El concepto geopolítico –compuesto por el apócope de geografía y la palabra política– se puso en circulación durante la década de 1930, a partir de los estudios del general Karl Haushofer quien, además de militar, fue geógrafo, propagandista e investigador del Instituto Für Geopolitik, en la Universidad de Munich. Geopolítica se usó como sustantivo y geopolítico, como adjetivo. Con ellas se dio nombre a las hipótesis que pretenden explicar o predecir las distribuciones y pautas del potencial político por áreas, en las comunidades humanas. Al respecto se puede leer el ensayo de Harold Sprout: Geografía Política (Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales).
Ese comportamiento político de los dirigentes y gobernantes, cuando éstos y aquéllos abusan del poder, ha caracterizado también a la geopolítica. Y se le identifica, en nuestro vocabulario que ha ido limando el filo de las palabras, con: déspota, autócrata, tlatoani, cacique, para quedar en autoritarismo. En nuestra geografía y división territorial (artículos 42 a 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), podemos claramente identificar zonas de la geopolítica autoritaria en relación con el abuso del poder de los déspotas-gobernadores y sus complicidades con el aparato judicial y los diputados locales. Ningún estado con sus municipios escapa a esa geopolítica.
Respecto a la ya generalizada por todo el país, sistemática represión, desapariciones y hasta homicidios de periodistas, esa geopolítica de terror y brutalidad cada vez más sangrienta, se localiza en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Sonora. La geopolítica del terror por abuso del poder.
Por los cuatro puntos cardinales de la rosa de los vientos, irrumpen hechos del abuso del poder para no solamente tratar de limitar metaconstitucionalmente las libertades de informar y criticar sino, incluso, de intentar y casi consumar el cierre de periódicos que son mal vistos por los desgobernadores de esas entidades. En el norte (noroeste geopolítico), donde se ubica Sonora, el señor Bours sigue empeñado en arremeter contra el diario Cambio. En el sur, su émulo Salazar Mendiguchía, en Chiapas, después de tomarla contra toda la prensa de la entidad ahora arremete contra el matutino El Orbe. En Veracruz, fue acribillado Raúl Gibb, director de La Opinión. Y en Oaxaca se mantiene el despiadado acoso contra Noticias, enmascarado con un inexistente problema laboral.
En Sonora el troglodita de Bours, quien desprecia y combate duramente al periodismo, no ha podido (a pesar de la intervención de la PGR) dar cuenta y razón de la desaparición del reportero Alfredo Jiménez, quien investigaba periodísticamente el creciente narcotráfico y que Bours, por lo que sea, ha dejado que capos y sicarios se apoderen de Sonora. Y que hasta comandos de delincuentes disparen impunemente sobre casas habitadas.
El falso licenciado en derecho, Salazar Mendiguchía, igual tiene a Chiapas bajo el terror de sus amenazas cumplidas contra los diarios, sus editores y periodistas. Fidel Herrera, el millonario desgobernador veracruzano, no ha movido un dedo sobre el homicidio de Raúl Gibb, tras seis meses de haber sido prácticamente ejecutado. En Oaxaca, un diputete-pelele del abuso del poder del cacique Nelson Murat, mantienen su presión sobre el gobernador Ulises Ruiz, para que Noticias deje de publicarse.
Si esas cuatro zonas de la geopolítica autoritaria, están marcando con hechos irreversibles: la muerte del director de La Opinión; la desaparición del reportero de El Imparcial; y la presión y represión contra Cambio-Sonora y El Orbe, que el abuso del poder no cesa y va para más, no podemos ni debemos desenmarcarlos del cuadro general de la inquisición judicial contra la revista Proceso y, en el mismo tenor, la que sufren los periodistas Granados Chapa, Carlos Marín, Gómez Leyva y Ricardo Rocha, de los periódicos: Reforma, Milenio-diario y El Universal. Lo que empezó con el foxismo como constantes amenazas verbales y ataques a la libertad de prensa, es ya un metódico combate a muerte y toda clase de violencias e inquisiciones administrativas y judiciales, contra el periodismo que informa y critica los actos y omisiones de los gobernantes.
Publicado: Diciembre de 2005
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Baja California 
