El Jardín, Montes Azules, Chiapas.- Cada día que pasa es un desafío para la paciencia. A los indígenas les fastidia la espera. Les recuerda las mismas promesas de otros sexenios: reubicación pacífica en una tierra fértil y una casa con todos los beneficios del desarrollo.
En la zona lacandona, una de las selvas tropicales más importantes de Mesoamérica por sus riquezas naturales, los únicos que están de más son los indígenas. Durante años, tzeltales, tojolabales, choles, tzotziles, lacandones y zoques han soportado amenazas de desalojo, menguadas por el discurso institucional de las reubicaciones consensuadas.
Pero los indígenas ya no se fían a la primera; el tiempo les ha enseñado que para el gobierno es más fácil cumplir una amenaza que una promesa. Aquí, en El Jardín, el hartazgo se desborda en los rostros y las palabras de los tzeltales, mientras las voluntades empiezan a desistir.
Y es que aunque se ha llegado al último punto de la negociación con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para reubicar a las 121 familias de esta comunidad, la solución aún está muy lejos.
“El gobierno dice que hay un avance pero no lo vemos. El 27 de abril de este año se firmó el acuerdo de reubicación, pero falta que el gobierno pague la tierra. Dicen que la que queremos en Ocosingo vale mucho, que hay tierras más baratas, pero de qué nos sirve si son puros pedregales y nosotros no podemos vivir ahí”, explica Juventino Pérez, miembro del Comité Solicitante de El Jardín.
El Jardín
A los seis años de edad la carencia de un par de zapatos es irrelevante pese a que aquí, en la selva, hasta los gusanos son peligrosos. Algunos niños corren descalzos lo mismo en las piedras que en la tierra mojada. Mientras juegan en una techumbre de lámina sostenida con cuatro palos endebles, aguardan expectantes la llegada de algún conocido.
El bramido del claxon y el paso por las piedras los alerta. La mayoría viste con ropa de ciudad heredada de pasadas generaciones. Ha terminado de llover y el vapor se mezcla con el polvo.
Ahora van detrás del viejo y destartalado camión que día tras día pasa a las cinco de la tarde por El Jardín. Este “guajolotero” es el único transporte que llega a las comunidades ubicadas al noreste de Montes Azules, por el lado no turístico de la Reserva.
Sale a las once de la mañana de la cabecera municipal de Ocosingo con destino a El Ocotal. Durante ocho horas la gente soporta sus asientos tan incómodos como la misma carretera, aún sin pavimentar.
A esta hora, en algunas casas, construidas en su mayoría de adobe y lámina, las mujeres cuecen los frijoles para la cena, otras sólo hacen tortillas que serán untadas con chile. Las más jóvenes usan vestidos floreados que han adquirido en la ciudad; las ancianas portan los tradicionales y vistosos huipiles tejidos por ellas mismas.
Aquí hay luz eléctrica, agua potable y un camino accidentado que se abrió en 1998, hay escuelas y un técnico en medicina, pero no, no hay progreso. Los niños no conocen las computadoras ni los juegos electrónicos, se divierten al aire libre con un balón amarillo en una cancha de tierra, junto al bodegón que este ciclo escolar albergó a la primera generación de estudiantes de secundaria, y que ya no tiene lugar para más.
Pero lo que sí conocen los niños tzeltales es el paisaje montañoso, la infinidad de tonalidades verdes, el aire sin contaminación, los caudales de agua, los animales silvestres y las frutas que crecen sin necesidad de ser sembradas ni fertilizadas.
Lamentablemente también saben que las carencias van en aumento. Hace ya cuatro meses que los campesinos abandonaron sus cultivos como parte del acuerdo de reubicación, pero hasta hoy el pacto sólo ha generado perjuicios. Por enésima ocasión los tzeltales se sienten engañados.
Hartazgo comunitario
En 1998, cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró la zona de Nahá como área natural protegida, los indígenas perdieron el derecho de trabajar su territorio que tres décadas atrás –en 1969- les fue otorgado por decreto presidencial.
En El Jardín las injusticias no han sido pocas. Para los tzeltales el estancamiento de las negociaciones es una mala señal. Ellos ya no ven más alternativa que el regreso a sus terrenos, y aunque saben que esto puede tener consecuencias, están dispuestos a enfrentar lo “peor”.
“Ya le dijimos a la Reforma Agraria que si no nos da la tierra de Ocosingo vamos a entrar a El Nuevo Jardín, porque ahí está nuestro trabajadero. El gobernador (Pablo Salazar) dijo que se va a resolver el asunto, pero no hay resultados. La gente se está cansando de tanta hambre, no hay donde hacer las milpas, nadie tiene dinero para el sustento de las familias”, dice Juventino Pérez.
Víctimas de la pobreza y la alta marginación, los indígenas prefieren olvidarse del temor a las represalias jurídicas, y encarar las necesidades básicas de las más de cien familias que conforman esta comunidad.
