Empresas sancionadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se han visto beneficiadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con licencias de operación, a pesar de las graves irregularidades con las que laboran.
El año pasado la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, a cargo de Daniel Chacón Anaya, refrendó las licencias a las empresas Sterimed y Super Lag, la primera para el tratamiento de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) por esterilización e incineración, y la segunda para el transporte de los mismos.
En agosto de 2002 ambas compañías violaron las leyes ambientales al depositar clandestinamente casi 13 toneladas de RPBI sin tratar en el Bordo de Xochiaca, lo que derivó en una investigación de inspectores de Profepa que descubrieron las deficientes condiciones en las que laboran ambas plantas.
En el caso de Sterimed, supuestamente comete fraude a sus clientes porque no da tratamiento ni de esterilización ni de incineración a los residuos por los que puntualmente cobra el servicio a los distintos hospitales, tanto del sector público como del privado.
El año pasado Sterimed recibió las licencias permanentes para la incineración y esterilización de RPBI. La Semarnat decidió que la empresa ya no tendría que someter a revisión sus procesos para conseguir la autorización.
Clandestino
El 14 de agosto de 2002 una camioneta con caja de carga tipo contenedor llegó al Tiradero Bordo Poniente (donde se concentra la basura del Distrito Federal). El vehículo con placas de circulación 459 CT3, de la empresa Super Lag, cruzó las garitas y en la celda n.36 tiró 12 mil 820 kilogramos de residuos peligrosos biológico infecciosos, sin tratamiento alguno de esterilización o incineración.
En una extensión de 50 metros cuadrados quedaron regadas las casi 13 toneladas de jeringas con la aguja integrada, vendas impregnadas con sangre, guantes de látex, pañales desechables, equipo de uroclisis, botellas de vidrio que contuvieron suero, tubos de ensaye y jeringas con sangre y restos de tejido humano putrefacto.
Todo en bolsas de plástico de color amarillo con el símbolo universal de ‘riesgo biológico' y la leyenda “peligroso” (que se utilizan para los residuos patológicos), según consta en el expediente N.0118620000 de la Profepa.
Los encargados del Bordo de Xochiaca presentaron una denuncia administrativa ante la Profepa que derivó en la visita de dos inspectores a la planta de Super Lag, ubicada en la colonia Santa Catarina, delegación Azcapotzalco.
Como consta en las actas de verificación N. 09-002-0037/02-EX y 09-002-0037/02-EX/2002-JA/03-VR, los inspectores Israel González Bernal y Julieta Rodríguez Tenorio registraron que “en el propio inmueble se generan residuos peligrosos como aceite lubricado gastado, filtros de aceite usado, trapos impregnados con aceite, grasas y solventes”.
La empresa, dirigida por Marco Antonio Lucero Quintero no contaba con bitácora de generación mensual de residuos peligrosos que maneja ni para su traslado ni para su almacenamiento temporal. Tampoco registraba informes de los movimientos efectuados con los residuos peligrosos, ni con un programa de capacitación del personal responsable del manejo de RPBI y del equipo relacionado con éste.
Los 125 trabajadores de la empresa desconocen las medidas mínimas para el manejo de los RPBI, así como “el cuidado que se debe procurar a los residuos peligrosos biológico infecciosos, propiciando que en caso de contingencias dicho personal se encuentre impedido de utilizar los mecanismos adecuados, los equipos o sistemas para el correcto manejo de estos residuos, potenciales agentes de desequilibrio del ambiente y la salud pública”.
Tampoco existía documentación que acreditara al responsable técnico del manejo de RPBI, ni programa para atender contingencias, tampoco pólizas de seguro que amparen daños al ambiente ni de los camiones utilizados para transportarlos. Además, el camión que depositó los residuos peligrosos sin autorización.
Asimismo, la empresa tenía el antecedente de dos clausuras parciales temporales y una clausura total. La primera clausura fue el 4 de diciembre de 2001, y 14 días después, luego de que sus representantes legales realizaran “gestiones” ante la Semarnat, los sellos fueron retirados.
Ese mismo día fue clausurada nuevamente la empresa y reabierta el 11 de enero de 2002. El 27 de noviembre de 2002 fue clausurada temporalmente y reabierta dos días después. A pesar de estas graves irregularidades, la licencia para el transporte de RPBI nunca le fue suspendida.
El 23 de abril de 2003, Guillermo Román Moguel, de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, autorizó la renovación de la licencia n. 9-2-PS-I-02-2003 por cinco años a la empresa Super Lag, S.A de C.V para la recolección y transporte de RPBI.
Para la Secretaría de Salud, actualmente Super Lag recolecta residuos peligrosos de 15 instituciones de salud pública. Estos son: los hospitales Samuel Ramírez Moreno, Fray Bernardino Álvarez y el infantil Juan N. Navarro (psiquiátricos), De la Mujer, Nacional Homeopático, Juárez del Centro, Juárez de México, General Dr. Manuel Gea y General de México; el Laboratorio Nacional de Salud Pública; el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y los institutos de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (CECOSAM Iztapalapa), Nacional de Cancerología y Nacional de Necrología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco.
Super Lag cobra 55 pesos más IVA por kilogramo de RPBI que transporta. Los residuos que en agosto de 2002 tiró clandestinamente en el Bordo de Xochiaca, provenían de la empresa Sterimed.
