Una de las primeras medidas de José Guzmán Montalvo al frente de la Administración General de Aduanas (AGA) para supuestamente desmantelar el engranaje de corrupción y complicidad de servidores públicos de Hacienda involucrados en prácticas ligadas al contrabando, fue despedir a 500 elementos de la entonces Policía Fiscal, brazo armado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y adscritos a la AGA.
Para su despido en algunos de estos casos se alegó que eran policías corruptos –declaraciones hechas por el propio Guzmán Montalvo a Contralínea-; sin embargo los policías despedidos sostienen que Guzmán Montalvo, en complicidad con funcionarios de los órganos internos de control (SFP), desmanteló la corporación para abrir las puertas al contrabando de cualquier país.
A unas semanas de su despido, los policías presentaron denuncias laborales contra la Secretaría de Hacienda, en donde demandan su reinstalación, sueldos caídos e indemnizaciones por más de un millón de pesos cada uno, lo que de ganar significaría erogaciones presupuestales por más de 500 millones de pesos.
Los despidos
Por el supuesto ilícito de falsificación de documentos para legalizar vehículos “chocolate”, el agente “B” de la Policía Fiscal Federal, José Ernesto Pérez Cardona, fue despedido a principios de 2000. Este es el primer agente de dicha corporación en demandar a la Secretaria de Hacienda por despido injustificado en la actual administración.
En noviembre de 1999, la Contraloría Interna del SAT elaboró un acta administrativa e inició una investigación en contra de María del Rosario Ibarra Borunda, quien desempeñaba el puesto de técnico hacendario en la Aduana de Manzanillo, Colima, derivada de la denuncia de tres personas (Juan Zúñiga, Isidro Reyes Cruz y Armando Robles Ramírez), que la señalaban como la persona que se comprometió a regularizarles tres vehículos “chocolate” a cambio de 21 mil 600 pesos. En dicho arreglo, Ibarra Borunda les entregó pedimentos de importación y permisos de importación definitiva de los vehículos.
Pasados unos días, en la dirección de Tránsito Municipal de Tecomán, Colima, les informaron que los documentos presentados eran apócrifos. La ex trabajadora de Aduanas se comprometió a devolverles su dinero, pero ellos presentaron la denuncia ante la Contraloría Interna.
En dicha acusación (exp. Admvo. No. QD-146/99) se menciona que durante el “arreglo”, José Ernesto Pérez Cardona, policía fiscal de la Aduana de Manzanillo, sería quien legalizaría los documentos en la ciudad de México.
En la Aduna de Torreón, Pérez Cardona recibió el requerimiento de Contraloría, y en diciembre de 1999 el Área de Responsabilidades del SAT lo citó a comparecer, en donde negó categóricamente todos los cargos en su contra.
El ahora ex policía fiscal ingresó a la SHCP como policía de academia, de la segunda generación, en 1990, desde entonces recorrió 44 de las 48 aduanas del país. “Tenía un expediente limpio”, asegura, mientras recuerda diferencias de carácter personal con el entonces comandante en jefe de la Policía Fiscal, el capitán Víctor Sergio Benítez Plata (actual administrador de la aduana marítima de Progreso, Yucatán), por supuesto acoso sexual en contra de otra empleada con quien mantenía una relación sentimental.
A través de un oficio interno (número 326-SAT-R8-A44-XIV-886/00), fechado el 6 de septiembre de 2000, el inspector de la Policía Fiscal, Daniel Pastrana Licona informó a Pérez Cardona que el capitán Víctor Sergio había tomado una “resolución administrativa disciplinaria” para su caso y que al día siguiente se le notificaría de manera personal.
Al día siguiente, a través del oficio número 326-SAT-09.700.IX-3-3-4432, Pérez Cardona fue notificado de su destitución del puesto, inhabilitación por un año y una multa de 43 mil 200 pesos por violentar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La resolución administrativa disciplinaria habla de que el agente fiscal “tuvo participación indirecta en los hechos atribuibles a María del Rosario Ibarra Borunda”.
El agente presentó una denuncia en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, integrada en la Quinta Sala Regional Metropolitana (juicio número 13893/00-11-05-3). En el juicio quedó demostrado que el expediente integrado por la Contraloría Interna del SAT carecía de fundamentos, por lo que en abril de 2001 el Noveno Tribuna Colegiado de Materia Administrativa ordenó dejar sin efectos la resolución que inhabilitaba a Pérez Cardona y sin efectos también la multa fijada.
El 11 de febrero de 2002 el OIC dejó sin efecto la resolución administrativa contra el agente, pero el SAT le negó a su reinstalación.
En marzo de 2003 el agente presentó una denuncia contra Hacienda en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por desacato a la autoridad judicial y por violar la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Sobre el caso de José Ernesto Pérez contra la Administración General de Aduanas de la SHCP, la jueza segunda de distrito, Ana Luisa Mendoza, determinó otorgar el amparo al funcionario público para que Hacienda acate las disposiciones de nulidad a su inhabilitación y desistiera de todas las “atribuciones” que como servidor público se le rescindieron al momento de su despido.
Como el caso de José Ernesto Pérez, hay 500 denuncias en contra de la Administración General de Aduanas que se ventilan en tribunales –casi todas en el Juzgado Segundo de Distrito-. Las denuncias fueron declaradas procedentes, señalan las autoridades judiciales, porque hay elementos suficientes de las irregularidades en las investigaciones hechas por los órganos internos de control en el SAT.
