Militarización en Guerrero

Las constantes desapariciones de campesinos en Guerrero y los asesinatos de líderes sociales a manos de grupos paramilitares embozados, el narcotráfico y la presencia de grupos guerrilleros en la entidad desde hace más de tres décadas, ha motivado una mayor presencia de tropas del Ejército mexicano en la entidad, lo cual ha derivado en inconformidad y rechazo de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que han denunciado violaciones a los derechos humanos.

La militarización en Guerrero es violatoria a la Constitución, consideran legisladores por lo que el Congreso de la Unión demandó a la Secretaría de la Defensa Nacional que circunscriba sus actividades en la entidad al marco constitucional, y en respuesta recibió, del propio secretario Vega García, argumentos ambiguos para justificar la militarización en la zona.

El dos de mayo pasado, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Humberto Aguilar Coronado, remitió al presidente y al secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones y Marcos Morales Torres, respectivamente, la respuesta al oficio D.G.P.L. 59-II-0-1765, enviado a Vega García en ese sentido.

“Con el presente acompaño…copia del (oficio) similar número 29487, suscrito el 13 de abril próximo pasado por el C. General Gerardo Vega García, secretario de la Defensa Nacional, dirigido al secretario de Gobernación, Santiago Creel, con el cual da contestación al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal se sirva reajustar las actividades militares al orden constitucional en el estado de Guerrero”.

En el oficio 29487, Vega García responde que “las actividades del Ejército Mexicano en la referida entidad federativa se encuentran debidamente apegadas al orden constitucional y obedecen a la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos…, así como al combate frontal del narcotráfico y la presencia de grupos armados, actividades ilícitas que se presentan de manera importante en el mencionado estado”.

Además, refuerza su argumento al señalar que “las jurisprudencias 37/2000 y 38/2000, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, facultan a las Fuerzas Armadas para actuar en materia de seguridad pública, en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas lo soliciten”.

Y remata con la advertencia de que, “en caso de que se tenga conocimiento de manera concreta sobre hechos delictivos realizados por parte de personal militar, podrá presentarse la denuncia correspondiente ante la Procuraduría de Justicia Militar o al Agente del Ministerio Público Militar más cercano al lugar de los hechos”.

Campo de guerra

David Cabañas Barrientos, ex guerrillero y hermano del fundador del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas, argumenta que el papel del Ejército mexicano en labores policiacas han convertido a la entidad en un campo de guerra con infinidad de retenes, lo mismo en El Concho, El Papayo, Cahualitla, La “Y”, San Luis y Zihuatanejo que en el Río Balsas, Atoyac de Álvarez, Iguala y Tierra Caliente. “Ha sido una historia triste de saqueo y dolor de las familias de los desaparecidos políticos”, se lamenta.

Con el PRD en el poder la situación no ha cambiado en absoluto, dice, pues persisten las desapariciones y la represión que, con el pretexto de combatir al narcotráfico, los militares y el Estado han desarrollado labores de inteligencia para combatir a los grupos guerrilleros, desde El Partido de los Pobres de Lucio Cabañas en la década de los 70, hasta el Ejército Popular Revolucionario en la actualidad.

Integrante del grupo Izquierda Democrática Popular, organización con presencia en comunidades de los estados de Guerrero, Hidalgo, México, Puebla y Veracruz, David Cabañas asienta que “como siempre, Guerrero ha sido un estado convulsionado por la miseria, la pobreza y la represión; es el rincón olvidado de la República a donde no llegó la Revolución y donde tanta injusticia ha dado lugar a la rebeldía y a los asesinatos. A mayor demanda de justicia, mayor represión, desde Miguel Alemán hasta Vicente Fox”, resume.

Persisten las desapariciones desde la costa hasta la montaña, desde la Guerra sucia de los 70 hasta la fecha en que han sido secuestradas más de 650 personas, y la zona siempre ha estado en estado de emergencia, advierte.

