Bajo el argumento de “malos manejos administrativos y acumulación de pasivos”, desde hace más de dos años se inició el desmantelamiento de la Productora Nacional de Semillas y a la fecha se lleva vendido el 80 por ciento de los inmuebles de este organismo, sin que el Poder Legislativo haya aprobado su extinción.
Un amplio expediente oficial revela que se han cometido diversas irregularidades en este proceso de desmantelamiento. Ejemplo de ello son los casi 63 millones de pesos obtenidos por los pagos y abonos en garantía de 20 predios que pertenecían a la Productora y que, a decir de legisladores y ex trabajadores de la entidad, no han sido reportados a la Tesorería de la Federación.
Un documento interno de Pronase, fechado al 30 de abril de 2004, revela que la Unidad de Liquidación y Control de Activos del organismo da cuenta del precio de cada uno de los 20 inmuebles vendidos a lo largo de la República Mexicana. El monto total del avalúo asciende a 77 millones 972 mil pesos.
El informe señala que en el periodo de abril de 2002 a abril de 2004, la entidad obtuvo en garantía y pagos realizados el 80 por ciento del total de los avalúos; es decir, 62 millones 758 mil 655 pesos, por lo que sólo queda un saldo de 15 millones 213 mil 350 pesos por cobrar.
No obstante las comercializaciones realizadas, sólo el predio ubicado en Progreso, Hidalgo, vendido el 4 de septiembre de 2002 y ubicado en avenida Rodríguez Puebla 19, colonia Centro, había sido dado de baja del patrimonio inmobiliario federal. Por este inmueble la Productora recibió 5 millones 254 mil pesos.
Para comprobar la existencia o no de los montos registrados por el concepto de estas ventas, se solicitó información a la Tesorería de la Federación y a la Productora Nacional de Semillas, sin embargo prefirieron guardar silencio ante las evidencias de corrupción.
La orden
Es en diciembre de 2002, cuando Vicente Fox retomó la iniciativa que en 1991 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión para la desaparición del organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, con el pretexto de malos manejos y acumulación de pasivos.
La propuesta foxista parece haber sido una orden para los encargados de Pronase y una afrenta para el Legislativo que no había aprobado la extinción, y que hasta el momento no cuenta con ningún informe del manejo de este proceso de desincorporación.
Miguel Luna Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en la Cámara de Diputados, señala: “nos llamó mucho la atención que en el texto de la iniciativa para su extinción se dijera que (Pronase) había dejado de ser de interés público, porque la participación del Estado en la producción de semillas es un hecho que debe evaluarse objetivamente; en esa situación la Cámara de Diputados era la única que tenía que decir y desentrañar ese papel”.
El diputado perredista advierte que el manejo de los recursos obtenidos por la venta de casi todos los bienes inmuebles del organismo ha sido oscuro. “Al parecer no han sido reportados a la federación, por lo que hay un punto de acuerdo en el que se pide a la oficina de asuntos jurídicos de la Cámara, gire instrucciones a la Auditoría Superior de la Federación para investigar el proceso de venta de plantas de Pronase en el país, cuando no está autorizado”.
Más irregularidades
Otra de las evidencias que revela malos manejos en el proceso de liquidación del organismo, es una carta fechada el 7 de octubre de 2002, dirigida al entonces secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Barrio Terrazas.
En la misiva, la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Pronase, Gerorgina Tobón Chávez, y Daniel Escamilla Moreno, secretario de Trabajo y Conflictos, advierten que el despacho Servicios Corporativos Integrados (SCI), encargado del redimensionamiento y preparación de la liquidación de la entidad, mantiene en su nómina a personal de la Productora, no obstante que en el contrato celebrado queda estipulado que el despacho contará con personal ajeno al organismo en liquidación.
En el convenio se señala en la cláusula sexta, denominada responsabilidad laboral, que “el Despacho (SCI, S.A. de C.V.) llevará a cabo los trabajos para la prestación de los servicios de asesoría y apoyo para la conducción del proceso de redimensionamiento y preparación de la liquidación de Pronase, con su propia infraestructura humana sin que exista relación laboral entre su personal y Pronase…”
Sin embargo, al presentar diversas facturas para efecto del “pago oportuno de los honorarios del personal contratado en Cortazar, Guanajuato”, se mencionan a 15 empleados del organismo que se desempeñaban en el área administrativa, y que al 10 de diciembre de 2003 se enfilaban en la nómina de “El Despacho”.
