Incólume a la transparencia y a la rendición de cuentas, el Poder Judicial de la Federación mantiene la facultad de fiscalizarse a sí mismo, situación que además de generar suspicacia abre un enorme abanico de complicidades en su interior, estiman especialistas en el tema.
El doctor Miguel Covián Andrade, catedrático de la Facultad de Derecho de UNAM, dice que “si por algo se caracteriza el Poder Judicial Federal, es por la falta de claridad, por los privilegios y por una serie de elementos tortuosos que no son del conocimiento público, porque aún se cree que ahí todas las cosas se hacen bien. Y eso es una gran mentira”.
Los expertos consideran que la opacidad en esta materia se debe a que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incumple con sus facultades de administrar, vigilar y disciplinar al Poder Judicial, además de que la propia legislación exceptúa de esta supervisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y es que a 10 años de su fundación, el CJF opera como “juez y parte”. Eliana García Luna, diputada por el Partido de la Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Justicia, dice que “el Consejo de la Judicatura es un elefante blanco que no ha servido para el objetivo que se creó”.
Afirma que “no ha habido una actuación verdadera de supervisión, de vigilancia de la labor de los miembros del Poder Judicial en sus diferentes niveles, porque la real actuación de fiscalización ha sido limitada y discrecional”.
Según información oficial, desde que entró en funciones y hasta la fecha, el CJF sólo ha destituido un total de 42 funcionarios públicos.
Para el especialista en el sector judicial y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Antonio Caballero, el problema del Consejo de la Judicatura no radica en el número de servidores públicos cesados sino en la transparencia con que se toman estas decisiones.
Caballero Juárez asegura que más allá de la cifra de funcionarios destituidos, lo importante es saber por qué fueron cesados y qué medidas se tomaron para evitar que se cometan esas irregularidades.
El investigador advierte que “hasta ahora esto se ha mantenido muy oscuro, y si no tenemos claridad en los procesos de responsabilidad de los jueces, tampoco tenemos un buen camino de transparencia. Es fundamental hacerlos transparentes, eso le conviene tanto a los jueces como a la sociedad, porque además el procedimiento de responsabilidad interno dentro del Poder Judicial es un procedimiento muy oscuro, incluso para los propios jueces”.
 Carlos Natarén, también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, disiente al señalar que “para afirmar que el Consejo no está cumpliendo con su trabajo, se tendría que asegurar que hay un número muy alto de jueces corruptos, y la verdad es que el salario de los jueces impide que hayan estímulos para que se corrompan”.
Indica que a los jueces y magistrados los sacan por ser ineficaces, pero no por vender sentencias. Además, dice, “es muy injusto que midamos al Consejo de la Judicatura en relación con el número de jueces que ha destituido”.
En el 2005 el presupuesto asignado al CJF ascendió a 16 mil 932 millones 450 mil pesos, de los cuales el 91.2 por ciento, es decir 15 mil 457 millones 703 mil pesos, correspondió al capítulo 1000, referente a “gastos personales”.
El Consejo en pleno
El Consejo de la Judicatura Federal se creó el 31 de diciembre de 1994, con el objetivo de consolidar este poder, dar autonomía a sus órganos e independencia a sus jueces y magistrados, tras la aprobación de las reformas al Poder Judicial de la Federación, propuestas por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Pero en 1999 la institución sufrió un severo revés.
Covián Andrade explica que en un principio el Consejo de la Judicatura Federal tenía atribuciones genéricas completas para manejar todos los aspectos de gobierno: administración, supervisión y vigilancia del Poder Judicial, y que sus resoluciones no podían ser modificadas ni siquiera por la Suprema Corte.
Con la reforma de 1999, ya con cuatro años y medio de ejercicio de sus atribuciones, los ministros de la SCJN le solicitaron a Zedillo que presentara una iniciativa para retirarle esas atribuciones al Consejo de la Judicatura.
“A partir de ese momento la Suprema Corte ya puede revisar y en su caso corregir algunas decisiones del Consejo de la Judicatura en materia de gobierno y administración. Y de pasadita, también pidieron que se renovara por completo a los consejeros porque ya habían entrado en conflicto con ellos”, afirma el académico.
Agrega que desde entonces la Suprema Corte se maneja por sí misma, al igual que el Tribunal Electoral, y que aunque el Consejo de la Judicatura no puede ser corregido por ninguna instancia, hay una salvedad a favor de la SCJN. “Es decir, que la Suprema Corte vuelve a tomar el poder y el control, a eso se redujo la reforma de 1999”.
