Xochistlahuaca, Guerrero.- Dos irreconciliables proyectos de gobierno enfrentan a los indígenas amuzgos de este municipio. El conflicto no sólo se observa en las heridas y cicatrices que muestran quienes han sido agredidos con palos, piedras y machetes, sino en la vida cotidiana de los nn'ancue o “personas de la tierra de en medio”, como se hacen llamar.
A casi dos años de erigirse en municipio autónomo, a semejanza de los municipios autónomos zapatistas chiapanecos, la tensión entre los habitantes de Xochistlahuaca ha llegado al límite. Se han girado 12 órdenes de aprehensión contra las autoridades autónomas y el comisariado ejidal que, lejos de solucionar el problema, reavivan el encono entre el cacicazgo priista y “la resistencia”, como también se reconocen los “autónomos”.
Pero el fantasma de Acteal parece no preocuparles ni al gobierno estatal ni a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que ni siquiera contempla al municipio guerrerense dentro de los “focos rojos” del país.
A la orilla de los caminos bordeados por matas de maíz, mujeres erguidas caminan rítmicamente. Silenciosas, sostienen con su cabeza canastas o cubetas. Sus cabellos caen hasta la cintura y se pierden entre el huipil que ellas mismas han tejido. La mayoría anda descalza y parece acomodar sus pies a las piedras de la vereda.
Al atardecer, de las milpas emergen los hombres. Igualmente silenciosos, levantan el sombrero de su cabeza para limpiarse el sudor y dirigen sus pasos hacia sus casas. Visten camisa y calzón de manta, calzan huaraches y llevan un morral al hombro. Se reconocen entre ellos por la manera de portar el machete.
Con recelo observan a los visitantes y, atentos, miran con cuál de los bandos en pugna platican los fuereños. Porque en las comunidades del municipio hay dos autoridades, dos escuelas, dos iglesias, dos mayordomías y dos husos horarios (“el de Fox y el del pueblo”, dicen). Los dos grandes grupos coexisten en tensa calma, pero se miran como enemigos y están atentos a cualquier movimiento en falso que realicen los contrarios.
La lucha de “la resistencia” es por la autonomía. Reclaman un gobierno de acuerdo con sus usos y costumbres y rechazan a los partidos políticos. Saben de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y, aunque no se declaran zapatistas, reconocen “el trabajo” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “por los indígenas del país”. Las autoridades autónomas fueron electas en asamblea a propuesta de los más viejos del municipio.
Los del ayuntamiento formal o “constitucionales”, son básicamente militantes priístas que resultaron electos en el pasado proceso electoral y que tienen el reconocimiento de los gobiernos estatal y federal. A ellos les llegan los recursos del estado y la federación y controlan los programas asistenciales, como Oportunidades y el Procampo.
El conflicto no sólo está en las calles. “Se dividieron hasta las familias. Hay padres que ven a sus hijos desde el otro bando y hermanos que no se dirigen la palabra”, dice Lázaro Vázquez López, Tsanmants'iaan o comisario, de la autoridad autónoma en la comunidad Guadalupe Victoria.
Considerado parte de la costa chica, Xochistlahuaca se encuentra entre laderas escarpadas que los amuzgos han abierto para la siembra de maíz, principalmente, pero también de sandía y frijol. El maíz ha jiloteado y, en plena canícula, el termómetro alcanza los 40 grados centígrados a la sombra. Sólo los estruendosos aguaceros nocturnos mitigan el calor.
La resistencia
En el Palacio Municipal despachan las Nanman'ñ'iaan Ndaatyuaa Suljaa', o Autoridades Tradicionales del Municipio de Suljaa', llano de flores, como se le llama a Xochistlahuaca en ñomnda, la palabra del agua, lengua de los amuzgos.
Campesinos voluntarios mantienen limpio el parque y los alrededores de la sede del poder autónomo.
Silenciosamente barren y recogen la basura. Nadie del municipio autónomo –desde barrenderos hasta autoridades– recibe remuneración alguna por la función que desempeña.
La autoridad autónoma está organizada en siete carteras ocupadas por igual número de personas: Roberto Martínez de Jesús, Justicia; Silverio Matías Domínguez, Salud y Ecología; Tranquilino Santiago Silva, Trabajo del campo y campesinos; Florentina López de Jesús, Participación y trabajo de la mujer y artesanías; Abel Arango Morales, Comercio y abasto popular; Aurelio Brígido Fermín, Educación y cultura, y Obras públicas y trabajo comunitario, Felipe Martínez Macario.
