniciado el 10 de febrero del año pasado por el auditor especial de la ASF para este caso, Roberto Salcedo Aquino, ante la Secretaría de la Función Pública.

Además del director, la petición incluyó a otros tres funcionarios de Nafín: Jorge Lazalde Psihas, director jurídico internacional y bursátil; Ricardo Rangel Fernández MacGregor, director fiduciario, y Miguel García y García, director general adjunto jurídico y fiduciario, así como a los titulares del Fico, Fernando García Cuellar, y de Proasa, David Armando Ponce Miranda.

Según consta en el expediente con número de folio DGVA/DV/020/2004, integrado por la Dirección General Adjunta de Verificación de la SFP, los seis funcionarios señalados por la ASF como responsables de ocultar información fueron eximidos de esa falta.

El legislador perredista Emiliano Ramos dice que “la actitud del director de Nafín genera suspicacias, sobre todo porque su hermano –Jorge– estuvo involucrado en el proceso de expropiación de los ingenios, por eso se tiene que rendir cuentas claras de lo que ha pasado en estas empresas”.

Y añade que la Cámara de Diputados solicitó, a través del auditor superior, a Nafin los informes puntuales sobre el rescate, pero aclara que “hay una negativa reiterada de Mario Laborín a rendir cuentas, tanto de la administración de los ingenios como del destino de las ganancias. Si el presidente Fox habla de transparencia debe empezar por destituir a Mario Laborín quien de manera sospechosa ha estado negando la información a la ASF”, dice.

Los voceros de Nafín explican que “esta institución sólo es la fiduciaria de los fideicomisos azucareros creados por la Secretaría de Agricultura, por lo cual toda la información relacionada con la operación de los mismos le pertenece a Agricultura y no a Nafín”.

Sin embargo, la ASF indica que el 98 por ciento del capital social de Promotora Azucarera corresponde a Nafín en su carácter de Sociedad Nacional de Crédito, y el dos por ciento restante también corresponde a Nafín, pero en su carácter de fiduciaria en FEESA.

Exoneración federal

El 10 de enero de este año el director general adjunto de Verificación de la SFP, Fidel Ramírez Rosales, giró el oficio DG/DGAV/311/028/2005 en el que da cuenta de la exoneración a los seis funcionarios de primer nivel involucrados por la ASF en irregularidades descubiertas durante el rescate cañero.

En el documento de escasas 17 líneas, cuyo destinatario es el titular del Área de Responsabilidades y Quejas del Órgano Interno de Control de Nafin, Jesús Manuel Alfaro Sánchez, se detalla que “mediante acuerdo de fecha 13 de julio de 2004 se determinó que no existían elementos para iniciar un procedimiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos y personas denunciadas por el auditor especial de desempeño de la ASF”.

La improcedencia de la acusación hecha por el órgano de vigilancia federal del Congreso de la Unión se determinó en tres meses, según refieren las fechas de los oficios que integran el expediente de 273 fojas útiles.

En el caso de la empresa privada, la SFP concluyó que “si bien Nafín participó en la constitución de Proasa con un doble carácter: como Sociedad Nacional de Crédito y como fiduciaria del FEESA, no es dable pensar que al haber intervenido en la creación de Proasa signifique que Nafín deba intervenir en las operaciones que esa sociedad mercantil realice, ya que su participación como fiduciaria del FEESA no le confiere atribuciones o derechos para ejecutar o instrumentar las actividades contenidas en el objeto social de Proasa”.

Sin ir al fondo del asunto, el documento que da por terminada la averiguación establece que “los servidores públicos de Nafín no se negaron a proporcionar información a la ASF respecto a la constitución de Proasa (documentos que obran en sus expedientes en virtud de su participación en la creación de esta empresa), pero en relación con los datos relativos a su operación, se advierte que Nafín no podría tenerlos ya que se trata de una persona moral distinta y no se encuentra dentro de sus atribuciones o actividades intervenir en las operaciones propias del objeto social”.

No obstante, el informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2002 advierte que la negativa de Nafín se basó en el respeto al secreto fiduciario y no en la carencia de los datos, como afirma la SFP.

El diputado Emiliano Ramos señala que esta decisión sólo puede ser explicada por ineptitud o complicidad. “No entiendo por qué el director de Nafín se niegue y por qué la Secretaría de la Función Pública obstaculiza el trabajo, por qué simula que está trabajando, eso habla de intereses creados. Son fideicomisos privados que reciben recursos públicos y el decreto es muy claro al establecer que debieron ser empresas paraestatales”.

Mario Di Constanzo, asesor financiero de la Comisión Especial del Funcionamiento del IPAB en el Senado de la República, señala que la Auditoría Superior de la Federación debe actuar con mayor firmeza, pues la ausencia de responsables sobre hechos demostrados radica en la “tibieza” de este órgano.

“El auditor no debe girar oficios, la Ley Federal de Fiscalización señala que si no se solventan las observaciones él tiene la facultad de fincar responsabilidades. ¿Qué responsabilidades ha fincado Arturo González de Aragón?”, cuestiona el especialista en fideicomisos públicos.

Di Constanzo agrega que la ley es muy clara en este sentido y que “el auditor sólo ha creado una cortina de humo y viene a llorar ante la opinión pública: que no puede, que lo tienen con las manos atadas; pero si analizamos su ley nos damos cuenta que no ha hecho lo que se le manda, y eso es fincar las responsabilidades en lugar de solicitar a la Función Pública o a los órganos internos de control su intervención”.

Publicado: Diciembre 2a quincena de 2005