Carlos Natarén coincide en que “con la reforma de 1999 la Corte recupera el poder, y hoy queda claro que el Consejo de la Judicatura ya no es un órgano del Poder Judicial, sino que es un órgano de la Corte. Si revisamos la Constitución encontramos que aunque las decisiones del Consejo son inatacables, se pueden recurrir mediante el amparo, y esa es una interpretación que abrieron para no perder el control sobre el Poder Judicial; entonces, la función original del Consejo aún no se acaba de cumplir porque el Poder Judicial sigue estando claramente encabezado por la Corte”.
El CJF presidido por Mariano Azuela Güitrón quien también encabeza la SCJN, se integra por siete consejeros: tres de ellos son miembros del Poder Judicial designados por el pleno de la propia Corte, mientras que los otros tres deben ser personas que se han distinguido en el ejercicio de actividades jurídicas; dos de ellos son designados por el Senado y uno por el presidente de la República.
En noviembre de 2004, el presidente Vicente Fox nombró a su entonces consejera jurídica María Teresa Herrera Tello como nueva integrante del CJF; además de ella, Adolfo Aragón Mendía, Elvia Rosa Díaz de León D'Hers, Constancio Carrasco Daza, Miguel A. Quirós Pérez y Luis María Aguilar Morales, integran el pleno.
Al año, cada consejero le cuesta al erario público 4 millones 111 mil pesos, es decir, que los integrantes del pleno cobran 342 mil 585 pesos al mes, según reporta la institución en el informe del presupuesto analítico de plazas del CJF.
El doctor Covián Andrade advierte que, en la actualidad, la relación entre los magistrados del Consejo de la Judicatura y los ministros de la SCJN es muy “tersa”, porque los primeros son “fieles servidores” de la Suprema Corte.
“No vayamos lejos, antes de ocupar el cargo en la Corte, Margarita Luna Ramos era magistrada del Consejo de la Judicatura por decisión del pleno de la Corte, es decir que del CJF pasó a ser ministra. Todo se queda en familia”.
Juez y parte
Al referirse a la conformación del Consejo de la Judicatura, la diputada Eliana García dice que el hecho de que esté encabezado por el también presidente de la SCJN es un problema.
“Dada nuestra muy incipiente separación de poderes, a veces no parece realmente tal, sucede que la Suprema Corte se ha convertido en un verdadero tribunal supremo por encima de cualquiera de los otros dos poderes, cuando finalmente es un poder más, y se convierte en juez y parte”.
Carlos Natarén advierte que aunque esta situación no es exclusiva de México, sería importante modificarla, pues “objetivamente, encabezar a la Corte y al Consejo de la Judicatura es mucho trabajo”.
El especialista en el Poder Judicial expresa que “el Consejo de la Judicatura tiene que ser un órgano técnico de administración que cuide la carrera judicial, desde cómo escoges a los jueces, qué formación tienen, los exámenes de ingreso; tiene que proveer las garantías judiciales: dónde va a trabajar, cuánto va a ganar. Esos factores de independencia judicial son fundamentales y no siempre se logran”.
Por esto, dice, el Consejo debe garantizar la remuneración, la inamovilidad y todo aquello que se necesita para que un juez realmente resuelva de manera imparcial e independiente, esas son las funciones esenciales. Y también tiene que ver el régimen de sanciones, por eso es un órgano técnico que se encarga de garantizar la administración para que un juez no tenga que ver a quién le compra el papel que necesita.
Para José Antonio Caballero el problema es que al interior del Poder Judicial todavía hay esa sensación de que “la ropa sucia se tiene que lavar en casa”. “Entonces, cuando encuentran que tienen a un juez con muchos problemas, lo que hacen es que por una vía económica le piden su renuncia y no inician ningún procedimiento, porque consideran que de lo contrario se puede generar escándalo y problemas a la imagen del Poder Judicial.
“Pero lo que tienen que hacer es juzgar a los jueces, y quien sea responsable de algún ilícito que reciba el castigo que corresponda, que lo inhabiliten, que lo sancionen o que inicien una averiguación previa en su contra; y en otros casos premiar claramente a los jueces que están haciendo bien su trabajo. Porque el día que cualquiera de nosotros esté sujeto a un proceso más vale que nuestro juez no le tenga miedo a una procuraduría y que nos defienda correctamente”, afirma el investigador.
Los excesos del Consejo de la Judicatura
Aunque el artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 señala que ningún servidor público podrá obtener una percepción mensual superior a la del presidente de la República, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) exceden este parámetro.
Mientras que el salario bruto del presidente Vicente Fox es de 232 mil 431 pesos al mes, los consejeros perciben 110 mil 154 pesos más, pues cada 30 días cobran un sueldo bruto de 342 mil 585 pesos, con excepción del ministro Mariano Azuela Güitrón. Y de acuerdo con el presupuesto analítico de plazas del CJF la remuneración anual por consejero asciende a 4 millones 111 mil pesos.
