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Sin estridencias, la educación superior privada extranjera gana terreno en México. La instalación física de universidades foráneas aún es incipiente, pero ya ofrecen títulos y carreras por Internet e invierten e intervienen en instituciones mexicanas. Las autoridades educativas del país, acotadas y con un marco jurídico rebasado, apuestan a que el mercado regulará la calidad de los estudios que se impartan y a que sobrevivan las mejores. A decir de la diputada federal panista Consuelo Camarena Gómez, secretaria de la Comisión de Educación (CE) de la Cámara de Diputados, aproximadamente 50 universidades extranjeras operan en México. Algunas ofrecen clases directamente como el Endicott College y el sistema Sylvan University, que ha adquirido a la Universidad del Valle de México; y otras, mediante acuerdos con instituciones mexicanas, participan con capital y recursos humanos en la formación de profesionistas. “Son aproximadamente 50 instituciones de educación superior las que ya operan en nuestro país camufladas con los nombres de universidades mexicanas. Tienen hasta 49 por ciento de las acciones de los centros educativos”, señala Camarena Gómez. El mercado que se disputan es de aproximadamente 16 millones de jóvenes que no encuentran cabida en el sistema de educación superior del país, a decir del doctor en Educación Hugo Aboites. En efecto, de los casi 20 millones de jóvenes entre 17 y 26 años de edad, sólo 2 millones 200 mil estudian en alguna institución de educación superior, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública del 2003. El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana señala que el escollo que las instituciones de educación superior extranjeras deben librar es el abaratamiento de los costos. “Cuando logren reducir las colegiaturas en México penetrarán hasta donde puedan”. A pesar de tratarse de un fenómeno que se viene desarrollando desde hace por lo menos 10 años, la globalización de los servicios educativos ha tomado desapercibidas a las autoridades y a las propias universidades mexicanas, que no han logrado siquiera que la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) sostenga una posición clara a este respecto. El último posicionamiento directo sobre este tema data de la XXXIV sesión ordinaria de la Asamblea General, celebrada en octubre de 2003, donde la ANUIES “ratifica la vocación internacionalista de la educación superior de México”; pero exige reglas “para casos de inversión extranjera privada en el país que (garanticen) calidad en el servicio educativo”. Y es que las autoridades educativas mexicanas, limitadas por la imposibilidad de controlar la presencia de los prestadores de servicios educativos extranjeros, confían en que las leyes del mercado asegurarán que los estudios ofrecidos sean de calidad.
Marco legal, rebasado
Ahora, México cuenta con 11 acuerdos de libre comercio que involucran a más de 30 países. Y la educación es una de las mercancías que se pueden comercializar con escasas restricciones. El diputado Francisco Javier Landeros considera que no obstante la liberalización de los servicios educativos en nuestro país, el sector de la educación “no está totalmente abierto, porque sí hay regulaciones que imponen ciertas restricciones para la inversión extranjera en este rubro”. El legislador del Partido Acción Nacional cita la Ley de Inversiones Extranjeras, que señala los requisitos para la constitución de sociedades extranjeras que deseen realizar cualquier tipo de comercio en el país; la Ley General de Educación y, el Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el DOF del 10 de julio de 2000, en el que se detallan los requisitos que deben cubrir las instituciones para obtener el reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe). Landeros señala que el Acuerdo establece que “si la inversión extranjera es superior al 40 por ciento, se debe reunir una comisión integrada por la SEP y la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar si se otorga o no el permiso para establecerse en nuestro país”. Sin embargo, el legislador reconoce que la ley debe revisarse porque “no es muy clara en algunos aspectos, como en la educación a distancia –principalmente a través de Internet– y en determinar si sus programas y planes de estudio son de calidad y se aplican a la realidad mexicana”. No obstante que los legisladores reconocen la necesidad de actualizar las leyes que regulan la impartición de educación en el país, no se vislumbran acuerdos en el corto plazo. Han sido presentadas iniciativas de leyes generales de educación por las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, pero no han alcanzado consenso ni al interior de las bancadas. La diputada Consuelo Camarena presentó una iniciativa de Ley General de Educación Superior a mediados del año pasado, con el objetivo de regular los servicios de las universidades extranjeras que se instalen en el país y de las que ofrezcan licenciaturas, posgrados y diplomados a través de Internet. De acuerdo con la diputada la iniciativa fue “congelada” porque, de aprobarse, “afectaría muchos intereses”.