Para Manuel Cruz Jímenez, de 26 años, casado y con dos hijos, las opciones de una salida consensuada se agotan. “Vamos a entrar. Esperemos que el gobierno no nos demande. Queríamos la resolución pacífica pero no se cumple lo que se acuerda. Queremos lo propio porque ya tenemos familia, tenemos necesidades que atender”.
Ya han pasado tres sexenios desde la primera vez que los tzeltales se sentaron a dialogar con las autoridades, en 1985. A partir de esa fecha han participado en cinco negociaciones más, hasta ahora sin éxito.
Por regla general, cada vez que los indígenas abandonan la mesa de negociación vienen las amenazas. “Le queremos decir al gobierno que no moleste a nuestra gente. Que no mande su policía que viene a desalojar a los pobladores, porque el precio no se va a quedar así. Queremos que nos apoyen y que ya haya solución, porque la gente está sufriendo”, dice Horacio Gómez Núñez, miembro del Comisariado de Bienes Comunales de El Jardín,
Gómez Núñez conoce los riesgos que implica entrar en el área protegida. “No hay enfrentamiento con los que quieren desalojar, sólo que nos digan que salgamos y nos sentamos a dialogar en la mesa”.
Al referirse a El Jardín, Martha Cecilia Díaz, representante de la SRA en Chiapas, dice que es un “caso especial”. “Ellos están interesados en dos predios de la cabecera municipal de Ocosingo; el problema no radica en el pago por el avalúo, sino en la pretensión del propietario, que es mayor a lo que da la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales”.
“El Jardín pide que se pague lo que dice el propietario, pero eso es imposible porque este programa se sujeta a normas”, explica la funcionaria.
Y aunque la SRA asegura que esta comunidad -junto con otras 12 con acuerdo de reubicación- será desalojada pacíficamente antes de que concluya el 2004, la gente piensa lo contrario.
“Cuando el gobierno ofreció reubicarnos dijo que iba a pagar todos los servicios, pero como está muy caro el precio de la tierra, entonces dice que ya no los va a dar. La gente no está de acuerdo; cómo vamos a vivir sin vivienda, sin luz, sin agua. Obviamente no hay dinero para pagar eso, por eso no aceptamos”, afirma el indígena Mariano Sánchez Núñez.
Las otras comunidades
Pero El Jardín no es la única comunidad con problemas. En la llamada región azul las negociaciones también están paralizadas; esto afecta a por lo menos otras cuatro comunidades tzeltales.
Antonio Váquez, miembro de la Asociación Regional de Intereses Colectivos (ARIC), explica que además de este poblado, Villa las Rosas, El Suspiro, Guadalupe Tepeyac y El Calvario, tampoco han obtenido una indemnización favorable a los indígenas.
El presidente de la región azul de esta organización dice que el problema también radica en el avalúo. “Es en contra de nosotros porque el gobierno no quiere pagar lo que está pidiendo el propietario –entre 70 y 80 mil pesos por hectárea-. Los de la Cabin dicen que van a dar 30 mil pesos por hectárea; eso no alcanza. Ahora vamos a negociar con el gobierno y con la Reforma Agraria para poder avanzar”.
En estas cinco comunidades, agrega, “la gente está de acuerdo en reubicarse. Se nos ha dicho que la mayoría está dentro de Montes Azules, por eso la Reforma Agraria dijo que la tierra se tiene que negociar, nada más van a ver dónde nos reubican”.
La zona Lacandona es considerada por la SRA y por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como uno de los 14 “focos rojos” que existen en todo el país. A diferencia del resto, ésta involucra el mayor número de comunidades con problemas por tenencia de tierra, que “ponen en riesgo la paz social”.
En El Jardín, uno de los 54 poblados con conflictos agrarios de esta zona, la gente no sólo está harta de la falta de resultados, sino que ha caído en la desesperanza.
“El gobierno viene engañando al grupo solicitante, por eso regresamos a trabajar a nuestra tierra. Pero siempre viene un señor que dice que no se puede trabajar porque se tiene que proteger la flora y la fauna, entonces a dónde vamos a ir nosotros”, cuestiona Horacio Gómez.
Erradicación de los indígenas
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- El Plan Cañadas, con Carlos Salinas de Gortari, su renovado capítulo con Ernesto Zedillo o el Plan Integral de Reordenamiento de la Selva Lacandona con Vicente Fox. Los nombres son distintos pero no el objetivo: erradicar a los pueblos indios de la Selva Lacadona, señala Onésimo Hidalgo, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria.
El pretexto es sencillo y además aceptable: la preservación de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules y las siete áreas naturales protegidas que están a su alrededor. “El gobierno tiene como meta sacar de aquí al 2006 a las 54 comunidades indígenas de esta zona, no importa cómo”, asegura Hidalgo.
Pero en el fondo no es el medio ambiente el que preocupa, sino los recursos. “Hay que entender que los pueblos indígenas están asentados en tierras donde hay recursos naturales estratégicos para las grandes empresas transnacionales. En la Reserva de la Biosfera de Montes Azules hay carbono, biodiversidad, está el 40 por ciento del agua dulce que puede ser consumible en el país, petróleo, energía eléctrica, uranio”, dice el investigador.
