Al asumir la Secretaría de Agricultura el pasado 28 de septiembre, Francisco Mayorga González heredó uno de los problemas agroindustriales más complicados del sexenio foxista: el conflicto azucarero, el cual, aun cuando destaca por sus perentorias repercusiones, fue desatendido por el anterior secretario Javier Usabiaga Arroyo, quien a pesar de su fracaso en la Sagarpa ahora busca ser candidato por el PAN a la gubernatura de Guanajuato.
Expertos en este tema coinciden en que el sector cañero se encamina hacia un conflicto que afectará, por lo menos, a 2.5 millones de personas que dependen directamente de esta empresa agraria. El secretario de la Comisión Especial para la Industria Azucarera en la Cámara de Diputados, Emiliano Ramos Hernández, advierte que “el sector cañero es como un tren que va directo a descarrilarse en el 2008, cuando se abran las fronteras. Es un sector colapsado”.
El legislador perredista opina que esta situación es aún más delicada por el confuso manejo de las 27 empresas expropiadas el 3 de septiembre de 2001 –actualmente administradas por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero–, por la falta de inversión tecnológica y porque la política pública relacionada con este caso ha sido desatinada.
Y es que las cuatro decisiones relevantes acatadas por la administración de Vicente Fox han ido en contra de esta agroindustria, ellas son: la expropiación de los ingenios; la controversia constitucional contra el impuesto especial de 20 por ciento a la fructuosa; el fallido veto a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Agroindustria de la Caña de Azúcar –aprobada el 3 de marzo pasado por el Congreso de la Unión–, y el juicio de acción de inconstitucionalidad en contra de esta misma ley, presentado a finales de septiembre por la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta industria tiene un plazo de dos años, como máximo, para cambiar esta desfavorable tendencia, explica el doctor Luis Ramiro García Chávez, director del Departamento de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Autónoma de Chapingo. “Si en ese tiempo la agroindustria no repunta, es muy difícil que pueda competir en el marco de apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.”
El investigador expone que desde el punto de vista social se trata de un sector muy sensible, pues de esta industria agraria dependen más de 2 millones de personas. Además, la actividad productiva de ésta se encuentra instalada en 15 estados de la República Mexicana, “donde es eje motor de la economía”.
García Chávez considera que “dentro del esquema actual, la actividad azucarera tiene pocas posibilidades de mejorar su ámbito productivo y competitivo: no hay un eje alrededor del cual gire o motive el cambio tecnológico y la modernización, tanto del campo como de las fábricas”.
El diputado Emiliano Ramos considera que la falta de tecnología avanzada, además de frenar la producción de otros productos derivados del procesamiento de la caña de azúcar, limita la competencia en el mercado internacional. “En cuestión de precios no somos competitivos, estamos ante una situación muy grave, y al paso que vamos se va a colapsar en el 2008. El 80 por ciento de los 160 mil cañeros son pequeños productores que se van a ver afectados de manera directa si no hay una modernización de la industria, si no hay una política más agresiva por parte del gobierno federal”.
Políticas equivocadas
De acuerdo con los especialistas consultados, la expropiación de los ingenios fue uno de los errores más “graves” y costosos de esta administración. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado que las pérdidas relacionadas con el proceso expropiatorio ascienden a 3 mil 386 millones 300 mil pesos, cifra que el gobierno federal erogó bajo el concepto de “apoyos para la operación de los ingenios azucareros”.
El legislador Ramos Hernández dice que “con la expropiación lo único que se logra es absorber las pérdidas de los propietarios anteriores. Es un círculo vicioso: por la falta de políticas agresivas del gobierno federal no hay modernización en los ingenios expropiados, es más, no hay ni siquiera información de cómo se administran esos ingenios, de cómo se utilizan los recursos destinados a esos ingenios, ni sobre las ganancias reales que producen; y si no hay transparencia no se puede saber cómo están operando”.
Las irregularidades cometidas durante el llamado rescate cañero ya cobraron su primera factura en los juzgados. La historia comenzó el 3 de septiembre de 2001, cuando se decretó la expropiación de 27 de los 58 ingenios que hay en el país, seis de los cuales pertenecían al Grupo Azucarero México, de Juan Gallardo Thurlow.
Jaime Guerra, abogado defensor de esta empresa, explica: “recientemente obtuvimos la inconstitucionalidad del decreto expropiatorio de diversos ingenios propiedad del Grupo Azucarero México, antecedente fundamental para el derecho de propiedad”.
El litigante observa que “el gobierno federal hizo un decreto expropiatorio totalmente infundado, por eso salió una resolución de nuestros máximos tribunales (Suprema Corte de Justicia de la Nación) expresando que la actuación de la autoridad administrativa había sido violatoria de la Constitución”.
Para el investigador García Chávez, con la expropiación de los 27 ingenios se reguló el mercado y por lo tanto los precios han mantenido niveles aceptables. Añade que al empezar este sexenio se pretendió diseñar un programa azucarero nacional para incrementar la productividad y la competitividad del sector; sin embargo no se concretó porque los cañeros no lo aceptaron. Actualmente la agroindustria camina sobre un modelo rezagado.
“Se vislumbra un escenario en donde va a haber mayor participación de los jarabes de maíz de alta fructuosa en los usos industriales, y la industria azucarera de México tendrá quizá la posibilidad de exportar alguna cantidad mayor a la que actualmente exporta a los Estados Unidos; pero no la suficiente para poder tener una política de espejo, es decir, que la misma cantidad que se importe de fructuosa se exporte de azúcar, porque el mercado de Estados Unidos ya no está creciendo significativamente.”
Ley cañera
El doctor García Chávez reconoce que con la nueva Ley no se pueden esperar cambios significativos porque no hay modificaciones estructurales. “El sector se queda en las mismas condiciones, sin atender los cambios que necesita la agroindustria. Eso es muy lamentable porque se canceló la creación de un centro de investigaciones para mejorar la productividad de la caña de azúcar, que es la base del desarrollo de cualquier agroindustria.”
Para Daniel Pérez Valdez, secretario general de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Central Nacional Campesina, la ley da certidumbre a la relación comercial entre empresarios y cañeros. “Para 2008 vamos a tener investigación para diversificar y tener mejores ganancias. Con la Ley Cañera viene certidumbre económica, social y política en este ramo.”
El líder cañero agrega que sólo hay tres “focos rojos”. “Son ingenios que están por cerrarse: La Concha e Independencia, en Veracruz, que se han sostenido gracias al gobierno del estado, y el de Santo Domingo, en Oaxaca. Son los focos rojos, en cuanto a los demás ingenios pues los están reparando, reestructurando y tratando de que haya certidumbre en su operación.”
En cuanto al reciente fallo de la Organización Mundial de Comercio en contra de México, por el impuesto del 20 por ciento a la fructuosa, Pérez Valdez señala que “estamos tratando de buscar un equilibrio con los industriales del refresco, estamos buscando una solución como país, no como sector, y así contrarrestar el fallo de la OMC”.
Pese a este optimismo, el diputado Ramos Hernández señala que la situación de la industria azucarera es “grave” y se perfila una crisis importante: “Estados Unidos no está cumpliendo con lo pactado en el TLCAN en cuanto a absorber los excedentes. Eso, sumado al fallo de la OMC, pues son golpes que sufre la industria azucarera y que la están llevando directo al colapso”.
Publicado: Diciembre de 2005
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