Los cobros de Manuel Pérez Rodríguez, Martín García Cantero, Roberto Yánez Pérez, Yolanda Jaramillo Campos, Floriberto Campos Martínez, Paola Reséndiz Banda, Angélica Reséndiz Banda, Ma. Esther Gutiérrez Agapito, Rigoberto García Lípez, Maricruz Martínez Conde, Serafín Novoa Montoya, Agusrtín García Cantero, Liliana Contreras Chávez, Víctor Fernández Magaña y Agustín Quemada Martínez, sumaron en nómina 49 mil 855 pesos mensuales.
Georgina Tobón Chávez, líder del sindicato de Pronase, señala que mientras ésta y otras irregularidades se daban al interior del organismo, las autoridades de la Secretaría de Agricultura presionaron a los trabajadores sindicalizados para que dejaran sus puestos laborales.
“Cuando inició todo esto en el 2001, el oficial mayor de la Sagarpa, Xavier Ponce de León Andrade, dio la instrucción de que a través de retiro voluntario se terminara con la relación laboral de los trabajadores sindicalizados. Éramos unas 450 personas a nivel nacional, pero en la década de los 80 llegamos a ser 13 mil trabajadores sindicalizados.
“También nos presionaron con el cambio de adscripción a Guanajuato, a una de las plantas que continúa en poder de la Pronase; a muchos compañeros les quitaron las compensaciones; fue un caos laboral, porque hubo un acoso terrible. Al ver todo esto tuve que negociar, para que algunos de mis compañeros fueran reubicados en la Secretaría y otros fueran liquidados con forme a derecho. Los culpables de todo esto son los de la Sagarpa y que no dan la cara, aunque ellos son los que instruyen”, acusa Tobón Chávez.
Conveniencias
El 18 de agosto de 2004, el diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, presentó en el Senado de la República un punto de acuerdo en el que exhorta al titular del Ejecutivo se suspenda de manera inmediata el desmantelamiento y la venta de la infraestructura y los activos de la Productora de Semillas.
Padilla Peña explicó que el organismo fue creado el 22 de diciembre de 1960, mediante la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, con un catálogo de semillas de 24 especies, entre las cuales se encontraban los granos básicos, hortalizas, oleaginosas y forrajeras, con 270 variedades en categorías básica, registrada y certificada.
“Pronase es un instrumento de política del gobierno federal que ha jugado y juega un importante papel en el desarrollo tecnológico de la agricultura nacional, al garantizar el abasto de semillas certificadas, y al funcionar como regulador de precios y calidad en el mercado de zonas con alta demanda en semillas mejoradas”, expuso ante senadores.
El legislador advirtió en el pleno del Senado que “las empresas transnacionales han presionado, sin mucho esfuerzo, al gobierno mexicano para colocar sus productos en nuestro país, lo que les ha generado miles de millones de dólares de ganancias cada año. Pronase fue abandonada a su suerte para dar mayor amplitud a la operación de empresas transnacionales como Dupont, Monsanto y Cargill, grandes comercializadoras y promotoras de semillas transgénicas”.
Falta de transparencia
Para confrontar la información se solicitó durante dos meses una entrevista con Rogelio Espinosa Santibáñez, apoderado legal especial de la Productora, a través de la unidad de comunicación social de la Secretaría de Agricultura; sin embargo, rechazaron la petición.
A través de la página de transparencia del organismo se solicitó copia del resultado de los informes elaborados por el despacho Servicios Corporativos Integrados, a fin de conocer puntualmente los bienes que han sido desincorporados de Pronase.
La respuesta que se obtuvo fue la copia de una carta firmada por Juan José Páramo, apoderado de S.C.I., S.A.de C.V, y dirigida a Xavier Ponce de León Andrade, oficial mayor de la Secretaría de Agricultura, con fecha del 23 de febrero de 2004.