Agrega que el Proyecto Integral de Desarrollo para la Selva es un claro ejemplo de los intereses que se mueven alrededor de estos problemas.
Este proyecto, impulsado en mayo pasado por la Unión Europea para apoyar la regularización de la tenencia de la tierra en la zona, cuenta con un presupuesto superior a los 15 millones de euros.
“En el discurso se dice que la reubicación es para proteger a la Selva, pero la pregunta es: protegerla para quién. El gobierno dice que es porque los indígenas andan deforestando, pero los indígenas históricamente han vivido ahí y han conservado el medio ambiente.
“Es cierto que cortan madera para leña, para carbón, pero es para uso doméstico. Son visiones diferentes de la posesión de la tierra, para el gobierno es mercancía y es negocio, para los pueblos indígenas es la raíz de todo. Además, no hay que perder de vista que esto se da justo ahora que están los intereses de las empresas, cuando se utiliza el discurso ambientalista”, explica Onésimo Hidalgo.
Los trabajos para desalojar a las comunidades se iniciaron el año pasado con mesas de negociación, pero la resistencia de los indígenas no ha permitido grandes avances. “Hay poblados que son netamente zapatistas y que han manifestado que no van a salir; por eso ahora el gobierno empieza a presionar militarmente”, acusa el investigador.
Los avances según la SRA
De los 54 poblados detectados en el área, 42 se han integrado ‘voluntariamente' al Programa de Atención Integral de Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL) y Reserva de la Biosfera de Montes Azules (Rebima).
Los avances en 38 de éstos son:
13 con acuerdo de reubicación, pendientes de concretar.
3 con regularización vía expropiación
3 con desocupación concretada (2 estaban ubicados dentro de Rebima)
2 con posibilidad de regularización (dentro de la Rebima y fuera de BCZL).
4 con posibilidad de retorno a sus lugares de origen (en proceso de conciliación)
13 en proceso de negociación
Además de estas comunidades se han detectado 71 presuntos pequeños propietarios.
Fuente SRA, agosto 2004
Interés del Banco Mundial en Montes Azules
Según revela un estudio elaborado en 1999 por el Banco Mundial (BM), titulado Perfil Indígena de México, la solución del conflicto agrario en la zona Lacandona es de suma importancia no sólo para México, sino para el mundo.
“Se considera urgente la necesidad de resolver los problemas agrarios que se vinculan directamente con la superficie abarcada por los bienes comunales, y particularmente con los ‘territorios' lacandones. Debido a la actual situación de conflicto en la región, este problema se torna cada vez más difícil de resolver, sin embargo, es una cuestión prioritaria”, expone el documento.
Agrega que “para la comunidad zona Lacandona y para los grupos que la integran, los conflictos agrarios son el problema de mayor prioridad por resolver. Por varios factores, los terrenos de los bienes comunales se han visto invadidos en forma paulatina en una importante proporción”.
Entre 1961 y 1971 se expidieron y ejecutaron 20 acciones agrarias que afectaron 17 mil 975 hectáreas. Entre 1971 y 1989 se ejecutaron 47 acciones que afectaron a 95 mil 696 hectáreas adicionales. Dentro de los bienes comunales existen 29 asentamientos u ocupaciones de carácter ilegal o irregular que afectan a otras 39 mil 789 hectáreas y hay también 14 predios de presunta propiedad nacional en vías de titulación sobre una superficie de 3 mil 280 hectáreas, asegura el estudio del BM.
Importancia ambiental
Para el BM, “desde el punto de vista ambiental, la Selva Lacandona es una de las áreas de mayor importancia en el mundo. Esta región mantiene una gran parte de la biodiversidad de México. Se han registrado más de tres mil 500 especies de plantas; más de mil 157 especies de invertebrados y más de 500 especies de vertebrados. Sin embargo, la biodiversidad potencial puede sobrepasar las 50 mil especies de plantas, hongos y animales”.
El organismo internacional añade que “el hecho de que la Selva Lacandona constituya una reserva de enormes volúmenes de carbono le otorga un enorme valor adicional a nivel mundial, en lo que respecta al creciente efecto de sobrecalentamiento por la liberación de carbono a la atmósfera. Con respecto a su hidrografía, esta región contiene un importante y complejo sistema, que abarca al 53 por ciento de una de las cuencas hidrográficas más importantes de México: la del río Usumacinta”.
“La conservación de la Selva Lacandona no solamente es una prioridad para México, sino para el mundo entero. En un contexto regional, las selvas de la Zona Lacandona forman parte de la segunda mayor extensión de bosques tropicales en el continente americano. Pese al proceso de deforestación que ha ido afectando a la selva maya, es todavía la mayor selva de Mesoamérica, y después de la Selva Amazónica, la segunda en extensión en todo el continente americano”, afirma el informe del BM
