Degradación social por la seguridad pública

El funcionario argumenta que el origen de esa degradación social y de la política está en los problemas económicos y sociales como el desempleo, el avance de la delincuencia organizada, el crecimiento del narcotráfico y la corrupción.

“Es un problema de percepción y de ver cómo se puede incitar a la cohesión; con llamados, discursos, leyes, compromisos, acciones, hechos, todo. Estamos en épocas de descalificaciones y tenemos que consolidar nuestro rumbo en todo: tenemos que crecer económicamente, en empleo, educación, vivienda, salud. El problema es muy claro desde mi punto de vista”.

Dice que el problema de seguridad pública que vive el país tiene solución: se requiere de “esfuerzo, acciones de gobierno, legales y participación de la sociedad”, así como del “compromiso mutuo de quienes participamos en las fuerzas de seguridad pública, en los servicios de información, de inteligencia y la parte legislativa, para que la gente vuelva a creer en nosotros”.

De la creación de la Secretaría del Interior y de una Policía Nacional, Gil Padilla dice: “deben crearse mecanismos necesarios para la coordinación de todas las policías, perfecta y claramente, cada quien en su ámbito, pues son casi 400 mil policías en todo el país y no es fácil la coordinación siendo parte de un solo ente ni por separado; hay atribuciones para los niveles de gobierno, delitos federales, comunes; la investigación es un ámbito, la procuración de justicia es otro”.

Y es que la estadística delictiva nacional, que registra el índice de delincuencia y de violencia, revela que ocurren anualmente 1.5 millones de delitos del orden común y federal. Y en los últimos años, aunque ligeramente ha tendido a la baja, “estamos concientes de que se trata de niveles altos”.

El funcionario reconoce que no se sabe con qué armamento cuentan cada una de las corporaciones policíacas a nivel nacional, ni si éste funciona. “Eso es responsabilidad de quien tiene la seguridad pública en cada área; si en algún municipio tienen policías con armas viejas o sin municiones, nosotros no tenemos forma de saberlo”.

Dice que son políticas públicas, generales y específicas, según el caso. Si son municipales pues son responsabilidad del municipio; en ocasiones sabemos que hay armas comunes, o sea que hay armas que utilizan los policías cuando andan en servicio en la calle y llegan y las depositan y al siguiente turno se le asigna esa misma arma, la cual sólo sabemos que existe.

Llevamos el registro, no hacemos la evaluación si las armas sirven o no; o si el personal está bien capacitado; hacemos los esfuerzos por ofrecer la capacitación; sabemos intuitivamente que, a pesar del esfuerzo, no es suficiente.

¿Sería conveniente que se reformara la ley?

-No es fácil la respuesta; creo que las leyes son claras en las atribuciones de la federación, de los estados y los municipios, además del incremento de las leyes hay que cumplirlas: cada quien su responsabilidad y su tarea. Las reformas a las leyes obedecen a necesidades que se siente que hay que cubrir, no es tan fácil. El nuestro no es un problema de leyes.

La Dirección General del Sistema Nacional de Información (SNI) tiene como única tarea la administración de los registros nacionales, según Víctor Manuel Gil Padilla, director del SNSP.

“Con 550 usuarios de toda la República que pueden consultarlo en tiempo real las 24 horas los 365 días del año”, los registros se dividen en: Nacional de Personal (RNP); de Identificación (RNI); de Huellas deca-dactilares (RNHD); del Padrón Vehicular (RNPV) y Registro de Mandamientos Judiciales (RNMJ), detalla el funcionario.

El personal autorizado para consultar datos tiene que ver con la revisión de antecedentes para efectos de contratación. “Por ejemplo de las procuradurías de los estados, secretarías de seguridad, PGR, Defensa Nacional, Marina y el Cisen, entre otros. Ningún particular puede acceder a los registros”.

El SNI a través de la PGR o los gobiernos estatales, fronterizos con Estados Unidos, puede intercambiar información “muy específica” con la Interpol.

En el RNP se encuentran los datos de todas las personas que tienen algún nexo laboral en materia de seguridad pública, es decir policías federales, estatales, municipales, peritos y administradores.

El 14 por ciento de los 420 mil efectivos policíacos inscritos en el RNP laboran para empresas de seguridad privada, mientras que alrededor de 360 mil policías sirven a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal; el objetivo es procurar la seguridad de 100 millones de mexicanos, de acuerdo con Víctor Manuel Gil.

