Guaymas, Sonora. En el norte del país hay una amenaza latente. Considerado como “foco rojo” por la Secretaría de la Reforma Agraria, el territorio que conforma la llamada “nación yaqui” se mantiene en tensión mientras no sean devueltas más de 37 mil hectáreas de tierras expropiadas en 1997.
Cerca de 45 mil habitantes están dispuestos a llevar a cabo una lucha por recuperar el espacio de productividad, cultura y espiritualidad que les fue arrebatado. “Lo que nos quitaron no se cambia por dinero”, dice una voz joven que presencia una junta de gobernadores yaqui.
La historia
A sus 58 años de edad, Octaviano Jecari Espinoza, gobernador tradicional de Tórim, una de las ocho comunidades indígenas que integran la tribu yaqui, vive con su libertad a medias. El delito que se le atribuye es el bloqueo a las vías federales de comunicación. Su motivo: la defensa férrea de sus tierras.
Protagonista principal de la lucha yaqui, Octaviano Jecari se resiste a los ofrecimientos gubernamentales para saldar el conflicto agrario. No aceptarán indemizaciones económicas a cambio de los logros históricos de sus antepasados. “No hay dinero que pague nuestras tierras”, dice con tono firme.
Cada viernes, el indígena yaqui no deja de firmar en un libro de la Procuraduría General de la República. Ahí, queda certificada la libertad condicional del líder rebelde que en junio de 2002 convocó a la resistencia y, junto con otros miembros de su tribu, bloquearon la carretera federal Guaymas-Empalme.
Fue la protesta para que les sean devueltas más de 37 mil hectáreas de tierra productiva, expropiadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo para ser entregadas a particulares, no obstante que el territorio yaqui ya había sido delimitado también bajo una orden federal.
En 1940, un decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas señaló que el territorio yaqui estaba conformado por 485 mil hectáreas, mismas que servirían a la comunidad indígena para su desarrollo económico, social y cultural.
Después de 57 años, Zedillo decidió desposeer a la tribu de dos mil 688 hectáreas y trató de indemnizarla con 40 millones de pesos. Además, desconoció la tenencia de otras 35 mil hectáreas en la zona, marcadas por puntos naturales.
El descontento de los indígenas no se hizo esperar. Los gobernadores tradicionales de los pueblos Vícam, Pótam, Ráhum, Huirívis, Belem, Tórim, Bácum y Cocorit, se manifestaron contra la orden zedillista y se negaron a recibir el dinero de la indemnización, depositado en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).
Tras la negativa, la toma de la carretera. Ahora, la inconformidad y una lucha intensa provocan que entre los pobladores se hable de un nuevo estallido social en reclamo de sus demandas.
“Todavía estamos en lucha; la historia es larga”, advierte Octaviano Jecari, quien reposa bajo la sombra que forma un tejado de carrizo. Los 47 grados centígrados que alcanza la temperatura obligan a buscar un refugio que brinde un poco de frescura.
El gobernador yaqui, reelecto durante cinco años consecutivos por acuerdos de sus usos y costumbres, dice sentirse desilusionado ante la actitud negligente que han mostrado las autoridades federales y estatales durante más de siete años. Ni la administración zedillista, ni el gobierno panista de Vicente Fox han dado cabal cumplimiento a sus demandas.
Presión social
En el 2000, “vi que ni el gobierno del estado, ni el gobierno federal nos hacían caso; luchamos mucho, trabajé con diálogos y documentos. Ya que no nos atendían, platiqué con los demás pueblos y llegamos al acuerdo de una presión social; de ahí fue donde empezó más fuerte mi lucha, de ahí nos organizamos y llegamos a bloquear las carreteras para tratar de llamar la atención”.
Por más de un año, los yaquis se instalaron en el acceso carretero del municipio de Guaymas para pedir el apoyo de los viajeros. Hacían guardias y se turnaban para soportar los embates del clima y el hambre. Su organización tenía la encomienda de explicar a los automovilistas el motivo de su manifestación y solicitaban cooperación económica.