En su caso, cuando los órganos internos de control fijaron el monto que debía pagar (47 mil pesos) –dice José Ernesto- un grupo de auditores del SAT “se presentaban en mi casa y amenazaban a mi mamá con embargarle todo”. Se queja de las disposiciones de la AGA, cuando apenas hacía unas semanas había recibido reconocimientos como el policía fiscal con el mayor número de decomisos en las aduanas del país.
En febrero de 2004 la AGA lo reinstaló, pero no como policía fiscal, sino al interior de una oficina en el Distrito Federal, y lo hicieron firmar contratos atrasados y únicamente le otorgaron el 20 por ciento de sus salarios caídos, a pesar de que los mandatos judiciales ordenaban que se le debía pagar sus salarios totalmente. Aunque su puesto era por honorarios, lo obligaron a pagar ISR y descuentos como si fuera trabajador de nómina.
El caso del agente fiscal Marco Antonio Cárdenas Juárez es el que presenta mayores irregularidades. Adscrito a la aduana de Pantaco (Distrito Federal), con jurisdicción de Ferronales, se denunció el robo de dos contenedores de mercancías incautadas, y el administrador de la Aduana declaró que Cárdenas Juárez era el autor del robo. Sin posibilidad de presentar pruebas a su favor, el agente fue detenido y remitido al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde estuvo preso cuatro meses, hasta que su defensa comprobó que ni siquiera estaba en turno el día del robo.
Cárdenas Jiménez, agente de la 18 generación de la Policía Fiscal, presentó también una denuncia en contra de Hacienda y logró su reinstalación, pero además presentó una millonaria denuncia por daño moral por los cuatro meses que estuvo preso.
Mujeres policías
Las pocas mujeres que integran la Policía Fiscal consideran que este es un trabajo de alto riesgo y a cambio sólo reciben un precario salario. Blanca es una de esas pocas mujeres en dicha corporación, cuyo ingreso la llevaría al peor infierno de su vida: la cárcel de Santa Martha Acatitla. Sus compañeros policías dicen de Blanca “era novata y por eso cayó”.
Acusada de asalto de dos contenedores, Blanca sostiene que es inocente, pero sin abogado será difícil probarlo. Sus compañeros refieren que el error de Blanca fue reportar un asalto que ya tenía permiso de funcionarios de alto nivel. Blanca era la policía de guardia en el área de mercancía incautada cuando personal de fiscalización y visitaduría efectuó un decomiso de contrabando de electrodomésticos. La mercancía “tenía permiso”, así que cuando el comando armado irrumpió a rescatar la mercancía que por error fue incautada, solo a Blanca le pareció extraño y reportó el ilícito; la respuesta fue involucrarla en el robo y su posterior detención y encarcelamiento en la Penitenciaría de Mujeres del Distrito Federal desde hace cuatro meses, sin que aún se le dicte sentencia y sin un abogado que la defienda.
El desmantelamiento
Los policías despedidos por la SHCP acusan que más que una limpia en Aduanas, se debe al desmantelamiento del brazo armado por parte de Guzmán Montalvo, para “operar” el negocio del contrabando. Explican que paulatinamente, a partir de su asenso en la AGA (de administrador de la aduana de Laredo a la Administración General), Guzmán Montalvo dispuso eliminar la presencia de la Policía Fiscal en los carriles de vacío.
En las aduanas fronterizas al norte del país, entre las mexicanas y sus similares de Estados Unidos hay carriles en donde los vehículos deben viajar con las puertas abiertas para que los policías fiscales observen que no hay nada que registrar. Sin explicación alguna, en octubre de 2002, Guzmán Montalvo ordenó al titular de la Unidad Especializada de Inspección Fiscal y Aduanera (UAIFA) que sacara a su gente de los carriles de vacío, lo que provocó diferencias entre éste y el entonces titular de la UAIFA, el general Luis Vicente Domínguez.
La disposición de Guzmán, dicen los fiscales, incrementó el número de trailers y camiones que viajan con doble fondo colocando una malla negra al frente de sus cajuelas y aunque viajan con las puertas abiertas, la malla negra no permite ver la mercancía de contrabando y por disposición del titular de la AGA, ellos no tienen atribuciones para revisar.
El 15 de octubre, indican elementos de la UAIFA que piden el anonimato, Guzmán Montalvo dispuso que los policías fiscales debían retirarse de los cruces turísticos. “No somos ni la sombra de lo que fuimos”, dice un elemento de la hoy Unidad Especializada de Inspección Fiscal y Aduanera. Se quejan de que Hacienda no les proporciona ni siquiera uniformes de trabajo, aunque estén contemplados dentro del presupuesto oficial, y que para usar uniforme cada uno de debe pagar 5 mil pesos por un pantalón, una camisa e insignias bordadas en camisa y gorra, además de lámparas que usan en las revisiones y esposas.
Se quejan también de las deplorables condiciones de sus armas, del bajo sueldo (6000 pesos mensuales), largas jornadas de trabajo de 24 horas, sin prestaciones y reducción de su espacio de trabajo ubicado en Calzada de Tlálpan 3773, en terrenos de lo que fuera el Registro Nacional de Vehículos (Renave).
“Te tratan mal, no tienes derecho a nada, más que comer, trabajar y dormir en la aduana, y el día que te quieren corren, así sin más te corren, el día que le caes mal al administrador en turno ya te amolaste”, expresa otro fiscal, con antigüedad de 18 años en la SHCP.
Publicado: Diciembre de 2005
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