Entre los desaparecidos menciona a Marcelino Flores Zamora, Getulio Rebollo Ocampo, Antonio Onofre Barrientos, Carlos Alberto Bermudez Alcocer, Victoria Hernández Brito, Eugenio Gómez Serafín, José de Jesús Ávila González, Gilberto Romero Vázquez, Juventino Ruiz Santiago, Diego Serafín Gómez, Abelardo Morales Gervasio, Obdulio Morales Gervasio, Raymundo Morales Gervasio, Luciano Gómez Vargas, Bernardo Gómez Reyes, Daniel de la Cruz Martínez, Miguel Ángel de la Cruz Martínez, Salomón García, Marcelo Serafín Juárez Juárez, Alejandro Martínez Dueñas, Fabián Arroyo Bustos, Jesús González Medina, Sergio Rivera Sánchez, José >Trinidad García Magaña, José Antonio Ortega y Raúl Castañeda Peñaloza.

David Cabañas plantea que sólo una solución política será posible para Guerrero si el Estado y el gobierno de Zeferino Torreblanca resuelven las enormes injusticias y las demandas populares que han sido el semillero de grupos insurgentes. “Empleo, justicia y producción son las bases del desarrollo guerrerense, no la represión y la injusticia, a través de programas como ‘México seguro’, que sólo agudizan la represión”.

Guerra sucia: FARP

El reciente asesinato del líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Miguel Ángel Mesino Mesino, ocurrido el pasado 18 de septiembre, se atribuye a grupos de paramilitares, aunque para la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), la muerte del líder campesino habría sido obra de grupos “pseudorevolucionarios”.

El 16 de octubre las FARP emitieron un comunicado en el que expresan su indignación por este crimen y advierten que “en vista de los últimos acontecimientos que se han suscitado en el panorama nacional, pero fundamentalmente en el estado de Guerrero; hemos considerado necesario e imprescindible fijar nuestra postura política públicamente, con el fin de que las verdaderas organizaciones revolucionarias y fundamentalmente el pueblo de México conozca en el fondo las causas y la verdad.

“Es lamentable, pero sobre todo muy doloroso e indignante que mediante la calumnia, la desinformación, la maniobra y la mentira se pretenda manchar el recuerdo de los que hoy ya no están con nosotros y en particular la imagen del luchador social Miguel Ángel Mesino Mesino, asesinado arteramente por grupos pseudorevolucionarios; los cuales degeneraron en descomposición de todos sus integrantes y lo único que ha conseguido es hacerle juego a los aparatos represivos del Estado y particularmente al figueroismo, siendo copartícipes de la guerra sucia en virtud de que hoy se han convertido por sus actos en grupos paramilitares usando un discurso revolucionario”.

Miguel Ángel Mesino Mesino, de 34 años, campesino, militante de la OCSS, fue detenido el 19 de enero de 2003 en el mercado de artesanías de Acapulco, por un comando de hombres encapuchados sin orden de aprehensión; fue maltratado a golpes, amenazado de muerte y de desaparición. Acusado de homicidio, fue absuelto el 18 de noviembre de 2003 y asesinado el 18 de septiembre de 2005. En 1994 ya había sido detenido por el Ejército cuando sitiaron el pueblo El Escorpión, donde él vivía, y fue torturado. A raíz de esos hechos salió de su comunidad a trabajar a Zihuatanejo.

Hilario Mesino Acosta, dijo que su hijo Miguel Ángel, al igual que su organización, han sufrido hostigamiento de los caciques que se oponen a que sigan avanzando, por ello pedirán la ayuda de las Brigadas Internacionales de Paz. Citó el acoso de que fue objeto su hijo Carlos Mesino, quien fue detenido junto con un primo de manera ilegal por casi dos horas por policías de la Agencia Federal de Investigaciones y de la policía judicial del estado que lo quisieron involucrar con venta de droga, violando sus derechos humanos, por lo que presentó una queja ente la CNDH.

Hilario Mesino Acosta manifestó que Miguel Ángel está delicado de salud pero se incorporará a los trabajos de la OCSS, pero no volverá a la comunidad de el Escorpión por seguridad ya que se han suscitado dos crímenes en la zona aun cuando el Ejército patrulla, por lo que queda la duda de quién los mató, pues mencionó que hay paramilitares en la zona.”

Al respecto, las FARP dejan constancia de la incertidumbre que rodea la muerte de Mesino Mesino, al desplegar un manifiesto en el que denuncian que “nos parece muy extraño que hoy salgan siglas que no tienen sustento ni arraigo en el pueblo. ¿Acaso son membretes creados ex profeso para eliminar a dirigentes revolucionarios y a luchadores sociales tal como está sucediendo, amparándose en un lenguaje revolucionario?