El castigo a estas acciones llegó tiempo después. Octaviano Jecari recuerda el momento en que estuvo a punto de pisar la cárcel. Con un semblante tranquilo y parsimonioso, relata: “este año, en la cuaresma, me llegó una orden de aprehensión, pero la gente se amontonó en la guardia y me defendió. Después, trabajamos sobre un amparo y hasta la fecha estoy firmando como un delincuente”.
De acuerdo con los usos y costumbres de la tribu yaqui, un gobernador queda sin efecto del cargo durante la época de cuaresma. La religiosidad que guarda la comunidad otorga el poder de mando a los fariseos. “Se quisieron aprovechar de eso, pero la gente respondió y me defendieron”.
“Esto es política del mismo gobierno y algunos compañeros de la tribu que están en contra de nuestra lucha; ahora ellos tienen poder en el congreso del estado y no les conviene que yo trabaje en la defensa de los derechos indígenas”, señala Octaviano Jecari.
Divisionismo político
Los intereses políticos y la lucha por la tierra han ocasionado rupturas al interior de la comunidad yaqui. Vicente González Estrella, secretario de las autoridades tradicionales de Vícam, señala que el viejo dicho “divide y vencerás” se ha convertido en una estrategia efectiva de las autoridades federales y estatales para desestabilizar la unión de la tribu.
La duplicidad de autoridades en los pueblos de Vícam, Pótam y Belem hace que el ambiente político y social de todas las comunidades indígenas que conforman el territorio yaqui, se enrarezca y sirva de pretexto a los funcionarios de gobierno para no atender sus demandas.
“Los funcionarios destinados a la tribu deberían conocer nuestras tradiciones y costumbres para atender a las verdaderas autoridades, pero no hay disponibilidad, eso es lo que hemos visto, no ponen su granito de arena”, acusa Gónzalez Estrella.
Para la autoridad yaqui, uno de los actores políticos que ha ocasionado esta ruptura es la injerencia del Partido Revolucionario Institucional, pues desde los puestos de poder, se ha corrompido a ex líderes indígenas para apoyar la expropiación de las tierras a cambio de cargos públicos en el gobierno local, dice.
Pero las acusaciones no solo quedan en el viejo régimen, pues el actual gobierno hizo promesas hasta ahora incumplidas y la tribu yaqui observa en Xóchitl Galvez Ruiz, títular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, y en Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria un verdadero deslinde de responsabilidades.
“Xóchitl Gálvez es una mujer que ha tenido un trato muy ambiguo con la tribu, hay veces en que nos trata muy bien y otras, como toda política, nos dice que sí pero estamos como las novias de rancho, no nos dice cuándo.
“Además, dice que el problema de la tribu ya no está en ella, sino en la Reforma Agraria. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una comisionada a nivel indígena que esté atendiendo a la tribu yaqui, si su responsabilidad hace que caiga en otra gente? Se deslinda, se lava las manos como Poncio Pilatos”, acusa.
Cartera vencida
El conflicto agrario que hace del territorio yaqui un “foco rojo” en el país y el divisionismo interno de la tribu, no son los únicos motivos por los que en la comunidad se respira un ambiente de descontento e inconformidad.
La pobreza y la falta de oportunidades para el desarrollo no son temas ajenos a los habitantes de la región. A ello, se suma una deuda con el gobierno federal que les parece impagable.
Desde 1990, el 98 por ciento de los campesinos que trabajaban sus tierras para sumarse a la producción nacional de maíz, trigo, cártamo, garbanzo y frijol, cayeron en cartera vencida. La deuda con el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), se aproxima a los 11 millones de pesos y sigue en aumento por los intereses.
El gobernador yaqui Octaviano Jecari explica: “La comunidad se ve atrasada porque caímos en cartera vencida, no hay créditos para el campo. La mayoría de la juventud está saliendo a trabajar a las fábricas, a las maquilas, en la pesca y hortalizas, pero todos con patrón porque no tenemos crédito para trabajar nuestras tierras. Estamos haciendo la lucha para ver cómo podemos resolver este problema.