“Por ejemplo, si una dependencia va a contratar a algún policía, consultan la base de datos para ver cuáles son sus antecedentes; si ya han trabajado en otros cuerpos policíacos; si se dio de baja y las causas de ésta”.

Así, la PGR, las procuradurías de los estados, las secretarías de Seguridad Pública Federal (SSPF) y las estatales; Defensa Nacional y Marina, amén de empresas de seguridad privada, son entes obligados a entregar información de su personal; mientras que el Cisen está exento, aunque realiza consultas.

El RNI se refiere a las aproximadamente 180 mil personas que están detenidas en algún reclusorio, ya sea Centros de Readaptación Social estatales y federales, o bien Centros de Detención Municipal; independientemente si están en proceso o sentenciados.

Para el registro de las huellas de las manos fue preciso crear el RNHD, que concentra información dactilar de todo el personal, ya sean administrativos, policías y de detenidos por algún delito.

Próximamente, dice Gil Padilla, el RPV “se transformará en Registro Público Vehicular, de acuerdo con la nueva ley que se publicó en septiembre pasado”.

En tanto que en el RNMJ se observan todas las averiguaciones realizadas por las procuradurías de todas las entidades del país.

Con esos registros “lo que queremos decir es que tenemos información de personas, documentos, bienes y armas que existen en las corporaciones, así como sus características y antecedentes”, precisa Gil Padilla.

Para conformar la base del SNI “contamos con lo último en tecnología y siempre estamos en procesos continuos de sistematización a fin de buscar cómo captar mejor la información para conformar las bases de datos más ágil y hacer que el usuario tenga acceso más adecuado de la información”.

Debido a que la base de datos no puede ser consultada en su conjunto, sostiene, tampoco existe la posibilidad de que haya un manejo inadecuado de la información que administran.

“El acceso al sistema es un área perfectamente controlada, con exclusas y mecanismos de identificación para que no pase nadie que no tenga permiso, incluidos los piratas cibernéticos; nuestro sistema es muy complejo. Las evaluaciones de lo que se registra en nuestra base de datos la realizan las áreas de inteligencia y procuración de justicia, nosotros sólo llevamos a cabo el registro”, insiste.

Por otro lado, explica que la instancia superior del SNSP es el Consejo Nacional, conformado por los secretarios de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta; Marina, Marco Antonio Peirot González; Defensa, Ricardo Clemente Vega García; SCT, Pedro Cerisola y Weber; el jefe de gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, y Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República.

“No hay ninguna renuencia a entregar información por parte de los entes involucrados; por el contrario, saben de las ventajas en captación y sistematización de los datos que lleva este registro para hacerles factible la consulta.

“La profesionalización, capacitación y dotación de los cuerpos policíacos no es mi área, por ello no podría decir cuál es el comportamiento de los efectivos”, señala. Dice que tampoco sabe cuándo un elemento policiaco realiza actividades delictivas, “a menos que esté sujeto a una averiguación previa. que se registra en el de Mandamientos Judiciales”.

 

Percepción

“No obstante los esfuerzos por realizar cada vez mejor nuestro trabajo, sabemos que hay un alto índice delictivo en el país que, aunque ha bajado en los últimos años, sigue en niveles altos; además hay un problema de percepción grave, que es cómo la gente siente que están sucediendo las cosas en materia delictiva”, añade el funcionario.

En ese sentido, la SSPF próximamente va a tener información al respecto, basada en encuestas de profesionales del INEGI, la intención es tener datos lo más confiables.

¿Cuál es el sentido de la encuesta?

-Sin duda hay éxitos enormes, pero cuando sucede un hecho grave, como el de San Juan Ixtayopan, hace que todo lo bueno se olvide, así la percepción aumenta proporcionalmente más que el hecho mismo”.

¿Cómo aseguran que con la alternancia en el poder no se derrumbarán las políticas de la SSPF?

-El secretario Ramón Martín Huerta ha sido muy claro en que la seguridad no tiene colores, ni partido, ni quienes formamos parte de ella; la sociedad es una sola para nosotros y tomamos las providencias necesarias para que cada dependencia de cada entidad, tenga perfectamente registrados a sus usuarios y cuando los funcionarios se retiren del cargo, no puedan acceder a más información.

Finalmente anuncia la creación del número telefónico 089 como sistema de denuncia anónima que, contrario al 066, no implica identificarse plenamente, haciéndose vulnerables a represalias de los criminales.

Sobre las iniciativas que el presidente Vicente Fox envió al Congreso con el objeto de reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ataja, “las conozco, pero no podría dar una opinión”.