En la misiva, Páramo señala que “en cumplimento del contrato de prestación de servicios celebrado para apoyar la conducción del proceso de redimensionamiento y preparación de la liquidación de Pronase, que venció en diciembre último, con fecha 13 de enero del 2004 se sometió a la consideración de esa dependencia y del propio organismo el correspondiente informe final de los servicios prestados, con inclusión de una estrategia para su conclusión, aún sin la emisión de la Ley de extinción, del que se acompaña copia".
Sin embargo, en la carta solo se contiene el índice del trabajo realizado por el despacho, entre lo que se destaca que el organismo tiene en su poder los informes específicos de las áreas responsables y constancias del proceso de redimensionamiento y preparación de la liquidación por cada uno de los subprogramas ejecutados: realización del inventario de semillas, enajenación de inmuebles, devolución y baja de inmuebles propiedad de terceros, enajenación de bienes muebles, enajenación de vehículos, envases, agroquímicos y materiales, donación a la Secretaría de la Defensa de costales de polipropileno, redimensionamiento de la plantilla del personal, cierre de plantas y unidades, cobranza y depuración de la cartera, atención de observaciones de instancias fiscalizadoras, administración de archivos, situación financiera y situación presupuestal.
De todo ello, el despacho recomienda “que la documentación que se incluye en la memoria documental que se entrega, tiene carácter de reporte interno provisto en los pactos celebrados. En su momento deberá valorarse su contenido para efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en especial respecto de los archivos de la entidad que conforme a esa Ley y su normatividad derivada puedan tener el carácter de información reservada”.
Ante las diversas irregularidades que empañan el desmantelamiento de la entidad, actualmente a cargo de Rogelio Espinosa Santibáñez, apoderado legal especial y encargado del despacho de la dirección de Pronase, el legislador perredista Miguel Luna Hernández dice que “todo esto, al igual que la venta de aditamentos, es completamente ilegal”.
“A este gobierno no le importa que no haya dictamen en la Cámara de Diputados, siguen vendiendo porque ellos tiene un compromiso con las transnacionales de desaparecer todo lo que huela a campo; son compromisos de la campaña de Vicente Fox. Precisamente el financiamiento que recibió para la Presidencia de la República fue de muchas trasnacionales, entre ellas Dupont y Monsanto”, concluye el perredista.3
Soberanía alimentaria en riesgo
Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, advierte que con la liquidación de la Pronase, la soberanía alimentaria del país está en riesgo. “Desde hace mucho se ha dicho que algo que garantiza la soberanía de un país es que tenga asegurados la producción de sus alimentos; en este momento, no es posible pensar que México es autosuficiente.
“Para que podamos garantizar la suficiencia alimentaria, necesitamos tener una infraestructura para producirla y almacenarla, pero ya no tenemos nuestras plantas, bodegas, ni la certificación de semillas mejoradas por parte del Estado”, dice.
El rector Barrales Domínguez explica que la Pronase era el organismo proveedor de las semillas mejoradas para que los productores pudieran explotar de mejor manera sus tierras. “Esto ya no es así; las empresas productoras de semillas que tienen un peso económico muy fuerte a nivel internacional, han logrado penetrar en el país, mientras que nuestro sistema de producción está totalmente desmembrado.
“Los productores tradicionales o los pequeños productores están dejando de producir sus tierras”, dice Barrales, lo que implica que el material genético de las semillas, así como sus variedades, se están perdiendo. “Cuando al rato queramos impulsar un programa de reactivación de producción en campo, qué vamos a sembrar, otra vez nos van a obligar a recurrir a las empresas transnacionales a comprar semilla.
“Nos preocupa que no hay la intención de impulsar al sector agropecuario con fines de alcanzar la sustentabilidad alimentaria; este es un riesgo muy fuerte, algunos estamos convencidos de que se podría alcanzar la autosuficiencia alimentaria siempre y cuando haya una política de gobierno que permita asegurarlo”, concluye el rector de la Universidad Autónoma Chapingo.
Publicado: Agosto de 2005
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Baja California 