De par en par De acuerdo con el doctor en Educación, Hugo Aboites, las puertas de México en materia educativa “están abiertas de par en par” desde hace años. El especialista señala que la incipiente presencia física de instituciones de educación superior privada extranjera “podría convertirlas, al paso de los años, en las universidades líderes de la educación superior en México”. Agrega que actualmente el liderazgo en investigación, planes de estudio e influencia en los contextos político y social del país lo ejercen las universidades públicas; “pero podemos comenzar a avanzar por el camino de Estados Unidos, donde las universidades públicas no son realmente las más importantes”. Sin embargo, reconoce que aún no hay una entrada masiva de universidades foráneas al país debido a que no han podido reducir las colegiaturas para adecuarlas al mercado mexicano. “Las instituciones de educación superior extranjeras tienen como limitación las colegiaturas altas. Por eso, en principio sólo representarían competencia para las universidades privadas como el Instituto de Estudios Superiores Monterrey y las universidades Iberoamericana y Anáhuac.”
¿Y el artículo tercero? El doctor Aboites señala que uno de los principales problemas que podrían generar las universidades extranjeras en México sería que desplazaran en liderazgo e influencia a las mexicanas. “No contribuyen en la solución del problema de falta de espacios en la educación superior porque sus cuotas son muy altas. Pero sí podrían ejercer una opinión que influya en los ámbitos político y social en detrimento de las universidades mexicanas. “Universidades como Harvard serían muy influyentes y señalarían lo que necesita México desde una visión de institución de educación privada creada y pensada para preparar a los conductores del país más hegemónico del mundo: Estados Unidos.” La legisladora Consuelo Camarena dice que la ley actual no puede garantizar que las universidades que eventualmente se establezcan en México “respeten el espíritu de artículo tercero de la Constitución”.
Internet, en el limbo jurídico De acuerdo con Hugo Aboites, la educación extranjera que sí podría matricular en masa a estudiantes es la que se ofrece a través de Internet. “La educación virtual sí podría abaratar los costos y ofrecer educación a un número muy importante de mexicanos durante los próximos diez años. “Y será interesante la decisión que tome la Secretaría de Educación Pública. ¿Otorgará o no validez oficial a los estudios a través de Internet? Si no lo hace se le puede acusar de que está obstaculizando el libre comercio. Y si lo hace, ¿qué condiciones deberán cumplir los cursos?” Hugo Aboites dice que la educación superior debería ser considerada por las autoridades como un sector aún más estratégico que el petróleo, donde hay restricciones para la inversión privada. “Cuando se firma el TLC Canadá sí tuvo cuidado en establecer una serie de restricciones al comercio de la educación. Y México simplemente abrió las puertas de par en par. Según el TLC es más difícil instalar una fábrica extranjera de cohetes o una compañía de aerotaxis foránea que una universidad.” El académico señala que el Estado debe regular el establecimiento de las instituciones de educación superior “no sólo porque sean extranjeras, sino porque deben garantizar un mínimo de calidad”. Agrega que el país debe estar abierto a otras culturas e instituciones que generan conocimiento. “Son bienvenidas; pero tampoco se puede permitir que se desplace a los centros de producción de conocimiento del país. La educación pública ha sido muy importante para el desarrollo de la identidad mexicana y de las profesiones. Hay campos específicos de conocimiento en México que no pueden ser sustituidos por los extranjeros”.
PROPUESTAS DE ENTRESACADOS --“Aproximadamente 50 instituciones de educación superior operan en nuestro país camuflajeadas con nombres de universidades mexicanas”
--“Universidades como Harvard serían muy influyentes y señalarían lo que necesita México desde una visión de institución de educación privada creada y pensada para preparar a los conductores del país más hegemónico del mundo: Estados Unidos”
--Hugo Aboites dice que la educación superior debería ser considerada por las autoridades como un sector aún más estratégico que el petróleo, donde hay restricciones para la inversión privada
El mercado regulará la educación: SEP
Hacia la convivencia educativa
Solicitudes de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
Fuente: DGESU-SEP. Con excepción de las solicitudes presentadas por la Universidad del Valle de México durante 2004, las demás corresponden a instituciones mexicanas.
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Reconocen que las leyes vigentes que deben regular la operación de instituciones educativas están rebasadas porque no contemplan el impacto de los avances tecnológicos, como Internet, y fueron diseñadas cuando el proceso de globalización al que se insertaba nuestro país era incipiente.