“Ante la actitud delincuencial y paramilitar de estos grupúsculos, ¡exigimos! una respuesta pública de ellos, porque es necesario que el pueblo de Guerrero tenga claro que las acciones de estos grupos en la actualidad se están convirtiendo en un peligro, ya que en su desesperación, al no contar con verdadera base política, cometen crímenes que derivan en actos contrainsurgentes.

“¿Donde están aquellos que ante el menor suceso suelen pronunciarse públicamente? No hay explicación alguna ya que en anteriores ocasiones y particularmente al salirse del PDPR-EPR fueron los primeros en acusar de "autoritarismo", de "falta de democracia", de "asesinos", de que impulsarían la "insurrección en el 2000", de que eran vilipendiados y perseguidos.

“¿Dónde están los que con mieles en la boca rodean a los familiares de halagos y hoy no hay ningún pésame, o cuando menos una palabra de aliento a las víctimas de este artero crimen? Es raro, es extraño que algunas organizaciones clandestinas y otras legales no se hayan pronunciado en lo absoluto.

“Diferente ha sido y nuestro reconocimiento a las ONG’s, organizaciones sociales y revolucionarias, partidos políticos y la prensa nacional y local que se han preocupado por lo acontecido. Al paramilitarismo, a los delincuentes les decimos que no se oculten tras de membretes, asuman la responsabilidad y explicación del asesinato; no reconocer implica no tener el valor civil, la vergüenza de asumirlo, reconozcan sus actos porque si no lo hacen, aún negando estas acciones, no les quita un mínimo de responsabilidades.

“Asimismo dejen de ampararse en un falso lenguaje, de utilizar la demagogia para embaucar a sus seguidores, de aplicar la "horizontalidad" y la "democracia" para asesinar a luchadores sociales que consideran un estorbo para sus ambiciones de "Poder Popular".

“Esperamos que ya no cunda en ustedes la desesperación a partir de que no han podido desarrollarse a varios años de su creación. Que la incapacidad política para construir en los sectores sociales no los siga llevando a fortalecer al figueroismo”.

El Ejército y la ley

En entrevista, el general y diputado del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Martínez Nolasco, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, (en referencia al exhorto al secretario de la Defensa Nacional para que las actividades que el Ejército realiza en el estado de Guerrero se ciñan a lo que marca la Constitución) niega que la institución armada actúe al margen de la ley.

“Cuando hay alguna denuncia de tipo estatal, está la coordinación del mando territorial con el gobierno del estado, pero tenga usted la seguridad de que el secretario [de la Defensa] está bien informado por sus mandos de todo lo que acontece en el territorio nacional y bajo ningún motivo se solapan conductas equivocadas o que transgredan la ley, y que no vayan dentro de las disposiciones que el Legislativo asigna al Ejército y a la Fuerza Aérea en sus misiones constitucionales y coyunturales”.

Agrega que la institución es muy grande y no comete actos irregulares, sino que quienes los cometen son elementos en forma individual o en grupito.

La Justicia Militar atiende todas las acusaciones que la ciudadanía presenta. Entonces cuando le digan al señor secretario específicamente en qué consisten esas irregularidades, él estará en condiciones de aplicar la Ley.

Martínez Nolasco señala que “no podemos ir más allá en una acción investigadora. Por qué. Porque si son cometidos en algún estado, pues ahí están los mandos territoriales que cuentan con los auxiliares de justicia militar que los apoyan para atender los ilícitos que algún elemento de la institución cometa en contra de algún ciudadano civil o simplemente rebasando el cumplimiento de sus responsabilidades.

“La institución es apolítica. Es de los mexicanos. El Ejército es propiedad de la nación y está para servirle. Y las cuestiones políticas se resuelven en el ámbito político. Durante casi 50 años estuve en la institución aplicando y cumpliendo las misiones que nos asigna el Poder Legislativo. Todo mundo está al pendiente del trabajo de las fuerzas armadas, son institucionales y constitucionales, y además trabajan por convicción y por mandato constitucional subordinadas al poder político de la nación”.

Publicado: Diciembre de 2005