Cuba-EU: ¿Quién le debe a quién?

La Habana, Cuba. Las acciones que desde 1959 ejecuta el gobierno estadounidense en contra la economía cubana para lograr que sus ciudadanos abjuren de la revolución, omiten que en una nota diplomática del 11 de junio de ese año el secretario de Estado, Christian Verter, expresó:

“...Los Estados Unidos reconocen que, según el derecho internacional, un Estado tiene la facultad de expropiar dentro de su jurisdicción para propósitos públicos...; sin embargo, este derecho debe ir acompañado de la obligación correspondiente del pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación”.

Andrés Zaldívar Diéguez, doctor en Ciencias Jurídicas e investigador titular del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado Cubano, explica que esa ‘compensación' nunca se cobró, pues resultaba una exigencia injusta e imposible de cumplir en un país pobre, históricamente explotado y saqueado por quienes  reclamaban.

En su investigación sobre el bloqueo contra Cuba, Zaldívar indica que desde el 18 de enero de 1962 el general Lansdale presentó a los departamentos y agencias estadounidenses el documento titulado The Cuba Project, que establecía la posibilidad de hostigar las embarcaciones del bloque, rehusándoles la entrada a los puertos norteamericanos (supuestamente por razones de seguridad) a aquellas que hayan tocado o tocaran puertos cubanos.

Este documento, desclasificado bajo el título The Cuba Project, contiene desde esos años la esencia de las Enmiendas Torricelli y Helms Burton contra Cuba, que se aplicaron 43 años después.

“¿Quién le debe a quién? pregunta Alejandro Aguilar, estudioso de los efectos genocidas de la guerra económica que le impuso a millones de cubanos el gobierno estadounidense.

Señala que había una concentración del comercio con Estados Unidos del 64.5 por ciento en las exportaciones, 73.5 por ciento en las importaciones y, al decretarse el bloqueo, “tuvimos que reestructurar todas nuestras relaciones económicas internacionales de manera brusca.

“Fue necesario de modo abrupto buscar otros mercados para nuestros productos y otras fuentes de suministro, incluso no sólo buscar nuevas materias primas sino modificar el sistema de medición –de pulgadas o yardas- y adaptarnos al sistema métrico decimal”.

Al triunfo de la revolución, los recursos de inventarios que necesitaba el país para operar económicamente eran de un 15 por ciento. Al desarticularse esto y tener que operar con proveedores y nuevos clientes, incurrimos en una enorme cantidad de gastos complementarios.

Esta situación se mantiene hasta la actualidad. Salvo el período de mediados de los años 70 y 91, cuando tuvieron lugar los cambios en AL - desaparición de algunas dictaduras y surgimiento de regímenes democráticos- permitió que realizáramos algunas transacciones con estos países, incluso con algunas subsidiarias de EU.

Sin embargo, en 1992 se aprueba la enmienda Torricelli que prohíbe la venta a Cuba –o realizar cualquier tipo de negociación con empresas cubanas a empresas subsidiarias de EU- y además prohíbe la entrada de transporte y mercancías por 6 meses para que puedan entrar a puertos estadounidenses.

Debe señalarse que esta situación que persiste desde hace 45 años, en la que Cuba debió enfrentarse a contingencias externas, no solo al bloqueo estadounidense, sino a la pérdida de las relaciones y de intercambio desigual entre países desarrollados y subdesarrollados.

Un típico ejemplo ha sido la pérdida de relación de intercambio con respecto a la compra de azúcar. Otro fue con las manufacturas –la diferencia entre el precio nominal del producto en el mercado internacional y su poder adquisitivo real-.

Actualmente tendríamos que exportar ocho veces la cantidad de azúcar para obtener la misma cantidad y estructura de manufacturas que adquiríamos dos décadas atrás.

Estos factores son muy comunes a los países de menor nivel de desarrollo, pero en Cuba este fenómeno del intercambio desigual se conjuga con el bloqueo que no sólo ha tenido una expresión económica sino comercial, financiera y tecnológica, y este es un factor estratégico, porque nos vemos ante la coyuntura de que EU es el país con mayor nivel participación en el mercado de productos tecnológicos a escala mundial.

En Internet EU tiene el control tecnológico de diferentes sistemas, no sólo para realizar ventas o para hacer reservaciones, como en el caso turístico.

Ellos tienen además un mecanismo de persecución que vigila cualquier operación internacional que realiza Cuba mediante el OFAT, Oficina para el Control de Activos Extranjeros, subordinado al Departamento del Tesoro.

De los años setenta hasta 1991, Cuba pudo realizar actividades con algunas empresas subsidiarias estadounidenses. A partir del 92, cuando el 90 por ciento de estas transacciones eran alimentos y medicamentos, mediante la enmienda Torricelli se interrumpieron.

Esto ocurrió cuando Cuba debía reestructurar de nuevo en corto plazo todas sus relaciones económicas internacionales debido a la involución que se produjo en los países socialistas por la disolución de la URSS, por lo tanto, las operaciones que se realizaban con subsidiarias se incrementarían.

Pero en una política oportunista EU emite la enmienda Torricelli para establecer mecanismos como la de los buques. Es un momento en el cual esta interrupción de los vínculos con la URSS produjo una crisis económica de grandes proporciones, donde el PIB se redujo a 35 por ciento de lo que era en 1989.

En el 91 la  capacidad de importación del país se redujo casi a un 25 por ciento del año anterior. En el 89 Cuba importaba unos 8 mil 100 millones de EU y la economía se contrajo, y desde la no disponibilidad de recursos financieros para enfrentar la nueva situación que se agudizó por la no disponibilidad de crédito.

Indemnización sin cobrar

El investigador Aguilar Dieguez aborda otra cuestión poco explorada por la prensa estadounidense: la indemnización que reclama EU por la nacionalización que llevó a cabo el gobierno de la revolución.

Señala que “en su afán de esclavizar a la nación cubana –los EU- no sólo aprueban leyes como la Torricelli y la Helms-Burton, sino que intentan internacionalizar el bloqueo involucrando a otras naciones soberanas al pretender imponer en el Acuerdo Multilateral de Inversiones en la OCDE, cláusulas con carácter retroactivo para impedir que inviertan en Cuba, argumentando la existencia de propiedades estadounidenses en la isla sujetas a reclamación.”

Incluso en foros como las negociaciones del ALCA se introducen formulaciones al respecto. La exigencia estadounidense alude a que la nacionalización de sus bienes por Cuba fue ilegal y discriminatoria, y que no se ha indemnizado a los nacionales estadounidenses.

Alejandro Aguilar pregunta ¿hay falta de voluntad política de Cuba para ello? ¿Pudo Cuba enfrentar la liquidación de esas indemnizaciones y bajo qué condiciones? ¿Propició EU un clima afín a esas negociaciones? ¿Son vigentes las reclamaciones cuatro décadas después de bloqueo, agresiones diversas y sistemática hostilidad?