Durante la última década el gobierno federal ha dejado de invertir más de 200 millones de dólares en el campo mexicano, lo que ha contribuido a la ruina que existe en la producción nacional agropecuaria, a intensificar la desigualdad social y a poner en desventaja comercial a los pequeños y medianos agricultores nacionales.
Y es que de acuerdo con un análisis elaborado por los investigadores Rita Schwentesius, Alma Velia Ayala, Pedro Durán, Sergio Márquez y Gustavo Almaguer, de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), los programas de apoyo directo al campo que maneja la Secretaría de Agricultura, han dejado de recibir 237 millones de dólares durante el periodo de 1995 a 2004.
En el “Balance de los Programas de Desarrollo Rural con Énfasis en Alianza para el Campo”, que realizaron los académicos, advierten que tan sólo en el Procampo, principal programa de capitalización al sector, fue depreciado en 20 por ciento el presupuesto asignado a este rubro.
El estudio, basado en datos de la propia Sagarpa, indica que al Procampo se le disminuyó la inversión en 319 millones de dólares, es decir, que en 1995 le fueron asignados mil 583 millones de dólares, pero en el presupuesto del 2000 las cifras cayeron a mil 168 millones de dólares; en 2003 a mil 359 millones de dólares, y durante el ejercicio fiscal de 2004 se le otorgaron tan sólo mil 264 millones de dólares.
Gustavo Almaguer Vargas, académico del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agricultura y la Agroindustria Mundial de la UACH, dice que en el programa Alianza para el campo, las cosas son distintas, pues en éste el presupuesto asignado aumentó año con año.
Los datos indican que en 2000 los montos asignados fueron de 299 millones de dólares, en 2003 de 599 millones de dólares, mientras que en 2004 la cifra se elevó a 569 millones de pesos.
“Alianza para el campo tiene como objetivo principal impulsar el establecimiento de los agronegocios en el medio rural y el fortalecimiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores, como para diversificar las fuentes de empleo en el campo”, explica la Sagarpa.
Sin embargo, en el programa ASERCA, cuya misión es “canalizar apoyos y brindar servicios para fortalecer el ingreso de los productores agropecuarios y pesqueros, promoviendo la integración y competitividad de las cadenas productivas y el desarrollo y ordenamiento de los mercados agroalimentarios, tanto internos como externos”, las fluctuaciones en la asignación de los recursos han sido notables.
El estudio de la UACH revela que para 1995 le fueron asignados a ASERCA 199 millones de dólares, en 2000 recibió 343 millones de dólares, para 2003 se pudo observar un incremento casi del doble, con 614 millones de dólares, pero en el ejercicio de 2004, la inversión se desplomó a 327 millones de dólares.
Almaguer Vargas advierte que al observar los informes de labores que efectúa la Sagarpa, y oír reiteradamente la promesa de mejorar las condiciones de los campesinos mexicanos, “nos damos cuenta de que los indicadores que utilizan no tienen mucha relación con los objetivos planteados en los programas de apoyo para el desarrollo rural”.
Apoyos E.U.A
Mientras que en México no existe una constante, en el presupuesto a los programas de apoyo al campo, en Estados Unidos, nuestro principal competidor y socio comercial, los subsidios a sus campesinos están por arriba de los 50 mil dólares anuales. Así lo revelan datos del Banco Mundial.
Según cifras del World Development Indicator 2003, en Estados Unidos cada trabajador agrícola obtuvo 50 mil 777 dólares, mientras que en nuestro país apenas alcanzó los mil 801 dólares, durante el mismo lapso..
Argelia Salinas Ontiveros, académica del Instituto e Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que este tipo de disparidades “tiene efectos sociales en los sectores que participan en la producción con menores recursos, los campesinos, ejidatarios y comuneros, pero también en algunos pequeños propietarios”.
“Desde ese punto de vista podemos establecer que no sólo estamos compitiendo contra Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, sino que además estamos en desventaja con otros países, como los europeos, o asiáticos como Japón, India y China”, lamenta la académica de la UNAM.
El mismo reporte del Banco Mundial documenta que durante 2003, en los Países Bajos se otorgaron 58 mil 280 dólares por campesino, mientras que en Francia les entregaron 58 mil 177 dólares y en Japón, 30 mil 828 dólares, sólo por mencionar algunos ejemplos.
La especialista universitaria, agrega que “las condiciones en el país son bastante desventajosas, los estudios que actualmente estamos realizando nos obligan a mantener una perspectiva global que incluye lo que está pasando en el entramado mundial, pero también en la región de los países que conforman el TLC.
“Tenemos un país muy polarizado desde hace muchos años y esta situación ha quedado subrayada, hay que observar los efectos en términos de precios, de costos a los productores del norte del país quienes siembran en condiciones distintas a los del sur, el financiamiento y los apoyos gubernamentales”, puntualiza.
El impacto social
Jorge Calderón, director del Centro de estudios de la Revolución Democrática explica que las actividades del campo mexicano resultan relevantes por la magnitud de la población económicamente activa, que representa un poco más de la quinta parte de la población total.
“Pese a la dinámica de desmantelamiento que ha sufrido nuestra producción agropecuaria, todavía tiene una presencia importante, son dos millones de ejidatarios, es decir, alrededor del 75 por ciento de los productores agrícolas del país, en donde se incluyen jornaleros, avecindados y personas vinculadas de manera diversa con la producción.
“Más de 15 millones de personas dependen directamente del sector social y numerosos estudios demuestran que a partir de 1983 el sector agrícola mexicano fue afectado por un conjunto de políticas de ajuste estructural, mismas que se han reflejado en una menor intervención del Estado en las actividades productivas, la desregulación, la apertura comercial y la búsqueda de un draconiano equilibrio de las finanzas públicas”, dice el líder político.
El director del Centro de estudios de la Revolución Democrática, advierte que la aplicación de estas políticas originó la disminución drástica de los subsidios a la producción, la eliminación de los precios de garantía, el retiro del Estado del sistema de compra de cosechas y el abandono de su papel como propietario de empresas que intervenían directamente en el proceso productivo.
Publicado: Diciembre 2a quincena de 2005
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