Negocio redondo
En 1995 Sterimed se instaló en Tlalnepantla, estado de México, para ofrecer sus servicios como tratadora de residuos por esterilización e incineración, recién había sido aprobada la Norma Ecológica Mexicana NOM-087.ECOL-1995.
Rápido obtuvo una amplia cartera de clientes tanto del sector público como del privado. Propiedad de Jesica Paredes Ojeda, Sterimed expandió su mercado y abrió seis nuevas plantas, en Naucalpan, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Nuevo León.
Entre sus clientes están algunas unidades médicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, del IMSS e ISSSTE, así como los hospitales privados ABC, Español y el Infantil Privado de México, entre otros.
El costo de los servicios de la empresa varía de acuerdo al hospital. A la Sedena, por ejemplo, le cobra hasta 13.50 pesos por cada kilogramo de RPBI que incinera.
Pese a los deficientes procesos para el tratamiento de los RPBI –registrados por la Profepa-, Sterimed se ha beneficiado de todas las licitaciones públicas para el tratamiento de los residuos hospitalarios del IMSS en las regiones Occidente, Norte y Centro del país.
Luego de que Sterimed enviara al Bordo de Xochiaca los residuos, los inspectores de Profepa visitaron la planta de Tlanepantla y observaron el deficiente proceso de tratamiento, cuya licencia indica que al momento de su disposición final deben quedar totalmente irreconocibles.
Según las actas de los inspectores Martín Ramón Medina Falcón y Alejandro López Minor, Sterimed no deja irreconocibles los residuos, sino solamente “desgarrados”.
“Se observa además que algunas jeringas quedan enteras, así como algunos recipientes de plástico y algunas bolsas impregnadas con sangre y escurrimiento de ella”.
Actualmente la empresa envía los RPBI del Distrito Federal y el Estado de México al tiradero municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.
Según un reporte interno de Profepa, en su planta de Tlalnepantla, Sterimed tenía antecedentes de “irregularidades leves” confirmadas en las visitas de inspección de los días 5 de abril y 27 de septiembre de 2002.
En entrevista, Gerardo Anselmo Alvarado Salinas, director de Inspección de Fuentes de Contaminación de Profepa, dice acerca de las irregularidades de Sterimed que en “las actas de inspección y verificación quedaron circunstanciadas diversas irregularidades relativas al manejo inadecuado de los residuos peligrosos biológico infecciosos, en las que se requirió la realización de medidas de urgente aplicación”.
En duda la Profepa
Leopoldo Guzmán de Alba, director general de Sterimed, puso en duda la capacidad de los inspectores de Profepa, y dijo que “no tienen la capacidad de emitir juicios. El trabajo de los inspectores es levantar lo que a su leal saber y entender es lo que observan y las posibles irregularidades en las que puede incurrir una o varias empresas”.
Descalifica también la labor de los inspectores de Profepa que señalaron que los residuos que la empresa envió al Bordo de Xochiaca no habían sido tratados y estaban en estado reconocible.
“La irreconocibilidad de los residuos es un tema jurídico complicado que no siempre los inspectores aplican correctamente. El hecho de que un residuo sea irreconocible no quiere decir que alguien pueda saber de donde provino alguna vez. El hecho de que los residuos sean irreconocibles es que no puedan ser utilizados para el mismo fin para el que fueron creados”, señala.
Agrega que finalmente el proceso con el que trabaja Sterimed es autorizado por la Semarnat “y la Profepa depende de Semarnat, entonces la Profepa no puede decir que nuestro proceso es inconveniente desde su punto de vista”.
El año pasado Semarnat renovó las licencias de operación a la empresa. Como “mérito especial” dichas licencias les fueron entregadas en carácter de “permanentes”.
Según información de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, las autorizaciones 09-5-PS-V-01-2003 (del 10 de enero de 2003), 09-5B-PS-VI-21-2001 (30 de octubre de 2001) y 14-120-PS-V-02-2003 (10 de enero de 2003) fueron firmadas por los funcionarios Guillermo Román Moguel y Jorge Bolaños-Cacho Ruiz.
Sterimed y Super Lag han sabido encontrar arreglo a sus irregularidades al interior de la Secretaría del Medio Ambiente, en donde nunca les ha suspendido la licencia, mientras que sus clientes ignoran dichas prácticas. Ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) no hay registro de quejas.
Cuando se cuestionó a Daniel Chacón de por qué la dirección a su cargo no solo no suspendió las licencias, sino que las entregó de manera permanente, argumentó que no tiene detectada irregularidad alguna de ninguna de las dos empresas.
-Si Profepa no nos informa, nosotros no tenemos por qué enterarnos, porque no es nuestro papel estar haciendo este tipo de inspecciones.
¿Aunque ustedes autoricen las licencias?
-Nosotros confiamos en la buena fe de lo que nos manifiestan las empresas.
¿Qué amerita que a una empresa se le suspendan las licencias de manera temporal o definitiva?
-El incumplimiento de la ley, en primer término, y en segundo de las condicionantes que se imponen y que tienen que ver con lo que las propias empresas manifiestan. Ellas manifiestan tener un proceso para tratamientos, un equipo adecuado de acuerdo con lo establecido a la normatividad. Todo eso nosotros lo aceptamos en base a la buena fe, y en base a la buena fe se da la autorización.
Aunque la “buena fe” de Semarnat no está prevista en las leyes ambientales, tampoco está tipificado en ningún reglamento de la dependencia.
