San Pedro Chenalhó, Chiapas.- Las amenazas de una nueva invasión crecen a la par de los maizales. El calendario está por marcar la época de la cosecha. En cualquier otro lugar esto no representaría más que trabajo, pero aquí, en las colindancias de este municipio con San Pablo Chalchihuitán, entraña un grave riesgo.

Los ánimos de los agricultores tzotziles de Chenalhó no están para rumores. El ambiente social se calienta muy rápido, la gente se prepara, y aunque dicen que las  armas no son una opción, “si se trata de defender su tierra, se llegará hasta las últimas consecuencias”.

Las autoridades municipales saben que ésta es una zona de alta conflictividad, por eso exhortan a la comunidad a mantener la calma. “Esperamos que no haya provocación. Se les está pidiendo a los habitantes de Chenalhó que no hagan caso a los chismes”, dice Pascual Gómez López, presidente del Comisariado de Bienes Comunales.

Pero el recuerdo de enfrentamientos previos termina por mermar esta consigna. Antonio Jiménez Hernández, de 60 años, autoridad religiosa de la comunidad, asegura: “hay comentarios nuevos de que van a robar esta cosecha que está próxima a salir”.

Agrega que “los de Chalchihuitán cosechan cosas que realmente no les corresponden, porque la gente de Chenalhó ha sembrado esta milpa, este maíz, el fríjol, frutas, chile, café, todo es nuestro. Ellos nos roban descaradamente, y no lo vamos a permitir”.

Durante mucho tiempo, ambos municipios reconocieron como límite natural de estas tierras al río Mashiló y sus afluentes Chisteal y Balumpí. Pero hace 28 años, indígenas tzotziles de San Pablo reclamaron como suyas esas 800 hectáreas en posesión de los chenalhoenses.

“Yo crecí aquí, en este lugar nacieron mis hijos, desde un principio trabajamos nuestras tierras”, dice Jiménez Hernández. Pero en 1976, cuenta el anciano, todo cambió. “Chalchihuitán invadió nuestro terreno, ellos le pusieron alambrado; entonces nuestra gente se reunió y lo quitó. Ahora, los de Chalchihuitán pretende invadir nuevamente colocando sus mojones, y realmente no les corresponde”.

Los habitantes más longevos coinciden con don Antonio, como Victorio Sánchez, quien recuerda: “desde hace 60 años estoy trabajando estas tierras; nunca vi que la gente de Chalchihuitán estuviera cultivando aquí, porque los límites son los ríos. El mojón de ellos es falso, el límite es el Mashiló”.

 

Violencia e impunidad

Considerado por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como uno de los 14 “focos rojos” de México, este municipio vive en conflicto y desde hace tres años, una de las etapas más cruentas en su historia.

El último enfrentamiento se dio en 2001, cuando los habitantes de Chalchihuitán construyeron un puente colgante que atraviesa el Mashiló y conduce al área del conflicto. Por esta hamaca, como le llama la gente, un grupo de indígenas de San Pablo se desplazó hasta la casa de Don Abraham.

Ahí, relata Antonio Jiménez, “cortaron elotes de las milpas del señor Abraham. Se llevaron alrededor de 11 o 12 mulas cargadas de elote ya macizo”. Pero la gente recuerda cosas peores, como que a don Abraham lo golpearon hasta que ya no pudo defenderse.

Aunque hace tres años se levantó una denuncia ante las autoridades federales y se inició un estudio sobre daños y perjuicios, el hecho continúa impune. “Esta investigación es  para ver qué tanto se dañó a la gente de Chenalhó, pero también está pendiente porque se está esperando el resultado del amparo”,  señala Gómez López.

Tras estas agresiones la policía estatal instaló un retén a las orillas del río. Carmen Cruz Vázquez, con cargo de policía tercero, explica: “desde el 2001 estamos comisionados para vigilar el área de este mojón, territorio de Chenalhó”.

Aunque la base se encuentra en la entrada de la zona en disputa, siete de los 10  custodios realizan tres o cuatro patrullajes a la semana por toda el área; mientras los tres restantes se quedan de guardia.

De la cabecera municipal al “lugar de los hechos” se hacen tres horas en automóvil por la carretera Pantelhó - Polhó – Acteal; en este  último municipio se toma un camino de tierra que conduce a Crustóm; de ahí, los visitantes deben recorrer a píe, durante hora y media, una estrecha vereda formada entre las milpas de manera accidentada por el transito de los campesinos.

Armando Vázquez, presidente municipal de Chenalhó, lamenta que por este conflicto la gente continúe con las largas caminatas para llegar a los sembradíos. “Teníamos un proyecto para construir ocho kilómetros de carretera pero sólo se avanzaron cuatro, porque los de Chalchihuitán se manifestaron en contra. El beneficio no iba a ser nada más para nuestra gente, también para ellos, incluso para los de Simojovel y Pantelhó”.