“Teníamos crédito con Barural, pero los tiempos malos o la política, no nos dan la oportunidad de trabajar para pagar. Hay gente que no debe, pero ahora para obtener cualquier crédito nos exigen garantías y aquí la comunidad no tiene nada que dar, ni siquiera maquinaria”, dice Octaviano Jecari.
Se intenta sobrevivir con la renta de las tierras, que alquilan particulares siempre y cuando haya suficiente dotación de agua para el riego o las lluvias caigan. La suerte no siempre está de su lado y pasan temporadas completas en que el campo yaqui no ve crecer frutos. El hambre se hace presente.
Desarrollo y pobreza
Aquí hay luz, agua potable, caminos, también miseria. Contrario a los discursos oficiales de que con el empleo de infraestructura en los pueblos indígenas se tienen mejores condiciones de vida y mayores oportunidades, la pobreza en las comunidades yaquis sigue presente.
Clara Valencia Valenzuela tiene 67 años de edad, es diabética, viuda, pobre, yaqui. Pareciera que estas condiciones son el sinónimo de un futuro que les depara a muchos de los pobladores de la tribu, el abandono.
Doña Clara es habitante de una comunidad llamada Lomas de Huamuchil y en su rostro se dibuja cierta alegría cuando ve gente nueva en el lugar, parece que no se aburrirá al menos por algunas horas; tiene ganas de platicar.
-¿Cómo es la vida aquí Doña Clara?
-Muy pobre.
Inclina el rostro y pasa sus manos por sus ojos como si cierto dolor le produjera pronunciar la palabra pobre. Después como un rosario de reclamos comienza hablar de la vida en Lomas de Huamuchil.
Invita a los visitantes a que vean el deterioro de las casas hechas de carrizo y lodo, otras de adobe y “las mejorcitas” de ladrillo “mal hecho”, pero en todas hay hambre, carencia de empleo, educación o salud.
La dieta de los yaqui, cuenta doña Clara se basa en frijoles, garbanzos tortillas de maíz o de harina, sopas de pasta, arroz, soya, y en escasas ocasiones, carne de res. Aquí, hombres y mujeres trabajan, en la maquila, como albañiles, maestros de enseñanza indígena; todos salen y no alcanza el dinero; tampoco hay oportunidades de trabajar en el campo.
-Vemos que hay espacio para la siembra
Aquí no hay créditos. Como muchos tenían carteras vencidas el banco ya no les quiso prestar porque quedaron debiendo. Muchas veces no les daban agua, les daban preferencia a otros, como en todas partes. Además, muchos tronaban en las cosechas, puro trigo y frijol; ya no daba para más.
-¿Qué servicios de salud tienen?
-Está un dispensario médico, nada más. Traen medicina y nos la dan, para gripa, tos, diarreas, pero no es suficiente, hay mucha gente diabética como yo. Cuando el presidente municipal y el gobernador Eduardo Bours andaban en campaña, dijeron que iban a poner un cuarto para sala de espera, un dispensario y una ambulancia para las urgencias, que iba a estar un médico día y noche; pero no hay nada de eso.
Ante la falta de servicios de emergencia, Doña Clara recuerda la muerte reciente de una de sus sobrinas: “la llevaron a Obregón, no le dieron el pase en el hospital, de regreso, en la caseta de cobro se estaba muriendo, se le reventó la vesícula y murió; cuando llegaron nuevamente a otro hospital fue solo para que le dieran el acta de defunción”.
Hay mucho que decir, historias que contar de abandono y miseria pero doña Clara ya no puede hablar, ella lo único que quiere es descansar.
Comienza a caer la tarde y la gente en la comunidad se prepara, los catres de madera y zacate se extienden a lo largo de los terrenos polvosos, la temperatura comienza a bajar y el sereno de la noche sofoca el calor del día. Así es la vida yaqui, así es la vida indígena.
