Seguridad pública: fracaso del foxismo

A diez años de creado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) derivó en un estrepitoso fracaso durante la administración de Vicente Fox Quesada. Legisladores de las tres principales fuerzas políticas coinciden en que el Sistema, previsto en la ley, es letra muerta ante la incapacidad del Poder Ejecutivo de llevarlo a cabo.

A pesar de los discursos del presidente de la República en el sentido de que la seguridad pública es prioridad en su gobierno, ni la multitudinaria marcha contra la delincuencia realizada en junio pasado logró impulsar al SNSP.

Los linchamientos de tres agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) transmitidos por las cadenas de televisión, descubrieron al gobierno federal lo que para los ciudadanos ya era evidente: la fragilidad de la seguridad pública.

El SNSP se creó en 1994 al reformarse los artículos 21 y 73 constitucionales. Entre otros puntos, la Ley señala que el SNSP permitiría combatir sistemáticamente la delincuencia; coordinar a las autoridades de los tres niveles de gobierno y generar la sistematización e intercambio de información entre las instituciones del país. Después de una década nada se ha cumplido.

En 1995 se promulgó la Ley General que establece las bases de coordinación del SNSP. Ahí se establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano superior de coordinación del SNSP. Está integrado por el secretario de Seguridad Pública, quien lo preside; los 31 gobernadores de los estados; los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y de Comunicaciones y Transportes; el procurador General de la República; el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el secretario Ejecutivo del Sistema.

El objetivo del Consejo, según la Ley General de Coordinación del SNSP, es integrar y coordinar todas las instituciones de seguridad pública de la federación, estados y municipios, para que el Estado cumpla su función de salvaguardar la integridad y derechos de las personas; así como preservar el orden y la paz públicos.

“Eso no existe en la realidad. Tan no existe que los resultados están a la vista: ya tuvimos un linchamiento hace unos días; estuvimos a punto de que se realizaran dos más; a eso hay que sumar los asesinatos cometidos contra ancianas en la ciudad de México, las muertas de Juárez, los mara salvatrucha que están en 28 estados y los secuestros”, dice el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Uscanga Escobar.

Agrega que el problema es más complejo de lo que cree el presidente. “El problema no se resuelve con destituciones, sino con cuestiones a fondo en la toma de decisiones y, sobre todo, de buscar al personal idóneo, que tenga el perfil y no a los amigos que tanto daño nos han hecho en estos cuatro años”, dice en alusión a la destitución de Marcelo Ebrad y al aliento de Fox al secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta.

El diputado Heliodoro Díaz Escárraga, secretario de la Comisión, rechaza que el fracaso del SNSP tenga origen en una legislación inadecuada. Según el legislador, no hay políticas generales en materia de seguridad pública. “El Sistema Nacional de Seguridad Pública ha sido, desde la toma de posesión del presidente Fox, un rotundo fracaso. Ha ido en retroceso en vez de avanzar y consolidarse”.

De acuerdo con Díaz Escárraga, quien ocupó en el SNSP entre 1994 y 2003, con los cargos de delegado del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional en los estados de Morelos, Hidalgo y Estado de México (1988-1999); secretario de Protección Ciudadana (1999-2003); secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (1999-2003) y secretario Técnico del Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (1999-2003), el foxismo interrumpió el trabajo que se venía realizando antes del 2000.

“A la llegada de Fox, no se hicieron las reuniones con la frecuencia que la propia ley establece; se quiso criticar lo que ya se había hecho, donde la PFP es una expresión clara de ese tejer y destejer en el ámbito. Crear un Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene que verse como un proyecto a largo plazo. No se le dio continuidad. Cuando se ve cortado por razones de orden sexenal y por criterios de orden político, como lo hizo el presidente Fox, los resultados son evidentes.”

Para Heliodoro Díaz, la inseguridad que se vive en el país “no es un problema de leyes. Las leyes ahí están. Es un problema de eficacia en la aplicación de esas leyes, es un problema de mandos y de experiencia para impulsar esa dinámica en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es un problema de voluntad política”.

Sin embargo, para la diputada panista Patricia Garduño, secretaria de la CSP, el hecho de que SNSP tenga rango constitucional “es muy valioso, porque obliga a los cuerpos encargados de la seguridad pública a coordinarse realmente. La inseguridad es un asunto que no puede resolverse de manera aislada”.

La legisladora reconoce que “desafortunadamente esto no se ha dado. Ha quedado solamente en la ley. Pero sí se han dado esfuerzos serios de distintas entidades del país por alcanzar una coordinación; hay otras que no, que sencillamente insisten en no coordinarse, mantenerse como una isla sin entender que la inseguridad es un asunto que nos atañe a todos”.

Garduño considera que Martín Huerta ha realizado un esfuerzo “notable” pero insuficiente. “Y la realidad es que sí necesitamos que haya en la ley mayores mecanismos que permitan sancionar a las autoridades, que de alguna forma no quieran entrarle a un esquema de coordinación”.

Rechaza que el Ejecutivo federal y los propios legisladores hayan desestimado el problema de la seguridad pública en el país. Esgrime las reformas a la Ley General realizadas por los diputados en aras de perfeccionar el SNSP, algunas de ellas impulsadas por el presidente de la República.

“Hay distintos instrumentos que ayudarán a abatir los índices delictivos, como el registro policial, el registro vehicular, en fin: una serie de instrumentos que el Legislativo ha ido aprobando en distintas modificaciones a la ley y que tienen como propósito que existan registros confiables que permitan un combate eficaz a la delincuencia.

“Se ha aprobado, además, una propuesta en relación a la existencia de la conferencia de secretarios de seguridad pública y la incorporación de un diputado federal y un senador de la República al Consejo de Seguridad Pública, con el propósito de que los legisladores pudiéramos estar enterados exactamente de cómo se esta trabajando.”

Una de las iniciativas de reforma que aún está a discusión en el palacio legislativo de San Lázaro es la presentada por la diputada panista María Antonia García Sangines, con el objetivo de aplicar sanciones económicas a los municipios y gobiernos estatales que se desistan a trabajar coordinadamente en materia de seguridad pública.

La diputada perredista Eliana García Laguna señala que el fracaso del SNSP se debe a “la incapacidad que ha demostrado el gobierno federal para asumir con responsabilidad las tareas ejecutivas que le son asignadas. Lo que estamos viviendo es una absoluta falta de gobernación en el más sentido estricto”

Agrega que en el gobierno foxista no hay interlocutor válido, ante “la manera facciosa en que el gobierno federal ha decidido utilizar a las instituciones del Estado para sus propios intereses personales o de grupo”.

Denuncia que el grupo de trabajo, integrado por diputados de todas las fracciones parlamentarias, encargado de analizar y discutir las iniciativas en materia de Justicia y Seguridad Pública que fueron enviadas por el Ejecutivo, no se ha reunido desde hace más de un mes por falta de voluntad política del PAN.

“Al grupo de trabajo lo preside la Junta de Coordinación Política y no nos han convocado nuevamente. Solicitamos al presidente de la Junta, que emita la convocatoria para que podamos avanzar en las reformas legales para tener un sistema mucho más perfectible y adecuado a lo que está sucediendo actualmente en el país”, finaliza.