No hablan español. A través de un intérprete, Roberto Martínez dice que están concientes de que los gobiernos federal y estatal no los quiere, “pero el gobierno autónomo es la única alternativa para resolver nuestros problemas, pues aquí la gente es la máxima autoridad”.
Rechaza el sistema de partidos, ya que no garantiza el respeto a los usos y costumbres de los indígenas. “Y hasta la gente que asesina y golpea puede llegar a ser autoridad”, dice en alusión a que no prosperó ninguna de las denuncias que presentaron por los innumerables intentos de desalojo de los espacios que ocupan los autónomos en todo el municipio.
Todos los heridos por machete son miembros de la resistencia. Una persona ha perdido un ojo; otras, algunos dedos y otras más han quedado imposibilitadas para trabajar por los golpes recibidos.
“Sabemos de la resistencia zapatista. No nos podemos llamar zapatistas, pero festejamos, avalamos y estamos totalmente de acuerdo con su lucha. Hacemos nuestros los acuerdos de San Andrés. Estamos en una resistencia para liberar al pueblo y esta lucha posiblemente no es sólo para el pueblo amuzgo, sino para todas las personas, indígenas y no indígenas que están en una situación similar”, dice Roberto Martínez.
Para Silverio Matías Domínguez el gobierno del estado “está tratando de contrarrestar el trabajo que realizamos. En el ayuntamiento se engaña y manipula a la gente con el dinero que les llega. Para eso usan los programas.”
Los constitucionales
Mientras, a sólo dos cuadras, el presidente municipal despacha desde su casa y desde la antigua sede del PRI en el municipio. Policías de camisa negra, botas militares y cabello corto escudriñan con la mirada a todo aquel que se acerca a las inmediaciones del “ayuntamiento”. Con desconfianza preguntan ¿qué desean? a los visitantes antes de que éstos lleguen a las rejas de la entrada.
Constantemente entran y salen de la residencia vehículos que ostentan propaganda priísta y que promueven al senador Héctor Astudillo para gobernador del estado. Se observan filas de personas que acuden para recibir “los apoyos” de los programas asistenciales.
El presidente municipal Manuel Castañeda Ramírez y el secretario de gobierno Fausto Cantú Gálvez rechazan la existencia de dos autoridades y minimizan la hostilidad entre los amuzgos. “Son cuestiones partidistas”, dicen.
Con una sonrisa Castañeda Ramírez agrega: “no acepto que se diga que la comunidad está dividida, porque ellos (los autónomos) son sólo un pequeño grupo”. Aunque termina por reconocer que “cuando se les invita a los supervisores educativos a las pláticas no todos vienen porque todo lo ven con fines partidistas.”
Para el presidente municipal el problema es que “existe un pequeño grupo que quiere desestabilizar al municipio. Estos amigos, concretamente los hermanos David y José Valtierra –dice con evidente enfado–, son paisanos, hijos de padres indígenas, que salieron a prepararse”, dice en alusión a los estudios de actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM y de pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional de uno de los jóvenes que apoyan a las autoridades autónomas.
“Pero se preparan con una mala idea y cuando regresan no vienen a ayudar... pero ‘Dios no les da alas a los alacranes' y no han podido desestabilizar. Yo invito a mis paisanos que tienen tomado el edificio del ayuntamiento a que carburen un poquito, piensen más con la cabeza y no inciten a la violencia, que digan qué es lo que quieren.”
El problema
El conflicto data de 1999, cuando la entonces presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez, prima hermana del actual alcalde, no reconoció a los comisariados y delegados de las comunidades que habían sido electos en asamblea, como tradicionalmente se hacía. La actual diputada en el congreso local, y a quien se le relaciona con Beatriz Paredes Rangel, designó a partidarios suyos en esos puestos y las comunidades terminaron tomando el palacio municipal.
Los intentos de desalojo del palacio, que dejaron varias decenas de heridos, se propagaron en las comisarías de las comunidades; pero también en las escuelas e iglesias. El movimiento en contra del sistema de partidos se fortaleció y el 20 de noviembre de 2002 se pronunció por la autonomía y eligió a sus propias autoridades, a semejanza de los municipios autónomos chiapanecos.
De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), publicado en el 2000, en el municipio viven aproximadamente 20 mil personas en 103 comunidades. La mayoría (61) tienen menos de 100 habitantes; 34, menos de 500; siete, menos de 2 mil y sólo una más de 2 mil 500.