 

Tropiezos institucionales

 En Chenalhó la confianza en las autoridades federales pende de un delgado hilo; pues es sabido que el conflicto se agudizó por omisiones institucionales. “La Reforma Agraria cometió el error. Cuando llegó a sacar documentos en Chalchihuitán no midió el terreno, sólo hizo un cálculo de lejos. La regó. Ahora tiene que volver a corregir su trabajo”, dice Pascual Gómez López.

El mapeo de la zona se realizó en 1988; a éste se le atribuyen los errores que han derivado en la reciente invasión, pues el trazo confundió los límites entre ambos municipios y concedió, indebidamente, 800 hectáreas después del río Mashiló a Chalchihuitán.

En esta lucha, San Pedro Chenalhó lleva las de ganar. El 28 de noviembre de 2003, el Tribunal Superior Agrario emitió una resolución a favor de este municipio. No obstante, la disputa sobre los límites territoriales continúa en el Tribunal Unitario Agrario del distrito 3, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Según la SRA, este conflicto involucra a tres mil 468 indígenas.

“Estamos esperando la solución del amparo que interpuso Chalchihuitán, hasta ahora hay dos documentos a nuestro favor: la sentencia y la verificación. Pero ahorita están los rumores muy fuertes de que Chalchihuitán piensa invadir el terreno, pero se ha llegado a un acuerdo de que trabajen tranquilos en lo que se espera la solución”, asegura el comisario de Bienes Comunales de Chenalhó.

Pero las cosas andan mal. En Chenalhó los indígenas están dispuestos a perder la vida por su tierra.

Antonio Jiménez, que por su edad ha sido promovido como una autoridad religiosa, dice: “realmente Chenalhó no quiere problemas y mucho menos por tierras con los municipios vecinos, nunca lo ha pretendido, pero son los de Chalchihuitán quienes nos han estado molestando”.

“Ellos han cosechado nuestras siembras; las mazorcas que ha sembrado nuestra pobre gente campesina. Aquí la gente ha trabajado con gran esfuerzo, con las inclemencias del tiempo, con mucho sacrificio”, expresa el viejo chenalhoense.

El anciano enrojece y sube el tono de voz: “Vamos a ver a través de las gestiones qué resultado van a dar los estudios correspondientes; queremos soluciones de forma pacífica, no con amenazas ni con armas de fuego; la gente de Chenalhó no acostumbra utilizar armas”.

 

Mutismo en Chalchihuitán 

En San Pablo Chalchihuitán se respira hostilidad. Afuera del palacio municipal se encuentran apostados poco más de 15 hombres que no desean hablar; tampoco se identifican porque, dicen en lengua tzótzil, ninguno de ellos ocupa cargos públicos. Además, aseguran que el presidente Nicolás Sánchez Pérez no se encuentra en el lugar.

Se les pregunta cuál es la situación de esta comunidad en el conflicto agrario. Molesto, uno de ellos rompe el silencio y responde al traductor: “No hay ningún conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, si otros dicen que tenemos conflicto, las autoridades son las que deben dar la solución, no nosotros”.

Por única vez, este hombre se dirige a los fuereños y les solicita sus identificaciones. En una vieja libreta recoge los datos, mientras los lugareños se arremolinan recelosos en torno a los reporteros. Un murmullo que sube de tono envuelve a quienes no entienden esta lengua, pero la grabadora, que pretende registrar los hechos, los ahuyenta.

Según señala el traductor de la oficina de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los lugareños lanzaron amenazas de privar de la libertad por unas horas a los visitantes.

En San Pablo ni siquiera la despedida fue amable: “mejor tomen foto al cielo, al fin que va a llover”.

 

Indígenas, sin derechos humanos

En el gobierno de Pablo Salazar continúan las violaciones a los derechos civiles y políticos, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones de los indígenas chiapanecos.

Además, “durante el proceso de procuración y administración de justicia persisten la discriminación y las irregularidades: no se les proporcionan traductores, las condenas se purgan en prisiones alejadas a sus lugares de origen, y les falta protección judicial”, dice Susana Montes, coordinadora de Justicia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Mariel Cameras, abogada del centro, indica que “las violaciones más frecuentes se dan en averiguación previa y cuando están en manos de la Procuraduría del estado. Empieza con una simple orden de localización y de ahí se desprenden las violaciones: los mantienen incomunicados por un periodo mínimo de seis horas y luego los ponen a disposición del Ministerio Público”.

Pero los atropellos van más allá, pues las reformas al Código Penal reactivan delitos ya derogados. “La modificación al artículo 216 refrenda el concepto de rebelión; es una aberración jurídica que va dirigida a los líderes de organizaciones”, explica Cameras.

Agrega que “en el caso del artículo 236 bis, ahora se podrá aprehender a quien se sorprenda con un disfraz, arma o instrumento que de motivo para sospechar. Esto es inconstitucional y viola la garantía de la presunción de inocencia”, dice.