Destinado a la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, el CJF comprende la organización y fiscalización de 172 tribunales colegiados, 305 juzgados de distrito y 67 tribunales unitarios, así como de 589 magistrados de circuito y 319 jueces de distrito.
En el 2005, la dependencia recibió un presupuesto de 16 mil 932 millones 450 mil pesos, equivalentes al uno por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación; de esta cantidad, el 91.2 por ciento (15 mil 457 millones 703 mil pesos) corresponde a la cobertura del pago del capítulo 1000, referente a “gastos personales”.
Tan sólo el costo bruto de los salarios de los magistrados asciende a mil 110 millones 92 mil pesos, es decir, que cada magistrado percibe poco más de 157 mil pesos al mes; y por concepto de remuneración de jueces de distrito, el Consejo eroga 529 millones 207 mil pesos al año, que equivalen a un salario mensual de 138 mil 246 pesos.
Además, por cada juez y por cada magistrado el Consejo de la Judicatura paga el servicio de un chofer, cuyo salario mensual bruto asciende a 15 mil pesos. Por las 905 plazas de “chofer de funcionario” la institución eroga 163 millones 81 mil 905 pesos al año.
Pero este no es el único gasto excesivo. Actualmente la institución cuenta con 45 plazas destinadas al oficio de nana, cuyo salario individual asciende a 10 mil 734 pesos al mes, por lo que el CJF eroga 5 millones 796 mil 625 pesos anuales para cubrir el pago de “niñeras”.
(Nancy Flores)
Presupuesto del CJF para el ejercicio fiscal 2005
Capítulo Concepto Presupuesto asignado
1000 Servicios personales 15 mil 457 millones 703 mil 23 pesos
2000 Materiales y suministros 194 millones de pesos
3000 Servicios generales 905 millones de pesos
5000 Bienes muebles e inmuebles 40 millones de pesos
6000 Obras públicas 315 millones 913 mil 801 pesos
7000 Inversión financiera, provisiones económicas, 19 millones 833 mil 260 pesos
ayudas, otras erogaciones, pensiones,jubilaciones y otras.
Total 16 mil 932 millones 450 mil 84 pesos
Fuente: CJF
Gastos del CJF correspondientes al Capítulo 1000(servicios personales) en el ejercicio fiscal 2005 (cifras en millones de pesos)
Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,860.88
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 101.350
Remuneraciones adicionales y especiales 1,212.352
Erogaciones por concepto de seguridad social y seguros 1,333.168
Pagos por otras prestaciones sociales y económicas 8,945.931
Impuesto sobre nóminas y crédito al salario 196.56
Previsiones para servicios personales 808.756
Total 15,457.703
Fuente: CJF
La caja chica del Consejo
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) maneja 21 millones 841 mil pesos extraídos del erario a través de un fideicomiso “privado”, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El 9 de febrero de 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó en el Banco Internacional, S.A. (ahora HSBC) el fideicomiso identificado con el número 4546-2, destinado al “Programa para el mantenimiento de viviendas de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación”. Un año y medio después, la institución cedió los derechos de fideicomitente al CJF.
El máximo órgano de fiscalización señala que entre las irregularidades detectadas sobresale la condición de “privado” para dicho fideicomiso, a pesar de que “existen elementos que determinan su carácter público”.
Por este motivo, la ASF le solicitó al CJF que se pronuncie al respecto, y que “en caso de persistir el criterio de privado se adopten las medidas correspondientes para retirar la canalización de recursos humanos, materiales y financieros con características públicas en su manejo, administración y control”.
Según el informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, el Consejo de la Judicatura no sólo destina recursos humanos para verificar las obras de mantenimiento, sino que incluye en su estructura orgánica la Dirección del Programa de Vivienda para Magistrados y Jueces, “cuyas funciones están relacionadas con la atención del programa”.
Pese a esto, la ASF advierte que no hay una regulación de fideicomisos públicos que pueda aplicarse al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, señala que un fideicomiso adquiere el carácter público cuando se administra con recursos públicos, y cuando sus fondos se aplican para atender bienes o actividades públicas.
“En el caso del Fideicomiso 4546-2, el CJF utiliza recursos públicos de tipo material y humano para administrar y operar el fideicomiso, y los recursos del fondo fiduciario se canalizan para dar mantenimiento a inmuebles del dominio de la Federación, por lo cual, la conclusión conforme a las evidencias revisadas es que se trata de un fideicomiso público”, determina la Auditoría Superior.
De acuerdo con el padrón inmobiliario, a diciembre de 2003 el fideicomiso cuenta con 341 casas-habitación ocupadas por magistrados y jueces, distribuidas en los 31 estados de la República, excepto en el Distrito Federal. (Nancy Flores)
Publicado: Agosto de 2005
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