Ninguna alcanza los 5 mil habitantes y en casi todas “autónomos” y “constitucionales” se disputan las comisarías y los espacios escolares y religiosos. Incluso las fiestas del calendario mesoamericano agrícola incrustadas en el ritual católico se realizan de manera separada.
La presencia de religiones distintas a la católica es incipiente y, a diferencia de otros municipios indígenas donde el protestantismo se ha consolidado, en Xochistlahuaca la disputa es entre “la iglesia del PRI y la de la resistencia”, ambas católicas. Los sacerdotes también se han dividido, más que por convicciones ideológicas, por no dejar sin servicios religiosos a alguno de los grupos en pugna.
Aunque cauto al hablar, fray Paulino Palafox Murguía, vicario de la parroquia de Xochistlahuaca, dice: “Aquí el problema fueron los caciques. La gente trató de organizarse, pero los caciques siguen llevando la pauta de las cosas.”
El religioso, perteneciente a la Orden de Frailes Menores Conventuales (franciscanos), agrega que “no podemos culpar a ningún grupo político, pero lo que sí podemos decir es que ahora existe una separación muy fuerte en el pueblo al grado de que hasta en la misma iglesia se nota. Y la iglesia no puede tomar partido por ninguna autoridad... sí se podría, pero no es lo correcto. Lo único que podemos hacer es tratar de despertar entre la gente el sentido de unidad.”
El proceso
La posibilidad de un enfrentamiento directo entre amuzgos se incrementó con las órdenes de aprehensión giradas contra las autoridades autónomas. Cuando decidieron hacer valer su autoridad y sancionar a un miembro de la comunidad que acaparaba tierras, se detuvo al presidente del comisariado ejidal Genaro Cruz Apóstol y se inició el proceso contra tres miembros de las autoridades tradicionales: Roberto Martínez, Silverio Matías y Tranquilino Santiago.
Además, se giraron órdenes de aprehensión contra los integrantes del comisariado ejidal: Rodrigo Morales, tesorero; Atilano López, secretario; Gregorio Reyna, consejo de vigilancia; Eloy Valtierra, primer secretario y, Epifanio Guerrero, segundo secretario. Y contra Juan Sabino, principal del pueblo; Ramón de Jesús Nicolasa, topil, y David Valtierra, ayudante de las autoridades tradicionales.
Arturo Román Baena, abogado de los acusados y miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señala que la averiguación previa “está llena de inconsistencias”, como que el agraviado, el denunciante y los testigos de cargo no sabían el contenido de la averiguación porque son monolingües.
“Además, ni la denuncia ni el acta levantada fueron leídas en amuzgo al acusado. El artículo 12 del código procesal penal de Guerrero establece que cuando la persona no entiende el español, debe hacerse a través de un traductor.”
Los indígenas están acusados de privación ilegal de la libertad contra Narciso García Valtierra, quien acaparaba tierras y fue retenido por unas horas por las autoridades autónomas y ejidales “para hablar con él y hacerle ver el mal en que estaba. Hablamos bien y quedamos en acuerdo. Ya después lo utilizaron los priístas para decir que lo vejamos, cuando la asamblea no nos lo hubiera siquiera permitido.
“Lo que se ve es que el gobierno del estado no quiere que nosotros resolvamos solos nuestros problemas. Con esto tratan de decir que nosotros no somos autoridad,” dice Roberto Martínez.
A simple vista no hay diferencias entre los indígenas de un bando y de otro. Aunque unos cuentan con los recursos del ayuntamiento, la pobreza está por todas partes. Todos cosechan, aunque los autónomos con mayores dificultades por no contar con los programas asistenciales.
En el municipio se observan más guajolotes y cerdos que perros o gatos. Las mujeres fabrican huipiles, rebozos y otras prendas de vestir con el telar de cintura, instrumento y técnica que datan del siglo XVI, y se dan tiempo para alimentar a sus animales de corral. Los hombres buscan el sustento entre la milpa y el agua.
El caudaloso río San Pedro, que nace en el poblado del mismo nombre perteneciente al municipio de Tlacoachistlahuaca, recorre con furia las comunidades amuzgas, a las que alimenta con dos tipos de camarón y una gran variedad de peces, entre los que destacan el blanquillo y el pote.
Ante la contaminación y pesca inadecuada que redujo la fauna del río, las autoridades tradicionales prohibieron la pesca con el objetivo de repoblar el ecosistema. La veda se levantará en noviembre cuando se celebren dos años del municipio autónomo y las aguas estén en calma. Mientras, la tensión va en aumento.
